lunes, 30 de mayo de 2016

Es con ustedes diputados

¡Hasta cuándo!
Es con ustedes diputados
@pabloaure
Hablar de diálogo se ha convertido nuevamente en la moda de los actores y comentaristas políticos. No es la primera vez que sectores oficialistas y opositores lo proponen. Para desgracia, todas las veces que se ha “dialogado” con el régimen éste ha salido fortalecido; basta revisar la historia reciente y lo confirmaremos.
Es de ingenuos o de torpes pretender obtener algún beneficio cuando se va a negociar en condiciones desfavorables. Que quede claro: nosotros no tenemos nada que ofrecerle a unos secuestradores porque ellos lo tienen todo; solo necesitan de tiempo para su reacomodo. No nos lo dicen, sino que disfrazan la convocatoria del acercamiento dizque para volver a la normalidad. Vaya que son estafadores y de este lado demasiado pajuatos. Se deben modificar el estilo de las negociaciones, es decir, no acoplarnos a las imposiciones del régimen.
De acuerdo al comunicado de la MUD, se precisan cuatro (4) condiciones para dialogar con el régimen: A) que la crisis venezolana encuentre solución pacífica mediante la consulta democrática al pueblo: referendo revocatorio. B) libertad de los presos, cese de la judicialización por persecución política y  retorno de los exiliados. C) admisión del régimen de la ayuda internacional en medicinas y alimentos para atender con urgencia la crisis humanitaria. D) respeto a la Constitución, a la separación de poderes y a la Asamblea Nacional.
Si estudiamos esas condiciones no debemos tener duda de que se negociará con un régimen delincuente y malvado, pues el referéndum es un derecho que está contemplado en la Constitución y no debería estar sujeto a la aprobación de nadie. Al colocarse el punto de los presos políticos entendemos que no hay autonomía de poderes, lo que lógicamente significa que esos presos están secuestrados a merced de la orden que se imparta desde el ejecutivo. Si analizamos el tercer punto, no tenemos otra expresión sino que decir que es una canallada comparable a la figura delictiva “omisión de socorro” no aceptar ayuda humanitaria a pesar de que los venezolanos han muerto y siguen muriendo por falta de alimentos y medicamentos, es criminal. La cuarta petición que se propone para comenzar los diálogos es pedir respetar la Constitución precisamente a los gobernantes, por Dios, a quienes tienen como primera obligación cumplirla y hacerla cumplir. Mientras sigamos tratando al régimen como un gobierno serio, se empeñará en hacer llamados al diálogo. ¿Dialogar qué?  
De antemano les advierto que llevamos todas las de perder en cualquier conversación con malandros con esas condiciones para negociar, ¿Qué pasaría si ellos no las aceptan? ¿Qué le haríamos? Absolutamente nada, pero ellos habrían ganado mucho: ¡tiempo y el reconocimiento de su interés (fingido) por resolver la grave situación!
Creatividad y arrojo.-
Nosotros iríamos al diálogo con un instrumento muy valioso: con la Constitución, pero en el bolsillo. Sabemos que a delincuentes les resbala la ley cuando se sienten guapos y apoyados. Mientras nosotros tenemos la Constitución, ellos tienen a los secuestrados, el dinero robado, y para colmo, estarían avalados por el Tribunal Supremo de Justicia, el poder de fuego de colectivos y de algunos militares que por nada del mundo se atreverían a dejar la mantequilla. Una negociación de esa naturaleza, repito, no nos llevará a ningún lado, porque estamos en desventaja y sin ningún elemento con qué presionar.
Aquí lo que se impone es sacarnos la Constitución del bolsillo y utilizar algunas de las instituciones contempladas en ella para comenzar a negociar las exigencias. Me explico. El abandono del cargo pudiera ser declarado por la Asamblea Nacional en estricto apego a la Constitución. Con el solo hecho de negar la ayuda humanitaria, a Nicolás Maduro se le puede abrir un juicio político en la AN. Abandonar el cargo no es solamente ausentarse sino que también implica no cumplir con sus responsabilidades, y en este caso, su negligencia constituye un delito de lesa humanidad tolerando que millones de venezolanos dejen de alimentarse adecuadamente y no reciban medicamentos, produciéndose la muerte por no poderlos encontrar.            
Otra herramienta que debería llevar la oposición es la exigencia de la partida de nacimiento de Nicolás Maduro, si no la muestra destituirlo. Otra; requerir las credenciales de los magistrados exprés nombrados inconstitucionalmente el 23 de diciembre del año pasado.  
La Asamblea Nacional debe preparar el escenario para tener algo con qué presionar. Ir a merced de sus captores es llevarle una bombona de oxígeno a Nicolás Maduro.
Ustedes dirán eso no lo aceptaría el régimen. Yo les contesto: perfecto que no lo acepte y que reviente el lío de una vez por todas; basta de ir doblados (diríamos arrastrados) para no partirnos y “dialogar” con bandidos.  
Urgente tender puentes.-
Señores diputados haciendo lo que aquí se les propone estarían actuando conforme a la Constitución y serían respaldados por la gran mayoría de los ciudadanos. Ustedes también saben que esto es dictadura y que será difícil acabar con ella sin un mínimo de creatividad y arrojo. necesario tender puentes con el sector de la Fuerza Armada  que tenga interés en recuperar la institucionalidad; no para que den un golpe de estado sino para  garantizar la vigencia del artículo 333 de la Constitución “Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.
En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.”
Quien se humilla para evitar la guerra
Pablo Aure

viernes, 27 de mayo de 2016

El TSJ esquizofrenia institucional @DavidRutman

Doble nacionalidad o esquizofrenia institucional... No existe constructo jurídico o político que explique desde lo racional que un Tribunal emita una sentencia que acceda a que un ciudadano con doble nacionalidad pueda ejercer los altos cargos de un país... Una nación es la consolidación de un conjunto de vínculos, tradiciones, saberes, olor a tierra, cosmovisión que se plasma en un lugar de nacimiento, natural, sociológico, un tejido de representaciones. No se trata de discriminar sino de entender el sentido de eso que se denomina PATRIA... Aunque sea traicionada por los hijos con sus actuaciones, estos son los únicos que por derecho propio están llamados a dirigir sus destinos... En estos años de interpretaciones revolucionarias hemos pasado de considerar estados fronterizos a las entidades que poseen costa y por ende impedir la elección de nacionalizados como gobernadores al presente permisivo y laxo... Alcanzamos los extremos para pretender acallar un  secreto a voces sobre la nacionalidad verdadera del Presidente de la República, violando la Carta Magna en su articulado y en su esencia... El problema no es jurídico, las leyes son sencillas al respecto, partida de nacimiento o gaceta que declare el ser venezolano por nacimiento. El problema es rastrero, de cañería que aceptó la postulación obviando el requisito de la nacionalidad venezolana por nacimiento para postularse, que poco le importó traicionar la PATRIA, que ahora crea una ficción con requisitos luego de pasada la mitad del período presidencial,que no existe Ministerio Público que averigüe ni Asamblea Nacional, así de simple aunque nos duela, que declare desde lo constitucional y político que un ciudadano no es Presidente de la República. El resto, lo hace el Tribunal Supremo, el respirador artificial del régimen. No se hasta cuándo los que enseñamos leyes y los que opinan de oficio comprenderemos que esto no se soluciona con marchas o referéndum revocatorio, esto se soluciona con la iniciativa nacional de convocar una Constituyente que declare el cese de los titulares de los poderes constituídos, que reforme la Carta Magna que tiene una estructura levantada para perpetuar un sistema hecho a la medida de un hombre y sus sucesores. Es el momento de los grandes hombres que deben surgir porque considero que los que protagonizan actualmente no son los llamados a la vanguardia porque están en una zona de confort en sus curules o en sus cargos. El caballo de Troya que es la Sala Constitucional sigue aniquilando la instituciomalidad con esquizofrénica acción sin medir las consecuencias de su traición a la PATRIA...!

miércoles, 25 de mayo de 2016

PALABRAS DE APERTURA SEMANA ANA FRANK/ @mrbarretoh

Desde tiempos inmemoriales, cientos de años antes que tuviesen un Estado, la nación judía ha sido asediada por los cuatro costados, sus creencias, su cultura y hasta su legado ha sufrido, como ninguna otra, ataques criminales. No es tan solo el Islam quien se ha empeñado en su destrucción, ni la abominable ingenieria del mal puesta en marcha con aquel proyecto demencial encarnado en el Holocausto, y emprendido mediante aquella trágica maquinaria denominada sutilmente la Solución Final.
 
Esto, apreciados amigos, empezó  prácticamente con nuestra era cristiana, pues nuestro hermanos judíos han sido la diana no solo de todos los regímenes totalitarios, sino de las mismas inquisiciones medievales. Ha sido prácticamente una nación paria en el concierto o mejor dicho, desconcierto de naciones.
Si bien en aquellos tiempos se hablaba de antisemita hoy día podemos hablar de anti israelita pero el prejuicio y la satanización son las mismas. Y es que el asunto de absurdo pasa a delirante o como afirma Pilar Rahola: Israel está bajo la permanente lupa mediática y su imagen distorsionada, contamina los cerebros del mundo. Y por qué forma parte de lo políticamente correcto, por qué parece solidario, por qué sale gratis hablar contra Israel. Y así, personas cultas, cuando leen sobre Israel están dispuestas a creerse que los judíos tienen seis brazos, como en la Edad Media creían todo tipo de barbaridades. Sobre los judíos de antaño y los israelíes de hoy, todo vale.
Y de tal manera, con ella también aquí, en este tipo de encuentros, nos preguntamos: ¿Por qué se criminaliza un estado tan pequeño que lucha por su supervivencia? ¿Por qué se ventila con tanta profusión esas verdades muy a medias o completas mentira que permiten que la la manipulación informativa surja airosa con tanta facilidad? ¿Por qué las razones de Israel nunca existen? ¿Por qué nunca existen culpas palestinas? ¿Por qué Arafat es un héroe, y Sharón un monstruo? En definitiva, ¿por qué, siendo el único país del mundo amenazado con la destrucción, es el único al que nadie considera víctima?
Ojalá o Jahve así lo permita, pudiesemos encontrar ciertas aproximaciones a estas interrogantes en estos espacios, en virtud que no sólo es necesario sino urgente tratar de iluminar los hechos oscuros y estimular la discusión, para generar en nuestro presente un debate alrededor de las vías que nos habrían de permitir hacer realidad una idea de justicia y tolerancia  democrática.
 
Y esto apreciados amigos, no es asunto de aquella historia horrible donde la Humanidad dejó de serlo, esto es lo que aquí y ahora tenemos ante nosotros cuando observamos como el embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas Rafael Ramírez, se  pregunta si Israel busca una “solución final” contra el pueblo palestino durante su discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas…
Esto es un claro ejemplo de aquello que nos narraba Ibsen Martínez cuando se refería a una graciosa pero peligrosa expresión  por la inexperiencia, la incapacidad, la mediocridad…o todas juntas: el cargo habilita. ¿Acaso Rafael Ramírez es   embajador de carrera? ¿ No le han informado que en Israel viven varios millones de Árabes y que los palestinos gozan de los mismo derechos que los Israelíes, que son directores de hospitales, diputados, que el Árabe también es un idioma oficial en Israel, para respetar a esa minoría etc? ¿Nadie le ha informado que su colega embajador de carrera de Israel en Brasil, es un Musulmán de origen Árabe? ¿ Por qué  no hace referencia  a los  200 mil muertos del conflicto de Siria o los 80 mil Cristianos desaparecidos en el medio Oriente? ¿Por qué no aprovecho esa oportunidad para pedir ayuda humanitaria para el país que representa, que ya pasó a engrosar la lista de países con hambruna, sin energía electrica y sin medicamentos?
¿Será que este Ribentrop tropical piensa que con tales ocurrencias facilitará que el gobierno de Francia reconsidere la condena en el caso de su primo Carlos Illich Ramírez, mejor conocido como “EL Chacal”?
 
Ahora bien, para dar inicio a lo que será, seguros estamos, una pedagógica y alentadora Semana de Reflexión Ana Frank, enfocada en esta ocasión a la Guerra contra los Judíos, quiero dejar en el uso de la palabra, a dos excelentes amigos, el joven profesor del Instituto Juan XXIII José Manuel Bolívar, y al Doctor, escritor y articulista Ricardo Bello.
 
Y ya para concluir me permito compartir de un genio judío que por las persecuciones antisemitas, tuvo que abandonar su país natal, me refiero a Albert Einstein, quien nos dejó esta actualizada máxima:
 “La vida es muy peligrosa. 
No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa”.
 
Apreciados Amigos, este es el doble compromiso aquí y ahora: no sentarse nunca a ver pasar el mal y defender en todo momento nuestro país como patria de libertad.
Manuel Barreto Hernaiz

lunes, 23 de mayo de 2016

Si callas eres cómplice

¡Hasta cuándo!
Si callas eres cómplice
@pabloaure

Es  fácil describir lo que sucede en el país, lo difícil es hacerlo entender. A estas alturas  solo los ignorantes o alejados de la civilización dudarían que el régimen que gobierna a Venezuela es una dictadura. Que algunos lo apoyen o no, es otro asunto.
Somos protagonistas del dicho “nadie aprende en cabeza ajena” porque todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos años es exactamente igual a lo sufrido por los cubanos desde la llegada del tirano Castro. A comienzos de esta dictadura roja, cuando nos advertían que Hugo Chávez haría tal o cual cosa, era común escuchar: “no vale, yo no creo”. En Cuba expropiaron las empresas, invadieron y ocuparon militarmente las fincas y desmontaron el aparato productivo privado. Lo mismo que en Venezuela.
Negociar el rescate
Los venezolanos estamos indignados, esperando que ocurra un milagro para salir de estos delincuentes. Eso no se producirá mientras sigamos repitiendo los mismos errores del pasado. No sé si en algunos casos son errores inadvertidos o deslices premeditados. Me refiero al surgimiento de mesas de diálogo cuando la situación se le complica al régimen. Ya se programan encuentros para sentarse a “dialogar”. Capriles anunció que “el único dialogo en Venezuela posible es para ponerle fecha al revocatorio”. Eso pasó con Carter en el 2004: se creció Chávez y aceleró la destrucción. Exactamente igual en el 2014 con “la salida”; dejaron preso a Leopoldo López y Nicolás Maduro tomó un segundo aire. “Dialogar”  traicionando el sentir ciudadano, es tan fraudulento como las sentencias que ha dictado la Sala Constitucional que han  desconocido al Poder legislativo. 
Quitémosle el calificativo de diálogo y asumamos que es una “negociación” lo que se impone en el país. En efecto, de lo que se trata es de llegar a un acuerdo con los plagiarios para la entrega del poder. Venezuela no es de Capriles, para que se atreva a ponerle precio al resarcimiento por nuestro sufrimiento. La negociación con los secuestradores -con Maduro y su gente-, es acordar el desalojo total del poder. Que se entienda bien: ¡no es Maduro solamente quien debe irse, son todos! Que hablen de las condiciones de la “huida” y de la no persecución, es menos dañino que negociar la sustitución de un gobernante nefasto paro dejar la misma estructura diabólica que está instaurada como sistema de gobierno.
Ejercicios militares y batallas por alimentos.-
Mientras el régimen, haciendo gala a su cinismo extremo, el fin de semana organizaba a la milicia, las UBCh y a cuanto bicho de uña que aceptara uniformarse para la realización de supuestos ejercicios militares, contra una imaginaria invasión extranjera, cientos de miles de venezolanos de bien protagonizaban la batalla de la alimentación.
Maduro simula invasiones de enemigos externos, mientras que el pueblo se enfrenta desde hace tiempo al enemigo interno, que son las tropas de malhechores que han arruinado al país.
Amigos, los verdaderos enemigos los tenemos en Miraflores, en el Tribunal Supremo de justicia y en algunos cuarteles militares que en mala hora obedecen órdenes contrarias a la Constitución.
La universidad y el país
La semana pasada dijimos que las universidades eran el último bastión de lucha ciudadana, hoy insistimos en afirmarlo. El régimen no ha podido ocupar nuestras casas de estudio de manera directa, pero ha socavado sus bases estrangulándolas financieramente; de esa forma intenta desmoralizar a quienes hacemos vida dentro de ellas. Compañeros, somos cientos de miles universitarios con espíritu libertario, que creemos en la democracia, debemos apartar las diferencias que podamos tener a lo interno y unir esfuerzos para que juntos evitemos que se reedite a plenitud el caso cubano. Alcemos la voz en defensa de las comunidades. Impidamos el entierro del país. “Como escudo: el pecho y el brazo. Cual banderas: la mente y la voz” 
Dejemos de ser invisibles.-
Aunque sintamos que el mundo se nos cae, o pensemos que estamos definitivamente dominados, créanme que no todo está perdido, y ese milagro de zafarnos de la dictadura podemos hacerlo realidad siempre y cuando nos involucremos. Ustedes se preguntarán: cómo podríamos hacerlo, si ellos tienen las armas y nosotros solo tenemos banderas, pancartas, pitos y cacerolas. Señores, esos instrumentos aunque parezcan inofensivos son poderosísimos si los ejecutamos de manera simultánea en cada esquina, en cada urbanización, calle o barriada.
Lo que importa es contagiar de entusiasmo y optimismo a nuestros vecinos. Tengan la seguridad que el mensaje de descontento llegará a donde tiene que llegar: a los encargados de mantener el orden; ellos también tienen familia y saben que el país está en ruinas; y como estoy convencido que la mayoría es honesta le surgirá el deseo y por obligación estarán llamados a ayudar a recuperar esta patria arruinada y vejada por los dictadores de turno. Sin pedirles que den un golpe de Estado sino que no levanten las armas contra un pueblo que clama democracia.
No esperen convocatoria de nadie para protestar, son ustedes quienes deben decidir cuándo y dónde hacerlo de manera pacífica y sin armas. Por ejemplo, en Valencia los indignados nos estamos reuniendo todos los días desde las cinco (5) de la tarde hasta las 7 de la noche en varias partes, a la que yo asisto es en el semáforo del Shopping Center en Prebo. Puedes acercarte si vives cerca de allí, o también puedes organizar una cerca de tu vecindario, la idea es hacernos presentes en las calles. No digamos: “es que la gente no sale”. La gente somos todos. Tomemos la decisión de protestar y dejemos de ser invisibles.

Pablo Aure

domingo, 22 de mayo de 2016

miércoles, 18 de mayo de 2016

Hoy #18mayo de 5 a 7 protesta en el shopping



Hoy 18 de mayo nuevamente estaremos en el semáforo del shopping (Prebo) llevando un mensaje de libertad, de justicia y de democracia. Te invitamos a acompañarnos de 5 de la tarde a 7 de la noche. Puedes estar el tiempo que tu consideres -5 minutos o más-, por Venezuela. 
Lleva tu bandera o pancarta alusiva a la democracia al cambio de régimen. Luego al finalizar la jornada en el semáforo entonaremos el himno nacional y quien desea se une a la caravana por algunas calles de Valencia contagiando de libertad a los ciudadanos que se encuentren en las vías o en sus casas
Trabajar por la libertad y la justicia en el país es tarea de todos. 

martes, 17 de mayo de 2016

15 minutos en la calle

Amigos desde la semana pasada en el semáforo del shopping Prebo Valencia, los indignados hemos iniciado dos horas de protesta diarias. Ojaá te puedas incorporar hoy. Lleva tu pancarta y/o bandera. es totalmente pacífica y al finalizar la jornada en el equipo de sonido colocamos el himno nacional y es el único momento de paralizar el transito, los conductores se bajan y lo cantan por la libertad de Venezuela. Te esperamos HOY 5pm hasta las 7pm.

domingo, 15 de mayo de 2016

Golpe a la vista

¡Hasta cuándo!
Golpe a la vista
@pabloaure
El domingo,  Diosdado Cabello, en el programa con José Vicente Rangel,  aseguró que los tiempos no daban para que el revocatorio se realizara este año, y ante la pregunta de por qué la oposición lo solicita, Cabello contestó a José Vicente: “Porque eso les permite lavarles la cara, es como la coartada: ‘no, yo pedí el revocatorio; y si tumbaron a Nicolás Maduro no es culpa mía porque yo pedí el revocatorio’. Es un ejercicio de hipocresía. Pudiera hacerse el revocatorio el año que viene, pero sería total y absolutamente inoficioso, porque un revocatorio el año que viene ya de una vez deja encargado al vicepresidente de la República”. Señores lectores, esta afirmación es sumamente grave, porque el régimen sabe o, al menos, sospecha que hay un golpe en puerta. No tengo la menor duda de que si se ejecuta, los promotores serán personas del más íntimo entorno de la casta chavista. La MUD no tiene ni talante golpista ni fuerza de choque para ejecutarlo. Recuérdese que los golpes de Estado los dan las fuerzas militares, y la MUD no las tiene. Quienes intentarán lavarse la cara, en el supuesto de que eso ocurra, son precisamente los golpistas que hoy se encuentran en el poder, respaldados por el vergonzoso alto mando militar. Así que ¡ojo pela´o! porque en los próximos días pudiera ocurrir lo que advierte el teniente Cabello.
El auto golpe como salvavidas.-
Lo único que pudiera salvar a este régimen de malhechores, es precisamente un autogolpe. Me late que en eso están trabajando, y a paso de vencedores.
En este particular, es necesario hacer algunas observaciones. La primera, sería un golpe contra una dictadura, porque ya estamos bajo las secuelas de un golpe de estado. Recordemos: la doctrina define el golpe de estado como la ruptura del hilo constitucional, lo cual surge cuando alguno de los poderes constituidos desconoce las competencias de otro de los poderes. En tal caso, no hay separación de poderes ni Constitución, como lo dice el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Basta ver las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (podemos contabilizar doce sentencias) en las que suprimen atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional, que es la representación de la comunidad. Esto se traduce en su desconocimiento. El régimen ha llegado al extremo de que también mediante la vía del decreto presidencial se suprima al Parlamento la posibilidad de emitir votos de censura contra los ministros y contra el vicepresidente ejecutivo, voto que acarrea la remoción de dichos funcionarios.
La segunda observación que debemos hacer es la de que todas los sondeos de opinión determinan que el responsable de esta monumental crisis nacional es el gobierno de Maduro, quien lógicamente preferirá pasar a la historia como un gobernante depuesto por la fuerza militar y no expulsado por la voluntad mayoritaria de un pueblo desesperado que pueda expresarse en las urnas electorales. Estamos convencidos de que no habrá referéndum. No porque los tiempos no den, sino porque estamos frente a unos secuestradores que no se someterán al escrutinio de sus víctimas para decidir su liberación. Maduro y sus cómplices estirarán hasta más no poder su permanencia en el poder. Se mostrarán fuertes para aumentar el precio de la negociación.
El precio de los dictadores.-
Este momento se debe estar jugando en varios tableros. El primero: el de los aliados de Maduro, esos que buscan alargar el desenlace para buscar su inmunidad luego de abandonar Miraflores. Otro escenario, es apostar que el referéndum se realice el año que viene o quizá obviarlo y pensar en las elecciones del 2019. Este escenario, aunque probable, lo descartaría. Lo descarto porque los tiempos sociales no dan para que esas cuentas cuadren. La hambruna ya es un hecho. Otro tablero y que no tengo ninguna duda que para la consecución de sus maniobras está en pleno desarrollo, es el que protagonizarían militares chavistas preocupados por la actual situación y olfatean que está muy cerca un acontecimiento que le pondría punto final a esta locura calificada como revolución. Ellos pudieran poner en práctica ese desalojo y en una especie de justicieros asumirán el verdadero “legado” del comandante Chávez. Cliver Alcalcá Cordones ya ha manifestado su descontento. El penúltimo tablero que de acuerdo a lo que observamos tendría mayor impacto, es el que eventualmente protagonice un ala del sector militar en concordancia con civiles opositores y oficialistas invocando el artículo 333 de la Constitución, con la finalidad de restablecer la vigencia del estado de derecho y convocar un proceso electoral luego de un periodo de transición.
El último de los escenarios, es el de mayor peligro, y es al que nos acercamos muchísimo. Me refiero al estallido social que no tendrá ninguna cabeza visible que funja como interlocutor para negociar la tregua. En este caso se desencadenaría una ola de violencia que no sabríamos hasta donde llegará.

Pablo Aure

Asamblea Nacional debe iniciar debate de abandono del cargo por parte de Maduro

Pablo Aure, dirigente político independiente recordó que de acuerdo al artículo 233 de la CRBV, la Asamblea Nacional está perfectamente facultada para declarar la falta absoluta del presidente de la República por abandono del cargo. “A diferencia de lo ocurrido en Brasil, en nuestro país no existe la figura del impeachment para enjuiciar al presidente, pero si está contemplado el abandono del cargo declarado por la AN, sin la concurrencia de otro poder”. 

En este sentido Aure destacó “El abandono del cargo no debe verse como si su única procedencia fuese que Maduro huyera del país, o se ausentara de su sitio de trabajo, no, eso es un error. El abandono del cargo de acuerdo a la Real academia de la lengua española significa no desempeñar las funciones y deberes propios de un cargo. Es evidente que el presidnte Nicolás Maduro, no cumple con sus responsabilidades propias del cargo para el cual fue electo. Pues su gobierno no garantiza el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la propiedad privada, y en sentido general, no garantiza el derecho a la vida, por el contrario, viola impunemente los derechos humanos, por eso es urgente que la AN inicie debate sobre el abandono del cargo por parte de Maduro centrado en todas estas razones”. El articulo 236 de la CRBV establece como la primera atribución y obligación:   Cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley; y han sido reiteradas las ocasiones que el presidente ha violado el texto constitucional.. 
“No soy ingenuo, es evidente que así la AN finalmente declare el abandono del cargo, éste, apoyado por los magistrados usurpadores e ilegales, así como el alto mando militar mafioso le harán caso omiso, pero es allí donde está la importancia del debate, para articular la presión popular necesaria y lograr que Maduro se separe del cargo”. ese juicio político por abandono del cargo no es excluyente con la discusión y aprobación del informe elaborado por el diputado Carlos Berrizbeitia que recomienda la revocatoria del nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que fueron designados el 23 de diciembre y de manera fraudulenta por la anterior Asamblea Nacional; llegó la hora de la Asamblea Nacional, basta de que la voluntad expresada el 6-D siga siendo burlada por un poder Judicial espurio.  Ese será el momento del quiebre definitivo de la dictadura, la asamblea Nacional, si decide actuar con firmeza tendrá el apoyo de millones de venezolanos. Concluyó. 

miércoles, 11 de mayo de 2016

La legitimación de Bolívar y la Rebelión Cívica del 2016/ @DimitryBelov

Con la llegada de los responsables de la Gran Estafa del siglo XXI por ahí en 1998, llegó también la necesidad  de hacerse de simbología que  legitimara el proyecto hegemónico y castrista . Hicieron uso del nombre de Bolívar en cuanto espacio apareció disponible, intentando así monopolizar la imagen de uno de los próceres más emblemáticos de la historia en nuestro país. Tal vez más el más relevante, de todos estos intentos de macro manipulación, fue el cambio del nombre a República Bolivariana de Venezuela. ¿Quisieron decir con esto los responsables de aquella asamblea constituyente que toda nuestra constitución y orientación nacional irían subordinadas a los pensamientos registrados del libertador? De ser positiva la respuesta, basta entonces con repasar algunas frases sobre quien pesa el enorme título de Padre de la Patria para cada uno de nosotros internalice el paso siguiente que debemos dar como ciudadanía:
-“La confianza ha de darnos la paz. No basta la buena fe, es preciso mostrarla, porque los hombres siempre ven y pocas veces piensan”
-“Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía.”
-“Todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos.”
-"Juro por Dios, juro por mis padres y juro por mi honor que no descansaré mientras viva hasta que haya liberado a mi patria"
-“Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle, y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía.”
Esta última frase es prudente compararla con el espíritu legislador del famoso artículo 350 de nuestra constitución nacional: “Artículo 350 El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”
Bien bisoños en las luchas civiles aquellos que todavía sostienen que para desconocer o desobedecer al régimen, que hoy usurpa y tiraniza el poder en Venezuela, es necesario el tomar las armas y con ello sólo debemos hacer uso de la vía electoral. La historia reciente, nos muestra estadísticamente, como una minoría activa, que apenas llegue al 3% de la población, ha sido suficiente para lograr los cambios que la sociedad requiere haciendo uso de métodos no violentos. También los números están de nuestro lado cuando vemos a resultados electorales luego de procesos derivados de grandes movilizaciones reivindicativas de calle. En todos los casos las victorias electorales se las han llevado los demandantes de esos cambios, pues ninguna fuerza armada es capaz de echarse a todo un país encima, tal como lo experimentamos el día 6 de Diciembre. Así pues, que para llevar a cabo un verdadero cambio de sistema, es necesario desobedecer al régimen y mantenerse en la calle. Si queremos llegar a una salida pacífica, constitucional y electoral, debemos relegitimar el pensamiento libertario de los precursores de la independencia y masificar la rebelión cívica estos mismos meses del 2016. De esa forma podremos presionar a los factores para que estemos depositando nuestro voto en favor de la paz y el restablecimiento de la democracia para mediados de Agosto. La calle sigue siendo la salida y tú sabes lo que hay que hacer.
  
Dimitry Belov
@DimitryBelov

lunes, 9 de mayo de 2016

La Universidad, última trinchera

¡Hasta cuándo!
La Universidad, última trinchera
@pabloaure
El régimen ha actuado con premeditación para llevarnos a esta situación. En un primer momento lo hizo poco a poco, después aceleró la destrucción del aparato productivo y los servicios públicos, expropió las principales empresas convirtiéndolas en escombros, y sigue ahorcando la producción nacional. Solo basta, por ejemplo, observar el “precio justo” que acuerda para rubros que pueden cosecharse o manufacturarse en el país y compararlo con las divisas que autoriza a empresarios de maletín y enchufados para que importen esos mismos productos. El valor del importado es equivalente a cincuenta veces más al que se produce y obligan venderlo aquí. Ningún empresario privado traerá dólares para perder en el negocio. De esa manera la “revolución bonita” ha convertido a Venezuela en un país en la miseria, y de pordioseros.
No sigamos dibujando un país y una salida electoral que no existe. El régimen no puede ser más inteligente que casi treinta millones de ciudadanos, pero sin embargo domina la situación. La fuerza bruta no es suficiente para un dominio tan largo; esa política empobrecedora generada desde el alto gobierno no tengamos dudas que ha tenido aliados desde las filas opositoras, bien sea por acción u omisión. Muchos supuestos opositores se han enriquecido con rojos negocios y otros tantos han planificado acciones a sabiendas que las mismas tienen como finalidad oxigenar al régimen. Planifican y embaucan a los ciudadanos en eventos con una dudosa ilusión de mantener o ganar parcelitas de poder, entiéndase gobernaciones y alcaldías.  
Salgamos del letargo
En este berenjenal las universidades han permanecido en una especie de letargo. Con algunas luchas tímidas para intentar lograr apenas unas migajas que no colman ni las necesidades básicas del trabajador universitario.
Hay que estar claros: con el sueldo de un universitario, ni siquiera el de más alto escalafón y a dedicación exclusiva, se puede cubrir una semana de sustento. Créanlo, porque lo escribo con conocimiento de causa. Soy una de las cuatro autoridades de una Universidad autónoma centenaria.
Ni hablar del sector estudiantil, cuyo estatus ha venido degradándose inclementemente sin observarse las contundentes reacciones que veíamos en gobiernos anteriores. La pregunta no podemos hacerla esperar: ¿qué ha pasado, por qué las universidades no reaccionan? Contestaré con la mayor franqueza: este modelo universitario necesita una verdadera revolución. Es menester transformar desde adentro nuestras casas de estudio superiores; nos hemos convertido en grandes liceos donde la mayoría de quienes integramos su nómina estamos más pendiente del sueldo, del HCM, del 8.5, del bono vacacional, del cesta ticket o del adelanto de prestaciones, antes que de realizar investigaciones de calidad, o de cumplir con el plan académico integral, esto es, con la extensión o la investigación. Desde luego, hay excepciones. No podemos esperar algo distinto de un modelo universitario en el cual sus trabajadores apenas sobreviven.
Pues bien, descrito someramente el cuadro que soportan nuestras instituciones universitarias, quienes nos desempeñamos como docentes tenemos que ejercer el rol de líderes en nuestros salones de clase. Hablar con los estudiantes y advertirles la grave situación nacional. Discutir con ellos lo que ocurre en Venezuela. Sin ambages escuchar a los que defiendan al régimen, y rebatirles sus ideas con argumentos lógicos y jurídicos cuando tengamos que hacerlo.
Es urgente que promovamos acciones para recuperar el país. La Universidad es el último bastión que nos queda para la resistencia; pero no pasiva sino activa. La acción o los discursos no deben limitarse al salón de clases o a los laboratorios. Esa acción debe salir del campus universitario para enarbolar las banderas libertarias, democráticas y de la prosperidad. Las comunidades esperan de líderes que los guíen hacia la toma de decisiones ¿Quiénes mejores que los universitarios para recuperar el país?
Amnistía, gobernantes y militares.-
Si logramos entusiasmar a todo el sector universitario, donde más del 90% rechaza esta locura gubernamental, pues no tengo la menor duda de que se contagiarán de ese entusiasmo millones de venezolanos.
Son los universitarios, sobre todo el sector estudiantil, los que gozan de mayor credibilidad nacional. Hagamos causa común con ellos para levantar del letargo a los ciudadanos que no encuentran la salida de esta terrible pesadilla.
El músculo universitario más que necesario es indispensable; no se ha hecho sentir y  tenemos que hacer que reaccione.
Sé que habrá momentos de tensión -y quizá de peligro- pero tendremos que asumirlos, de lo contrario estaremos condenados a la sumisión, lo cual, para un universitario (y para todos los ciudadanos) es vergonzoso y humillante.
Todo el país tiene vinculaciones universitarias. Innumerable es la gente cuyos hijos o familiares han cursado estudios o trabajado en esas instituciones. Cuando me refiero al país, incluyo a civiles y militares. Esto es muy importante porque facilita los canales de comunicación entre gobernantes indistintamente de su tendencia política.
Otra cara de la amnistía.-
La salida que se ofrezca debe ir más allá del revocatorio o de las propuestas electorales tradicionales. Aquí hay que presentar una verdadera amnistía que se aplique luego de remover a Maduro del poder.
Los gobernantes oficialistas no le dan la espalda a Maduro porque ven un futuro incierto, le temen a la revancha; lo mismo seguramente se comenta en los cuarteles. Que se entienda bien: no es perdón lo que se propone sino reconstrucción nacional y ésta es imposible lograrla, mientras no tengamos paz.
El Poder Ejecutivo, el TSJ y el CNE flagrantemente han inobservado la Constitución, en tal sentido, se impone tener presente lo establecido en el artículo 333 de la carta magna: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. todo ciudadano investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia” ¡A buen entendedor pocas palabras!

"No tengo valor para ser cobardehttps://youtu.be/z4nN946pDgg 

jueves, 5 de mayo de 2016

Sala Constitucional declaró inconstitucional reforma de la Ley del TSJ



SALA CONSTITUCIONAL

PONENCIA CONJUNTA
Expediente número 16-0396

Mediante escrito presentado el  21 de abril de 2016, el ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, actuando en su carácter de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 del Texto Fundamental, solicitó a esta Sala Constitucional pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sancionada por la Asamblea Nacional en sesión ordinaria del 7 de abril de 2016, remitida al Jefe de Estado a los fines previstos en el artículo 213 de la Constitución el día 11 de abril de 2016, tal como se evidencia de Oficio N° ANL.994/16, suscrito por el Presidente de la Asamblea Nacional. Dicha solicitud obedece a las dudas razonables que sobre la constitucionalidad de la referida ley, tiene el Jefe del Estado.

El 21   de abril de 2016, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales.

En esta fecha se acordó asumir el asunto como ponencia conjunta de todas las magistradas y todos los magistrados que componen esta Sala Constitucional quienes, con tal carácter, suscriben la presente decisión.

I
DE LA SOLICITUD

El Presidente de la República planteó ante esta Sala sus  dudas acerca de la conformidad a derecho de la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sobre la base de los argumentos que se transcriben a continuación:

Que el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia fue presentado al pleno de la Asamblea Nacional para su discusión y posterior aprobación por iniciativa de una parte de la bancada opositora de dicho cuerpo legislativo; no obstante, surge en quien suscribe serias dudas acerca de la competencia de los integrantes de la Asamblea Nacional para presentar proyectos de Ley al Parlamento y con ello dar inicio al procedimiento de elaboración de las leyes previsto en nuestra Constitución; toda vez que, a nuestro entender, tal competencia es exclusiva y excluyente del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 constitucional .

Que en Venezuela puede ser definida la iniciativa legislativa, como el impulso proveniente de los Poderes Públicos y de los propios ciudadanos, requerido constitucionalmente para comenzar el procedimiento legislativo, también podría ser definida como la fase necesaria para pasar a la fase constitucional del procedimiento legislativo, como es la discusión y posteriormente la sanción; esto implica la realización de un acto por los titulares expresamente señalados en la Constitución, que naturalmente obliga a la Asamblea Nacional a discutir el proyecto de ley en que se ve materializada la iniciativa, sin que ello signifique que necesariamente dicho proyecto deba ser aprobado; pues la iniciativa legislativa es sólo una fase del procedimiento legislativo y aunque forma parte de la potestad legislativa, esta última la posee la Asamblea Nacional, sin embargo, el Poder Legislativo no podría negarse nunca a recibir y discutir un proyecto de Ley presentado por los actores expresamente indicados en el artículo 204 constitucional.

Que es necesario destacar que la iniciativa legislativa aparece regulada en el artículo 204 constitucional, de tal manera que constituye una verdadera reserva constitucional a los poderes allí señalados, para que presenten ante el Asamblea Nacional el proyecto de Ley, cuando éste se trate de leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales, a los órganos que lo integran, y a la materia de su competencia según sea el Poder que lo presente.

Que hasta la simple interpretación gramatical del artículo 204 constitucional despeja cualquier duda sobre la intención del constituyente. El texto corrido, con el sentido que debe darse a las palabras es el siguiente:

“La iniciativa de las leyes corresponde al Tribunal Supremo de Justicia cuando se trate de leyes relativas a la organización y procedimiento judiciales; al Poder Ciudadano cuando se trate de leyes relativas a los órganos que lo integran; y al Poder Electoral cuando se trate de leyes relativas a la materia electoral”.

            Que ello puede afirmarse sobre la base de la redacción dada en la respectiva sesión de la Asamblea Constituyente del jueves 4 de noviembre de 1999, donde se aprobó el texto sin la enumeración y las comas que luego fueron colocadas por la Comisión de Estilo. El artículo original, señalado como 226, fue el siguiente:

  “Artículo 226.- Las iniciativas de las leyes corresponde al Ejecutivo Nacional, a la Comisión Delegada y a las comisiones permanentes, a los miembros de la Asamblea Nacional, en número no menor de tres, al Tribunal Supremo de Justicia cuando se trate de leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales, al Poder Ciudadano cuando se trate de leyes relativas a los órganos que integran, al Poder Electoral cuando se trate de leyes relativas a la materia electoral. A los electores cuando se trate de un número no menor del 0,1 por ciento de los inscritos en el Registro Electoral Permanente, y al Consejo Legislativo Estadal cuando se trate de leyes relativas a los estados.”.

            Que  tanto de la lectura del artículo original, como del artículo con la redacción final, vigente, se coligen tres claras condiciones relativas a tres Poderes específicos (Judicial, Ciudadano y Electoral) y no se denota otra intención del constituyente que la de separar dichos supuestos del ejercicio genérico de la iniciativa legislativa.

            Que los numerales de la norma bajo estudio revelan que a todos los órganos enumerados en el mismo, se les confiere una titularidad totalmente restringida por el contenido de las respectivas leyes que pueden ser iniciadas por ellos. Por tanto, no cabe duda de que el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, está facultado para presentar proyectos de leyes en materia de organización judicial, tales como, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en materia de procedimientos judiciales, como por ejemplo las leyes procesales civiles, laborales y penales, las leyes de las jurisdicciones contencioso electoral, contencioso administrativa y constitucionalmente; igualmente, el Poder Electoral, a través del Consejo Nacional Electoral, está facultado para presentar los proyectos de ley en materia electoral, y al Poder Ciudadano, por órgano del Consejo Moral Republicano le corresponde la iniciativa en leyes, como la propia del Poder Ciudadano, y las leyes orgánicas del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República y de la Defensoría del Pueblo.

            Que la redacción del mencionado artículo 204 constitucional no deja dudas sobre la distinción que el constituyente del 1999 quiso establecer entre las materias que pudieran ser objeto de iniciativa legislativa cuya potestad corresponde al Poder Judicial (numeral 4), al Poder Ciudadano (numeral 5) y al Poder Electoral (numeral 6). Diferenciación ésta que tiene evidencia adicional en el numeral 8 del mismo artículo, referido a la iniciativa legislativa respecto de leyes de los estados.

            Que las aludidas distinciones obedecen a la distribución del Poder Público establecida en el artículo 136 constitucional, bajo la tesis de la separación atenuada de poderes, de vasto desarrollo doctrinario y jurisprudencial mundial.

            Que la intención que el constituyente ha dado a los numerales 4, 5 y 6 del artículo 204, no puede ser traducida como una fórmula más o una forma adicional de iniciativa de las leyes en materias relativas a la organización y procedimientos judiciales, a la organización del Poder Ciudadano, o a la materia electoral, pues tal interpretación llevaría a concluir que no eran necesarios dichos numerales.

            Que si la iniciativa legislativa respecto de dichas materias pudiera ser ejercida de las mismas formas indicadas en el resto de los numerales del artículo 204 (excepto de la especialísima contenida en el numeral 8), perderían sentido los numerales 3, 4 y 5 (e incluso el 8) pues, como puede verse, el carácter de categorización escogido por el constituyente es el subjetivo, enumerando a qué sujeto (o sujetos) corresponde la iniciativa legislativa, e indicando un claro carácter adicional, de fundamento material, al referirse a las leyes en materias de los Poderes Judicial, Ciudadano y Electoral.

            Que la Constitución de 1999 efectuó una reserva material a los órganos competentes análogos a dichas materias, precisamente en observancia de la separación de poderes y en respeto de la potestad de cada Poder de establecer su organización y ejercer su gobierno.

Que obviar tal circunstancia, traería consigo una consecuencia catastrófica para el ejercicio del Poder Público Nacional, que pudiera inducir a una pugna entre poderes sobre la base de las cualidades y atribuciones que la Constitución ha otorgado a cada uno. ¿Pudiera, por ejemplo, el Poder Electoral regular los mecanismos de votación y decisión de la Asamblea Nacional preestablecidos en su Reglamento Interior y de Debates? ¿O el Poder Ejecutivo regular con un reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Pública la actuación de la Asamblea Nacional en el ejercicio de la iniciativa legislativa, o los mecanismos de consulta?.

Que la Constitución separó la potestad de ejercer la iniciativa legislativa, de la función legislativa de la Asamblea Nacional por lo que esta reserva constitucional a los Poderes Públicos establece un deber para el Poder Legislativo de discutir el proyecto de ley presentado por estos actores establecidos en los numerales 4, 5 y 6 del artículo 204 constitucional. En el caso de que la Asamblea Nacional incumpla este deber constitucional, entonces se desencadena una consecuencia que transforma la iniciativa  legislativa es una verdadera técnica de democracia directa, pues el proyecto se someterá a referendo aprobatorio de conformidad con la ley.

Que lo expuesto conlleva a concluir que la asignación de la iniciativa legislativa de las materias relativas a la organización y procedimientos judiciales, a la organización del Poder Ciudadano, o a la materia electoral, a los Poderes Judicial, Ciudadano, y Electoral, respectivamente, tiene un carácter excluyente.

Que tanto la oportunidad de la elaboración o reforma de una Ley en dichas materias como los aspectos que deben regularse, eliminarse o reformarse, corresponden a los Poderes que ejercen potestades en esas materias. Así, la Asamblea Nacional participa del proceso de formación a través del debate político que se genera en su seno, y mediante la incorporación de la ciudadanía y el Poder Ejecutivo Nacional de conformidad con los mecanismos descritos en la propia Constitución.

Que es esa metodología de construcción de leyes en las mencionadas materias lo que garantiza la separación de Poderes transversal al texto constitucional y el ejercicio de la potestad legislativa de la Asamblea Nacional, en un equilibrio perfecto que impide que el Poder Legislativo se apropie del resto de los Poderes Públicos, imponiendo desde allí posiciones políticas para favorecer a determinadas corrientes de la vida nacional.

Que, por tanto, la inconstitucionalidad del proyecto de Ley deviene de la circunstancia de que no se siguió el procedimiento constitucionalmente establecido para la formación de las leyes, lo cual vicia de nulidad absoluta todo el proceso y por ende el resultado del mismo.

Que resulta evidente y así lo ha establecido nuestro ordenamiento jurídico, que todo acto dictado en contravención de derechos y garantías constitucionales es nulo y al dictarse una actuación en contravención con el procedimiento legalmente establecido se entra en franca contradicción con la garantía al debido proceso establecida en el artículo 49 de nuestra Carta Magna.

II
DE LA LEY OBJETO DE LA SOLICITUD

La norma objeto de la solicitud de pronunciamiento sobre su constitucionalidad planteada por el Presidente de la República está referida a la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual fue sancionada por la Asamblea Nacional el 7 de abril de 2016 y remitida al Presidente de la República a los fines de su promulgación, la cual es del tenor siguiente:


LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La justicia en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es al mismo tiempo un derecho y un poder. Un derecho constitucional individual y colectivo, que se ejerce en especial y en forma jurisdiccional a través del Poder Judicial, encabezado por el Tribunal Supremo de Justicia.

En este sentido, el artículo 26 de la Constitución consagra el derecho de toda persona a acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela judicial efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. De allí la obligación del Estado de garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

Adicionalmente, el artículo 253 constitucional dispone que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Las facultades de los órganos del Poder Judicial para resolver controversias y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias se sustentan en la independencia institucional y en la autonomía de los jueces, sujetos únicamente a la Constitución y a las leyes. Este Poder Judicial que debe ser independiente es al mismo tiempo parte de un sistema de justicia en el que los ciudadanos y la participación ciudadana juegan un papel primordial.

Una de las tareas fundamentales del Poder Judicial es la garantía jurisdiccional de la Constitución. Todos los órganos del poder público deben respetarla, pero los jueces o juezas tienen especialmente encomendada la protección jurisdiccional de la Constitución frente a cualquier intento de desconocerla o vulnerarla. Corresponde, pues, a todos los jueces o juezas de la República asegurar la integridad de la Constitución (art. 334 constitucional), de modo que todos los órganos jurisdiccionales, en el ámbito de sus competencias, están llamados a velar por la observancia de la normatividad constitucional, con ocasión del conocimiento de acciones o recursos ordinarios o de mecanismos específicos del Derecho Procesal Constitucional. Una mención particular merecen los  instrumentos procesales orientados a ofrecer una tutela judicial reforzada de los derechos humanos o de algunos de ellos, como el amparo constitucional o el habeas data, respectivamente. El Tribunal Supremo de Justicia desempeña un papel principal en el cumplimiento de ese cometido, ya que representa el último grado jurisdiccional en los distintos órdenes competenciales y debe garantizar “la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales” (art. 335 de la Constitución). Aunque esta es una misión general del Tribunal Supremo de Justicia, su Sala Constitucional ostenta la primacía en la interpretación de la Constitución, hasta el punto de fijar criterios o precedentes vinculantes para las otras Salas de este Tribunal y para los demás tribunales de la República. Las atribuciones de la Sala Constitucional repercuten sobre todas las instituciones del Estado. Ella no solo ejerce con exclusividad la jurisdicción constitucional, referida al control concentrado de constitucionalidad de las leyes u otros actos de igual rango normativo, sino que cuenta también con facultades dirigidas a procurar la recta interpretación de la Constitución por los distintos órganos jurisdiccionales y el adecuado funcionamiento de los procesos constitucionales.
De ahí que la Sala Constitucional sea un actor central dentro del sistema jurisdiccional plural o compuesto de interpretación y defensa de la Constitución. Todos los tribunales interpretan la Constitución y deben garantizarla, pero a la Sala Constitucional incumbe la función primordial de orientar ese sistema y de articular los elementos que lo integran. Ella debe asegurar cierta uniformidad en la interpretación constitucional, corregir lecturas gravemente erróneas de la Constitución provenientes de la judicatura ordinaria e impulsar nuevas tendencias interpretativas de la Constitución. Además, ha de estimular la actuación de los jueces o juezas de la República dentro de este sistema, reconociendo su contribución a la protección efectiva de la Constitución y a la adaptación de los precedentes vinculantes en atención a las particularidades de las situaciones sometidas a su conocimiento. Por tanto, la labor jurisdiccional de la Sala Constitucional influye sobre todo el sistema de justicia constitucional.
La importancia de esta tarea jurisdiccional, tal como se ha perfilado a causa de la evolución jurisprudencial y legislativa, y el propósito de lograr que la Sala Constitucional, al desempeñarla, impacte en mayor medida en el orden jurídico, fundamentan la ampliación del número de Magistrados o Magistradas de esta Sala que la presente Ley propugna. Esta aspiración a optimizar el funcionamiento de la Sala Constitucional obedece a la finalidad última de alcanzar una garantía judicial de la Constitución motorizada por dicha Sala que propenda a la salvaguarda del Estado de Derecho, de los pesos y contrapesos institucionales y de los derechos humanos. Lo cual se inserta en el contexto de un constitucionalismo multinivel y de la expansión de la protección internacional de los derechos humanos, que está exigiendo a los Tribunales, Cortes o Salas Constitucionales respuestas referidas a las interacciones entre el orden internacional y el orden nacional en la tutela de tales derechos, vinculadas a su vez al diálogo jurisdiccional y al control de convencionalidad.
El desarrollo de la jurisprudencia de la Sala Constitucional relativa a las facultades que esta ostenta para la interpretación y garantía de la Constitución respalda igualmente la decisión que esta  Ley pretende adoptar.
Al dictarse la Constitución, la Sala Constitucional fue vislumbrada en la Exposición de Motivos del Texto Constitucional como una suerte de Tribunal o Corte Constitucional dentro del Tribunal Supremo de Justicia, desde el punto de vista funcional. Así lo afirmaba la Exposición de Motivos:
‘Ante la Asamblea Nacional Constituyente se presentaron algunas propuestas con el objeto de crear una Corte o Tribunal Federal Constitucional, en lugar de una Sala Constitucional en el Tribunal Supremo de Justicia. No obstante, prevaleció por consenso esta última tesis. Sin embargo, la Constitución en el Capítulo referido a la ‘Garantía de esta Constitución’, dota a la Sala Constitucional del carácter y de las competencias que tiene en derecho comparado cualquier Corte o Tribunal Constitucional. Por ello se indica que el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último interprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación, cualidad y potestades que únicamente posee en Sala Constitucional dado que ésta ejerce con exclusividad el control concentrado de la constitucionalidad’.
Esta aseveración no ponía de manifiesto con exactitud las funciones de ese órgano jurisdiccional al momento de su instauración por la Constitución, pero sí se corresponde en buena medida con la evolución de la jurisprudencia constitucional y con las atribuciones que por esa vía ha adquirido la Sala Constitucional, las cuales actualmente se encuentran formuladas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
La trascendencia y extensión de las facultades que hoy posee la Sala Constitucional justifican plenamente la ampliación del número de sus Magistrados o Magistradas que recoge esta Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Esto se aviene adicionalmente con la singular posición que, de acuerdo con la Constitución y en términos funcionales, esta Sala ocupa dentro del Tribunal Supremo de Justicia.
Es conveniente recordar que la Constitución de 1999 –a diferencia de la Constitución de 1961- establece expresamente las Salas que componen el Tribunal Supremo de Justicia, cuya integración y competencias serán determinadas por su ‘ley orgánica’ (art. 262 de la Constitución): Plena, Constitucional, Político Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social. Se deja, pues, a la ley orgánica respectiva la determinación del número de Magistrados o Magistradas de cada Sala. En relación con la Sala Constitucional, tanto el Decreto sobre el Régimen de Transición del Poder Público, emitido por la Asamblea Nacional Constituyente, como la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de justicia del 2004 pusieron de relieve la singularidad de la Sala Constitucional respecto de las demás Salas, en lo que respecta al número de sus miembros.
Dentro del diseño constitucional del Tribunal Supremo de Justicia destacan además las competencias asignadas a la Sala Constitucional. Al respecto la Constitución dispone, en su artículo 266, que corresponde a la Sala Constitucional: ‘1. Ejercer la jurisdicción constitucional conforme al Título VIII de esta Constitución’. El alcance de la jurisdicción constitucional reservada a esta Sala se precisa en el artículo 334, último párrafo, de la Constitución: ‘Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella’. Esta competencia exclusiva no agota, sin embargo, el ámbito de las facultades de la Sala Constitucional.
La Constitución otorgó a la Sala Constitucional las siguientes atribuciones, algunas de las cuales sobrepasan los linderos de la jurisdicción constitucional definida en el último párrafo del artículo 334:
1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional que colidan con esta Constitución.
2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución y que colidan con ella.
3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional que colidan con esta Constitución.

4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de esta Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público, cuando colidan con ésta.

5. Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la República o de la Asamblea Nacional, la conformidad con esta Constitución de los tratados internacionales suscritos por la República antes de su ratificación.

6. Revisar en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente o Presidenta de la República.

7. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estadal o nacional, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya dictado en forma incompleta; y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección.

8. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál debe prevalecer.

9. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualquiera de los órganos del Poder Público.

10. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de  la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.

11. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley (art. 336).

Se trata claramente de uno de los sistemas de control constitucional más robustos conocidos en el Derecho Comparado, ya que además del control concentrado de la constitucionalidad de las leyes y actos de gobierno se incluye el control de la constitucionalidad de tratados, y el control de la constitucionalidad de los decretos de estado de excepción; junto a otras competencias jurisdiccionales referidas a la inconstitucionalidad por omisión legislativa, la colisión entre leyes, las controversias constitucionales y la revisión de sentencias en materia de amparo constitucional y de control difuso de la constitucionalidad.

Estas competencias atribuidas a la Sala Constitucional han sido incluso expandidas jurisprudencialmente por esa misma Sala y se encuentran plasmadas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en la forma siguiente (art.25):

1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con la Constitución de la República.

2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios que sean dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución de la República y que colidan con ella.

3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley que sean dictados por el Ejecutivo Nacional, que colidan con la Constitución de la República.

4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución de la República, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público, cuando colidan con ésta.

5. Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la República o de la Asamblea Nacional, la conformidad con la Constitución de la República, de los tratados internacionales que sean suscritos por la República, antes de su ratificación.

6. Revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción que sean dictados por el Presidente o Presidenta de la República.

7. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo Municipal, Estadal o Nacional, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento con la Constitución de la República, o las haya dictado en forma incompleta, así como las omisiones de cualquiera de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal, y establecer el plazo y, si fuera necesario, los lineamientos o las medidas para su corrección.

8. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál debe prevalecer.

9. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los órganos del Poder Público.

10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los Tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales.

11. Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los supuestos que señala el numeral anterior, así como la violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales.

12. Revisar las sentencias definitivamente firmes en las que se haya ejercido el control difuso de la constitucionalidad de las leyes u otras normas jurídicas, que sean dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República.

13. Resolver los conflictos de cualquier naturaleza que puedan suscitarse entre las Salas que integran el Tribunal Supremo de Justicia o entre los funcionarios o funcionarias del propio Tribunal, con motivo de sus funciones.

14. Determinar, antes de su promulgación, la constitucionalidad del carácter orgánico de las leyes que sean sancionadas por la Asamblea Nacional, o de los decretos con Rango, Valor y Fuerza de ley que sean dictados por el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros.

15. Conocer la solicitud que formule el Presidente o Presidenta de la República, en el lapso de diez días que tiene para promulgar la misma, acerca de la inconstitucionalidad de una ley que sea sancionada por la Asamblea Nacional o de algunos de sus artículos, de conformidad con el artículo 214 de la Constitución de la República.

16. Avocar las causas en las que se presuma violación al orden público constitucional, tanto de las otras Salas como de los demás tribunales de la República, siempre que no haya recaído sentencia definitivamente firme.

17. Conocer la demanda de interpretación de normas y principios que integran el sistema constitucional.

18. Conocer en única instancia las demandas de amparo constitucional que sean interpuestas contra los altos funcionarios públicos o altas funcionarias públicas nacionales de rango constitucional.
19. Conocer las apelaciones contra las sentencias que recaigan en los procesos de amparo constitucional autónomo que sean dictadas por los juzgados superiores de la República, salvo contra las de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.

20. Conocer las demandas de amparo constitucional autónomo contra las decisiones que dicten, en última instancia, los juzgados superiores de la República, salvo de las que se incoen contra las de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.

21. Conocer las demandas y las pretensiones de amparo para la protección de intereses difusos o colectivos cuando la controversia tenga trascendencia nacional, salvo lo que disponen leyes especiales y las pretensiones que, por su naturaleza, correspondan al contencioso de los servicios públicos o al contencioso electoral.

22. Conocer de las demandas de amparo contra los actos, actuaciones y omisiones del Consejo Nacional Electoral, de la Junta Electoral Nacional, de la Comisión de Registro Civil y Electoral, de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, así como los demás órganos subalternos y subordinados del Poder Electoral.

23. Las demás que establezcan la Constitución de la República y las leyes.

Entre las competencias adicionales a las constitucionalmente conferidas a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, resaltan las siguientes: revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los Tribunales de la República, distintas a las proferidas en procesos de amparo o en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad; revisar las sentencias dictadas por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia; resolver los conflictos de cualquier naturaleza que puedan suscitarse entre las Salas que integran el Tribunal Supremo de Justicia; avocar las causas en las que se presuma violación al orden público constitucional, que cursen en otras Salas o en los demás tribunales de la República; conocer de acciones de amparo, en ciertos supuestos, o de demandas para la protección de intereses difusos o colectivos, en determinadas circunstancias, según lo establecido en el artículo 25 citado, o de las demandas de interpretación de normas y principios que integran el sistema constitucional.
Ciertamente, estamos ante una de las jurisdicciones constitucionales más amplias y complejas, pudiendo sostenerse que la Sala Constitucional se ha perfilado funcionalmente aunque no orgánicamente como una especie de tribunal constitucional dentro del Tribunal Supremo de Justicia, capaz de controlar las decisiones de las demás Salas por motivos de inconstitucionalidad. Esto refuerza la fundamentación de la ampliación del número de integrantes de dicha Sala que esta Ley propone.

En este sentido, es importante revisar la integración de otros órganos de la jurisdicción constitucional en el Derecho Comparado, que aunque poseen competencias mucho menores que las de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, pueden servir de marco referencial. Este es el número de Jueces o Juezas, Magistrados o Magistradas de algunas Cortes o Tribunales Constitucionales: en España, doce (12); en República Dominicana, trece (13); en Portugal, trece (13); en Austria, catorce (14); en Italia, quince (15); en Polonia, quince (15); en Rusia, diecinueve (19); en Alemania, dieciséis (16). La Suprema Corte de Justicia de México, que ejerce limitadamente la jurisdicción constitucional, está integrada por once (11) Jueces o Juezas (Ministros o Ministras); y la antigua Corte Suprema de Justicia, bajo la Constitución de 1961, ejercía la jurisdicción constitucional en Sala Plena integrada por quince (15) Magistrados o Magistradas, aunque estos debían ocuparse también de los asuntos propios de la Sala específica a la que pertenecían.

Es preciso advertir que ninguno de estos tribunales o cortes en el Derecho Comparado tiene asignadas las extensas, diversas y complejas competencias que ostenta la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ni por tanto la carga de trabajo correspondiente. De allí también la justificación de esta Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que propone ampliar los integrantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de siete (7) a quince (15) Magistrados o Magistradas. Algunos Tribunales o Cortes Constitucionales tienen un número de integrantes inferior, pero el que se recoge en esta Ley se mantiene dentro de las referencias de Derecho Comparado y guarda relación con la magnitud de las atribuciones de nuestra Sala Constitucional, las cuales, por otra parte, desbordan con creces los linderos competenciales de otras Salas Constitucionales. Ello está en consonancia además con la exigente misión que esa Sala Constitucional fortalecida debe asumir, según lo antes expuesto.

Con fundamento en lo expuesto, se propone esta modificación legislativa referida a la integración de la Sala Constitucional, quedando pendiente la aprobación del régimen procesal definitivo aplicable a las acciones o recursos que se intenten ante dicha Sala, lo cual ha sido regulado provisionalmente en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y será tratado luego en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional.

Esta finalidad principal de la presente Ley, que amplía a quince (15) el número de Magistrados de la Sala Constitucional, por las razones aducidas, está acompañada de otro propósito, de carácter procedimental, consistente en subsanar una insuficiencia de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual no contempla la participación procesal de la Asamblea Nacional con ocasión de la controversia que se suscita cuando el Presidente o Presidenta de la República solicita a la Sala Constitucional pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley sancionada por la Asamblea Nacional, antes de su promulgación. Por eso se incluyen normas destinadas a preservar mínimamente, dentro de un procedimiento necesariamente abreviado en virtud del plazo de quince días fijado por el artículo 214 de la Constitución, las garantías constitucionales del debido proceso, para que el órgano autor del acto cuestionado y sujeto a revisión constitucional, como es la Asamblea Nacional, pueda intervenir expresando los alegatos, motivos y razones por los cuales estima que la ley es constitucional, al no contener los vicios denunciados por el Presidente o Presidenta de la República.


Finalmente, con el objeto de garantizar la pronta implementación de la reforma legislativa, esta Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia crea una nueva Disposición Final, conforme a la cual dentro de los treinta días continuos siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, la Asamblea Nacional activará el procedimiento público para la designación de los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, y al culminar este procedimiento, con la juramentación de sus miembros, será sustituido el Comité de Postulaciones Judiciales designado por la Asamblea Nacional el 30 de septiembre de 2014, actualmente inoperante a causa de las numerosas vacantes que ha sufrido.

En consecuencia, dentro de quince días continuos contados a partir de esa juramentación, el Comité de Postulaciones Judiciales iniciará el proceso de selección de los candidatos o candidatas para los nuevos cargos de Magistrados o Magistradas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se elegirán ocho (8) nuevos Magistrados o Magistradas, con igual número de suplentes. Es voluntad de los proyectistas que este proceso de designación esté rodeado desde el comienzo de la más amplia y plural participación de la ciudadanía y de la mayor transparencia, y que la selección se base en los méritos profesionales y académicos acumulados, mediante la aplicación del baremo correspondiente. A estos efectos, desde la Asamblea Nacional promoveremos el control y protagonismo ciudadano en el desarrollo del proceso de selección y se procurará el acompañamiento de la comunidad internacional, con participación de las Naciones Unidas.

Conviene, por último, observar que la Ley que presentamos no requiere ser admitido (sic) previamente con una votación calificada. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia es una ley orgánica por calificación constitucional, a cuyos efectos, de conformidad con el artículo 203 constitucional, el proyecto respectivo no requiere ser previamente admitido por el voto calificado de las dos terceras partes de los y las integrantes presentes de la Asamblea Nacional antes de iniciarse su discusión; así como tampoco se exige esta votación para la modificación  de las leyes orgánicas por calificación constitucional. No sólo la jurisprudencia constitucional venezolana confirma esta interpretación sino también la propia práctica constitucional de la Asamblea Nacional. En efecto, en la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 26 de enero de 2004 (Vestalia Sampedro de Araujo y otros: interpretación del artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), dicho Tribunal estableció el siguiente criterio con relación a la mayoría parlamentaria requerida para la aprobación y modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia:


Con base en los argumentos expuestos, esta Sala Constitucional reitera que, conforme al artículo 203 de la Constitución vigente,  no es necesario el voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional para dar inicio a la discusión de los proyectos de leyes orgánicas investidas de tal carácter por calificación constitucional que pretendan modificar leyes orgánicas vigentes, entre los que se encuentra el proyecto de  Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y, advertido el silencio en la norma contenida en el referido artículo 203, respecto de la mayoría parlamentaria requerida para la sanción de cualquier ley orgánica, esté o no investida con tal carácter por la Constitución de 1999, declara que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 209 de la Norma Fundamental y 120 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, cuya última reforma fue publicada en Gaceta Oficial Extraordinario, n° 5.667,del 10.10.03, será necesaria la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional presentes en la respectiva sesión para la sanción de las leyes orgánicas contempladas en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cualquiera sea su categoría. Así se decide. (Resaltados y subrayados añadidos).

En ese mismo sentido apunta la práctica parlamentaria con relación a la aprobación y modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia: tanto la aprobación de esta Ley en el año 2004, con la cual se reemplazó la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (G.O. No. 37.942 de 20 de mayo de 2004), como la modificación de dicha Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia por la nueva Ley (G.O. No. 39.483 de 9 de agosto de 2010), se llevaron a cabo por mayoría simple (mayoría absoluta de los Diputados o Diputadas presentes). Esta misma mayoría fue suficiente para la aprobación de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta

la siguiente

LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

PRIMERO: Se modifica el artículo 8, en la forma siguiente:

Integración
Artículo 8. Integración La Sala Constitucional estará integrada por quince Magistrados o Magistradas y las demás Salas por cinco Magistrados o Magistradas. Cada una de las Salas tendrá un Secretario o Secretaria y un o una Alguacil.

SEGUNDO: Se modifica el artículo 145, en la forma siguiente:

Causas no sujetas a sustanciación
Artículo 145. En las causas en las que no se requiera sustanciación, la Sala decidirá en un lapso de treinta días de despacho contados a partir del día en que se dé cuenta del recibo de las actuaciones, salvo lo que preceptúan la Constitución de la República y leyes especiales. No requerirán sustanciación las causas a que se refieren los numerales 5, 6, 10, 11, 12, 13, y 14 del artículo 25 de esta Ley. Queda a salvo la facultad de la Sala Constitucional de dictar autos para mejor proveer y fijar audiencia si lo estima pertinente.

TERCERO: Se crea un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 146 en la forma siguiente:
      
       Solicitudes de declaración de inconstitucionalidad presentadas
por el Presidente de la República
Artículo 146. Cuando la Sala Constitucional reciba alguna solicitud formulada por el Presidente o Presidenta de la República con base en el artículo 214 de la Constitución, la admitirá si se corresponde con lo establecido en esa disposición constitucional, dentro de los tres días continuos siguientes a su presentación, y en el auto de admisión ordenará la citación de la Asamblea Nacional, por cualquiera de los medios contemplados en el artículo 91 de esta Ley. Podrá ordenar igualmente la notificación de otros órganos de rango constitucional, según el contenido de la ley sancionada. Dentro de los diez días continuos siguientes a la citación de la Asamblea Nacional, la Sala Constitucional deberá fijar una audiencia pública, para que el Presidente o Presidenta de la República, o quien ejerza su representación, exponga sus consideraciones sobre la inconstitucionalidad de la ley sancionada o de algunos de sus preceptos y la Asamblea Nacional pueda aducir sus argumentos en favor de la constitucionalidad de la ley. Se permitirá que intervengan en la audiencia los otros órganos de rango constitucional que hubieran sido notificados. En la audiencia podrán presentarse pruebas, según el tema de la controversia. La Sala Constitucional decidirá dentro del plazo previsto en el artículo 214 de la Constitución. Si no lo hace dentro de este plazo, no podrá pronunciarse sobre la solicitud presentada y el Presidente o Presidenta de la República deberá promulgar la ley dentro de los cinco días siguientes al vencimiento de dicho lapso. Cuando la Sala Constitucional decida que la ley sancionada es en parte inconstitucional, la Asamblea Nacional suprimirá o modificará las disposiciones inconstitucionales, en atención a lo declarado en la sentencia respectiva, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los Diputados o Diputadas presentes, y remitirá luego la ley al Presidente o Presidenta de la República para su promulgación. La Asamblea podrá igualmente levantar la sanción de la ley, con esta misma mayoría de votos, si estima que en virtud de la inconstitucionalidad parcial declarada la ley no podrá alcanzar los fines para los que fue concebida. 

CUARTO: Se crea una nueva Disposición Final que pasa a ser la Disposición Final Segunda en los siguientes términos:

Segunda. Dentro de los treinta días continuos siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, la Asamblea Nacional activará el procedimiento público para la designación de los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, el cual sustituirá al Comité de Postulaciones Judiciales designado por la Asamblea Nacional el 30 de septiembre de 2014. Dentro de los quince días continuos contados a partir de la juramentación de sus miembros, el Comité de Postulaciones Judiciales iniciará el proceso de selección de los candidatos o candidatas para los nuevos cargos de Magistrados o Magistradas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Se elegirán ocho nuevos Magistrados o Magistradas en la Sala Constitucional, con igual número de suplentes.

QUINTO: Se crea una nueva Disposición Final que pasa a ser la Disposición Final Tercera en los siguientes:

Tercera. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley se entenderá que la mayoría absoluta, a los efectos de esta Ley Orgánica y del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, es la mitad más uno de los Magistrados y Magistradas que integren la Sala Plena, o las otras Salas que lo componen, o que estén presentes en la reunión respectiva, según lo establecido en la disposición correspondiente. 

SEXTO: De conformidad con el artículo 5 de la Ley de Publicaciones Oficiales, imprímase íntegramente en un solo texto la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.522 del 1 de octubre de 2010, con las reformas aquí sancionadas, y en el correspondiente texto íntegro corríjanse la numeración del articulado y el orden de las Disposiciones Finales y sustitúyanse las firmas, fechas y demás datos de sanción y promulgación de la Ley reformada.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los siete días del mes de abril de dos mil dieciséis. Año 205° de la Independencia y 157° de la Federación”. 

III
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Establecido lo anterior, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre su competencia para decidir la solicitud planteada. En tal sentido, el cuarto aparte del artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece lo siguiente:

Artículo 214.
(…omisiss…)
Cuando el Presidente o  Presidenta de la República considere que la ley o alguno de sus artículos es  inconstitucional solicitará el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia, en el lapso de diez días que tiene para promulgar la misma. El Tribunal Supremo de Justicia decidirá en el término de quince días contados desde el recibo de la comunicación del Presidente o Presidenta de la República. Si el Tribunal negare la inconstitucionalidad invocada o no decidiere en el lapso anterior, el Presidente o Presidenta de la República promulgará la ley dentro de los cinco días siguientes a la decisión del Tribunal o al vencimiento de dicho lapso”.

Por su parte, el cardinal 15 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que:

Artículo 25. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
(…omissis…)
15. Conocer la solicitud que formule el Presidente o Presidenta de la República, en el lapso de diez días que tiene para promulgar la misma, acerca de la inconstitucionalidad de una ley que sea sancionada por la Asamblea Nacional, o de algunos de sus artículos, de conformidad con el artículo 214 de la Constitución de la República.
(…omissis…)”.

De igual forma, es importante señalar que esta Sala Constitucional, mediante decisión N° 2817 del 28 de noviembre de 2002 (caso: Hugo Chávez Frías), ratificada en fallo N° 259 del 31 de marzo de 2016, fijó el sentido y alcance del artículo 214 constitucional, en un Obiter Dictum, en los siguientes términos:

 “(…) A los fines de la inteligencia correcta del artículo 214 constitucional, la Sala aclara que dicha norma contiene dos supuestos excluyentes el uno del otro.
El primero es que dentro de los diez días siguientes a aquél cuando el Presidente de la República recibió la ley de la Asamblea Nacional, con el fin de promulgarla, previo acuerdo del Consejo de Ministros, la devuelva a la Asamblea, a fin de que modifique alguna disposición de la ley, o levante la sanción a toda la ley o parte de ella. Tal petición será acompañada de una exposición motivada que contenga la razón de las modificaciones, las cuales pueden tener base constitucional o legal.
La Asamblea Nacional decidirá acerca de los aspectos planteados y remitirá la ley al Presidente para su promulgación, conforme a lo decidido.
El otro supuesto es que el Presidente considere que la ley recibida de la Asamblea, o alguno de sus artículos, sea inconstitucional, caso en que, en el mismo término de diez días a partir de la recepción de parte de la Asamblea Nacional, la enviará a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que decida sobre la inconstitucionalidad que fue invocada.
Si la decisión del Tribunal es la constitucionalidad de la ley o sus artículos, el Tribunal devolverá la ley a la Presidencia para su promulgación. 
A juicio de esta Sala, se trata de dos procedimientos que, debido a que tienen un mismo lapso para incoarse y cuyo resultado puede ser en ambos la promulgación de la ley, resultan excluyentes. 
Es claro, que si se acoge el primer supuesto, corrija o no la Asamblea Nacional los vicios que sean denunciados, la ley debe ser promulgada según la decisión de la Asamblea Nacional.
Si la decisión de la Asamblea Nacional sobre la ley objeto de este procedimiento resultara inconstitucional, el Ejecutivo, o cualquier interesado, puede incoar la acción de inconstitucionalidad ordinaria.
Si el Presidente opta por el otro control, cual es acudir a la Sala Constitucional para que examine la inconstitucionalidad de la ley o algunos de sus artículos, y la Sala decidiere en sentido positivo o negativo, el Ejecutivo obligatoriamente debe promulgar la ley, lo que significa que no puede acudir al primer supuesto, ya que la norma (artículo 214 constitucional) ordena –en este último supuesto- que la ley se promulgue dentro de los cinco días siguientes a la decisión del Tribunal, sin excepción alguna, por lo que el Ejecutivo mal podría incumplir el mandato constitucional y enviar la Ley a la Asamblea Nacional (...)”. 

 Ahora bien, visto que la presente solicitud de control preventivo de la constitucionalidad fue planteada el 21 de abril de 2016 por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, actuando en su carácter de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con respecto a la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sancionada por la Asamblea Nacional el 7 de abril de 2016; esta Sala Constitucional, de acuerdo con lo previsto en el precepto constitucional antes mencionado, le corresponde la competencia para conocer y decidir el presente asunto. Así se declara.

IV
MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

La Sala resuelve sistematizar la motiva en cinco cardinales:

  1. DE LA ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA Y EXCLUYENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA PARA LA INICIATIVA LEGISLATIVA EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

El artículo 204 constitucional pauta, en su cardinal 4, que la iniciativa de las leyes corresponde “4. Al Tribunal Supremo de Justicia, cuando se trate de leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales” (subrayado nuestro).

Esta previsión constitucional, que en criterio de la Sala es vinculante, se ha ejercido en varias oportunidades y, aun en el caso de que un proyecto de ley vinculado al Poder Judicial o al Sistema de Justicia no haya sido formalmente de iniciativa judicial, se ha aplicado la disposición contemplada en el artículo 211 eiusdem, que exige la consulta en la materia del “magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia a quien éste designe, en representación del Poder Judicial”, para oír su opinión sobre el proyecto de ley que les atañe durante el proceso de discusión y aprobación.

En lo que concierne específicamente a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004 y a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2010 (la vigente), se cumplió escrupulosamente con lo contemplado en el artículo 204, cardinal 4 de la Constitución.

En efecto, en sesión de Sala Plena de fecha 28 de enero de 2003, se procedió a la consideración como Punto Único, de un anteproyecto de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual fue ampliamente debatido por los magistrados asistentes. En la reunión, los integrantes de la Plena acordaron remitirlo a la Asamblea Nacional, “anexando las observaciones consignadas por los Magistrados, ello en ejercicio de la iniciativa legislativa que le corresponde en la materia a este Alto Tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Texto Constitucional. Sometida la propuesta a la consideración de los presentes, resultó aprobada por quince votos” (subrayado de este fallo).

En relación a la reforma de 2010, la Presidencia del Tribunal informó en la sesión de 18 de marzo de 2009, que le había sido “asignada a este Alto Tribunal de forma directa la propuesta de la reforma”, tomando la iniciativa de asumir la coordinación de este trabajo. En la sesión de fecha 25 de marzo de 2009, se aprobó que participara en la Coordinación de la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia una comisión de magistrados (conjuntamente con la Presidencia), designados para esa labor. El 10 de diciembre de 2009, la Presidencia informó que la Sala Constitucional se encontraba trabajando con la Asamblea Nacional  en el Proyecto de Ley Orgánica. A tales efectos, se realizaron varias reuniones con abogados especialistas de esta Sala.

En la sesión de la Sala Plena del 28 de abril de 2010, se informó que el proyecto de reforma se encontraba en la página web de la Asamblea Nacional y que podía ser revisado por todos los magistrados que integran el Tribunal, señalándose que el órgano legislativo estaba abierto para recibir cualquier observación.

El 16 de junio de 2010, se informó al Pleno que el Proyecto de Reforma estaba ya en su etapa conclusiva, que fueron tomadas en consideración las recomendaciones del Tribunal Supremo de Justicia, aunque las observaciones de la Directora de la Defensa Pública habían sido enviadas a destiempo, pero que la Procuraduría General de la República había informado que las mismas habían sido “resueltas” en el texto aprobado en la Comisión pertinente.

Terminado el trabajo legislativo, en el cual fue efectivamente aplicado lo dispuesto en el artículo 211 constitucional en lo atinente a la consulta permanente del Tribunal Supremo de Justicia, a través de sus representantes, en el proceso de formación de la ley, el proyecto fue definitivamente aprobado, por lo cual la Presidencia dio las instrucciones pertinentes para que se distribuyera “a todos los Magistrados, un ejemplar encuadernado de la novísima Ley Orgánica de[l] Tribunal Supremo de Justicia”, tal como consta del acta de la sesión de Sala Plena de fecha 11 de agosto de 2010.

El conocimiento sobre las sesiones de Sala Plena que demuestran que en 2004 y 2010 la iniciativa partió del Tribunal Supremo de Justicia, tiene lugar por la integración simultánea de los magistrados y magistradas en Sala Constitucional y en Sala Plena, lo cual está además debidamente corroborado por las actas de las sesiones antes referidas, aprobadas por los integrantes de esta última Sala.

Dentro de este contexto, esta Sala advierte que el Constituyente de 1999 ratificó en la materia lo que disponía la Carta de 1961, en su artículo 165, cardinal 4, que a la letra establecía:

Artículo 165. La iniciativa de las leyes corresponde:

…omissis…

4.- A la Corte Suprema de Justicia, cuando se trate de leyes relativas a la organización y procedimiento judiciales (…).

En definitiva, la iniciativa legislativa en materia de organización y procedimientos judiciales corresponde de manera exclusiva y excluyente al Tribunal Supremo de Justicia (artículo 204, cardinal 4).

Ahora bien, adicional al obligatorio cumplimiento del artículo 204, cardinal 4, constitucional, es por igual y en todo caso un requisito imprescindible oír la opinión del Tribunal en el proceso de formación de la ley, según el aludido artículo 211 eiusdem, como efectivamente ocurrió con la actual ley.

En lo que concierne a la Ley objeto de análisis se observa que, por una parte, no se acató la exigencia contenida en el artículo 204.4, referido a la iniciativa legislativa “cuando se trate de leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales”. Y por la otra, de forma desconsiderada, se pretendió cumplir con la previsión contenida en el artículo 211 constitucional de manera irregular, irrespetuosa y con evidente fraude a la Constitución.

Respecto de este último supuesto constitucional, se hace preciso señalar que el artículo 211 exige una intervención útil, efectiva y obligatoria durante el “procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos de leyes”, que incluye el derecho de palabra del “magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia a quien éste designe en representación del Poder Judicial”; sin embargo, la Presidenta de la Comisión de Política Interior se dirigió mediante oficio, el día 4 de abril de 2016 en horas de la tarde a este Tribunal, para que respondiera un cuestionario exiguo e irrelevante (para saber si, como en una encuesta, se está de acuerdo con el proyecto) a más tardar el día 5 de abril de 2016. En primer lugar, esta Sala precisa que tal proceder no se compadece ni con la letra ni con el espíritu del artículo 211 constitucional y, en todo caso, ha debido solicitarse con la debida antelación que la Sala Plena designara el magistrado (o magistrada) al cual alude la citada disposición a fin de que realizara las observaciones pertinentes, dado que ni la Presidenta ni los demás integrantes de esta Sala Constitucional pueden adelantar opinión alguna sobre la propuesta de ley, por corresponder a la misma el control previo y posterior contemplado en el texto fundamental.

Esta solicitud de respuesta a la encuesta también fue remitida al ciudadano Silio Sánchez Parra, en su condición de Director Ejecutivo de la Magistratura, el día 4 de abril de 2016 (recibida a la 1:46 pm), aunque no esté expresamente requerida en el precitado artículo 211 constitucional, quizá con el propósito de evidenciar la “amplitud” de la “consulta pública” realizada. Una vez más, se reitera su irrelevancia, impertinencia y alejamiento del propósito del constituyente en la materia, amén de tratarse de una conducta irrespetuosa y fraudulenta a la Constitución.

De otro lado, esta Sala aclara que el criterio contenido en el fallo de fecha 27 de septiembre de 2000 (expediente N° 00-2163), caso: Eduardo García, en amparo contra la Reforma del Código Orgánico Procesal Penal, no es aplicable al caso de autos, pues aun cuando en efecto, se ha admitido supra que en alguna oportunidad esta iniciativa judicial no se ha concretado, cuando la ley se ha referido a la organización del máximo Tribunal (o del Consejo de la Judicatura, bajo el régimen constitucional de 1961), se ha cumplido con dicha prescripción. Asimismo, el fallo señalado está referido a un momento histórico y jurídico excepcional enmarcado en el régimen de transición constitucional, por lo cual no se le podía aplicar (ni le era exigible) a la Comisión Legislativa Nacional, los principios y pautas para la legislación ordinaria contenidos en el Texto Fundamental para la Asamblea Nacional.

En el mismo sentido, en sentencia número 9 del 1 de marzo de 2016, esta Sala Constitucional aclaró que: “(…) por su parte, el legislador, de manera correcta y pertinente, sancionó en 2010 una Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (cuya iniciativa legislativa corresponde al Poder Judicial de forma exclusiva y excluyente, de conformidad con el artículo 204 numeral 3 de la Constitución) (…)” (subrayado del presente fallo).

En suma, la ley sometida a la valoración constitucional de esta Sala no cumplió con el presupuesto constitucional de la iniciativa legislativa que corresponde a este máximo Tribunal de la República, ni tampoco fue solicitada su intervención, la cual es imprescindible para el procedimiento de discusión y aprobación;  por lo tanto, la misma desde un punto de vista constitucional resulta totalmente írrita. Así se decide.

2.      DE LA VOTACIÓN CALIFICADA PARA MODIFICAR UNA LEY ORGÁNICA

La pretensión de modificar una ley orgánica dictada bajo la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela requiere, en criterio de esta Sala, de la votación calificada contemplada en el primer aparte del artículo 203 constitucional.

En efecto, este acápite estipula que: “Todo proyecto de ley orgánica, salvo aquel que esta Constitución califique como tal, será previamente admitido por la Asamblea Nacional, por el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley. Esta votación calificada se aplicará también para la modificación de las leyes orgánicas(subrayado nuestro).

Si se observa con detenimiento dicho párrafo, se advierte con claridad que el Constituyente no distinguió entre los distintos tipos de ley orgánica que prevé el artículo 203, a propósito de una eventual modificación.

Al respecto, esta Sala Constitucional en su sentencia N° 2573 del 16 de octubre de 2002 (Ley Orgánica contra la Corrupción), acoge parcialmente en su motiva lo que se expone en este fallo, en los siguientes términos: “Otra cuestión relevante es que la votación que exigía la Constitución de 1961, requerida para la sanción de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, es inferior a la que en la actualidad gobierna para la sanción de esa categoría de Ley, esto es, las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara para el momento de iniciarse su discusión, como en efecto se constata de la copia certificada del acto de la sesión acompañada a los autos, de lo que se sigue que el actual proyecto de Ley, objeto de la presente solicitud, cuenta con una mayoría calificada, es decir superior, a la requerida para la sanción de la Ley cuya derogatoria se pretende, de manera que, estima esta Sala que se cumple en el caso de autos con el requisito contenido en la parte in fine del primer aparte del artículo 203 de la Constitución, según el cual: ‘[E]sta votación calificada se aplicará también para la modificación de las leyes orgánicas’, de suerte que se verifica tal supuesto, de carácter necesario para modificar aquella, por aplicación inmediata de la norma, no obstante su rango de orgánica conforme a la derogada Constitución” (subrayado del presente fallo).

Ciertamente, esta Sala Constitucional dictó el fallo N° 34 del 26-01-2004, que negó la necesidad del voto calificado para la sanción de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004. Se estima que dicha sentencia es acorde con la realidad constitucional que se planteaba para ese momento y en relación al aludido texto legal.

En efecto, la Ley de 2004 era una nueva ley, calificada como tal por el Constituyente de 1999 y, en consecuencia, se debía aplicar lo previsto en el encabezamiento del artículo 203 constitucional. No se trataba de una simple modificación de una ley (Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia), por otra parte, preconstitucional.

La misma Sala advirtió, en dicho fallo, que pudiera existir duda en cuanto al sentido que debe atribuirse al acápite incluido en el mismo primer aparte de la norma examinada (artículo 203), de acuerdo con el cual “Esta votación calificada (de dos terceras partes) se aplicará también para la modificación de las leyes orgánicas”.

Cita al respecto esta sentencia la opinión del magistrado emérito José Peña Solís, en su obra: La nueva concepción de las leyes orgánicas en la Constitución de 1999 (Revista de Derecho N° 1, Caracas, TSJ, 2000, págs. 98 y 99), quien considera que esta votación calificada se aplica –sin excepciones- para la modificación de leyes orgánicas (sea cual fuere su modalidad).

En consecuencia, esta Sala Constitucional concuerda con el dispositivo del fallo 34/2004 en que no era necesario el voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional para dar inicio a la discusión del proyecto de la Ley de 2004, pero no con base en que el quórum calificado solo se aplica para la modificación de leyes orgánicas pre-constitucionales (Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia) o de aquellas designadas así por la Constitución; sino porque la Asamblea Nacional con la Ley de 2004 no pretendió nunca modificar la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia sino crear una nueva ley para una nueva institución que, por decisión del Constituyente de 1999, no requería dicha votación calificada.

En conclusión, esta Sala reitera que, tal como lo exige el Constituyente, se requiere la mayoría calificada de las dos terceras partes de los integrantes presentes de la Asamblea Nacional, antes de la discusión del respectivo proyecto de ley, cuando se trate el mismo de una modificación de una ley orgánica, sea cual fuere su tipo o modalidad, según lo contemplado en el artículo 203 constitucional. Así se decide.

  1. DE LA “RAZONABILIDAD” REQUERIDA Y DE LA AUSENCIA DE JUSTIFICACIÓN LÓGICA PARA EL INCREMENTO DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

El artículo 262 constitucional estableció las Salas con las cuales funcionaría el Tribunal Supremo de Justicia, pero no su integración, a pesar de que en el debate constituyente se había aprobado, en la primera discusión, que cada Sala (salvo lógicamente la Plena) estaría integrada por tres (3) magistrados, lo cual se modificó en segunda discusión en cuanto a la Sala Constitucional, que se llevó a cinco (5) magistrados. En todo caso, la Asamblea Nacional Constituyente al hacer las designaciones provisionales de magistrados el 22-12-1999, nombró tres (3) magistrados en cada Sala con excepción de la Sala Constitucional donde designó cinco (5) magistrados.

De tal manera, que la Constitución encomendó a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia determinar la integración definitiva de las Salas, en el mencionado artículo 262.

El legislador de 2004, sustentado en el criterio del “volumen de trabajo de las Salas”, dotó a la Sala Constitucional de siete (7) magistrados y a cada una de las otras Salas de cinco (5) integrantes.

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2010 ratificó dicha integración, por lo cual el número total de magistrados es de treinta y dos (32).

Ahora bien, la determinación del número de magistrados debe guiarse por principios de racionalidad y de razonabilidad.

El texto “Terminología Jurídica Venezolana de Emilio CALVO BACA (Caracas. Ediciones Libra, C.A. 2011), distingue la “ratio legis”: “razón o espíritu informador de una ley que el juez y el intérprete deben tener en cuenta al tratar de aplicarla a los casos concretos o al estudiar su alcance; de la “ratio iuris”, que es “la razón deducida del derecho objetivo y que por reflejar el espíritu o tendencia del ordenamiento jurídico puede ser invocada para la solución de un caso concreto no previsto claramente por la norma legal” (Pág. 696) (subrayado nuestro).

Es decir, una cosa es la razón deducida del derecho positivo –la integración de las Salas corresponde al legislador- y otra la racionalidad o razonabilidad de una prescripción normativa, de acuerdo a la lógica, espíritu o tendencia del ordenamiento jurídico.

En consecuencia, en el caso de que el Constituyente no haya estipulado expresamente la integración de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia (lo cual ocurre con el texto de 1999), el legislador debe acudir a una “rational basis” para suplirlo o desarrollarlo, lo que es lo mismo, debe realizar “un fundamento razonable. Es decir, un fundamento o motivo que razonablemente cabe atribuir a una ley” (idem).

Para ello debemos recurrir a la razón jurídica, que si no se encuentra en el Derecho positivo (en este caso, en la Constitución) –ratio legis-, debemos buscarla en los principios generales del ordenamiento vigente –ratio iuris- (Guillermo CABANELLAS. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Buenos Aires. Editorial Heliasta, S.R.L. 1998. Págs. 16-21).

De tal manera que, en la materia, el legislador debe ser razonable, es decir, ajustado a la razón, moderado y racional, sin exageración ni abuso.

El legislador de 2004 aplicó una solución razonable, conforme con la experiencia vivida entre 2000 y 2004, en cuanto a los requerimientos que la población hacía de los servicios del Tribunal Supremo de Justicia; e incrementó moderadamente y de manera igualitaria entre las Salas, el número de magistrados.

Pero aumentar de una manera desmesurada los magistrados de una Sala en particular, atentaría contra uno de los Poderes que integra la organización jurídico-política adoptada por el pueblo venezolano al votar de manera aprobativa la nueva Constitución.

            En efecto, el injustificado incremento de los magistrados de la Sala Constitucional viola los principios de autonomía e independencia del Poder Judicial (artículos 136, 137, 253 y 267), de supremacía constitucional (artículo 7), de protección judicial del texto fundamental (artículo 335) y el principio democrático (artículo 2 y 6), todos expresamente contenidos en la Constitución vigente. Es preciso, además, observar que siendo la Sala Constitucional otra Sala más integrante del Tribunal Supremo de Justicia, y no un Tribunal Constitucional autónomo, el desproporcionado aumento de sus integrantes rompería el equilibrio de la Sala Plena, ya que sobrerepresentaría una Sala en detrimento de las otras y podría incidir en la resolución de las competencias propias de esta última Sala, como lo son, entre otras, el Gobierno y la Administración del Poder Judicial.

Por otra parte, la Exposición de Motivos de la ley sancionada justifica el incremento del número de integrantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por la trascendencia y el número de atribuciones que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le asigna a la Sala y la expansión de la protección internacional de los derechos humanos, que exige respuestas a este tipo de órganos en materia de control de convencionalidad.

Al respecto, debe advertirse que la Sala Constitucional, con el número de magistrados que hoy la integran, tiene estadísticas que revelan claramente la suficiencia y capacidad de sus miembros para ejercer las atribuciones y competencias que constitucional, legal y jurisprudencialmente le han sido asignadas.

A título de ejemplo, podemos referir las siguientes estadísticas debidamente avaladas por la Secretaría de la Sala:


Causas Ingresadas a la Sala Constitucional Años 2013 al 2015:

Materias
A-2013
A-2014
A-2015
Acción de Amparo
460
506
484
Acción de Amparo en Apelación
231
221
235
Acción de amparo en consulta
2
1
2
Conflicto de autoridades
1
0
0
Conflicto de competencia
40
50
41
Constitucionalidad de Leyes Orgánicas
3
8
14
Control de convencionalidad
0
0
1
Controversia constitucional
0
1
0
Demanda de Habeas Data
4
3
5
Demanda de Intereses Colectivos y Difusos
5
38
19
Demanda por Tacha de Falsedad
1
0
0
Desaplicación de Normas por Control Difuso
23
16
13
Rec. de Colisión
0
1
4
Rec. de Hecho
4
2
7
Rec. de Incostitucionalidad por Omisión
4
4
0
Rec. de Interpretación
19
10
23
Rec. de Nulidad
25
28
50
Recurso contencioso electoral
10
0
0
Solicitud de Avocamiento
19
15
18
Solicitud de Revisión
383
465
545
TOTALES:
1.234
1.369
1.461

Publicaciones realizadas de la Sala Constitucional Años 2013 al 2015:

Materias
A-2013
A-2014
A-2015
Acción de Amparo
688
715
656
Acción de Amparo en apelación
359
314
242
Acción de Amparo en consulta
1
0
4
Conflicto de autoridades
1
0
0
Conflicto de Competencia
62
58
44
Controversia constitucional
1
1
0
Control de convencionalidad
0
0
1
Constitucionalidad de Leyes Orgánicas
3
7
21
Demanda de Habeas Data
11
5
3
Demanda por intereses Colectivos y Difusos
17
35
30
Demanda por tacha de falsedad
0
1
0
Desaplicación de Normas por Control Difuso
42
34
17
Rec. Contencioso electoral
14
0
0
Rec. de Colisión
5
5
4
Rec. de Hecho
4
4
5
Rec. De Inconstitucionalidad por omisión
5
4
5
Rec. de Interpretación
32
11
20
Rec. de Nulidad
98
71
76
Rec. De Queja
1
0
0
Solicitud de Avocamiento
30
25
22
Solicitud de habeas corpus
1
0
0
Solicitud de Revisión
459
575
613
TOTALES:
1.834
1.865
1.763



Como puede advertirse de los dos cuadros anteriores, en los últimos tres (3) años sus publicaciones han sido superiores a las causas ingresadas en el mismo período.

Tabla comparativa de publicaciones entre las diferentes Salas del Tribunal Supremo de Justicia:

Salas
A-2013
A-2014
A-2015
Sala Plena
86
80
116
Sala Constitucional
1.834
1.865
1.763
Sala Político Administrativa
1.511
1.752
1.484
Sala Electoral
191
232
261
Sala de Casación Civil
810
897
900
Sala de Casación Penal
524
475
812
Sala de Casación Social
1.479
2.258
1.312
(Fuente: Informe Anual del Tribunal Supremo de Justicia)

Como se observa del cuadro precedente, la Sala Constitucional ha liderado globalmente durante los tres (3) años anteriores la producción de sentencias en relación al resto de las Salas que integran este máximo Tribunal.

Por lo tanto, no es pertinente el incremento desmesurado e ilógico del número de magistrados (más del doble), sino también el aumento de gastos en materia de personal profesional calificado, de funcionarios administrativos y demás trabajadores, sin previsión presupuestaria; además de la necesaria y previa adecuación de áreas físicas, dentro del marco de una situación excepcional que ha conducido a un decreto de estado emergencia económica, el cual sigue vigente. De tal manera, que la justificación asomada en la Exposición de Motivos no está debidamente soportada ni económica ni racionalmente, no existiendo una estimación de la incidencia o impacto presupuestario debidamente sustentado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.

La impertinencia del incremento de los magistrados se hace aún más evidente cuando se advierte que las causas ingresadas y publicadas en los últimos tres (3) años ha sido inferior a los asuntos ingresados y resueltos entre los años 2000 y 2004, ambos inclusive, como se observa del cuadro que se transcribe a continuación, suministrado por la Secretaría de la Sala:

Causas Ingresadas y Decisiones publicadas de los años 2000 al 2004
Causas Ingresadas
Decisiones publicadas
Año-2000
3.315
1.621
Año-2001
2.916
2.749
Año-2002
3.254
3.352
Año-2003
3.294
3.746
Año-2004
3.360
3.257

           
Como puede observarse, de todos los cuadros contenidos en el presente cardinal de la motiva, el número de causas en la Sala ha disminuido en los últimos años, por lo cual es absolutamente injustificable la pretensión contenida en la ley sancionada sometida a análisis, de incrementar sus magistrados.

Además, esta Sala debe advertir que en su sentencia N° 269 de 21 de abril de 2016, que está referida a la demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad intentada por el ciudadano JUAN CARLOS CALDERA y otros contra la Reforma Parcial del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.014 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010; acordó “(…) que el informe sobre el impacto e incidencia presupuestaria y económica, o en todo caso, el informe de la Dirección de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional que debe acompañar a todo proyecto de ley, a que se refiere el numeral 3 del artículo 103 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, son requisitos esenciales y obligatorios sin los cuales no se puede discutir un proyecto de ley, y que los mismos, en previsión de los artículos 208, 311, 312, 313 y 314 de la Constitución, deben consultarse con carácter obligatorio por la Asamblea Nacional –a través de su Directiva- al Ejecutivo Nacional- por vía del Vicepresidente Ejecutivo- a los fines de determinar su viabilidad económica, aun los sancionados para la fecha de publicación del presente fallo, en aras de preservar los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal del régimen fiscal de la República, tomando en consideración las limitaciones financieras del país, el nivel prudente del tamaño de la economía y la condición de excepcionalidad económica decretada por el Ejecutivo Nacional (…)”.  Esta exigencia fue ratificada por la Sala en su fallo número 327 de fecha 28 de abril de 2016, para motivar la nulidad parcial de la Ley de Bono para Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados.

Finalmente, no se evidencia de los recaudos acompañados a la ley, las consultas contempladas en el artículo 101 eiusdem, con las exigencias allí contempladas. En resumen, la reforma propuesta debe ser razonable y congruente con el ordenamiento jurídico constitucional. A esos efectos, ninguna Sala debe ser “hipertrofiada” sin fundamento lógico y sin tomar en cuenta las condiciones humanas y materiales para su efectiva implementación. Así se declara.

  1. DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL TRÁMITE PROCEDIMENTAL PARA SUSTANCIAR LA SOLICITUD CONTENIDA EN EL TERCER APARTE DEL ARTÍCULO 214 DE LA CONSTITUCIÓN

En la ley bajo análisis se modifica el artículo 145 de la Ley para excluir de las causas no sujetas a sustanciación, la contemplada en el artículo 25 cardinal 15 eiusdem. Es decir, para establecer un trámite procedimental no previsto en el artículo 214 de la Constitución, cuando el Presidente de la República solicite a la Sala Constitucional su pronunciamiento sobre la presunta inconstitucionalidad de una ley sancionada o de alguna de sus disposiciones.

Esta modificación es abiertamente inconstitucional, pues agrega un procedimiento no previsto por el Constituyente de 1999 (ni tampoco por el de 1961 –artículo 173 constitucional, último aparte-), en un asunto de mero derecho.

En el proyecto de Reforma se crea, además, un nuevo artículo, con el número 146, que crea el procedimiento aludido en el ordinal anterior, a todas luces inconstitucional. Pero además, en la misma disposición –in fine-, condiciona el cumplimiento de una sentencia que declare la inconstitucionalidad parcial de la norma cuestionada, al voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados o diputadas presentes, con lo cual violenta el carácter vinculante de las decisiones de la Sala Constitucional contenido en los artículos 334 y 335 del texto fundamental.

Las disposiciones finales segunda y tercera de la Ley en estudio, en la medida en que las modificaciones propuestas a los artículos 8 y 145 y la creación del artículo 146 son inconstitucionales; deviene inexistente y sin ninguna aplicabilidad, al igual que el ordinal SEXTO, que alude a la aprobación y publicación de esta propuesta de reforma. Así se decide.

5.      DE LA DESVIACIÓN DE PODER

Finalmente, además de las violaciones constitucionales objetivas que la Sala ha analizado en las páginas anteriores; es preciso señalar que del texto de las normas propuestas debe advertirse con claridad un vicio, igualmente inconstitucional: la desviación de poder.

En tal sentido, el artículo 139 de la Carta Fundamental pauta que “el ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley” (subrayado de este fallo).

Dicho vicio originalmente se le atribuía con exclusividad a la Administración Pública (Poder Ejecutivo), quedando formulado en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (artículo 12), en los siguientes términos: “Aun cuando una disposición legal o reglamentaria deje alguna medida o providencia a juicio de la autoridad competente, dicha medida o providencia deberá mantener la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y cumplir los trámites, requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia” (subrayado de este fallo).

Es decir, que aun tratándose el acto de una manifestación de su competencia normativa, debe adecuarse a los fines previstos por el Constituyente o legislador, además de seguir el iter procedimental pautado para ello.

En la Constitución de 1999, este vicio está referido, como se indicó supra, en el artículo 139 y puede manifestarse en el accionar de cualquiera de los órganos del Poder Público. De tal manera, que hay desviación de poder cuando el funcionario u órgano “que tiene competencia para tomar una decisión en una situación de hecho concreta, efectivamente decide, pero no para cumplir los fines previstos en la norma, sino para otros distintos” (Emilio CALVO BACA. Ibídem; pág.272).

Es evidente que el objetivo de la Asamblea Nacional al incrementar el número de magistrados de la Sala Constitucional a quince (15) persigue no el “optimizar el funcionamiento de la Sala en el ejercicio de sus múltiples atribuciones (lo cual no tiene sustento en la realidad como se advierte de las estadísticas que demuestran el óptimo funcionamiento de la Sala Constitucional, así como su productividad), sino copar de nuevos integrantes esta instancia judicial para entorpecer la labor de la máxima instancia de protección de la Constitución, con fines claramente políticos.

Debe advertirse que el hecho de que el constituyente le haya asignado al alto cargo de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia el período más largo entre todos los funcionarios de designación o de elección (doce [12] años), así como los requerimientos y exigencias para su postulación y selección, evidencian su propósito de apartarlos de los eventuales cambios en la correlación de fuerzas políticas-partidistas en el seno de la Asamblea Nacional, cuyo período es de cinco (5) años. Es decir, que hay una objetiva voluntad constitucional de no someter la integración del máximo Tribunal del Estado, a los vaivenes y cambios de los poderes intrínsecamente políticos. En este sentido, la citada sentencia número 9/2016 estableció que los magistrados son los “(…) funcionarios que ostentan el período constitucional más amplio de todos: doce -12- años (art. 264 Constitucional) siguiendo la tradición constitucional en ese sentido; soportada en la necesidad y en el imperativo de no someter a este árbitro del Estado y de la sociedad, a los cambios en la correlación de fuerzas a lo interno del Parlamento: Ente esencialmente político; para no incidir negativamente en la independencia e imparcialidad de aquél y, sobre todo, en el mantenimiento del Estado Constitucional de Derecho (…)”.

Asimismo, la creación de un trámite procedimental para “sustanciar la solicitud de declaración de inconstitucionalidad presentada por el Presidente de la República (artículo 214 constitucional), no persigue subsanar una insuficiencia del Texto Fundamental ni de la vigente Ley Orgánica en caso de controversia entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional; sino introducir un trámite inconstitucional dentro de una modalidad de control previo que, por su naturaleza, es de mero derecho.

Dicho trámite no es solo “contra natura”, sino que persigue subliminalmente dificultar el pronunciamiento oportuno de la Sala para que transcurra el lapso perentorio que el Constituyente dispone, introduciendo el análisis de admisibilidad, una audiencia constitucional y hasta la posibilidad de “presentar pruebas, según el tema de controversia”.

No es necesario extenderse más sobre este punto, ya desarrollado en las páginas que anteceden. Por lo tanto, a manera de conclusión, debe insistirse en que las intenciones subyacentes al proyecto configuran una evidente desviación de poder, que añade otro vicio de inconstitucionalidad a los ya advertidos, vicio que ha sido ya señalado por esta Sala en sus sentencias números 259 del 31 de marzo de 2016 (caso: constitucionalidad de  Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 2.179 con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela) y  264 del 11 de abril de 2016 (caso: Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional); y así se declara.

En atención a la naturaleza de este pronunciamiento, esta Sala ordena la publicación íntegra del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, en cuyos sumarios deberá indicarse lo siguiente:

  Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sancionada por la Asamblea Nacional en sesión ordinaria del 7 de abril de 2016”.


V
DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

1)      INCONSTITUCIONAL la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sancionada por la Asamblea Nacional en su sesión ordinaria del 7 de abril de 2016. En consecuencia, se preserva la vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 del 1 de octubre de 2010.

2)   SE ORDENA la publicación íntegra del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, en cuyos sumarios deberá indicarse lo siguiente: “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sancionada por la Asamblea Nacional en sesión ordinaria del 7 de abril de 2016”.

 Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Remítase copia certificada del fallo al Presidente de la República y al Presidente de la Asamblea Nacional.


Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 05 días del mes de mayo dos mil dieciséis. Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
La Presidenta,






Gladys María Gutiérrez Alvarado


El Vicepresidente,




                                                         Arcadio Delgado Rosales
                                                                                   



Las Magistradas y los Magistrados
  




Carmen Zuleta de Merchán





Juan José Mendoza Jover
  


Calixto Ortega Ríos
           

  


Luis Fernando Damiani Bustillo




Lourdes Benicia Suárez Anderson 



































































































































































































El Secretario












José Leonardo Requena Cabello




Exp. N° 16-0396