lunes, 31 de enero de 2011

Globovision.com - Miembros de Javu inician huelga de hambre para exigir liberación de Afiuni

Globovision.com - Miembros de Javu inician huelga de hambre para exigir liberación de Afiuni

CAVIM en llamas...¿sabotaje?


El Carabobeño 31/01/2011
¡Hasta cuándo!
CAVIM en llamas...
¿sabotaje?
Pablo Aure

Hoy pretendía iniciar la columna haciendo algunas consideraciones sobre la "ley antitalanquera", pero el incendio ocurrido en la madrugada de ayer en CAVIM hizo que trasladara ese tema para el segundo segmento. Literalmente, ayer la ciudad de Maracay amaneció cual boca de volcán. Desde las cuatro de la madrugada comenzaron detonaciones. Vidrios de ventanas de residencias y carros se rompían, y algunos techos se desplomaban; la gente salía despavorida de sus hogares. Nadie sabía qué ocurría. Las explosiones se escuchaban desde Tapa Tapa hasta después del peaje de Palo Negro. Un gran resplandor destellaba en cielo maracayero. El reporte oficial indica que hubo una persona muerta y tres heridas, y aunque tenemos que lamentarlo profundamente, pensamos que de acuerdo con la magnitud del evento, el número de víctimas ha podido ser mayor. No tengo dudas: ¡Dios acompañó a los aragüeños! Ese acontecimiento debe ser analizado minuciosamente. Ningún cabo deberíamos dejar suelto para poder atinar, y de ese modo saber en verdad dónde estamos parados. Por ejemplo, la primera interrogante que debemos aclarar es el hecho de que a la víctima fatal la alcanzó un proyectil en las inmediaciones de Caña de Azúcar, es decir, a dos kilómetros del incendio. Ahora, nos preguntamos qué le pasó a los custodios de guardia de esas instalaciones militares, y si es verdad, como se dice, que aparentemente salieron ilesos. Nadie ha reportado sobre la salud de ellos. Es de suponer -insisto- en que esos galpones estaban vigilados. Y si no lo estaban, resulta extremadamente sospechoso el hecho de que un arsenal que es para defender la soberanía nacional no se encuentre resguardado o vigilado. Cuestión rara ¿no? Creo que al Gobierno, más que a la oposición, es a quien le interesa aclarar lo ocurrido. Tienen que buscar a los responsables. CAVIM hará que rueden muchas cabezas. Me imagino que se aplicará el "decreto de guerra a muerte": todos serán considerados como culpables hasta prueba en contrario. ¿Quién sabe si ha sido una maniobra para salir del general Clíver Alcalá Cordones, comandante de la Guarnición del estado Aragua? Insisto: ningún cabo debe dejarse suelto. Los accidentes en instalaciones militares por lo general ocurren por impericia o negligencia; la fuerza mayor y los hechos fortuitos deberíamos descartarlos. En CAVIM no se almacenaban aguacates ni cambures. Había granadas y proyectiles; y me informan que hasta misiles rusos, artefactos que deberían ser celosamente custodiados, pues pudieran ser letales en manos de terroristas. Repito: ¿dónde estaban los custodios? Si lo que ocurrió ayer en Maracay fue a causa de un accidente y no el producto de un sabotaje, demuestra el peligro que corremos los venezolanos en manos de estos jefes militares, que ni siquiera saben almacenar las armas. Para qué preguntar ¿qué ocurriría en caso de enfrentamiento bélico con otras naciones? Dándole vueltas a ese asunto de Maracay, no pude evitar que me saltara la imagen de los damnificados en La Carlota o en otras dependencias militares. ¿Qué hubiese pasado si esas carpas para albergarlos las hubiesen levantado en las cercanías de CAVIM? Otra preocupación que me vino a la cabeza con las explosiones en esas instalaciones militares fue sobre la pretensión gubernamental de construir plantas nucleares en nuestro país. Vaya locura amigos. Si no estamos preparados para almacenar pólvora, cómo vamos a pensar en reactores nucleares. La presencia de una central nuclear en Venezuela no representa un peligro para EEUU, sino para nosotros mismos. Por eso hay que decir constantemente que no a esa pretensión dizque revolucionaria. Los venezolanos no estamos preparados para eso, y no queremos repetir lo de Chernobil.

Talanquera para oficialismo

En el oficialismo hay preocupación, pero no se atreven a hablar. Los diputados electos con el apoyo de las tarjetas del PSUV saben que la reforma de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, tiene unos únicos destinatarios: ellos. La reforma a la cual me refiero prescribe lo siguiente: "constituye fraude a los electores y electoras toda conducta que se aparte de las orientaciones y posiciones políticas presentadas en el programa de gestión de oferta electoral". Las consecuencias para el diputado que incurra en alguna de esas "conductas fraudulentas" será la suspensión o inhabilitación previa solicitud de los ciudadanos o diputados en representación del Grupo Parlamentario de Opinión al cual pertenece. Los oficialistas no tienen dudas de que es una Ley inconstitucional, porque se han leído varias veces el artículo 201 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que preceptúa: "Los diputados son representantes del pueblo y de los estados en su conjunto, no sujetos a mandatos ni instrucciones, sino solo a su conciencia. Su voto en la asamblea nacional es personal". Pero no se atreven a hablar. No comparto el poco interés que han mostrado los dirigentes de la oposición para abordar ese asunto. No es correcto, aún siendo rigurosamente cierto, decir que es un problema de los oficialista, porque es para que no salten la talanquera y se vayan para la oposición. Siendo así, entonces, con mayor razón tenemos que demandar su inconstitucionalidad, así no prospere. Los rojos jamás lo harán, por miedo de lo que les esperaría. Son los diputados del sector democrático quienes por razones estratégicas deben hacerlo. El contenido de esa norma inconstitucional no solo debe debatirse en Venezuela, sino que debe transcender las fronteras. El Parlatino es buen escenario para denunciarlo. Y también en todos los parlamentos del mundo. Ningún diputado del extranjero podrá comprender que en Venezuela los diputados estén condenados a obedecer ciegamente las directrices de su partido, so pena de perder la investidura. pabloaure@hastacuando.com

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miércoles, 26 de enero de 2011

Comunicado Núcleo de Secretarios


COMUNICADO

DEL NÚCLEO DE SECRETARIOS

Los miembros integrantes del Núcleo de Secretarios, reunidos en sesión extraordinaria, el día viernes 21 de enero de 2011, en la sede del Rectorado de la Universidad de Carabobo, en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, hemos acordado por unanimidad expresar públicamente nuestra preocupación por varios aspectos que afectan a nuestras Casas de Estudios, en lo que concierne al contenido de la Ley de Educación Universitaria, objetada por el sector universitario y vetada por el Poder Ejecutivo Nacional, por carecer del consenso, de la justificación en cuanto a la concepción unidimensional de la Academia, a la fijación de sus objetivos y desvirtuación de su altísima misión, así como lo relacionado con el Sistema de Ingreso, entre otros aspectos y, al efecto, verificado el quórum correspondiente, se pronuncia en los siguientes términos:

PRIMERO: Se aprobó documento contentivo de Principios Filosóficos y Aspectos Fundamentales, que deberían estar contemplados en la Ley de Educación Universitaria, consideramos que un Proyecto de Ley para la Educación Universitaria debe ser producto de un debate democrático, amplio, sin apresuramientos que puedan forzar la aprobación de una norma jurídica que no refleje la pluralidad y excluya los aportes de todos los actores esenciales en la vida y funcionamiento de las Universidades Nacionales, prueba de ello lo constituye la crítica de los mismos sectores gubernamentales y del veto procedente del Poder Ejecutivo.
Tal realidad, exige trascender criterios políticos o hegemonías ideológicas para garantizar que el resultado sea una Ley que posea legitimidad y consenso. La Universidad debe concebirse como una comunidad de intereses espirituales tras la búsqueda de la verdad, abierta a todas las corrientes del pensamiento: Concebirla de otra forma conduciría al totalitarismo, a la negación del hombre mismo, sujeto privilegiado de la acción del Alma Mater.
El proceso educativo y la misión de la Universidad deben asumirse en perspectiva democrática, basada en los principios de la libertad de conciencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto. El papel del Estado constituye no precisamente en vigilar y supervisar, sino por el contrario, estimular y respetar la orientación, fines y metas de las casas de estudios superiores, pues son sus miembros los capaces de generar propuestas para crear, modificar o suprimir programas; para eso se han formado, para reimpulsar la reforma: Los jerarcas, los diputados son medios para encontrar desde el ámbito de la creación de las normas los patrones que solo los universitarios le aportan en su producción legislativa.
Así, la discusión de una nueva Ley de Educación Universitaria debe basarse en la Constitución Nacional, en su Preámbulo y en sus Principios Fundamentales. En tal sentido, creemos que es imprescindible tomar en cuenta, además de los valores referidos, el contenido de los artículos 2, 3, 6 y el 102 de la Carta Magna, concediéndole particular consideración al artículo 109 que consagra la Autonomía Universitaria, principio rector, piedra angular del cual emana la posibilidades y capacidades de ejercer la cátedra y la administración, la gerencia y la investigación, la extensión y la libre elección de sus autoridades, sin la demagogia, con basamento en la responsabilidad. Un proyecto de Ley de esta naturaleza debe afianzarse, aún más en los principios esenciales de la Institución Universitaria como son la libertad académica, la democracia, la tolerancia, la pluralidad, el respeto, el reconocimiento del otro y la libre discusión de las ideas.

A manera de esbozo, presentamos algunos ASPECTOS FUNDAMENTALES que deben estar contenidos en la Ley de Educación Universitaria:

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES:
Definición de la Universidad
Principios y Valores de la Educación Universitaria (Equidad, Igualdad, Calidad, Innovación y Desarrollo).
Autonomía.

ASPECTOS ESTRUCTURALES Y DE FUNCIONAMIENTO
Estructura Académica
Estructura Administrativa y Financiamiento
Financiamiento de la Educación Universitaria

GOBIERNO UNIVERSITARIO
Organismos de Gobierno Universitario
Sistema de Elecciones
Definición de Participación Universitaria.

TIPOS DE UNIVERSIDADES
Universidades Nacionales y Privadas.
Modalidades de Enseñanza: Presencial, a Distancia y Mixta.

ASPECTOS DE INGRESO Y EGRESO
Sistema de Admisión.
Sistemas de Equivalencias
Certificación de Documentos

SEGUNDO: Exhortar a las Autoridades y los Consejos Universitarios de todas las Universidades Nacionales (Públicas y Privadas), para que generen los espacios necesarios para el desarrollo de una discusión productiva que permita a sus miembros hacer una contribución sobre los aspectos fundamentales que deben estar reflejados en la nueva Ley de Educación Universitaria.

TERCERO: Dar la mayor difusión a través de los medios de comunicación social al documento generado en el Núcleo de Secretarios.

CUARTO: Declarar el Núcleo de Secretarios en SESION PERMANENTE.

QUINTO: El Coordinador del Núcleo de Secretarios, Prof. Pablo Aure, procederá a consignar este documento, ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU), en fecha: 27 de enero de 2011.

Por la Junta Directiva del Núcleo de Secretarios


Prof. Pablo Aure Sánchez (UC)
Coordinador del Núcleo de Secretarios (Fdo)


Prof. Cristián Puig (USB)
Coordinador Adjunto del Núcleo de Secretarios (Fdo)


Prof. Antonieta Rosales de Oxford (UNIMAR)
Secretaria del Núcleo de Secretarios (Fdo)

lunes, 24 de enero de 2011

¿De Pérez Jiménez a éste?


El Carabobeño 24/01/2011
¡Hasta cuándo!

¿De Pérez Jiménez a éste?

Pablo Aure


Ayer conmemoramos un año más de la caída de un tirano. El 23 de enero triunfó en Venezuela el sentimiento democrático y civilista. El pueblo impuso su voluntad y depuso a un dictador que quería perpetuarse en el poder. Hoy, después de 53 años del derrocamiento de aquella cruenta dictadura, los venezolanos estamos envueltos en una telaraña tejida con letras vacías de un texto constitucional. Nos dicen que hoy, con el "Comandante-Presidente", vivimos en democracia, no así durante Pérez Jiménez. Ya de por sí ese calificativo de "Comandante-Presidente" resulta un poco más que chocante para quienes abogamos por un gobierno civil basado en la voluntad de la Ley y no en la de un hombre. No albergo duda alguna de que por lo menos en lo que se refiere a la violación de los derechos fundamentales de las personas, en muy poco se dejan de parecer esta locura roja chavista y la dictadura derrotada en el 58. Ningún gobierno dictatorial debe ser deseado, al contrario, en todo momento debemos condenarlos. Durante Pérez Jiménez hubo perseguidos y encarcelados. ¿Acaso en la Venezuela de hoy igualmente no los hay? Entiendo, en la década de los 50, la Seguridad Nacional no disimulaba sus procedimientos contra las libertades, era brutal pero el pueblo sabía a qué atenerse. Si bien es cierto hoy no tenemos una sanguinaria Seguridad Nacional que persigue a los políticos, no es menos cierto que tenemos otros monstruos no convencionales pero al servicio del régimen que son los encargados de hacer el trabajo sucio. Es verdad que el régimen de Pérez Jiménez era canallesco, que dejó un legado de perseguidos y torturados. Pero, también es verdad, que dejó grandes construcciones y autopistas y que se respetaba la libertad económica y la iniciativa privada. Chávez, en el primer aspecto no le ha perdido pisadas, utilizando métodos y camuflajes de tipo jurídico apuntalados por la inescrupulosidad de funcionarios públicos que obedecen a ciegas sus pretensiones. En tiempos de Pérez Jiménez los índices delincuenciales eran muy bajos. Se dice que la gente dormía en sus casas con las puertas abiertas, y no ocurría nada. Los ladrones no se atrevían a robar porque los capturaban, y los castigaban. De la misma forma como aquella dictadura militar acosaba a los políticos disidentes también fustigaba a los malandros; en cambio, ésta de Chávez descuida a los malandros por ocuparse de perseguir a los políticos.

Biaggio Pilieri

La situación que se ha presentado en el juicio al diputado Biaggio Pilieri, pudiéramos considerarla en el estricto sentido de la palabra, como detestable. A Pilieri se le está juzgando -bueno, si a eso se le puede llamar juicio- por malversación, lo que implica que el tribunal que debe conocer de su causa sea un tribunal mixto, ya que la pena para ese delito es superior a los cuatro años (Art. 65 COPP), siendo necesaria por la cuantía de la misma (más de 4 años) la configuración de un tribunal mixto, integrado por un Juez profesional y dos personas de la comunidad, que no deben ser abogados, a quienes se les llama escabinos, los que además deben cumplir los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal (Art. 151), y ser seleccionados por sorteo. Las decisiones en los Tribunales se toman por mayoría; siendo tres los integrantes, dos hacen mayoría. En caso de culpabilidad, es el juez profesional quien impone la pena. En la pagina web de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, organismo adscrito al Tribunal Supremo de Justicia, se encuentra una explicación muy didáctica de quiénes son los escabinos. Podemos leer, que son los jueces del pueblo, y a ellos corresponde decidir la culpabilidad o inculpabilidad de las personas acusadas de cometer hechos tipificados como delitos en la ley penal. Esta función deben ejercerla con imparcialidad y probidad, tomando como fundamento para su decisión los hechos alegados y probados durante el juicio oral, los cuales deben apreciar atendiendo al sentido común, la lógica y al conocimiento adquirido, producto de la vida diaria. Pues bien, entendiendo el significado y la importancia de los Tribunales mixtos en el juicio al diputado Pilieri, tenemos que concluir que el gobierno lo quiere preso, aunque los jueces decidan lo contrario, lo cual es una demostración palmaria de la gravedad que aqueja al sistema judicial venezolano. Se habla, y con razón, de la "politización del poder judicial". Es la orden del tirano la que mantiene privado de su libertad a Pilieri y no las leyes, ni la justicia. Es un régimen dictatorial que no respeta el Estado de Derecho. Deivis Calderón y Domingo Torrellas son los nombres de los escabinos que participaron activamente durante el juicio al diputado Pilieri. Torrellas en declaraciones a Globovisión y recogidas en distintos medios de comunicación dijo: "Queremos decirle al país que ellos (Pilieri y los otros ocho imputados por el caso de malversación de fondos) están procesados injustamente". Pero también manifestó sentirse humillado, porque lo obligaron a pasar las fiestas navideñas en el Palacio de Justicia de San Felipe y no obstante, pisotearon la decisión que él y Calderón adoptaron. Pareciera que aquí ese juicio lo seguirán repitiendo y anulando tantas veces como sea necesario para lograr una sentencia que satisfaga a sus verdugos. Así de torcido está el derecho en nuestro país. El sábado en El Universal pude leer lo que significa para el ex decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela, Alberto Arteaga, las afirmaciones de los escabinos: son "la prueba más contundente del estado de nuestra justicia penal, de la manipulación política de ésta y de la presión más descarada que puede ejercerse sobre unos jueces para doblegar el curso de una decisión" ¡No se hable más!


@pabloaure

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lunes, 17 de enero de 2011

Esencia de la Ley Habilitante


El Carabobeño 17/01/2011
¡Hasta cuándo!
¿Mandinga rinde cuentas? *

Pablo Aure

Quien no lo conozca, que lo compre. Sus intenciones son claras: perpetuarse en el poder. Nunca ha tenido el menor respeto por las instituciones, empeñándose en la destrucción de todo. Dice respetar al pueblo, pero eso es cierto cuando circunstancialmente votan por él; en los demás casos se mofa del soberano. El referendo constitucional de 2007 y las elecciones parlamentarias del 26S son una demostración innegable de quién es el verdadero Chávez: un indiscutible autócrata. De lo que sí tenemos que estar convencidos, es que Chávez tiene un conjunto de asesores que trabajan las 24 horas del día, los que a su vez continuamente analizan la situación nacional y dan luces para determinar el contenido del mensaje presidencial. Así, hay momentos en que lo vemos ofender y maldecir a todo el mundo, y otros momentos en que busca mostrarse civilizadamente conciliador. En todo caso, de lo que no cabe duda es que es un encantador de serpientes. Ya sus largas peroratas nadie se las cree. ¡Por Dios!, quién se va a comer otra vez el cuento de Chávez. Lo que escuchamos el sábado es expresión del más crudo y recalcitrante cinismo. Resulta que el Presidente supuestamente está contento por el regreso de la oposición a la Asamblea Nacional, lo que implicaría haber olvidado que hace poco decía que había que triturarla y pulverizarla. Dijeran en el llano: sí Luis....! Por más de siete horas estuvo en la Asamblea Nacional echando cuentos de una obra de gobierno inexistente, recordando viejas anécdotas, algunas, quizá, reales. Pero estoy seguro de que la mayoría son producto de su imaginación y del engaño que le infligen sus ministros. De acuerdo a los psiquiatras, ese tipo de trastorno de la personalidad que sufre ese señor hace que se represente lo inimaginable. Siete horas de encierro para escuchar a alguien que no decía nada, o mejor dicho que decía una sarta de mentiras. Hacía ver que le hablaba a los diputados de la oposición, pero todos sabemos que su discurso no iba dirigido a ellos. En términos taurinos: toreaba para el público. El pueblo era el receptor de aquel mensaje falaz. Quiso presentarse como un demócrata de amplitud, como un líder que escucha y acepta recomendaciones. Pero, que va. Ya nadie le puede creer. Con ese disfraz Chávez se nos presentó ya una vez: humillado, empequeñecido y derrotado, cuando con un crucifijo en mano juraba que rectificaría. A ese caballero en estos largos doce años lo hemos visto muchas veces avanzar y recular. Si alguien quiere conocer lo que verdaderamente piensa Chávez, sólo tiene que sintonizar el programa "Los papeles de Mandinga". Allí Chávez habla por boca de Alberto Nolia. El comandante-dictador-presidente tiene sus marionetas, que hablan por él. Cuando Nolia insulta a los curas y arremete contra todo el que discrepe de la maldición roja, no es él quien habla, sino el mismísimo Hugo Rafael.

Arrancó la campaña

Es una constante quejarnos de que Chávez es el que define la agenda opositora. No lo podemos negar, casi siempre es él quien coloca en el ambiente el tema a debatir. Eso nos hace débiles, porque es él quien con suficiente antelación analiza los distintos panoramas que puedan derivarse de sus atrevimientos. Si se complica la situación, pues recula, si no, sigue hacia delante con su proyecto comunista que es el único modelo en que se puede justificar su pretensión de perpetuarse en el poder. Si bien es cierto no debemos seguir la agenda que fije Chávez, no debemos olvidar que él ya está en campaña para su reelección en 2012, y, lamentablemente, de este lado no tenemos todavía candidato. No me vengan con el cuento de que todavía hay tiempo para definir quién nos representará en 2012. Sería prudente adelantar ese asunto y seguir cabeza fresca. Vamos a estar claros. Por lo tanto, creo indispensable, para estar bien unidos en el 2012, realizar las primarias lo más pronto posible y comenzar a recorrer los barrios con el mensaje de la esperanza y del cambio. Tenemos que apostar a la Venezuela que queremos, sin exclusión. A Chávez se le puede ganar, no tengo dudas, pero eso sí, la campaña tenemos que comenzarla ya. No quiero que me tilden de ingenuo. Estamos enfrentándonos a muchos bandidos. Estamos frente a un dictador disfrazado de demócrata. Ustedes se preguntarán: ¿cómo creer que a un dictador se le puede ganar en las urnas electorales? Todo es posible. Pinochet salió con el voto, aunque algunos dicen que Pinochet era un dictador de derecha y que los que no salen con votos son los dictadores de izquierda. La verdad es que no hay precedente en este último caso. Ahora, yo no tengo dudas de que al verse Chávez perdido en un proceso electoral tratará de sabotearlo. Ya lo vimos cuando el referendo. Pero el momento de las definiciones llegará. Creo, por otra parte, que 2012 será el verdadero año de la mujer venezolana. Amigos, no tengo dudas de que seguirán las trampas en el CNE. Desde ya vamos a demostrar que somos, no sólo la mayoría del 52% que se obtuvo el 26 de septiembre, sino cada día más. Empecemos nuestra campaña para lograr un mejor futuro, y ya se darán cuenta de que en diciembre del año que viene ni la trampa ni los malandros de la FAN podrán impedir que despidamos a Chávez de Miraflores.

Nota universitaria

Si el régimen pensaba que con el veto a la LEU los universitarios dejarían la lucha. Pues se equivocó, recordemos que antes de la arremetida legislativa que expropiaba la autonomía de las casas de estudio superiores, ya los profesores, empleados y obreros habían salido reclamando un presupuesto adecuado para nuestras universidades y mejoras salariales, es decir, un trato digno. Nuevamente, en Valencia, este miércoles 19 saldremos a la calle por aquellas mismas razones, y por el respeto a la Constitución. Aquí no puede haber desunión. Los universitarios en nuestras luchas no enarbolaremos banderas parciales. Se equivocan. La única bandera que nos identificará será la de la protección de nuestros valores: los de la libertad y el de la democracia. En pie de lucha todo el sector universitario pregonará sus gritos de protesta por la arremetida no solamente contra nuestra propia institución, sino por la Constitución que está siendo mancillada a los ojos del mundo. El punto de concentración a partir de las 9 de la mañana será la plaza Montes De Oca (cerca de la redoma de Guaparo) marcharemos por la avenida Bolívar hasta la plaza Sucre frente a la antigua facultad de Derecho donde nació la UC.


Twitter: @pabloaure


*El título que aparece en El Carabobeño es ¿Rinde cuentas?

lunes, 10 de enero de 2011

Arias Cardenas le dice asesino y enfermo a Chavez

Universidad en la picota


El Carabobeño 10/01/2011

¡Hasta cuándo!

Universidad en la picota

Pablo Aure
Como todos los años, los venezolanos comenzamos nuestras labores habituales más o menos por esta misma fecha. Antes decíamos: después del merecido asueto navideño. Hoy imposible decir lo mismo al menos para los universitarios que no tuvimos la oportunidad de tener prácticamente ni un solo día de descanso. Fueron días de mucha tensión, de incertidumbre, de reflexión, de planificación, pero, sobre todas las cosas, tenemos que decir fue un diciembre durante el cual los universitarios demostramos estar dispuestos a darlo todo para defender la Casa que vence las sombras.
Por ahora, la sangre no ha llegado al río; pero, por desgracia, lamento pensar en que si el régimen insiste en secuestrar la esencia universitaria quitándole su menguada autonomía, entonces, ese momento, el de las definiciones, tarde o temprano, llegará.
Con la soga al cuello
El peligro no ha desaparecido. Lo que el gobierno hizo vetando la Ley de Educación Universitaria fue, quizá, lo que podemos denominar un repliegue táctico. ("Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados. Ustedes lo hicieron muy bien por allá -por la AN-, pero ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones..."). Recordemos que esta gente sabe lo que hace, y cuándo debe hacerlo. Desde hace tiempo tienen, entre ceja y ceja, echarle mano a las Universidades y no le ha sido fácil, pero seguirán intentándolo.
Los que apuestan a la democracia, a defender una Universidad pública, plural y autónoma, deben tener en cuenta que no es momento de necias discusiones; de estar exigiendo y, consecuentemente, conformarnos con las migajas que de vez en cuando nos arrojan desde el Ejecutivo Nacional. ¡No!, eso es lo que quiere el gobierno: que cambiemos las migajas por nuestra autonomía, por nuestra libertad.
Hace menos de seis meses los universitarios salimos a las calles exigiendo un presupuesto digno para nuestras Casas de estudio. El gobierno nos contestó con ese mamotreto legislativo en una suerte de: o se callan, o les quito todo. O sea, no solamente no nos asignarían lo que las Universidades requieren para mantener sus puertas abiertas, sino que además se nos riposta con la amenaza de arrebatarnos el derecho fundamental a la autonomía. En este sentido, si nos preciamos como universitarios entonces la lucha debe continuar en defensa de la autonomía universitaria, no podemos abandonar la calle reclamando los recursos para conquistar un salario digno y servicios dignos, una infraestructura de primera, transporte y becas para los estudiantes y profesores.
La defensa de nuestra Alma Máter es tarea de todos sin distingos de ideología o de posición gremial. Todos como un solo cuerpo: tenemos que entenderlo de esa manera. Si nos distraemos en defender parcelas, seremos presa fácil del régimen que pretende secuestrar nuestro espíritu autonómico.
El caramelo del populismo
La bandera de la transformación universitaria plasmada en la Ley vetada tiene los colores de la demagogia, de la mentira de la falsedad. Se ha insistido, y hay personas que lo han comprado dentro y fuera de la Universidad, que con el voto paritario de profesores, alumnos, empleados y obreros imperaría una verdadera democracia, haciendo ver que el voto de todos es comprobación de verdadera democracia. La Universidad venezolana es popular, pero, no populista. No todos los que aparecen en la nómina universitaria votan.
Ese debate del voto paritario hay que darlo sin tenerle miedo a expresar las ideas; sin estar midiendo a futuro cualquier pase de factura; sin renunciar a nuestras creencias de lo que significa y conlleva la institución universitaria. Que se entienda bien: no se trata de menospreciar el aporte de cada una de las personas que hacen vida en la Universidad, pero la naturaleza corporativa de la institución, definida constitucionalmente como una comunidad que agrupa a profesores, estudiantes y egresados, no puede alterarse por vía legislativa so pretexto de una falsa democratización.
La Universidad, reúne a profesores, alumnos y egresados, para la búsqueda del conocimiento y la verdad; los actores fundamentales son ellos, sus profesores y estudiantes; desde luego, es necesaria instrumentalmente la presencia de empleados y obreros que cumplan funciones específicas de apoyo y mantenimiento de la Institución.
A quién se le ocurriría pensar que para elegir a la Junta directiva de la Asamblea Nacional, todos los empleados y los obreros, los asesores, auxiliares, jardineros, choferes, etc, que están en nómina de la AN deban votar. Claro que no tienen derecho, porque la Asamblea Nacional la conforman los diputados. ¿por qué no votan los empleados y soldados para elegir al Alto mando militar en un ejército que se dice democrático y bolivariano?
Repito, el debate del voto paritario hay que darlo sin demagogia y sin hacer cálculos parecidos a los que hace el gobierno, con la sola finalidad de ganar fáciles adeptos mediante el engaño.
Otro aspecto cacareado por el oficialismo, contenido en la abortada reforma, fue el de la admisión. Supuestamente a partir de la entrada en vigencia de la Ley vetada todos los bachilleres iban a tener oportunidad de estudiar cualquier carrera y en la universidad que escogieran. Vaya atrevimiento desvergonzado. El gobierno mantiene una asfixia presupuestaria que ha impedido construir mayores aulas y aumentar el personal, y ahora sale con eso de que todos entrarán en la Universidad que deseen.
Otra de las mentiras que impulsa reformar las universidades, es la supuesta falta de rendición de cuentas de los recursos. Mentira despiadada. Si hay una institución que sufre los rigores contralores del Estado, es, precisamente, la Universitaria, en la que se encuentra un funcionario denominado Auditor interno que depende y rinde cuentas directamente al ciudadano Contralor General de la República. Ese funcionario no es colocado a dedo por las autoridades, sino que es designado por concurso público.
La transformación esperada
Las transformaciones universitarias anheladas no son las plasmadas en el salvaje texto sancionado por la fenecida Asamblea Nacional, que pretendía convertirlas en cuarteles de ideologización para la adoración de un dictador. La transformación que aspiramos y a la cual apostamos no es mediante la decapitación de su autonomía y su orientación plural como lo pretende el régimen, al contrario, lo que deseamos es hacer más fuertes y progresistas nuestras Universidades, consustanciadas estrechamente con la investigación y con las necesidades del pueblo al que el gobierno no tiene interés de sacar de abajo, para mantenerlo sometido, de manera que puedan los comunistas eternizarse en el poder.
Señores apostemos a las grandes transformaciones pero de avanzada, jamás para retroceder a épocas preuniversitarias. Estoy convencido que necesitamos inyectar dosis de verdadera transformación a nuestra Alma Máter, porque este modelo ya cumplió su ciclo de vida; pero repito todo dentro del marco del respeto a la autonomía, pluralidad, democracia y libertad principios fundamentales con los que siempre hemos soñado los universitarios.
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sábado, 8 de enero de 2011

Entrevista de CNN al Prof. Pablo Aure

Carta Rectora UC luego del Veto a la LEU



Carta Rectoral

Valencia, 7 de Enero de 2011
Estimados miembros de la comunidad de la Universidad de Carabobo:
Después de casi un mes de incontables solicitudes, fuertes debates, inútiles tensiones, injustas amenazas, desde que los miembros de la Asamblea Nacional decidieron, inconsultamente, aprobar la Ley de Educación Universitaria, -con la cual se pretendía regir a las instituciones de Educación Superior de nuestro país-, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, decidió levantar la sanción a toda la ley por considerar que el texto adolecía de una serie de aspectos que, según su opinión, debían ser discutidos con
amplitud y detenimiento por todos los sectores del país.
Ante este hecho histórico, que ha significado por parte del Ejecutivo Nacional la admisión del
justo reclamo realizado por la comunidad universitaria, queremos expresar la satisfacción que
representa para la Universidad de Carabobo poner en evidencia uno de sus más preclaros
principios: nuestras armas para la lucha democrática no son, -como ha pretendido cierto
sector-, las de la conspiración y la conjura, las del chantaje y la manipulación, sino las del
debate de las ideas y las de la fuerza de la razón y el conocimiento.
Creemos, humildemente, que en la decisión presidencial de vetar la Ley de Educación
Universitaria hay implícito un reconocimiento a la interpelación jurídica que le hiciéramos los
universitarios al texto cuestionado, en razón de las múltiples violaciones de orden constitucional,
legal y reglamentario.
Nosotros le advertimos directamente al ciudadano presidente de la República, en una misiva
dirigida a su despacho, que el cuerpo normativo contenía “serias contradicciones con el texto
constitucional vigente, y además de ello, contradicciones en su articulado”. A titulo ilustrativo
enunciábamos las relativas a la violación a la propiedad, a la libertad de pensamiento y a la
autonomía universitaria, entre otras.
Le expresamos, en esa misma correspondencia, cómo fue desoída, de forma injustificable,
nuestra solicitud de un derecho de palabra en la Asamblea Nacional, para intervenir en una
discusión que nos concierne, directa y legítimamente, según lo establece el artículo 211 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; pedimento, por cierto, que no sólo no fue
atendido institucional ni debidamente, sino también obstaculizado, cuando se nos imposibilitó el
acceso a la sede del cuerpo legislativo a presentar las observaciones que por garantía
constitucional nos correspondía ejercer.
Por todas estas razones, pensamos, que el ciudadano Presidente de la República no tuvo otra
alternativa que ante las evidencias y argumentos sólidos, reconocer la fuerza de la razón
esgrimida por los universitarios.
Luego de estas jornadas, en las que actuamos conforme a nuestras convicciones y a nuestra visión de lo que debe ser la Universidad Autónoma, queremos exhortar, efusivamente, a todos y a todas quienes integramos la comunidad universitaria a no cejar en nuestro empeño; leyendo,
discutiendo, comentando y proponiendo las modificaciones que sean necesarias, -en los
foros universitarios, en los salones de clases, en los departamentos, en los consejos de facultad
ampliados, en los laboratorios, en las bibliotecas, en los gremios de profesores, estudiantes,
empleados y obreros, y en los consejos universitarios-, para alcanzar un texto legal que conduzca, realmente, a una universidad abierta al diálogo y respetuosa de las diferencias; que fomente escenarios de participación y modele procesos democráticos y transparentes con la debida rendición de cuentas.
Los universitarios no le tememos a los cambios, sobre todo si se originan en el ejercicio efectivo
de la democracia que es capaz de devolvernos la palabra como hija primera de la libertad.
Pero no nos engañemos. Esta reivindicación de nuestra dignidad institucional debe convertirse en una tarea, en un quehacer constante, en un compromiso y en una exigencia que impida que la
palabra de la ley sea falseada nuevamente. Pues cuando las palabras se cubren de mentira, se
traiciona quien la pronuncia y traiciona a quien la escucha. Quien quiera consagrarse a la política
debe comprometerse con la verdad, la honradez y la transparencia.
En este sentido, los universitarios mantendremos una lucha constante por la palabra como
derecho, pues hoy no podemos dar tregua en nuestra lucha en democracia por el derecho de la
palabra.
Dra. Jessy Divo de Romero
Rectora de la Universidad de Carabobo

viernes, 7 de enero de 2011

A diez años de los "Generales en pantaletas"


Hace, 10 años, precisamente el 08 de enero del año 2001 una Juez Militar, una "Defensora" Militar, una Fiscal Militar y un pelotón de la Dirección de Inteligencia Militar, se presentaron en mi casa con orden de allanamiento (y captura) por haber escrito la carta intitulada Generales en pantaletas., la cual fue publicada el día 3 de enero de ese mismo año por el diario El Nacional.
Me trasladaron a los calabozos ubicados en el sótano de la DIM en Boletita en la ciudad de Caracas, al día siguiente, en la audiencia de presentación el juez militar acordó mi reclusión en la cárcel de Ramo Verde, en Los Teques.
Hoy a diez años de aque aciago momento para mi familia, con dolor tengo que decir que la situación dentro y fuera de la institución castrense lejos de haber mejorado, no tengo dudas está en su peor momento. Una institución que se ha deteriorado al mismo ritmo, o quiza a un ritmo mayor, al deterioro del país. Una Fuerza Armada (como lo dijo el candidato a embajador de EEUU) desmoralizada por la presencia de agentes distintos a ella. Espero que los hombres y mujeres que hacen vida dentro de ella, algún día entienda el papel que deben desempeñar en defensa de la Constitución. tengo esperanzas que el bien triunfe sobre el mal, el honor y la gloria sean nuevamente sus insignias.
Pablo Aure

*Generales en pantaletas
En lugar de fuerzas castrenses deberíamos hablar de fuerzas castradas, pues en estos últimos meses han demostrado que le falta mucho de lo que le sobraba a nuestros ejércitos libertadores.
Vemos cómo militares de alto rango aparecen en actitudes poco menos que serviles sonriendo ante los discursos "graciosos" de su comandante en jefe. Quizás por esa razón al parecer muchos generales están recibiendo como regalos, delicadas prendas íntimas de vestir, femeninas.
Esa imagen de valientes, que algún día teníamos de los generales venezolanos, se nos ha desaparecido, y simplemente nos los imaginamos desfilando en Miraflores o en La Casona pantaletas multicolores.
Qué pena y qué desilusión siento como venezolano al pensar que esos señores son los encargados de defender nuestra soberanía.
Hoy se nos habla de que esta es una revolución pacifica. Yo diría que más que pacifica es timorata, indigna y oprobiosa. Lo que vivimos es una involución en lugar de una revolución. Pero lo que resulta peor aún, es que si algún venezolano dice algo en contra de lo que nuestro flamante Presidente hace, se nos tilda de enquistado en las cúpulas podridas del puntofijismo y con eso se nos estigmatiza; se nos dice que no entendemos el proyecto o que no es posible cambiar en dos años lo que ha venido corrompiéndose durante 40.
*Carta escrita por mi, publicada el 3 de enero del año 2001 en El Nacional y 5 dias después me llevó a la cárcel.

jueves, 6 de enero de 2011

Ley de Educación Universitaria y Veto Presidencial




Ley de Educación


Universitaria y Veto


Presidencial


Profesora Elvia Jurado*


Tal vez lo ideal y responsable sería esperar conocer el contenido del acto motivado que justificó la devolución de la aprobada sin discusión Ley de Educación Universitaria. Así podríamos comparar las razones constitucionales y legales que esgrimimos quienes nos ocupamos de analizarla y las determinadas por el primer mandatario nacional. No obstante, convencida como estoy que este es un Gobierno al que tenemos la obligación de salirle al paso como ciudadanos venezolanos conscientes de los derechos y deberes que nos asisten y debemos observar; conforme en días pasados estimé prudente hacer unas primeras reflexiones sobre el texto legal tan controvertido y ahora vetado; hoy creo necesario adelantar unas consideraciones generales respecto al debate que presuntamente se avecina.
La alarma que tuvimos fue por demás justificada. La sociedad civil, los venezolanos, los estudiantes, profesores, empleados y obreros debemos saber ¿qué se vetó? y además manifestar de viva voz cuáles son nuestras aspiraciones para la academia universitaria venezolana.
El primer mensaje a la comunidad universitaria de la cual orgullosamente formo parte y a la sociedad civil es: Cuidado con ver el contenido de la Ley de Educación Universitaria (LEU) como un instrumento que les preocupa porque va a normar su estabilidad laboral, su régimen de ascenso o de jubilación, o porque violentaba la tantas veces invocada autonomía universitaria. No, esta es una posición elemental y acomodaticia. Para el debate que se avecina es imperativo que PIENSEN EN SU FUTURO COMO CIUDADANOS, EN SU PAIS, EN SU FAMILIA, POR DECIR LO MENOS. No podemos dar por cierto que el hecho de haber decidido el Presidente de la República vetar la ley por “algunas debilidades” en su contenido, implica que nos será presentado a consideración próximamente un proyecto sustancialmente diferente, o…si?

¿Qué establecía la Ley de Educación Universitaria que fue vetada?
· Es importantísimo destacar que con la aprobación del texto legal in commento la Asamblea Nacional incurrió, además de en una serie de inconstitucionalidades, pero destacamos: Lesionó el derecho al voto y la voluntad popular como derecho constitucional inalienable. Muchos de los postulados que pretendieron establecerse en la LEU, formaron parte del articulado de la reforma constitucional sometido a consideración del pueblo venezolano mediante referéndum. Es así, que habiendo sido negada la propuesta del Gobierno Nacional en dichos comicios, ahora en un ejercicio fraudulento de poder legislativo, se incluyó el contenido de dicha reforma, distribuido en los muchos textos legales que han sido aprobados “extraordinariamente” durante el mes de diciembre.
· La implantación del socialismo como pensamiento único, hegemónico, en lo filosófico- político y en la organización de la sociedad con claros fines de control absoluto fue desechada en el citado proceso de referéndum. Tal consagración es contradictoria con el propio texto legal cuando en su articulado expresa que la Universidad estará abierta a todas las corrientes del pensamiento. Venezuela se define en el texto constitucional como un estado democrático que tiene como valor superior el pluralismo político ¿Entonces? Aunado a lo expuesto y en razón del principio de progresividad de los derechos, el ciudadano nacido en un país democrático, plural, participativo, en el cual tiene libertad para desarrollar libremente su personalidad y su intelecto, su conciencia, la creación intelectual, sin otras limitaciones que las derivadas del texto constitucional, NO PUEDE ser reducido a desenvolverse en un estado socialista, con una educación socialista, y un modelo productivo socialista, centralista de gobierno y de las decisiones políticas por haber sido incluidas tales regulaciones en un texto legislativo inconsulto y derivado de intereses gubernamentales, que son absolutamente diferentes a lo que puede interpretarse como el interés del Estado. ¿O es comunismo? No pueden permitir confundirse entre los conceptos de Gobierno y Estado, el primero deviene de la corriente política que ejerce el poder, el segundo, implica la preservación de los valores fundamentales del país y de sus ciudadanos por encima del propio Gobierno.
· Importa destacar que en un país, por ende en una institución (universidad) abierta a todas las corrientes del pensamiento, los seguidores de un determinado proyecto político se adhieren a él en función de propias convicciones. De tal manera que en Venezuela tenemos así capitalistas, socialistas, social demócratas, comunistas e inclusive hemos tenido ¡golpistas!, Procurar acorralar a toda una sociedad en un modelo socialista como el definido mediante imposición legislativa, es una conducta deleznable, que debe ser analizada en su justa dimensión, pues el contenido de una Ley que pretendió determinar a Venezuela como una Patria Socialista está enviando un CLARO MENSAJE de cuál es la sociedad y proyecto de país en el que próximamente si nos descuidamos vamos a tener que desenvolvernos los ciudadanos venezolanos.
· La ley que fue objeto de veto consagraba entre muchas otras inconstitucionalidades e ilegalidades, que la invención, creación, descubrimientos científicos de nuestros estudiantes, profesores, investigadores, eran considerados BIENES PUBLICOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO SOBERANO DEL PAIS. Léase “expropiación del pensamiento y la creación intelectual”. La conocida LEU consagraba la “inserción productiva” de los profesionales financiados por el Estado al servicio del pueblo venezolano y de acuerdo con las “organizaciones del Poder Popular”, que dicho sea de paso no existe como Poder en el texto constitucional. Preguntémonos: ¿Tenía el Gobierno que pretender construir una sociedad socialista en la Universidad venezolana para insertar a los profesionales de éste país?; ¿Tenía que organizar una universidad adaptada a las premisas del socialismo centralizador del poder por parte del Ejecutivo Nacional para atacar el desempleo?; ¿Cuántos empleados profesionales o no, de nacionalidad extranjera ha “insertado productivamente? Si la llamada inserción productiva es para los profesionales financiados por el Estado, ¿es esto acaso el pago de la educación recibida? ¿Cómo queda la gratuidad de la enseñanza? ¿Establecería el Gobierno el salario y el lugar de trabajo?
· Como si lo expresado pudiera considerarse intrascendental, el texto legal vetado daba competencia al Ministro de Educación Universitaria para “prevenir la captación de profesionales universitarios mediante políticas de emigración selectiva aplicadas por algunos países, con el fin de salvaguardar el patrimonio intelectual, científico, cultural, artístico y profesional de la República.” Inteligente manera de ocultar la posibilidad de prohibir a nuestros hijos, estudiantes, profesores, y a cualquier venezolano egresado de la universidad venezolana la salida del país con miras a perfeccionar o enriquecer los conocimientos adquiridos. Si el articulado hubiese sido titulado como otros textos legislativos, el capítulo se habría llamado ¿fuga de cerebros? Se violenta el derecho de propiedad cuando establecía que el profesional universitario entiéndase CUALQUIER EGRESADO es patrimonio intelectual, científico …….de la República. Es válido preguntarle al legislador: ¿y la garantía de libre tránsito consagrada en el artículo 50 constitucional?
· Contemplaba una oferta engañosa de inclusión. Con la esperanza del colectivo no puede jugarse, menos aun con la que por la severa crisis de desempleo e inflación que vive Venezuela no cuenta con los recursos necesarios para costear una educación superior. La LEU fue promocionada en los sectores populares bajo la utopía del ingreso absoluto para todos los ciudadanos que egresen de la educación diversificada. La pregunta que sigue a continuación es elemental: ¿Cómo un gobierno que ha estrangulado presupuestariamente a las Universidades en los últimos seis años, que no ha incrementado el salario al personal en los últimos tres, que pese a saber que SI se rinden cuentas de la administración de los recursos, ha asignado la misma cantidad de dinero a cada Universidad desde el año 2007, puede garantizar el cupo a cientos de miles de personas que quieren ingresar a la educación superior? ¿En qué aulas van a albergase esos miles de estudiantes? ¿Cuántos profesores serán requeridos para satisfacer dicha promesa? Esto partiendo de la creencia que el Gobierno esté consciente y además de ello le “convenga” mantener una educación de calidad, pertinente y de alto nivel competitivo. Es necesario crear conciencia en los sectores de toda la sociedad civil que tal ofrecimiento es imposible de materializar al menos de manera inmediata, y que pese a todas las previsiones estratégicas que el Gobierno había plasmado en la ley vetada, verbigracia las regulaciones a las universidades privadas y la posibilidad de ocupar sus espacios o los de las universidades públicas sin precisar de qué manera, nunca será suficiente para la admisión del cien por ciento de los aspirantes.
· Es hoy una perogrullada referir que la LEU consagraba la extinción absoluta de la autonomía universitaria, que bien entendida está constituida por la libertad de pensamiento, de ideología, de expresión, por el debate permanente de las ideas, la planificación y puesta en funcionamiento de la estructura administrativa universitaria y la distribución de los recursos asignados de conformidad con las necesidades propias de cada universidad y de acuerdo con sus proyectos de crecimiento natural.
· ¡Qué decir del voto paritario! Pareció que no se habían leído ni una sola de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que ha determinado reiteradamente que la IGUALDAD CONSTITUCIONAL, NO ESTRIBA EN DAR A TODOS LOS MISMOS DERECHOS, SINO EN QUE LOS IGUALES TENGAN IDENTICOS DERECHOS; esto se traduce en que el tratamiento a todos los estudiantes sea igual, que el tratamiento para todos los obreros sea el mismo, que el tratamiento para todos los empleados sea el mismo, y vale idéntica consideración para los docentes. Lo anterior, en un lenguaje coloquial con la finalidad de transmitir sencilla y llanamente la idea sin tecnicismos jurídicos que dificulten su comprensión, dista mucho de determinar que estudiantes, profesores, egresados, obreros y empleados son iguales! Son iguales como ciudadanos venezolanos, pero en la estructura universitaria tienen roles y competencias diferentes, perfiles distintos, niveles de instrucción y de permanencia absolutamente disímiles. Las proporciones electorales evidentemente pueden ser revisadas, pero los porcentajes que se han mantenido en el tiempo procuraron dar participación CON EQUILIBRIO y no constituirse en una oferta populista que puede afectar seriamente el desenvolvimiento, desarrollo y existencia de cualquier institución. Debe cuidarse la universitaria que es la base cognoscitiva sobre la cual se soporta el eventual desarrollo de un país, y que puede ser responsable activamente de su subdesarrollo o involución. Vale preguntarse si el Gobierno cree como lo proclama en la igualdad y la representación de las minorías, ¿por qué recientemente el 05 de diciembre no se sometió a votación la elección del Presidente de la Asamblea Nacional o fue distribuida la conformación de la Junta Directiva con representación de todos los sectores políticos? Creo que es hora de enseñar con el ejemplo!

¿Qué queremos los universitarios venezolanos?
Aún a riesgo de parecer un atrevimiento expresarme en plural, es lógico pensar que los ciudadanos que formamos parte del país venezolano y de la institución universitaria, debemos tener las mismas aspiraciones como organización. Es por ello que para el debate que supuestamente debe abrirse en los próximos días con la finalidad de concertar ideas para la redimensión de las universidades venezolanas, tanto sociedad civil como comunidad universitaria tiene en conciencia y corazón absolutamente definidas las prioridades que deben ser objeto de la agenda de discusión de la Ley de Universidades y su eventual reforma.
La Universidad venezolana y el país esperan una reforma institucional y académica mediante el ejercicio democrático de la discusión plural y respetuosa, en cumplimiento del marco constitucional, con el debido reconocimiento a la opinión de los expertos en el área. No más descalificaciones ni mentiras. Se aspira un debate de altura, enriquecedor, cuyo producto sea el modelo de más alta calidad que pueda ofrecerse a la juventud de nuestro país. Ni Venezuela, ni los universitarios podemos aceptar que nuevamente la legislación universitaria sea la consecuencia de un concierto de voluntades nocturnas que en desconocimiento del Derecho pretendieron torcer los destinos del país convirtiendo a la Universidad en la cuna del pensamiento dizque socialista venezolano.
Es así que en un ejercicio de proyección institucional y como puntos a ser debatidos en la Comisión que según el dicho presidencial va a ser constituida para los fines antes indicados, solo a título ilustrativo deben considerarse los aspectos que seguidamente se refieren:
Ø El mantenimiento absoluto e inequívoco de la libertad de pensamiento, de conciencia y el pluralismo político;
Ø La observancia de la autonomía universitaria a tenor de lo dispuesto en el artículo 109 constitucional;
Ø El pronunciamiento oportuno de la autoridad competente ante la solicitud de apertura de nuevas carreras para ofertar a la población;
Ø La dotación de los laboratorios, bibliotecas, aulas de clase, y personal suficiente para en un proceso de apertura consensuado ofrecer formación a la alta demanda de jóvenes que reclama el ejercicio del derecho que le corresponde de educación superior gratuita y de calidad;
Ø La discusión plural, articulada, respetuosa de las transformaciones que se hace necesarias para la adaptación de las instituciones universitarias a los requerimientos del país;
Ø El respeto al ejercicio de competencias de las autoridades legítimamente electas;
Ø El reconocimiento del alto nivel de competencia de los integrantes de la comunidad universitaria; discriminados en comparación con otros sectores del Poder Público;
Ø La homologación de las becas estudiantiles entre la población de la universidad autónoma y las universidades bolivarianas
Ø La reposición de las unidades automotores en las que transitan a diario nuestros estudiantes;
Ø La asignación de las providencias necesarias para el crecimiento natural de su población estudiantil, así como de su personal académico, administrativo y obrero.
Ø Que el patrimonio venezolano, sobre todo el excedente entre el precio presupuestado para el barril de petróleo y el actual, sea invertido en la educación del país en todos sus niveles, que primero se atienda las necesidades de nuestra población y SOLO CUANDO ESTA CUBRA SUS NECESIDADES BASICAS, se pueda pensar en preguntarnos si queremos regalar nuestro patrimonio a otros países; así podremos seguir abriendo las puertas de las instituciones a la demanda de cupo;
Ø Que sean honrados de inmediato los compromisos que el Ejecutivo Nacional tiene con la comunidad universitaria desde hace más de diez años;
Ø Y………. ¿por qué no decirlo? Queremos que homologuen nuestro bono de fin de año con el de algunos miembros del Poder Judicial. Si formamos el futuro del país, por qué a ellos hasta diez meses y a nosotros tres?
A la sociedad civil, al país, a los universitarios, si bien es pertinente reconocer la acción presidencial de respetar el texto constitucional, fue solo eso, que no se confunda el Ejecutivo Nacional creyendo que fue un favor o una concesión especial la que se nos hizo. Obligatoria es la observancia de la Constitución. Estamos en pleno conocimiento de nuestros derechos y pensamos ejercerlos todos y cada uno de ellos para dar paso a las demandas académicas y educativas del pueblo venezolano.
El llamado es a mantenernos alertas, produciendo conocimiento, ideas, alternativas de transformación. Nuestro deber es que socialistas o capitalistas, oficialistas o no, debemos continuar cohesionados y firmes en nuestras convicciones democráticas, institucionales y académicas. Nuestra obligación es la de siempre: corregir los errores en los que se pudiera haber incurrido y defender las convicciones que han mantenido la Universidad venezolana en el sitial que hoy le es reconocido nacional e internacionalmente. Que la lamentable situación a la que nos vimos sometidos en los últimos días sirva de lazo que estreche los más altruistas intereses que deben privar en la concepción del modelo educativo de un país que clama a gritos su crecimiento, su desarrollo y la mejora sustancial, urgente, sin demora de la calidad de vida del venezolano, hoy sometido múltiples penurias que juegan en contra de la posibilidad de alcanzar y cubrir las más elementales necesidades de cualquier ser humano.


*Consultora Jurídica de la UC

Peligro para las universidades venezolanas no ha terminado


Valencia, enero 5 (Notitarde/Marja Cicero).- A juicio del secretario de la máxima casa de estudios de la región, profesor Pablo Aure, el peligro para las universidades venezolanas no ha terminado, pese a que el Presidente de la República vetó este martes la Ley de Educación Universitaria (LEU) aprobada por la antigua Asamblea Nacional (AN), la madrugada del pasado 23 de diciembre.
Por este motivo, la autoridad rectoral sostuvo que los universitarios deben mantenerse en las calles protestando, alertando y respondiéndole a la comunidad, "porque la sociedad está esperando muchísimo de nosotros, la sociedad está esperando que nos movamos no solamente cuando nos tocan nuestros intereses sino cuando tocan los intereses del país".
Aure enfatizó que "las cosas no están bien en Venezuela", por lo que pidió no cantar victoria ni mucho menos sentirse triunfadores sólo porque el Mandatario Nacional devolvió el referido texto legal a la AN.
- No crean que con el veto la lucha terminó. El enemigo continuará acechando la casa que vence la sombra hasta tratar de doblegarla, minimizarla, opacarla y destruirla. Tiene herramientas salvajes: estrangulamiento presupuestario, sentencias en los tribunales que procuren la anarquía institucional, la Contraloría General de la República seguirá persiguiendo a los rectores y demás autoridades, continuará financiando movimientos gremiales para provocar el caos; y en fin, seguirá socavando sus bases.
En la fuerza moral universitaria estará la gloria. Debemos apostar a la unión de todos los sectores para ser indiscutiblemente invencibles, recalcó.
El Secretario de la Universidad de Carabobo afirmó que el momento es propicio para que los docentes, empleados, obreros, estudiantes y autoridades se reencuentren, y manifiesten al unísono que "a los universitarios se nos debe respetar".
"Dictadores le temen
a los universitarios"
Para el profesor Pablo Aure la decisión presidencial tiene una sola lectura: los dictadores le temen a los universitarios cuando se deciden a luchar. Recalcó que Hugo Chávez vetó la LEU porque tenía al movimiento estudiantil y a los universitarios en la calle, más no porque tenga realmente vocación democrática.
- Los universitarios pueden lograr grandes cosas cuando se lo proponen. Podemos convertirnos en el gran muro de contención de los desmanes dictatoriales, la gente, el pueblo espera mucho de las universidades y lamentablemente en estos tiempos de Chávez hemos sido muy tímidos a la hora de enfrentar la dictadura. Podemos lograr grandes cosas, pero eso sí con perseverancia y siempre con el único interés de lograr un país mejor, expresó.
Aure reconoció que las universidades deben transformarse y ser mucho más productivas, a objeto de depender lo menos posible del Ejecutivo, "pero en nuestras manos está esa transformación, no esperemos que las transformaciones nos vengan desde un cuartel como han tratado de hacerlo".
Asimismo, señaló que no entiende cómo el Gobierno afirma ser revolucionario si no posee un movimiento estudiantil fuerte, ya que los verdaderos revolucionarios -aseguró- se encuentran en las casas de estudios superiores.
Estudiantes seguirán
defendiendo la democracia
Ahora bien, el presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UC, Iván Uzcátegui, señaló que aunque la LEU fue vetada, los jóvenes deben seguir atentos porque se pretende separar a los estudiantes de los problemas que enfrenta el país.
Por ello, aseguró que el movimiento estudiantil venezolano y los universitarios en general continuarán en las calles defendiendo la democracia y luchando contra gobiernos de carácter totalitarios. Destacó que no puede olvidarse el paquete de "leyes cubanas" aprobado por la antigua Asamblea Nacional en diciembre de 2010.
Uzcátegui manifestó que no le darán cabida "a este Gobierno totalitario que pretende imponernos formas de pensar". Apuntó que es necesario discutir un nuevo proyecto de Ley de Universidades donde participen todos los sectores involucrados.
En ese sentido, informó que a partir del próximo lunes 10 de enero, cuando se reinicien las actividades académicas y administrativas en la Universidad de Carabobo, propiciarán debates y discusiones entre los alumnos con el objeto de fortalecer las ideas y establecer propuestas concretas para el nuevo instrumento legal.
También, precisó que realizarán visitas de curso en las siete facultades que conforman la UC, a fin de concienciar a la población estudiantil sobre la importancia de continuar en las calles.
El representante de la FCU sostuvo que la crisis presupuestaria de la máxima institución de educación superior de la entidad carabobeña se mantiene, puesto que desde hace cinco años viene recibiendo la misma cantidad de recursos. Indicó que el presidente Hugo Chávez debe abocarse a este problema y mejorar las condiciones de los universitarios venezolanos.
Misa de acción de gracias
Vale destacar que el profesor Pablo Aure y el bachiller Iván Uzcátegui ofrecieron las declaraciones previo a la realización de una misa de acción de gracias, efectuada en horas de la mañana de ayer en la Sala Magistral de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo.
La actividad se llevó a cabo en sustitución del Consejo de Facultad pautado para este miércoles, el cual fue suspendido luego de la decisión del presidente Hugo Chávez de devolver la Ley de Educación Universitaria al Parlamento Nacional.
La celebración eucarística estuvo a cargo del padre Pedro De Freitas, párroco de la Catedral de Valencia. Al encuentro asistieron el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, profesor Juan José Ramos; el director de la escuela de Derecho, profesor David Ruttman; el director de Asuntos Profesorales de dicha dependencia, Ricardo Osío, junto a representantes de los distintos centros e institutos de investigación de la facultad.
También estuvieron presentes en la misa los ex decanos Janeth Ramos, Verginie Sucheni, Leoncio Landaez, Belén Heredia de Girón y Hildegarda Betancourt.

"Los dictadores le tienen miedo a los universitarios cuando luchan"




Pablo Aure, secretario de la UC, aseguró que el presidente "mide tiempos"


"Los dictadores le tienen miedo a los universitarios cuando luchan"

En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas fue realizada una misa por el padre Pedro De Freites.(Foto Orlando Nader)Ismeyer Tapia De Caires/ El Carabobeño Valencia, enero 5 (REDACTA).- El secretario de la Universidad de Carabobo, Pablo Aure, afirmó que "los dictadores le tienen miedo a los universitarios cuando deciden luchar", al hacer referencia al veto que le dio el presidente Hugo Chávez a la Ley de Universidades, aprobada el pasado 23 de diciembre por los diputados la Asamblea Nacional. Aure durante un encuentro que mantuvo con las autoridades y docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, así como dirigentes estudiantiles de la UC, indicó que el Presidente de Venezuela prefiere seguir "midiendo los tiempos", ya que el 2011 es un año crucial para el régimen, y a pesar de que quizás subestimó al movimiento universitario tomó esa decisión no por su vocación democrática, pues manifestó que no la posee. "Yo invito a reflexionar a los venezolanos, y quiero que se den cuenta de que los universitarios pueden lograr grandes cosas cuando se lo proponen. Podemos convertirnos en el gran muro de contención de los desmanes dictatoriales. La gente, el pueblo espera mucho de las universidades y lamentablemente en estos tiempos de Chávez, hemos sido muy tímidos a la hora de enfrentar la dictadura. Podemos lograr grandes cosas, pero eso sí: con perseverancia y siempre con el único interés de lograr un país mejor", manifestó Aure. Para el secretario a pesar de que fue vetada la Ley de Universidades, la lucha de los miembros de la comunidad de las casas de estudios no ha terminado, pues a su juicio "el enemigo" continuará tratando de doblegarla, opacarla, minimizarla y destruirla, a través de estrategias como el estrangulamiento presupuestario, sentencias en los tribunales que procuren la anarquía institucional, y la Contraloría General de la República que seguirá persiguiendo a las autoridades rectorales. La autoridad de la UC, en compañía del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Juan José Ramos, el director de la Escuela de Economía, David Ruttman; el director de Asuntos Profesorales, Ricardo Osío, y el presidente de la Federación de Centros Universitarios, Iván Uzcátegui, resaltó que en la fuerza moral universitaria estará la gloria, y que se debe apostar a la unión de todos los sectores para ser invencibles. Para este miércoles estaba pautado un Consejo de Facultad para discutir la Ley de Universidades, pero fue suspendido y decidieron realizar una misa en la facultad, que la auspició el párroco de la Catedral de Valencia, Pedro De Freitas. Estuvieron presentes los ex decanos Janeth Ramos, Verginie Sucheni, Leoncio Landáez, Belén Heredia de Girón e Hildegarda Betancourt. "Apartemos los deseos egoístas y seamos lo que estamos llamados a ser, que no es más que comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre", afirmó Aure. Al hacer referencia a lo que significó la aprobación de la ley por parte de los diputados salientes de la AN, dijo que fue "un susto por miedo a perder a la universidad", que se convirtió en una alarma permanente y les da a los estudiantes, docentes y trabajadores la suficiente fuerza para no cejar en el propósito de construir una universidad mejor.

miércoles, 5 de enero de 2011

La hipocresía del veto a la LEU


La hipocresía del veto a la LEU
Pablo Aure
Hoy los universitarios amanecimos quizá con menos apremio; pues el Presidente vetó la inefable Ley de Educación Universitaria. Esa decisión presidencial tiene una sola lectura: los dictadores le temen a los universitarios cuando se deciden a luchar.
Chávez prefiere seguir midiendo los tiempos. Este es un año crucial para el régimen, probablemente subestimó al movimiento universitario; es esa la única razón del recule. Ni remotamente piensen que la causa fue su vocación democrática; ya sabemos que no la tiene.
Amigos: si no nos hemos dado cuenta aún, pues los invito a reflexionar. Los universitarios pueden lograr grandes cosas cuando se lo proponen; podemos convertirnos en el gran muro de contención de los desmanes dictatoriales; la gente, el pueblo espera mucho de las Universidades y lamentablemente en estos tiempos de Chávez hemos sido muy tímidos a la hora de enfrentar la dictadura. Podemos lograr grandes cosas, pero eso si: con perseverancia y siempre con el único interés de lograr un país mejor.
No crean que con el veto la lucha terminó. El enemigo continuará acechando la Casa que vence la sombra hasta tratar de doblegarla, minimizarla, opacarla y destruirla. Tiene herramientas salvajes: estrangulamiento presupuestario, sentencias en los tribunales que procuren la anarquía institucional, la Contraloría General de la República seguirá persiguiendo a los Rectores y demás autoridades, continuará financiando movimientos gremiales para provocar el caos; y en fin, seguirá socavando sus bases. En la fuerza moral universitaria estará la gloria. Debemos apostar a la unión de todos los sectores para ser indiscutiblemente invencibles. Apartemos los deseos egoístas y seamos lo que estamos llamados a ser: “…una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre.”
Para que se materialice una verdadera unión hay que ser sinceros, reconocer los errores y empeñarnos en enmendarlos.
Que este “susto”, -porque, quiero decirlo, eso es lo que sentíamos- miedo a perder la Universidad, se convierta en alarma permanente y nos de la suficiente fortaleza para no cejar en el propósito de construir una Universidad mejor.

martes, 4 de enero de 2011

Presentación sobre la Ley de Universidades

Material elaborado desde la Secretaria de la Universidad de Carabobo para el estudio de la Ley de Educación Universitaria:

"Hemos tratado de condensar algunos aspectos manejados tanto desde la Secretaria de la UC como por la Rectora, Vicerrectores, Decanos, Consultora Jurídica asi como también de otros docentes que hacen vida dentro y fuera de la UC"

Está plenamente autorizada la divulgación del presente trabajo... es necesario que todos conozcamos esa Ley.

Si quieres descargar la presentación tambien puedes hacer click aquí

Saludos,

Pablo Aure
email: pabloaure@gmail.com
twitter: @pabloaure

Autonomía Universitaria y Revolución



AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
Y REVOLUCIÓN/
Alexis Márquez Rodríguez

Conferencia leída en la Sala de Conciertos
de la Universidad Central de Venezuela,
el 10 de marzo de 2003, en un acto en defensa
de la Autonomía Universitaria.

Antecedentes históricos
La autonomía universitaria es una de esas instituciones que, no
obstante ser por definición esenciales, despiertan, sin embargo, agudas
controversias. Desde su aparición, con el nacimiento mismo, en la Edad
Media, de la universidad como centro fundamental de la educación y la
cultura, ha sido un tema permanente de debate. Quizás eso se deba a que, sin
ser propiamente un ente político, la universidad, y con ella la idea de su
autonomía, siempre han estado vinculadas a la política. Y es sintomático el
hecho de que grupos e individualidades, ajenos u opuestos a los gobiernos de
turno, vehementes defensores de la autonomía universitaria, una vez que
acceden al poder se tornan sus enemigos abiertos o velados, muchas veces
con encono igual o superior a la vehemencia con que antes la defendieron.
Que la autonomía es consustancial con el concepto de universidad se
evidencia por el hecho de que, como ya dije, ella nace con la universidad. Las
primeras universidades del mundo, al menos del llamado mundo occidental,
la de Bolonia, fundada en el siglo XI; las de París (Sorbonne; siglo XII),
Oxford (siglo XII), Salamanca (siglo XIII), Cambridge (siglo XIII), etc., se
organizan sobre una base autonómica. De España la autonomía universitaria
se trasplanta a América. Ya en las Siete Partidas, del rey Alfonso el Sabio, en
el siglo XIII, se reconocía el régimen autonómico de la Universidad de
Salamanca, que sirve, junto con la de Alcalá de Henares, de modelo a las
demás universidades españolas, incluyendo las que, a partir del siglo XVI, se
fundan de este lado del Atlántico.

Concepto político de la autonomía universitaria
La autonomía universitaria se erige primordialmente frente al Estado y
los gobiernos. Ello se explica, entre otras razones, porque en principio se trata
de instituciones privadas o semiprivadas, ajenas al aparato gubernamental,
aunque muchas de ellas fueron reconocidas oficialmente, e incluso se les
brindó protección y ayuda financiera. Pero aun así, la universidad fue siempre
muy celosa de su independencia y de su autonomía frente a los grupos e
individualidades gobernantes, incluida la Iglesia, pues aunque muchas
universidades se fundan por iniciativa de determinadas órdenes religiosas, e
incluso en el recinto de conventos y monasterios, también es cierto que sus
fundadores y promotores siempre procuraron deslindarse de la jerarquía
eclesiástica, sin abjurar de sus creencias y dogmas. En muchas de aquellas
primitivas universidades se produjeron vivas e iluminadoras controversias
sobre los pareceres oficiales de la Iglesia de Roma.
En el origen del sistema autonómico se reconoce, además, el propósito
de salvaguardar la función esencial de las universidades, cual es la búsqueda
del saber y la verdad, y su preservación como patrimonio cultural que ha de
trasmitirse de generación en generación. Y esa búsqueda del saber y la verdad
tiene necesariamente que hacerse a resguardo de interferencias que, como las
de carácter político, en especial las provenientes de las esferas del poder
gubernamental, pudieran mediatizarla y entorpecerla.
Pero a esa explicación del origen de la autonomía, fundada en el noble
principio de preservación del saber y la verdad, debe agregarse otra, ya no tan
noble, sobre todo por su carácter pragmático. Me refiero al hecho de que,
siendo el saber y la verdad una fuente primordial de poder, caro tenía que ser
a quienes basaban su poderío en esa fuente el propósito de que esta
permaneciese fuera del control de los factores del poder estatal y
gubernamental. Por siglos el saber y la verdad han sido monopolio de elites
sociales que, para perpetuarse en sus privilegios procuran mantener
celosamente bajo su control las claves del conocimiento y de las ciencias, que
de esa manera se tornan en instrumentos de dominación y vasallaje.
La autonomía universitaria en Venezuela
En Venezuela la autonomía universitaria tiene una larga tradición.
Nuestra primera universidad, la Universidad de Caracas, posteriormente
rebautizada Universidad Central de Venezuela, nace el 22 de diciembre de
1721, cuando, por Real Cédula del rey Felipe V, se elevó a la categoría de
universidad lo que hasta entonces había sido el Colegio Seminario Tridentino
de Santa Rosa de Lima. Posteriormente, por Real Cédula del 4 de octubre de
1781, el rey Carlos IV le concede la autonomía, plasmada en la autorización
para dictar su propia constitución y sus reglamentos, y para elegir el rector
por el Claustro universitario.
Aquel inicial régimen autonómico se mantiene hasta el 15 de julio de
1827, ya consumada la independencia, cuando el Libertador, Presidente de
Colombia –la llamada Gran Colombia– promulga los Estatutos Republicanos
elaborados por la propia Universidad, y en los cuales se mantiene el principio
autonómico que venía de la Colonia, además de que se dona a la Universidad
de Caracas un conjunto de haciendas sumamente productivas, para que con
sus rentas financiaran las actividades universitarias.
La autonomía se ratifica en el Código de Instrucción Pública de 1843,
en el que se establece que las autoridades de la universidad serán electas por
un Cuerpo Electoral formado por todos los catedráticos propietarios, y de tres
representantes electorales en la de Caracas, dos en la de Mérida, nombrados
por cada una de las facultades. En cuanto a los profesores, serán designados
por concurso.
Agresiones a la autonomía
La primera agresión contra la autonomía de la universidad venezolana
se produjo en 1849, bajo la presidencia de José Tadeo Monagas. Ese año se
dicta un nuevo Código de Instrucción Pública, en realidad una mera reforma
del anterior, con la sola finalidad de permitir la injerencia del gobierno en el
régimen universitario, especialmente en el nombramiento y remoción de los
catedráticos. Allí se dice que no “podrán proveerse las cátedras en propiedad,
ni en interinato en personas desafectas al Gobierno Republicano o
sospechosas de su amor al espíritu democrático del sistema de Venezuela.
(…) También podrá el Poder Ejecutivo, usando de la facultad gubernativa,
remover de sus cátedras a los catedráticos que fueren desafectos al Gobierno
o del espíritu democrático del sistema de la República”.
Esta disposición fue derogada en 1858, a raíz de la llamada Revolución
de Marzo. Pero fue restituida en 1863, por decreto del Gral. Juan Crisóstomo
Falcón, que ponía en vigencia de nuevo todo el ordenamiento jurídico que
regía para el 14 de marzo de 1858, anterior a la mencionada Revolución.
Sin embargo, la mayor agresión contra la autonomía universitaria se
perpetró bajo el gobierno del Gral. Antonio Guzmán Blanco, quien por
Decreto del 24 de setiembre de 1883 dispone, en primer lugar, que “El Rector
y el Vicerrector serán nombrados libremente por el Ejecutivo Federal, que
nombrará también a los catedráticos, de ternas propuestas por el Rector”. En
decretos posteriores, Guzmán despoja a las universidades de sus bienes
propios, obligándolas “a la venta de todas sus propiedades urbanas y rurales”,
estableciendo que en lo sucesivo cubrirán sus gastos con los fondos que
anualmente se les asigne en el Presupuesto Nacional. Con ello se instituye de
manera definitiva un sistema de financiamiento que, aun existiendo la
autonomía universitaria, entraba, mediatiza y muchas veces aniquila el
sistema autonómico, toda vez que deja en manos del Ejecutivo un
instrumento infalible de control de las universidades, mediante la entrega
discrecional de los recursos asignados en la Ley de Presupuesto.
Autonomía y autarquía financiera
Es un hecho incontrovertible que la más perfecta autonomía
universitaria no puede funcionar a cabalidad si la universidad no es, al mismo
tiempo, económicamente autárquica. Hasta el decreto de Guzmán Blanco la
Universidad de Caracas había venido funcionando con bastante libertad, no
sólo por su régimen autonómico, sino también porque los bienes que poseía le
producían dinero suficiente y oportuno para atender a sus necesidades, que,
por lo demás, no eran demasiado elevadas, tanto porque era aún una
universidad pequeña y poco desarrollada, como porque la enseñanza en
general, incluida la de nivel superior, no resultaba tampoco demasiado
costosa, como sí lo es hoy. Desde entonces, y por la práctica inveterada de
entregar las asignaciones presupuestarias por mensualidades –los famosos e
inquietantes dozavos–, cada universidad está a merced del Ejecutivo en lo
tocante a la disponibilidad de sus recursos financieros, con mengua de su
autonomía, aun cuando esta aparezca consagrada en la Constitución y las
leyes respectivas.
El régimen antiautonómico establecido por Guzmán atraviesa todo el
restante siglo XIX y se mantiene hasta bien entrado el XX. Durante las
dictaduras de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, que ocupan el primer
tercio del siglo XX, el dominio gubernamental sobre las universidades fue
absoluto, como en todos los demás aspectos de la vida nacional.
La autonomía se va abriendo paso
Fue en 1940, bajo el gobierno del Gral. Eleazar López Contreras, siendo
Ministro de Educación Nacional el Dr. Arturo Úslar Pietri, cuando, al dictarse
una nueva Ley de Educación, se restituyó parcialmente la autonomía, al
establecer que cada una de las escuelas universitarias elegiría dos candidatos
para integrar una lista que, cada tres años, el respectivo Consejo Universitario
elevaría al Poder Ejecutivo, para que de ella se designaren el rector, el
vicerrector y el secretario. Fue una tímida reforma, que, sin embargo,
significó un paso de avance. No obstante, duró poco el ensayo, que trajo una
serie de vicios y problemas por el fomento de “roscas” y caudillismos, no por
académicos menos funestos. En 1943, al reformarse la Ley de Educación,
bajo el gobierno del Gral. Isaías Medina Angarita y el ministerio del Dr.
Rafael Vegas, se restableció la facultad del Poder Ejecutivo de designar y
remover libremente las autoridades universitarias, además de algunas otras
disposiciones relacionadas con la designación de los profesores, con
desconocimiento del principio autonómico.
El derrocamiento del Gral. Medina Angarita, el 18 de octubre de 1945,
abrió una nueva etapa en la historia contemporánea de Venezuela. En abril de
1946 el nuevo rector de la Universidad Central, Dr. Juan Oropesa, designa
una comisión encargada de elaborar un proyecto de estatuto universitario. La
forman los doctores Rafael Pizani, quien la preside, Eduardo Calcaño, Raúl
García Arocha, Francisco Montbrún y Eugenio Medina, y un representante
estudiantil, el Br. Alejandro Osorio. Es la primera vez en nuestro país que
oficialmente se toma en cuenta al estudiantado en funciones relacionadas con
el gobierno y administración de las universidades.
El proyecto de la comisión contemplaba una amplia autonomía, no sólo
en cuanto al gobierno de las universidades, sino también en el orden
financiero y administrativo. La doctrina que guió a la comisión en este
aspecto quedó muy bien plasmada en la carta que esta dirigió al rector de la
Universidad Central remitiéndole el proyecto. Allí, entre otras cosas, se dice
lo siguiente:
Estimamos que uno de los inconvenientes más ciertos con que ha
tropezado la formación de una conciencia universitaria en el país –requisito
indispensable para que la Universidad pueda desenvolverse como institución
pública nacional–, es el haberla considerado y tratado, desde fines del siglo
XIX, como un simple apéndice burocrático del Ministerio de Educación
Nacional. Porque en tales condiciones no habrá problema universitario que no
adquiera inmediatamente el carácter de una cuestión política; no habrá
iniciativa universitaria que no sea juzgada –o prejuzgada– en su posible
contenido político; no habrá decisión, por útil y evidente que sea para el interés
universitario puro, que no sea demorada, deformada o desechada por el interés
político, cuando no por el simple capricho o conveniencia de algún empleado
influyente.
En nuestro concepto, si se quiere intentar seriamente una reforma a
fondo de las Universidades Nacionales, es necesario comenzar por
independizarlas de esas influencias que desnaturalizan su misión y su sentido.
Independizarlas no formalmente, como lo hizo la Ley de Educación Nacional
de 1940, que mientras admitía una tímida autonomía en la designación de las
autoridades universitarias dejaba, sin embargo, a las Universidades atadas a la
voluntad del Ejecutivo con el cordón administrativo del presupuesto; sino una
autonomía no simulada, que permita el amplio desenvolvimiento de la
Universidad mediante la fijación de una cuota anual fija (no menor del 2 % en
el Proyecto) del Presupuesto de Rentas Públicas de la Nación y la garantía de
libertad de manejo de sus fondos, sin la perturbación agobiante del
procedimiento administrativo para su inversión.
Desafortunadamente, esta saludable doctrina no fue acogida por la Junta
Revolucionaria de Gobierno, presidida por Rómulo Betancourt –quien, por
cierto, como dirigente de la Generación del 28 había sido un entusiasta
propulsor de la autonomía–, y el Estatuto, dictado el 28 de setiembre de 1946,
firmado también, como miembros de la Junta, por otros fervorosos partidarios
de la autonomía universitaria en un pasado aún reciente, Raúl Leoni, Gonzalo
Barrios, Luis Beltrán Prieto y Edmundo Fernández, estableció que “El Rector,
el Vicerrector y el Secretario son de libre designación y remoción del
Ejecutivo Federal”. Tampoco se aceptó que en la Ley de Presupuesto se
estableciese una asignación anual no menor del 2 % para las universidades,
como lo señalaba el proyecto, y ese monto se fijó entre el 1 y el 2 por ciento.
Las razones para este desconocimiento de la autonomía se centraron en
el argumento de que en el Claustro de las universidades se había ido
imponiendo una concepción reaccionaria, que era necesario remover, para dar
paso a autoridades progresistas y a un clima universitario acorde con los
nuevos aires supuestamente revolucionarios que en el país se respiraban.
Argumento discutible, sobre todo si se toma en cuenta que en el pasado
habían sido nombrados rectores de ideas avanzadas, como es el caso del Dr.
Rafael Pizani, cuya ideología democrática y progresista nadie pone en duda,
quien, por cierto que muy joven aún (tenía apenas 34 años), había sido rector
de la UCV durante la presidencia del Gral. Medina Angarita.
Sin embargo, el Estatuto de 1946 estableció, por primera vez en el país,
la representación de los estudiantes en el Consejo Universitario, los Consejos
de Facultad y las Asambleas de Facultad. Igualmente, y como paso de avance
muy significativo, consagró también la libertad de cátedra, que es
consustancial con el concepto de autonomía universitaria. En su artículo 45,
en efecto, el Estatuto disponía que “Los Profesores de las Universidades
Nacionales deben elaborar los programas de sus correspondientes asignaturas
y someterlas para su aprobación a las Facultades, pero conservan completa
independencia en la exposición de opiniones o doctrinas acerca de la materia
que enseñan”.
No obstante sus aspectos positivos, a pesar de no ser plenamente
autonómico, la aplicación del Estatuto de 1946 generó graves problemas, no
sólo ni tanto por su contenido mismo, sino mas bien como repercusión en el
ámbito universitario del clima político que la nueva situación del país, a raíz
de la arrogantemente llamada Revolución de Octubre, había creado, situación
caracterizada por el populismo y la demagogia puestas en práctica desde los
círculos gubernamentales. Además, se trasladó a las universidades el clima de
sectarismo y de pugnacidad que imperó en todo el país durante los tres años
de la Junta Revolucionaria de Gobierno y los nueve meses de la presidencia
de Rómulo Gallegos. No es exagerado decir que tal situación determinó que
en poco tiempo la universidad como institución, y su régimen de gobierno,
que no era, como ya se ha visto, propiamente autonómico, cayesen en un
profundo desprestigio ante la opinión pública nacional.
Sin embargo, en noviembre 1948, una vez derrocado el presidente
Gallegos por un nuevo golpe militar, esta vez sin apoyo civil, la Junta Militar
de Gobierno, presidida por el Teniente Coronel Carlos Delgado Chalbaud, y
siendo ministro de Educación el Prof. Augusto Mijares, por Decreto del 23
de diciembre de 1948 mantuvo en vigencia el Estatuto Orgánico de 1946.
Pero el derrocamiento de Gallegos, que no había causado mayores reacciones
en el pueblo, al reanudarse las actividades educativas, en enero de 1949, sí
originó graves disturbios estudiantiles, dándose inicio a un período muy
conflictivo, que culminó en 1951, cuando la Junta de Gobierno, presidida por
el Dr. Germán Suárez Flamerich, constituida a raíz del asesinato, en
noviembre de 1950, del presidente de la Junta Militar, Delgado Chalbaud, con
fecha 1 de setiembre destituyó las autoridades de la Universidad Central de
Venezuela, encabezadas por el rector Dr. Julio de Armas, y para sustituirlo se
trajo desde Mérida al Dr. Eloy Dávila Celis, quien venía precedido de un gran
desprestigio, por su actuación despótica y represiva como rector de la
Universidad de los Andes, contra quien se habían producido graves disturbios
en aquella universidad. Este nombramiento fue rechazado por el estudiantado,
de forma que la UCV se hizo absolutamente ingobernable. Lo cual determinó
que mes y medio después, el 17 de octubre, por decreto Nº 321, la Junta de
Gobierno interviniese la UCV y ordenase su reestructuración total, a cuyo
efecto designó un llamado Consejo de Reforma, presidido por el médico Dr.
Julio García Álvarez. En el mismo decreto se derogaba expresamente el
Estatuto Orgánico de 1946, con lo cual naufragaba definitivamente el
experimento que este representaba, que, sin ser propiamente autonómico,
contenía, no obstante, importantes innovaciones, consagratorias de la
autonomía en algunos aspectos, como el nombramiento de los profesores, la
libertad de cátedra y el principio de cogobierno estudiantil. De nuevo estallan
disturbios estudiantiles, a lo cual se une la tenaz resistencia de una mayoría de
profesores, quienes, en repudio al Consejo de Reforma, pusieron sus cargos a
la orden, hasta tanto se rectificasen aquellas medidas y se restableciese el
principio básico de autonomía. Ante aquella nueva situación de
ingobernabilidad no hubo más salida que clausurar la universidad por tiempo
indefinido, declarando insubsistentes las partidas presupuestarias “destinadas
a sufragar el pago de los sueldos de los profesores”. Al mismo tiempo se
destituyó a más de 140 catedráticos y se expulsó a 137 estudiantes. No
conforme con eso, la dictadura encarceló a muchos de ellos y a otros los
expulsó del país, la mayoría de los cuales sólo pudieron regresar en 1958, una
vez derrocada la dictadura perezjimenista. No hay duda de que estos
episodios son los más resaltantes como hitos históricos altamente
significativos en la lucha por la autonomía universitaria.
Más de un año duró el cierre de la UCV. En julio de 1953 se dictó una
nueva Ley de Universidades Nacionales, que restituía la forma de gobierno
tradicional de las universidades, con lo que se extinguía el Consejo de
Reforma. Esta ley terminó de aniquilar todo vestigio de autonomía
universitaria, pues dispuso que el libre nombramiento y remoción de todos
los funcionarios universitarios, incluso los profesores, a quienes se calificó de
“empleados públicos”, correspondía al presidente de la república. En agosto
de ese mismo año se designó a las autoridades y se reiniciaron las actividades,
en una nueva etapa signada por conflictos de diversos grados de importancia,
hasta culminar con la caída de la dictadura, en enero de 1958.
La autonomía plena
Uno de los actos más importantes de la Junta de Gobierno que sustituyó
al dictador, en esta ocasión ya presidida por el Dr. Edgar Sanabria, de
honorable y dilatada trayectoria universitaria, fue dictar una nueva Ley de
Universidades, la misma que, con algunas reformas, ha estado vigente hasta
hoy. Por temprano decreto de la Junta, del 17 de febrero, todavía bajo la
presidencia de vicealmirante Wolfgang Larrazábal, se creó una comisión
encargada de redactar un proyecto de ley universitaria, con expreso mandato
de “que contemple y asegure la autonomía universitaria”. Esa comisión
estuvo formada por los doctores Fancisco De Venanzi, quien la presidía,
Rafael Pizani, Ismael Puerta Flores, Rubén Coronil, Raúl García Arocha,
Armando Vegas, J. L. Salcedo Bastardo, Jesús M. Bianco, Marcelo González
Molina, Héctor Hernández Carabaño, Francisco Urbina y Ernesto Mayz
Vallenilla, y en representación de los estudiantes el bachiller Edmundo
Chirinos.
Virtud primordial de la Ley de Universidades, promulgada el 5 de
diciembre de 1958 –razón por la cual más tarde se instituyó esta fecha como
Día del Profesor Universitario– es que, no sólo instaura plenamente la
autonomía, sino que también la define en términos amplios e inequívocos. El
art. 8, en efecto, establece que “Las Universidades son autónomas, de acuerdo
con lo establecido en la presente Ley”. En concordancia con ello, el art. 6
dispone que “El recinto de las Universidades es inviolable. Su vigilancia y el
mantenimiento del orden dentro de él son de la competencia y
responsabilidad de las autoridades universitarias; no podrá ser allanado sino
para impedir la consumación de un delito o para cumplir las decisiones de los
Tribunales de Justicia”. Otros artículos se refieren explícitamente a la
autonomía administrativa, que es especialmente amplia en lo tocante al
manejo de los fondos propios de cada universidad, incluidas las partidas que
le sean asignadas en la Ley de Presupuesto.
En cuanto al nombramiento de sus autoridades, la Ley es igualmente
muy amplia. Las autoridades rectorales serán designadas por el Claustro de
cada universidad, formado por los profesores Asistentes, Agregados,
Asociados, Titulares, Honorarios y jubilados; los representantes estudiantiles
y los de los egresados.
La Ley consagra también la libertad y la pluralidad de cátedra. El art.
4 dice: “La enseñanza universitaria se inspirará en un definido espíritu de
democracia, de justicia social y de solidaridad humana, y estará abierta a
todas las corrientes del pensamiento universal, las cuales se expondrán y
analizarán de manera rigurosamente científica”. En concordancia con esto el
art. 94 contempla que “Los miembros del personal docente y de investigación
deben elaborar los programas de sus asignaturas, o los planes de sus trabajos
de investigación, y someterlos para su aprobación a las respectivas
autoridades universitarias, pero conservan completa independencia en la
exposición de la materia que enseñan y en la orientación y realización de sus
trabajos”.
Sin el más mínimo desmedro de la autonomía, la Ley dispuso asimismo
que las universidades nacionales deben trabajar de manera coordinada, ya
que, según el art. 5, “La finalidad de la Universidad (…) es una en toda la
Nación”. A ese propósito se instituyó el Consejo Nacional de Universidades,
con fines de coordinación, formado por el ministro de educación, quien lo
preside, los rectores de las universidades nacionales y de las privadas, un
decano y un delegado estudiantil por cada universidad nacional o privada.
Hasta su reforma parcial, en 1970, esta Ley de Universidades consagró
de la manera más amplia la autonomía. En ese sentido fue única en el mundo
y en la historia de la autonomía universitaria, porque aun en los sistemas
autonómicos más avanzados siempre ha habido algún resquicio legal que
permite a los gobiernos intervenir en la dirección y funciones de las
universidades. En cambio, mientras nuestra ley no fue reformada en ese
sentido, el único expediente del Gobierno venezolano para inmiscuirse en la
vida de las universidades fue el allanamiento de la autonomía y la
intervención de facto, de evidente carácter ilegal. Que fue precisamente lo
que ocurrió en 1970, y había ocurrido también en 1960.
El movimiento de Renovación Académica
En 1969 estalló en la UCV un amplio movimiento de reforma, conocido
con el nombre de Renovación Académica. Este movimiento alcanzó niveles
muy radicales, especialmente en ciertas facultades y escuelas. Entre sus
objetivos la renovación perseguía la revisión a fondo de los planes y
programas de estudio; la llamada auditoría académica, por la cual los
estudiantes harían la evaluación de sus profesores en razón de sus condiciones
éticas y de su rendimiento académico; la ampliación de la representación
estudiantil en las funciones electorales y de cogobierno, hasta hacerla
paritaria con la de los profesores, y la participación de los empleados y
obreros de la Universidad en dichas funciones.
El movimiento de renovación alarmó, no sólo al gobierno, presidido
por el Dr. Rafael Caldera, y a su partido COPEI, sino también al partido
Acción Democrática, que estaba en la oposición, pero tenía una fuerza
decisiva en el Congreso Nacional. La situación en la UCV se tornó crítica, y
en un momento dado, aunque las cosas parecían enrumbarse hacia una cierta
normalización de la vida universitaria, el gobierno, al parecer por presión
militar, decidió violar la autonomía e intervenir la Universidad, ocupando
militarmente todas sus dependencias. Previamente a ello, los partidos COPEI
y Acción Democrática se pusieron de acuerdo para realizar en el Congreso
una urgente reforma de la Ley de Universidades, la cual fue promulgada el 8
de setiembre de 1970. Aunque esta reforma mantuvo el sistema autonómico,
disminuyó bastante sus alcances y su eficacia, en aras de un mayor poder de
injerencia del Gobierno en la vida de las universidades. Curiosamente, la
reforma comenzó por ampliar y precisar el concepto de autonomía. El
artículo 9, en efecto, definió cuatro áreas autonómicas: 1) Autonomía
organizativa; 2) Autonomía académica; 3) Autonomía administrativa; 4)
Autonomía económica y financiera. Sin embargo, redujo en forma drástica el
concepto de autonomía territorial, pues aunque mantuvo en su art. 7 que “El
recinto de las Universidades es inviolable…”, a renglón seguido agregó: “Se
entiende por recinto universitario el espacio precisamente delimitado y
previamente destinado a la realización de funciones docentes, de
investigación, académicas, de extensión o administrativas, propias de la
Institución. // Corresponde a las autoridades nacionales y locales la vigilancia
de las avenidas, calles y otros sitios abiertos al libre acceso y circulación, y la
protección y seguridad de los edificios y construcciones situados dentro de las
áreas donde funcionen las universidades, y las demás medidas que fueren
necesarias a los fines de salvaguardar y garantizar el orden público y la
seguridad de las personas y de los bienes, aun cuando estos formen parte del
patrimonio de la Universidad”.
La reforma debilitó o cercenó otros aspectos de la autonomía. Pero lo
más grave fue establecer la potestad del Ejecutivo Nacional, si bien
indirectamente, para destituir las autoridades universitarias. En efecto, entre
las nuevas atribuciones dadas al Consejo Nacional de Universidades, cuya
composición se reformó para lograr una mayoría oficialista, se establece lo
siguiente: “12. Previa audiencia del afectado, suspender del ejercicio de sus
funciones al Rector, a los Vicerrectores, o al Secretario de las Universidades
Nacionales cuando hubieren incurrido en grave incumplimiento de los
deberes que les impone esta Ley. Acordada la suspensión, el funcionario o los
funcionarios afectados por la medida podrán, dentro de los treinta días
siguientes a la última notificación, presentar los alegatos que constituyan su
defensa y promover y evacuar ante el Secretario Permanente del Consejo las
pruebas pertinentes. Vencido dicho lapso el Consejo decidirá, con vista de los
elementos que consten en el expediente, sobre la restitución o remoción del
funcionario o de los funcionarios suspendidos…”. Esta disposición se
complementa con la del numeral 14: “Declarar, en el caso previsto en los
numerales 12 y 13 de este artículo, a la Universidad afectada en proceso de
reorganización cuando la medida de remoción hubiese sido impuesta
conjuntamente al Rector, a los Vicerrectores y al Secretario, o a dos de dichas
autoridades o a la mayoría de los miembros de un Consejo Universitario;
designar en cualquiera de estos casos, a las autoridades interinas que hayan de
asumir la dirección de las Universidades Nacionales mientras se realiza la
respectiva elección por la comunidad universitaria; y procederá a la
convocatoria de las correspondientes elecciones, con arreglo a las
disposiciones de esta Ley, dentro de los seis meses siguientes a la decisión
por la cual se acordó la remoción…”. Y la del numeral 15: “Designar a las
autoridades interinas que hayan de asumir la dirección de las Universidades
Nacionales no experimentales, en los casos de falta absoluta del Rector y los
Vicerrectores o de más de la mitad de los miembros del Consejo
Universitario; y proceder a la convocatoria de las correspondientes
elecciones, con arreglo a las disposiciones de esta Ley, dentro de los seis
meses siguientes a la designación de las autoridades interinas…”.
El allanamiento y ocupación militar de la Universidad se consumó el 29
de noviembre de 1970. Al amparo de la ley reformada se destituyó a las
autoridades, encabezadas por el rector Dr. Jesús María Bianco, y se designó
autoridades interinas, que recordaban al famoso Consejo de Reforma de 1951.
Como en aquel caso, esta vez tampoco las autoridades interinas pudieron
asegurar la normalización de la UCV, y a duras penas fueron capaces de
conducir a unas elecciones en que resultó electo rector el Dr. Rafael José
Neri, lográndose una gradual normalización de las actividades universitarias a
partir de 1972.
Justo es reconocer que, pese al carácter antiautonómico de las reformas
de 1970, nuestras universidades han podido gozar hasta el presente de su
autonomía, sin duda porque los sucesivos gobiernos, una vez superadas las
circunstancias traumáticas que dieron paso a esas reformas, han respetado en
lo esencial el principio autonómico. Sólo en el aspecto financiero se ha
entrabado el normal desempeño de las universidades, regateándoles los
aportes presupuestarios, bien por insuficiencia real de los recursos del Estado,
bien como instrumento de chantaje y dominación sobre unas instituciones
que, como las universitarias, por definición deben ser muy críticas ante los
designios gubernamentales.
La autonomía con rango constitucional
Finalmente, el largo proceso cumplido en nuestro país por la autonomía
universitaria tuvo su feliz culminación en 1999, cuando, en la Constitución
dictada ese año se consagró, en los términos más amplios imaginables, el
régimen autonómico, tal como se define en el art. 109: “El Estado reconocerá
la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los
profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad
dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación
científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la
Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno,
funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control
y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía
universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de
investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto
universitario. Las universidades experimentales alcanzarán su autonomía de
conformidad con la ley”.
¿Significa todo esto que la autonomía universitaria, ahora con rango
constitucional, es perfecta, y que en nuestro país ha funcionado cabalmente?
De ninguna manera. Son muchos los vicios y fallas que en cada universidad
se han acumulado en los cuarenta y cuatro años de ejercicio autonómico. Pero
no es esta la ocasión de analizarlos y censurarlos, aunque hacerlo es necesario
y saludable, y se hará oportunamente. En todo caso, la autonomía
universitaria, como toda creación humana, es susceptible de errores, pero
también es perfectible.
Las universidades y el Estado
La larga lucha por la autonomía universitaria plantea un agudo
problema que casi nunca los interesados abordan con la sinceridad que se
requiere. Me refiero a la relación de las universidades con el Estado, y en
especial con los gobiernos de turno. Como dije antes, es sintomático que
muchos políticos, mientras son ajenos o de oposición al Gobierno se muestran
fervientes partidarios de la autonomía universitaria, pero cuando llegan al
poder se convierten en sus enconados enemigos. La tentación totalitaria de
que se ha acusado a los regímenes de izquierda y de tendencias socialistas no
es exclusiva de estos. También muchos gobiernos y partidos democráticos,
aunque no sean definida o tentativamente izquierdistas ni socialistas, suelen
experimentar la necesidad de controlarlo todo, y de ejercer su dominio sobre
todas las instituciones sociales, con la coartada de poner los recursos del
Estado al servicio del progreso y del bienestar del pueblo. Parece que ningún
gobierno, cualquiera que sea su orientación ideológica, tolera que una
institución como la universitaria, a la que, además, financia, sea
incómodamente crítica frente a las políticas oficiales, sin darse cuenta de que
tal comportamiento de las universidades, antes que dañar las funciones de
gobierno, mas bien busca corregirlas y mejorarlas cuando ello sea menester.
Se da así la paradoja de que la autonomía universitaria sea mal vista tanto por
los gobiernos de derecha, como por los de izquierda, y en especial, por
supuesto, por las dictaduras, sean del signo ideológico que sean.
Esta paradoja es particularmente notoria en el caso de los gobiernos
revolucionarios, sobre todo cuando este calificativo no les es discernido desde
afuera y en virtud de sus logros y ejecutorias, sino que son ellos mismos los
que, apriorísticamente, se califican de tales. No hay político supuesta o
realmente revolucionario, sobre todo en Hispanoamérica, que no incluya la
autonomía universitaria en su bagaje ideológico, y hasta hacen de ella una de
sus más preciadas consignas políticas. Sin embargo, al llegar al poder
parecieran percatarse de que la autonomía estorba a sus propósitos
revolucionarios, en la medida en que les impide convertir las universidades en
instrumentos sumisos de sus propósitos de gobierno.
Sin embargo, no tiene por qué ser así. Todo gobierno, sea de derecha o
de izquierda, necesita instituciones vigorosas que tengan una actitud
severamente crítica ante las políticas oficiales. Tal es la función, en una
democracia normal, de instituciones como, entre otras, los partidos de
oposición y los medios de comunicación. Pero estos la ejercen desde una
posición política, aunque, en el caso de los medios, no necesariamente
partidista. Los partidos de oposición, obviamente, cumplen su función crítica
y contralora frente al gobierno de turno en razón de su carácter de alternativa,
de su propósito de sustituirlo conforme a las reglas democráticas. Los medios
de comunicación, aun siendo independientes de los partidos, cumplen
también su rol desde una perspectiva política, y en virtud de unos intereses
determinados, aunque no siempre execrables ni tendenciosos.
Muy distinta es, por tanto, la misión crítica y contralora de las
universidades ante los organismos de gobierno. Esta elevada misión está muy
bien definida en el artículo 2 de la Ley de Universidades: “Las Universidades
son Instituciones al servicio de la Nación y a ellas corresponde colaborar en la
orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el
esclarecimiento de los problemas nacionales”. Entiéndase bien, son
instituciones “al servicio de la Nación”, no del Gobierno de turno, ni mucho
menos del partido que lo ejerza. Además, su contribución es esencialmente
doctrinaria, y en consecuencia tiene que estar al margen de la diatriba política
y/o ideológica que sí es propia de los partidos y de los medios de
comunicación. Y resulta obvio que, para que las universidades cumplan
cabalmente tan importantes fines, necesitan gozar de la más amplia y fecunda
autonomía. Esta no tiene por qué reñirse con el carácter de instituciones del
Estado que tienen las universidades.
Un gobierno verdaderamente revolucionario no puede temer a la
autonomía universitaria. Es más, necesita de ella como fuente del oxígeno
que requiere para vivir. El mejor negocio que puede hacer un gobierno que
sea de verdad revolucionario, es mantener con las universidades unas
relaciones respetuosas y fecundas, de mutua cooperación, sin miedo a las
disensiones y controversias que en el desarrollo de ellas puedan generarse.
Esto es particularmente importante en los tiempos que corren, en que las
revoluciones políticas, si han de ser auténticas, no pueden prescindir de los
avances de las ciencias y la tecnología. Y es obvio que las universidades son
fundamentales en el desarrollo científico y tecnológico, no sólo porque es
misión primordial de ellas “crear, asimilar y difundir el saber mediante la
investigación y la enseñanza”, como reza el artículo 3 de la Ley de
Universidades, sino también porque en su seno deben formarse las legiones
de profesionales y técnicos de todas las disciplinas, sin cuyo concurso ningún
gobierno ni ninguna revolución pueden llevar a cabo sus planes y programas.
Correlativamente, el más grande error que pueden cometer un gobierno
y/o una revolución es tratar de imponer su dominio sobre las universidades,
pasando por encima de su autonomía. De intentarlo, chocarán de frente con
un profesorado y un estudiantado que tradicionalmente han sido muy celosos
en la defensa de su independencia, en virtud de una antiquísima tradición en
el mundo entero, y que en nuestro país ha tenido episodios de indiscutible
valor histórico. Y en consecuencia, el gobierno y/o la revolución que de tal
modo actúen, jamás conseguirán hacer de las universidades instrumentos
ciegos y sumisos de sus designios, y, en cambio, se privarán del enorme y
valioso aporte que ellas podrían ofrecer para el cabal cumplimiento de los
fines gubernamentales y/o revolucionarios.
Autonomía universitaria, socialismo y revolución
Es crucial para el destino de las universidades venezolanas, lo mismo
que para el cabal desempeño ante ellas de los organismos del Estado y del
Gobierno, definir la relación que deba existir entre la autonomía
universitaria y el sistema socialista que supuestamente se está tratando de
construir hoy en Venezuela. La confusión ideológica que el proceso político
durante los últimos años ha producido en nuestro país, ha generado un
inmenso desprestigio de la doctrina y del sistema socialistas, a los cuales se
tiende a definir como esencialmente antidemocráticos. Nada, sin embargo,
más falaz. Ello implica una equivocada identificación del socialismo con el
totalitarismo, confusión alimentada por la experiencia de los regímenes del
llamado socialismo real que imperó en numerosos países durante un buen
trecho del siglo XX. Mas la verdad es que frente al socialismo totalitario,
signado fundamentalmente por la grotesca deformación estalinista, se erige
un socialismo democrático y humanista, ajeno por definición a las prácticas
autoritarias, aunque siempre imperfecto, como toda creación humana. Nada
hay en la teoría política que demuestre que el auténtico socialismo es por
definición antidemocrático, y las dictaduras vividas en diversos países,
supuestamente basadas en principios socialistas, sólo han sido monstruosas
deformaciones y adulteraciones del socialismo, que si se aplicasen sin los
vicios y defectos de aquellas dictaduras, conducirían a establecer gobiernos
justos, esencialmente democráticos y humanísticos.
Ningún sistema político-social requiere de la autonomía universitaria
como el verdadero socialismo, sin apellidos ni calificaciones, puesto que el
conocimiento científico y tecnológico tiene que ser, necesariamente, uno de
sus instrumentos fundamentales en el propósito de fundar una nueva
sociedad, libre de penurias y de injusticias. Y el fomento de las ciencias y de
la técnica es función primordial de la universidad autónoma y democrática.
Sólo las dictaduras primitivas y el autoritarismo totalitario pueden ser
refractarios a la autonomía universitaria.
¿Que esto es una utopía? Puede ser. Después de todo la utopía ha sido
el verdadero motor de la historia. Y es definitorio del espíritu humano no
conformarse nunca con lo que se tenga, por bueno que sea, sino aspirar
siempre a algo mejor.