domingo, 21 de mayo de 2017

Después de esta no hay otra oportunidad

¡Hasta cuándo!
Después de esta no hay otra oportunidad
@pabloaure
El hombre tiene que establecer un final para la guerra. Si no, ésta establecerá un fin para la humanidad”. John Fitzgerald Kennedy
Sin negociación no hay salida.-
La palabra diálogo nos trae malos recuerdos, porque cuando la dictadura está en apuros recurre a ella para oxigenarse. Por eso vamos a cambiarla por negociación. Necesario dialogar para negociar algo. Ese algo es la transición que causará el desalojo. Es necio pensar que sin mediar palabras la salida no será traumática. Los enemigos nunca pueden suspender las conversaciones, “aún ni con el sonar de los cañones, el diálogo se puede suspender” (Mao Tse- tung)
Lógico que cuando se está muy cerca de llegar al final de las guerras, los contrincantes tratan de demostrar su fortaleza. La oposición, desafiante y con coraje en las calles y, los órganos represores del régimen con sus huestes civiles o militares, encarcelando y acribillando sin piedad a los manifestantes. Eso es lo que estamos viendo. Si el régimen retrocede se sentirá derrotado, y si por el contrario es la oposición la que se calma, podemos asegurar y parafraseando a Simón Díaz con el Caballo viejo que luego de esta “no habrá otra oportunidad”. 
Siendo esto así, la inteligencia es la que debe imponerse. No es renunciar a la radicalidad sino recurrir a la racionalidad. Esta lucha no es de todo ganar o no ganar nada. Durante las guerras no hay ganadores, todos perdemos. Cuando me refiero a no renunciar a la radicalidad es a nuestras ideas las cuales debemos defender en todos los terrenos siempre y cuando logremos algo.
Hoy la inmensa mayoría de la institución militar está convencida que el país no puede continuar por el mismo rumbo. Con ellos cuenta la oposición para evitar mayor derramamiento de sangre. La Fuerza Armada Nacional no puede permitir que se siga asesinando a un pueblo que reclama libertad. No tengo la menor duda que ese es el sentir de un amplio porcentaje de los integrantes de la FAN, aunque estamos claros que existe un grupete de capitostes milicopoliticos que siguen apoyando la continuidad de la satrapía de Nicolás Maduro, porque saben muy bien que si cae el tirano el brazo de la justicia los alcanzará.  
El juego (o el fin de la guerra) parece estar trancado por el miedo de pocos (militares) o la soberbia de muchos en tratar de insistir en el todo o en la nada, con este tipo de apuestas a lo Emiliano Zapata debo confesarles que “ni habrá justicia para el pueblo y tampoco el gobierno tendrá paz” ¿Eso es lo que queremos? Debemos apostar a reencontrarnos como venezolanos y sabemos que jamás nos reencontraremos si seguimos bajo esta dictadura. Por eso, hay que enseñarle al enemigo cuál es la vía de escape, construirle un puente que le conduzca a la ruta para que se vaya. Que se entienda bien: es un puente para que se vaya.
Actores de la paz.-
Los acuerdos de paz deben ser conducidos por representantes con credibilidad para que luego no sean desconocidos; porque no todos los temas de discusión serán del escrutinio público. Revelar algunos asuntos que se otorguen como concesión para la transición pudiera perjudicar cualquier negociación. Con crudeza hay que decir que, en los acuerdos de paz, muchas veces se tienen que sacrificar justicias individuales para lograr una aproximación a la paz colectiva.  Es duro reconocerlo pero la historia nos ha enseñado que es así.
El asunto estará entonces en la escogencia de los negociadores por parte de la oposición para llegar al acuerdo. Recordemos que no estarían negociando la paz con un grupo de insurgentes, sino con un gobierno forajido. Esta no es la paz que se negoció en Colombia que fue el gobierno que le dio concesiones a la guerrilla, aquí es la oposición quien se las daría a un gobierno que se comporta como guerrilleros, para que depongan las armas y entreguen el poder.
¿Qué está pasando en las calles?
Una de las consignas que más hemos escuchado a lo largo de estas luchas contra el régimen comienza con la siguiente  pregunta: ¿Quiénes somos? En el 2007 la respuesta era: ¡estudiantes! Hoy, ha cambiado, ahora la gente al preguntarle ¿quiénes somos? inmediatamente contesta: ¡Venezuela!
Si bien es cierto que nuevamente siguen siendo los estudiantes que con valentía y repletos de dignidad a quienes vemos en las calles de nuestro país, también es verdad que están perfectamente acoplados con ciudadanos de distintas edades, razas, oficios y colores con los mismos propósitos, que no es el de llegar al poder, sino de transformar el país.
Una cosa es la inmensa mayoría de personas que vemos en las calles protestar y, otra muy distinta es el minúsculo sector que intenta mimetizarse con ella, pensando que en algún momento podrá sacarle provecho electoralmente. Ese grupo con esquemas mezquinos no piensa en el país, sino en escalar posiciones para convivir con la dictadura y no para desalojarla. Por tal razón, cuando hablemos de unidad es menester hacer la siguiente observación: la oposición que conforma el común de los ciudadanos –que son millones- está más unida que nunca, pero con tristeza tengo que decir que en ciertos personajes que se sienten acreedores de la vocería opositora no percibo la misma unidad que se siente en las calles. Repito: en las calles hay unidad de propósito: ¡reconstruir el país desalojando la dictadura! 
¿Qué queremos?
Volviendo a la consigna. La segunda pregunta que se grita en las marchas es ¿qué queremos? Antes los muchachos alzaban su voz y decían ¡estudiar! Ahora no es la misma respuesta, porque en lugar de estudiar, nos retumban los tímpanos con el sonido: ¡LIBERTAD! ¿Quiénes somos? Venezuela, ¿qué queremos? ¡Libertad! Eso lo hemos entendido muy bien, bajo los designios de este régimen no podrá haber lo que anhelamos, que no es algo distinto a la libertad con todo lo que ella conlleva. Oportunidades, tranquilidad, esperanzas, seguridad, y también poder elegir sin ataduras ni chantajes y, entre múltiples opciones, a los futuros gobernantes.
Ya estamos claros que en las dictaduras las circunstancias te limitan las escogencias y desde el cogollo (opositor) algunas veces manipulado por el tirano de turno, es seleccionado el contendor. El tirano recurre a sus esbirros para encarcelar o inhabilitar, y el cogollo recurre al chantaje de la unidad para que la oposición vote por el “ungido”. Por ese motivo -y muchos otros más- en dictadura las salidas electorales convencionales no son la solución. El dictador selecciona a su contendor.
La esperanza recae entonces en los ciudadanos, y son ellos quienes se han encargado de mantenerla viva. Por eso, es hora de ser cada día más exigente con los dirigentes, y más educados en política, para que nunca más nos vuelvan a meter gato por liebre.

Pablo Aure               

jueves, 18 de mayo de 2017

Solicitud antejuicio de méritos a Nicolás Maduro

Pablo Aure solicitó a la Fiscal General inicie 
antejuicio de mérito a Nicolás Maduro y Magistrados del TSJ

Caracas, 18 de mayo de 2017. Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo debidamente asistido por el abogado Héctor Pacheco, acudió a la sede principal del Ministerio Público para solicitar a Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, inicie el procedimiento de antejuicio de  mérito correspondientes a los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, al presidente Nicolás Maduro y a los Generales encargados del “Plan Zamora”.
  
“Luego de escuchar las  recientes declaraciones de Fiscal General donde asegura que con las sentencias de la Sala Constitucional ha ocurrido una ruptura del orden Constitucional, y que además, el Estado venezolano no puede exigir a los manifestantes una conducta apegada al derecho si es él quien viola el ordenamiento legal en primer lugar, he decidido, como ciudadano, abogado y Secretario de la UC, solicitarle a Luisa Ortega Díaz, como máxima representante del Ministerio Público, titular de la acción  penal, avance en el antejuicio de mérito a los altos funcionarios que en esencia han dado un golpe de Estado” aseguró Aure.
 
En este sentido, sobre el documento entregado precisó “en la petición  que acabo de hacer no se limita a los Magistrados de la Sala Constitucional, sino que también abarca a Nicolás  Maduro y a los Generales responsables de procesar a civiles ante tribunales militares, amparados en un llamado “Plan Zamora” del cual nadie conoce detalle, pero que a juzgar por los hechos incurre en delitos de lesa humanidad, de conformidad el artículo 7 ordina 1.E del Estatuto de Roma sobre la encarcelación o privación grave de la libertad, considerando que la Constitución Nacional en su art. 261 prohíbe juzgar a civiles en jurisdicción militar” agregó.
 
Por último, el Secretario UC recordó “nada más en Carabobo hay más de 180 civiles juzgados por tribunales militares, de los cuales muchos son estudiantes e incluso trabajadores de la Universidad, eso es inaceptable”


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Escrito presentado
Ciudadana
Dra. Luisa Ortega Díaz
Fiscal General de la República
Su Despacho.-
Yo, Pablo Aure Sánchez, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-5.208.546, Abogado, Secretario de la Universidad de Carabobo, domiciliado en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, y en este acto procediendo en ejercicio de mis derechos civiles, asistido por el ciudadano Héctor Darío Pacheco Peña, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-17.116.954, abogado en ejercicio, inscrito ante el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el No. 125.328, ante su competente autoridad acudo para exponer y solicitar:
El artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que son atribuciones del Ministerio Público:
1. Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República.
2. Garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso.
3. Ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores o las autoras y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración.
4. Ejercer en nombre del Estado la acción penal en los casos en que para intentarla o proseguirla no fuere necesaria instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en la ley.
5. Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones.
6. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.
Estas atribuciones no menoscaban el ejercicio de los derechos y acciones que corresponden a los o las particulares o a otros funcionarios o funcionarias de acuerdo con esta Constitución y la ley.
En ese mismo orden de ideas, el desarrollo normativo previsto en la Ley Orgánica del Ministerio Público, establece en su artículo 3°, el sometimiento pleno a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley y, los tratados de Derechos Humanos, suscritos y ratificados. 
El referido texto legal dispone en los artículos 6° y 8°, lo concerniente a la unidad de criterio y actuación y el órgano jerarquizado, en tal sentido, somete a su autoridad como Fiscal General de la República, todo lo necesario para el desarrollo de las distintas actividades que despliega el ejercicio mismo de la acción penal en cuanto a las competencias previstas en la Carta Magna como ampliamente está desarrollado en la Ley Orgánica del Ministerio Público en su artículo 16.
En tal sentido, y como es del conocimiento público y notorio la grave crisis que vive la Nación, aunado a las declaraciones que usted pronunciara el 31 de marzo del año en curso, en ocasión del balance de gestión del Ministerio Público, en las cuales manifestó su rechazo a las sentencias Nº 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ, y las calificó de representar varias violaciones del orden legal y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución, lo que a su juicio constituye  una ruptura del orden Constitucional”, y asimismo  en concordancia con sus declaraciones ofrecidas a la agencia EFE, el día 3 de mayo de 2017, en las que igualmente mostró su rechazo a las pretensiones del Ejecutivo Nacional de cambiar la actual Constitución, a través de una Asamblea Nacional Constituyente “comunal”, por ser la actual Carta Magna de acuerdo a su criterio “inmejorable”, además de recalcar la ilegalidad de la conducta del Presidente de la República, al decir “…no podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están apegadas a la ley”.
En consecuencia y en atención a esto, solicito ante su competente autoridad y con la debida formalidad  inicie ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fiel cumplimiento con el artículo 377 del Código Orgánico Procesal Penal, que le otorga la facultad de ejercer querellas contra altos funcionarios y de acuerdo a lo establecido el artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el antejuicio de mérito en contra de los magistrados de la Sala Constitucional por las sentencias previamente aludidas, así como en contra del Presidente Nicolás Maduro, por la alteración del orden constitucional lo que significa la ruptura del hilo constitucional, es decir por haber dado un “golpe de Estado”, que si bien es un término político, dentro del Derecho positivo vigente se entiende como Rebelión, previsto en el ordinal 2° del artículo 143 del Código Penal, el cual establece:
Serán castigados con presidio de doce a veinticuatro años:
2. Los que, sin el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado la nación, conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
De igual forma, dispone la Ley Orgánica contra la Corrupción en su artículo 89 en atención a la conducta típica desplegada por los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
La funcionaria o funcionario público que por retardar u omitir algún acto de sus funciones, o que por efectuar alguno que sea contrario al deber mismo que ellas impongan, reciba o se haga prometer dinero u otra utilidad, bien por si mismo o mediante otra persona, para sí o para otro, será penado con prisión de tres (3) años a siete (7) años y multa de hasta el cien por ciento (100%) del beneficio recibido o prometido. La prisión será de cuatro (4) años a ocho (8) años y la multa de hasta el cien por ciento (100%) del beneficio recibido o prometido, si la conducta ha tenido por efecto:
1. Conferir empleos públicos, subsidios, pensiones u honores, o hacer que se convenga en contratos relacionados con la administración a la que pertenezca la funcionaria o el funcionario.
2. Favorecer o causar algún perjuicio o daño a alguna de las partes en procedimiento administrativo o juicio penal, civil o de cualquier otra naturaleza.
Si la o el responsable de la conducta fuere una jueza o juez, y de ello, resultare una sentencia condenatoria restrictiva de la libertad, la pena de prisión será de cinco (5) años a diez (10) años.
Con la misma pena en cada caso, será castigada la persona interpuesta de la que se hubiere valido la funcionaria o funcionario público para recibir o hacerse prometer el dinero u otra utilidad, y la persona que diere o prometiere el dinero u otra utilidad indicados en este artículo.
Del mismo modo y siendo de su exclusiva competencia querellarse en contra de altos funcionarios incluidos los Generales encargados de ejecutar el “Plan Zamora” que contraviene en toda su dimensión el debido proceso,  al establecerse el secuestro de la jurisdicción penal ordinaria y entregándosele a la penal especial militar, esto es juzgar en jurisdicción militar a civiles detenidos en protestas pacíficas, e incluso ciudadanos que han cometido el delito de saqueo, el cual, siendo este último, un delito común que debe ser exclusivamente juzgado por tribunales ordinarios, tal como lo señala el artículo 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
Artículo 261. La jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial, y sus jueces o juezas serán seleccionados o seleccionadas por concurso. Su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar.
La ley regulará lo relativo a las jurisdicciones especiales y a la competencia, organización y funcionamiento de los tribunales en cuanto no esté previsto en esta Constitución.

En tal sentido, es necesario también recordar lo establecido en el Estatuto de Roma en su artículo 7, ordinal 1.E, señalando como delito de lesa humanidad la “Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”, en las cuales está expresamente prohibido juzgar a civiles en tribunales militares.
Es importante destacar, que con la vigencia de la Constitución y en el aspecto vigente el Código Orgánico de Justicia Militar que se está aplicando a diversos civiles, constituye una palmaria violación a la consideración del orden público, advirtiendo que la implementación del “Plan Zamora” para la persecución de delitos que no son de naturaleza militar, es inconstitucional y violatorio de los tratados internacionales suscritos válidamente por la República Bolivariana  de Venezuela, por cuanto el bien jurídico tutelado no está en el fuero militar, sino el orden público, cuyas circunstancias objetivas no han sido vulneradas para el efecto represivo que han dispuesto los ciudadanos Generales a cargo de la operación del respectivo plan, cuya actividad fue en menoscabo de los principios constitucionales y legales referentes al debido proceso, la jurisdicción ordinaria y el juez natural. Aunado que en su condición de Fiscal General de la República tiene bajo su potestad a la Fiscal General Militar y al Ministerio Público Militar, siendo este un órgano subordinado a su autoridad, no pudiendo desviar los lineamientos que Usted prudentemente dicte, sometidos a la Constitución y a las Leyes.  
En consecuencia y a tenor de lo narrado, solicito ante su máxima representación fiscal, intente las acciones jurídicas correspondientes contra los funcionarios que para cuyo juzgamiento sea menester el antejuicio de méritos y del mismo modo se le devuelva a la jurisdicción penal ordinaria el conocimiento de las causas arrebatadas por el denominado “Plan Zamora”. Con ello estaría cumpliendo con lo que le ordena la Constitución, en su artículo 285, numeral: 1. Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República.
Está en sus competencias como garante de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a la titularidad de la acción penal y sobre todo como integrante del Poder Ciudadano, debiendo velar por el apego y sometimiento pleno en cuanto a la determinación de las responsabilidades de los funcionarios públicos, permitir esto, es violar la Constitución y omitir el compromiso y razón dado el cargo que ostenta en la primacía de los Derechos Humanos, aunado a que dispone dentro de su orden, la vigilancia de los funcionarios sometidos a su autoridad y en ese mismo orden de ideas, conforme a lo previsto en los numerales 8, 10 y 12 del artículo 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público en lo atinente a:
8. Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal y administrativa en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, así como la penal y civil de los o las particulares.
10. Ejercer los recursos y acciones contra los actos dictados por el Poder Público, viciados de inconstitucionalidad o ilegalidad, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la República.
12. Investigar y ejercer ante los tribunales competentes, las acciones a que hubiere lugar con ocasión de la violación de las garantías constitucionales y derechos humanos, por parte de funcionarios públicos o funcionarias públicas o particulares.

Es Justicia que espero en la ciudad de Caracas, en la fecha de su presentación.-


__________________________
Abog. Pablo Aure Sánchez
V-5.208.546


____________________________
Abog. Héctor D. Pacheco P.
IPSA 125.328

domingo, 14 de mayo de 2017

Bullying a los corruptos

¡Hasta cuándo!
Bullying a los corruptos
@pabloaure
Mientras la ira del régimen no se hace esperar contra los que a diario salen a manifestar su descontento acá en el país, los venezolanos que están en el exterior han decidido perseguir a los enchufados y a sus hijos para cantarle en su cara que se mantienen fuera de nuestras fronteras con dinero producto de la corrupción. Es difícil tratar de desarrollar este tema, pues jamás podemos justificar reacciones violentas contra nadie, ni fomentar el odio,  pero resulta casi imposible no sentir impotencia cuando vemos que alguien disfruta de un bien que nos han robado.
¿Hay delito?
Cacerolear o rechiflar a alguien en cualquier parte del mundo civilizado no debe ser considerado delito, siempre y cuando esas acciones no vayan más allá que consignas y recriminaciones por determinados hechos, esto es, no pasar al roce físico. Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular escribió un tuit que prendió la polémica en las redes, en el cual señaló que no es correcto acosar a los hijos de funcionarios” Muchos los criticaron pero otros tantos lo defendieron argumentando que los hijos no pueden cargar con las culpas de sus padres. Lo cual es correcto. A un hijo no le pueden juzgar por los hechos de sus padres. El asunto se complica, cuando el hijo es mayorcito y conoce muy bien de dónde pudo haber salido el dinero con el que su padre le da los gustos en el exterior.
¿Cómo decirle a un venezolano que no proteste contra fulano o mengano porque él no tiene la culpa de que su padre sea un ladrón y, más si ese venezolano que participa en esas protestas se ha tenido que ir de su país a pasar trabajo en tierras lejanas porque, o está perseguido o, busca mejores oportunidades debido a que el papá de ese muchacho al cual ahora persiguen para hacerle bullying” ayudó a destruir la nación metiéndole la mano al erario público para comprar mansiones en el exterior y mandar a sus hijos a estudiar en las mejores universidades del mundo?
No es fácil permanecer callado ante hechos evidentes. Que se entienda bien, ese muchacho que cuando lo ven en el exterior lo pitan y le dicen lo que de la indignación le salga al que lo increpa, es de la misma edad que los miles de jóvenes que vemos a diario tragar gas lacrimógeno, recibir palizas de la policía, de colectivos y de la Guardia Nacional, que le han ocasionado cicatrices o lesiones incurables y en muchos casos han encontrado la muerte luchando por un país mejor; es decir no es un muchachito inocentico. Él disfruta fuera de Venezuela del producto de lo robado por su padre, mientras que el de acá, lucha por un ideal de perseguir un mejor país, ese que el padre del acosado” ha destruido. Siendo esto así, hay que estar de acuerdo en aquella máxima que nos han enseñado que los hijos no deben soportar las cargas de las malas acciones de sus padres, pues entonces, que no soporten ninguna carga, esas maletas llenas de dólares las deberían devolver para poder comenzar a hablar de perdón. El ladrón que se confiesa de haber robado, si no devuelve lo robado sigue estando en pecado.
El contraste
Cuando me dicen que fulanita de tal, hija del galáctico está estudiando en Francia y vive en un apartamento costosísimo no puedo dejar de pensar en el trabajo que pasan nuestros estudiantes, que si no es por el comedor universitario muchas veces no pueden comer. Cuando averiguo lo que cuesta un pasaje para Australia y lo costoso de la vida allá como no imaginarse las miserables becas que reciben nuestros estudiantes que tampoco tienen como ir de su casa a la universidad ni de la universidad a su casa si no tuviéramos el transporte universitario que cada vez está más destartalado.
Comprendo y comparto eso de que no debemos acosar a los hijos de los funcionarios, pero ¡por Dios! tampoco es normal verlos sin hacer nada cuando nos estrujan en la cara lo que sus padres se han robado y ahora lo disfrutan ellos. Acaso podemos creer que están engañados imaginando que esa fortuna fue producto de una pensión de teniente coronel, o del sueldo que al cambio recibe el papá, que en circunstancias normales no supera los cincuenta (50) dólares mensuales.  
¿Ese joven o esa joven descendiente de enchufado,  desconoce el hambre que están pasando sus compatriotas venezolanos? ¿Sabrá esa gente que en el país hay muchísimas personas que se acuestan sin comer, o que se mueren por no tener como comprar un medicamento, o que en las universidades los laboratorios no tienen reactivos para poder hacer las investigaciones, y en fin que estamos en ruinas mientras ellos se dan la gran vida, o que aquí en Venezuela nos matan y meten preso cuando nos atrevemos a protestar? Es difícil quedarse como si nada,  pienso que hay que recordarle a estas personas que viven a cuerpo de rey a costa del hambre y la miseria en la que se encuentra Venezuela, que lo que se robaron tienen que devolverlo, quizá con eso recuperaríamos todos los hospitales, surtiríamos todos los supermercados de alimentos, dotaríamos y renovaríamos la flota de autobuses de nuestras universidades, le pudiéramos dar una pensión digna a los viejitos, inclusive, hasta los cuerpos de seguridad civiles y militares tuvieran mejores comedores, se mejoraría el sistema eléctrico, carreteras, en fin, con esos miles de millones de dólares que se han llevado, muchísimas cosas materiales se recuperarían en el país.  Faltaría lo más importante,  la recomposición social, la siembra de valores, reparar el peor daño que nos han causado y esto calro que pasa por denunciar lo que es ética y penalmente incorrecto.
Pienso que las puertas de la reconciliación tenemos que abrirlas, para eso es necesario la   justicia y el perdón, pero siempre es imperioso que exista el propósito de enmienda, para así poder aspirar a la reconciliación nacional.
Doble moral
Por último, y para seguir con el tema del boicot, eso no solo se debe limitar a los que están en el exterior sino a los que aquí mismito hacen negocios con el régimen y forman sus jolgorios y conspicuos representante de la oposición aparecen disfrutando del dinero que ellos saben es producto de la corrupción. Se pasean en yates, aviones o en carros lujosos de quienes están en desfalcando a Venezuela pero dicen ser de “oposición”, o sea, criticamos lo que convalidamos con esa permisividad. Debemos ser coherentes.
Ahora sí, para finalizar, ¿cómo es eso que nos limitamos solo a protestar y rechiflar a los hijos de los enchufados pero no les decimos nada a los representantes de esos países que les abren las puertas para que gasten lo que se han robado aquí en Venezuela? Me consta que muchos muchachos, con aquilatados principios y valores y, muy bien formados académicamente, han querido irse, por ejemplo, a Estados Unidos para buscar oportunidades en ese país, pero le han negado la visa porque no pueden justificar su manutención, sin embargo le abren los brazos a los que ellos saben han devastado a Venezuela. Doble moral. Difícil lo que vivimos y hoy más que nunca debemos comprender que de esto saldremos los venezolanos, no contemos con más nadie, cada país apuesta a sus intereses particulares y no al de los pueblos sufridos.
Señores: a seguir tendiendo puentes con los militares antes que terminen de destruir lo poco que queda de institucionalidad en algunos componentes de la FAN. No para que den un golpe de Estado sino para que no sigan prestándose para la destrucción de nuestra amada Venezuela.

Pablo Aure               

martes, 9 de mayo de 2017

Comunicado del Secretario UC ¡Viva la academia, viva la vida, viva la libertad!

¡Viva la academia, viva la vida, viva la libertad!
El Secretario de la Universidad de Carabobo a la comunidad
Desde el día cinco (5) de abril, cuando los espacios del alma Mater fueron  allanados y pisoteados por la bota militar,  nuestra centenaria Casa de estudios ha estado bajo un clima de tensión. Recordemos que decenas de efectivos de la Guardia Nacional penetraron a la facultad de Ingeniería y FACYT accionando sus armas de fuego y lanzando bombas lacrimógenas en contra de estudiantes, empleados, obreros, profesores, y a quienes se encontraban en ese momento.  A más de un mes de esa felonía militar muchos de nuestros estudiantes victimas de esa tropelía de efectivos militares, están recibiendo tratamientos médicos, uno de ellos, a quien le dispararon a quema ropa en el tobillo desgraciadamente quedará con su función motora disminuida ya que esa acción criminal le produjo la perdida de la movilidad de un pie. A esta fecha, desconocemos la medida disciplinaria impuesta al efectivo militar que le disparó, ni conocemos la de aquellos que estuvieron involucrados en esa arremetida brutal a la UC. Tampoco hemos tenido conocimiento de las resultas de la denuncia formal que nuestra rectora magnifica, como representante de la Universidad de Carabobo y presidente del Consejo Universitario, consignó  ante la Fiscalía Superior  del Ministerio Público.
Luego de esa fecha, cinco (5) de abril, que marca un antes y un después dentro de la historia de nuestra centenaria Universidad de Carabobo, aquí en el estado Carabobo, y en el país en general, se han producido una serie de manifestaciones de protestas, al punto de que el grado de convulsión ha traspasado nuestras fronteras y se han realizado reuniones de la Organización de los Estados Americanos donde se ha planteado la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. La Fiscal General de la República también se ha pronunciado ante decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que han anulado las competencias del Poder Legislativo, lo que se traduce en un golpe de Estado. Esas protestas han ocasionado cuatro decenas de muertes y centenares de heridos, a lo cual debemos sumarle el millar de detenidos, y desde la semana pasada, la actuación inconstitucional de la jurisdicción militar para procesar y decidir sobre la libertad o encarcelamiento de aquellos ciudadanos que se han detenido en manifestaciones o en cualquier otro evento considerado por efectivos del régimen como actividades delictuosas.
Carabobo ha sido uno de los estados más afectados por la represión gubernamental, donde a manera de experimento se viene aplicando el Plan Zamora, que irrumpe en contra de todos los logros del derecho penal moderno, que debe regir en los países democráticos y civilistas. Ese denominado Plan Zamora supervisado y ejecutado por las fuerzas armadas asume el control pleno de la jurisdicción penal, arrebatándole a los ciudadanos el debido proceso en toda su concepción, por citar un ejemplo la garantía del juez natural que significa, que en ningún caso un civil podrá ser juzgado por un juez militar.
A la opinión UCISTA, en particular, y a la opinión pública en general, advertimos que todos los procesos penales que vienen desarrollándose amparados en el denominado Plan Zamora, son nulos de toda nulidad, y los ejecutores de su aplicación serán responsables penalmente ya que así lo dispone el Estatuto de Roma que le dio vigencia a la Corte Penal Internacional, donde se prescribe como delito de lesa humanidad los encarcelamientos violando normas fundamentales (artículo 7.e del Estatuto). 
Las protestas se han multiplicado luego del uno (1) de mayo, fecha en la cual el presidente Nicolás Maduro pretendió mediante decreto, a todas luces inconstitucional hacer un llamado a un proceso Constituyente.  Esas protestas han originado también la multiplicación de las detenciones.
En tal sentido, siendo la Universidad venezolana fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre, como secretario de la institución no puedo permanecer callado ante tal situación, nuestro Consejo Universitario se ha pronunciado en diversos comunicados que advierten lo que está sucediendo. Hoy siento la responsabilidad de pronunciarme como una de las cuatro autoridades para no desmayar en la tarea de afianzar nuestros valores fundamentales como lo establece el artículo uno (1) de la Ley de Universidades, esto es, que tenemos la suprema responsabilidad de trascender más allá de cualquier inquietud individual y buscar el bienestar colectivo, el cual conquistaremos con el concurso de toda la comunidad UCISTA  junto a la comunidad extra universitaria. Nuestros espacios deben estar abiertos para el debate y para  la acción enmarcada en el espíritu democrático y apegada al respeto a la pluralidad.
Hoy más que nunca debemos escuchar a los estudiantes, la Universidad de Carabobo no es ajena a la realidad que padecemos todos los venezolanos. Hemos sufrido las inclemencias de un régimen que no cree en la superación del ciudadano sino en su sumisión. He allí la prioridad que el régimen le ha dado al equipamiento militar antes que al equipamiento de nuestras Universidades.
Finalmente, el  despacho a mi cargo, acompaña la decisión de la rectora magnifica Dra. Jessy Divo de Romero en el que hace un llamado a los universitarios para que vean en su Universidad la verdadera “escuela de la responsabilidad” donde los salones y los pasillos, así como lo ha sido la calle (que no debemos abandonar) sus sitios de discusión, para encontrar el camino de la libertad y el restablecimiento de la institucionalidad nacional.
Que la Universidad siempre esté abierta,  pero entendiendo el momento que vivimos, no deben ser sometidos a evaluaciones los estudiantes ni considerar como “materia vista” algunos puntos que puedan impartirse, tampoco el resto del personal deberá ser sometido a un control de asistencia, ya que sus luchas deben darse del lado de las comunidades que claman por justicia, libertad, democracia, salud, prosperidad, reconciliación y reconstrucción del país.
Hoy está más vigente que nunca la famosa cita que pronunciara Miguel De Unamuno en el paraninfo de la Universidad de Salamanca cuando un general dijo _“Mueran los intelectuales. Viva la muerte” A lo que el ex rector magnífico le contestó: “Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha, razón y derecho”  
En Valencia a los nueve (9) días del mes de mayo de 2017

Prof. Pablo Aure

Secretario de la Universidad de Carabobo

domingo, 7 de mayo de 2017

Tribunales de guerra

Hasta cuándo!             
Tribunales de guerra
@pabloaure
Esto no podía tener un final distinto al que estamos viviendo. El régimen que ha venido destruyendo la institucionalidad del país tenía que recurrir al macabro “Plan Zamora” como soporte dictatorial y de esa manera alargar la agonía de la permanencia de Nicolás Maduro en Miraflores.
Los “maduristas” le han declarado la guerra a los que se oponen a sus intenciones y despropósitos gubernamentales.
En la guerra hay enemigos y aliados, no adversarios. En las guerras se somete o se extermina al enemigo. Los enemigos atacan a sus objetivos para destruirlos o debilitar posibilidades de avance. Es por esa razón que los asesores de Nicolás Maduro recurrieron al “Plan Zamora” para despejar obstáculos en sus ataques. En efecto, ese “Plan” salta a la torera principios y garantías establecidas tanto en la Constitución Nacional como en pactos y tratados internacionales suscritos por Venezuela, que protegen los Derechos Humanos. Uno de esos derechos es el debido proceso, que es menester seguirse en el enjuiciamiento de los sindicados  de haber cometido un hecho punible. En el caso concreto de los acontecimientos recientes, es que con el Plan Zamora desaparece el “juez natural”, para darle paso a la jurisdicción penal especial militar, donde se juzga a todo aquel que resulte  señalado por el régimen. Desde luego, es inoficioso discutir las causas de detención si de lo que hablaremos es del “Juez Natural”.
Señalan las leyes y la jurisprudencia que un civil en ningún caso podrá ser juzgado en jurisdicción militar. Sin embargo, eso no es lo que hemos visto con las últimas detenciones, pues, acá en Carabobo han detenido a centenares de civiles y puestos a la orden de la jurisdicción militar, aplicándoles, no el Código Penal, sino el Código Orgánico de Justicia Militar, que inclusive, no solo es inaplicable por lo del “Juez natural”, sino por las penas que en él se establecen. Por ejemplo, me comentan abogados que han asistido a personas que supuestamente participaron en saqueos, que han sido imputados con el artículo 481, que tipifica el delito de la instigación a la rebelión, con pena de 5 a 10 años de prisión; y la “expulsión de las Fuerzas Armadas a los oficiales y clases; y prisión de 4 a 8 años a los individuos de tropas o marinería”. La pregunta que le tenemos que hacer al juez y al fiscal militar que inconstitucionalmente están procesando a los “saqueadores” es ¿Expliquen cómo expulsar de la Fuerza Armada a alguien que no pertenece a ella? 
La patraña de imponer la jurisdicción militar.-
Un fiscal que es militar y un juez que también es militar son de menor jerarquía del que imparte la orden de detención, y en esta descomposición de la institución, y basados en el principio de la disciplina, subordinación y obediencia que los rige, poco probable que desacaten una orden. Cualquier lego en la materia penal sabe por el sentido lógico que en esas circunstancias no puede haber justicia, ya que en manos de un militar obediente a sus superiores jerárquicos, reposará la responsabilidad de acusar y decidir sobre la libertad de un civil. Señores, esta situación es a todas luces aberrante, por la grosera transgresión de los derechos humanos de los detenidos. Entiéndase bien: no hablo ni siquiera de inocencia o culpabilidad de los detenidos (eso es otra discusión). A lo que me refiero es a la flagrante violación de una conquista de la civilidad contra regímenes de talante dictatorial que recurren a los militares para atemorizar y ejecutar sus felonías.
La inequívoca explicación a esta ignominiosa práctica, no puede ser una distinta que la respuesta del régimen a las recientes actuaciones, o mejor dicho, declaraciones de la Fiscalía General de la República, en las que se observa un cambio de rumbo a lo que había sido su postura. Recordemos: se pronunció en torno a sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, calificándolas de una ruptura del orden constitucional, y también se refirió a su disconformidad con la Constituyente planteada por Maduro.  
Ya Nicolás Maduro no cuenta con el Ministerio Público para imputar y acusar a los que él considere sus enemigos. Por eso, mediante ese decreto dictatorial se le despoja fraudulentamente del monopolio de la acción penal a la fiscalía del ministerio público para entregársela a los que por ahora son sus aliados. Es decir, a un grupete de militares que se encargarán de impartir órdenes en la jurisdicción penal militar. He allí el motivo para apelar a esa monstruosidad judicial establecida en el Plan Zamora.
Esos juicios amañados podrán darle un poquito de respiro y margen de negociaciones al régimen que agoniza, pero no lo salvará de su caída.                      
Ante juicio de méritos.-
Arriba señalé que la Fiscal General de la República se ha limitado a declarar sobre alteración del orden constitucional. Es decir, de la perpetración de un golpe de estado. Pero en ningún momento ha ejercido las acciones correspondientes contra los ejecutores de ese hecho punible que lesiona las instituciones republicanas.
El Código Orgánico Procesal Penal, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y jurisprudencias del TSJ, han señalado que la exclusividad de la acción penal para iniciar el procesamiento de los altos funcionarios es de la Fiscalía General de la República, quien de manera excluyente es quien puede incoar un antejuicio de méritos contra aquellas personas que gozan de esa prerrogativa para ser juzgados. Entre ellos: el Presidente de la República, Ministros y los propios Magistrados del TSJ, entre otros. La fiscal general doctora Luisa Ortega Díaz, además de declarar, está obligada a proceder judicialmente como garante del cumplimiento de la Constitución y las leyes.
El cinismo del Plan Zamora.-
Si es cierto que la mayoría de los detenidos a raíz de la implementación del Plan son personas que han estado involucrados en saqueos, no es menos cierto que también han detenido a algunos manifestantes que pacíficamente ejercían su legítimo derecho de protestar. Insisto juzgar a ambos sectores de detenidos en jurisdicción militar es una aberración, porque viola el principio del juez natural. Ahora bien, haberle dado el nombre de Zamora a un plan que persigue a los saqueadores, no es más que una desvergüenza de sus ideólogos, ya que Ezequiel Zamora fue uno de los principales saqueadores de la Nación, que despojaba y destruía fincas y comercios de aquellos venezolanos que no apoyaban su causa.
Lástima que muchos militares no leen la historia de Venezuela y se han dejado castrar el cerebro por arengas desnaturalizadas. Pero también es una lástima que no lean lo que establecen las normas penales plasmadas en múltiples instrumentos jurídicos que preceptúan la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Les recomiendo leer el Estatuto de Roma, o sin ir tan lejos, la Constitución, para que entiendan que serán responsables de sus actos y no los salvará la excusa de haber actuado siguiendo órdenes superiores. Están a tiempo de recapacitar, porque, no tengan dudas de que estamos en los estertores del régimen. Es oportuno recordar la historia de otros dictadores; insisto tiendan puentes para “negociar” la salida de Maduro y la entrada a la transición. Que quede claro no es dar un golpe, de lo que se trata en todo caso es de la restitución del hilo constitucional que se ha alterado de acuerdo a lo señalado por la Fiscal General de la República. Pueden leer también el artículo 333 de la CRBV.
Pablo Aure

domingo, 30 de abril de 2017

Un llamado de alerta a la FAN

¡Hasta cuándo!
Un llamado de alerta a la FAN
@pabloaure
Señores, lo que escribo no es que lo veo venir, sino lo que ya está pasando. He allí mi llamado desesperado a la Fuerza Armada Nacional, que no es para que den un golpe de Estado, sino para que reestablezcan el hilo constitucional. Que no permitan que un mismo pueblo se mate entre sí por un capricho dictatorial. Ellos -la FAN- no deben obedecer órdenes contrarias a los derechos humanos. Sabemos que en la Guardia Nacional se alcahuetean las directrices tiránicas al ser cómplices de los sicarios (mal llamados colectivos). Hay fotos, grabaciones y testimoniales que revelan la convivencia entre jefes de la GN y colectivos (sicarios). Todos en la FAN, indistintamente al componente que pertenezcan, deben estar claros de que por acción o por omisión, el brazo de la justicia les alcanzará, porque ningún gobierno es a perpetuidad. Algunos escaparán momentáneamente, pero a otros los apresarán inmediatamente. Los que han acatado las órdenes serán los primeros presos, mientras quienes han sido sus autores intelectuales quizá se fuguen con los dólares que han robado. Pero en cuestión de tiempo los sentarán en el banquillo de los acusados, si se salvan de alguna turba enloquecida buscando venganza en lugar de justicia. Nuevamente, he allí mi preocupación. La FAN puede evitar males mayores. Tanto los asesinatos por encargo, como las reacciones enloquecidas por arrebatos de intenso dolor en los que pueda estar incursos ciudadanos que han perdido a un familiar por mandatos dictatoriales.
Que no se equivoquen los voceros.-
La gente está molesta e inquieta, y lo que es más peligroso: está dispuesta a todo. Algunos se molestan por las “guarimbas” cuando son cerca de sus casas o cuando tienen que salir para alguna parte. Mientras no tengan que utilizar las vías que suelen trancarse, dicen “la cosa está fea en tal sitio”,  pero fea no para los que quieren salir del régimen, sino para quienes tienen que destrancar las autopistas, o controlar a los manifestantes, cuya naturaleza no es la misma que la de los sicarios que emplea el régimen en la represión. Recordemos las muertes de los manifestantes y de otros que no manifiestan pero una bala perdida disparada por los mercenarios “colectivos” los alcanza. Hay funcionarios policiales y militares que ahora no se conforman con lanzar “gas del bueno”, sino que previamente apuntan la bomba al cuerpo de algún joven involucrado o no en las protestas, produciéndose desenlaces fatales. Que lo tengan claro, esas muertes y heridas no quedarán impunes, y los más bolsas (el que accionó el arma) serán los que pagarán en las primeras de cambio esos crímenes, luego, cuando se extraditen, se juzgarán a los que dieron la orden. Júrenlo que eso va a ocurrir.
Mi preocupación actual.-
Cuando digo que hay personas que están dispuestas a todo, o a muchas cosas, es porque lo siento así. Presumo que el desespero puede desencadenar en una tragedia de magnitudes inimaginables. En Caracas ocurrió aunque con poca divulgación. Enfrentamientos entre sicarios (colectivos) y representantes espontáneos de un pueblo hambriento (ambos armados) decenas de muertos que dijeron se electrocutaron, aunque otra versión afirma que fueron ejecutados. Eso es una realidad, aquí en Venezuela cualquiera tiene un arma. Miles de veces escuchamos hablar de planes de desarme y nunca se cumplieron. La violencia irracional o anarquizada puede desencadenar en algo terrible. Desgraciadamente pagarán justos por pecadores. Hermanos contra hermanos. Unos defendiendo una ideología, que no es otra cosa que el mantenimiento en el poder de personas detestadas por los ciudadanos, y otros defendiendo su legítimo derecho a protestar, o simplemente algo más elemental: buscando alimentos o medicamentos.
La calle no se enfriará.
A los que piensan que la MUD puede estar cocinando un pacto para enfriar las calles y oxigenar a Maduro, solo me queda decirles, que no se preocupen, porque los ciudadanos comprometidos con los cambios rebasaron cualquier decisión de los que han pretendido ser sus voceros. El pueblo decidió sacar al régimen y también a sus colaboradores, sean del PSUV o estén mimetizados dentro de la MUD. Por lo pronto, a seguir participando en las marchas que convoque la MUD o por el contrario, las pretenda obstaculizar, como ha sucedido con las dos últimas marchas de Valencia, convocadas tanto por la Universidad de Carabobo -que llegó hasta el Fuerte Paramacay- o la que convocó el movimiento Compromiso Ciudadano, Vente Venezuela, algunos sectores estudiantiles, y GANA denominada “Marcha de las mujeres aguerridas”. Con esas dos marchas se demostró que el poder de la convocatoria no es exclusivo de alguna determinada organización sino de los ciudadanos.
También quiero aprovechar este espacio para recordar que las marchas no son la única forma de protestar, debemos retomar la experiencia positiva del plantón y multiplicarla, es más seguro y además permite que los manifestantes se conozcan entre si y se cree una resistencia más organizada.  Es contagioso el entusiasmo juvenil, les confieso mi admiración por la fe  y la esperanza que transmiten personas de la tercera edad que se han lanzado a las calles. Dicen los que otros discretamente comentan: “esto no sale con elecciones”. Estoy convencido, al igual que ellos, de que el tema electoral en este momento debe ser apartado de las agendas de protestas. Cuando se introduce ese asunto de las elecciones comienzan las sospechas hacia quienes creen hablar en nombre de la oposición. Lo he dicho muchas veces, pero quiero que les quede claro: la gente no marcha pidiendo elecciones, sino cambio de régimen. Ustedes se preguntarán: ¿cómo puede ser eso posible sin que existan elecciones? También lo hemos conversado: no necesariamente el sufragio es un mecanismo constitucional. Es el ideal en democracia, pero en dictadura es una falacia.
Remar hacia el mismo horizonte
La idea es unificar criterios, que la MUD y todas las organizaciones ciudadanas tengan coincidencia en los propósitos de lucha. Este debe ser contra la tiranía y no del apoyo a tal o cual candidato a gobernador o alcalde. Repito esta batalla no es para tenderle alfombras al régimen y cohabitar con él acordando unas elecciones regionales inoficiosas. Un gobernador o un alcalde opositor, tendrá el mismo final que los actuales: de manos atadas. Porque no existe la descentralización, los estrangulan presupuestariamente y los amenazan con la inhabilitación o la cárcel. De esa cabuya tenemos un rollo; alcaldes sumisos a gobernadores rojos rojitos.   
Que cada quien marche con su consigna preferida. La mía es, ABAJO LA DICTADURA.
Nota final.-
Secuestros exprés en las guarimbas.
Hay Policías y Guardias Nacionales que imposible no estén en connivencia con sus jefes que han visto en las “guarimbas” una importante fuente de ingresos económicos. Secuestran (esa es la palabra) a los manifestantes o curiosos, para extorsionarlos, los ruletean, les siembran artefactos explosivos, cauchos, bombas molotov y le dan discursos de psicoterror hasta que el muchacho -o no tan muchacho- detenido (secuestrado) ofrece una cantidad de dinero (les cobran en dólares tal cual lo que son: ladrones) y les dan la libertad. Cuentos como esos he escuchado muchísimos.

Pablo Aure