miércoles, 31 de octubre de 2012

UC buscando soluciones a situación de docentes contratados


 Prof. Pablo Aure, Secretario de la UC
Comisión que estudia situación jurídica laboral del Personal Docente contratado recibió propuestas e informó sobre los avances
·Próxima reunión de trabajo, martes 13 de noviembre

El profesor Pablo Aure, en su carácter de coordinador de la Comisión designada por el Consejo Universitario en sesión Nro. 1.665 de fecha 25 de junio de 2012,     encargada de analizar la situación jurídica laboral del personal docente contratado por credenciales y servicios docentes, informó que con motivo de la reunión de trabajo realizada este martes 30 de octubre, reunidos en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario ubicado en el Rectorado de la UC, desde las 9:00 a.m. acompañado de los miembros de la comisión Profesores José Gregorio Marcano, Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología (Facyt), Carlos Cochiarella, representante profesoral ante el Consejo Universitario, la Prof. Heliane Uzcátegui representante de la Consultoría Jurídica de esta Casa de Estudios, el Prof. Tadeo Medina Director de Asuntos Profesorales en representación del Vicerrectorado Académico, y la Prof. Tania Bencomo, Asistente al Secretario, se consideraron y analizaron diversos aspectos e instrumentos normativos desde la Constitución hasta normativas internas que regulan la situación de ingreso, todo en aras de elaborar una normativa eficaz y justa,  de carácter temporal que permita solucionar la delicada situación de los docentes contratados, lo cual conlleve a formalizar el ingreso a la UC de este gran número de docentes que alcanzan un total de 1.470 contratados, siendo 444 docentes por credenciales y 1.026 por servicios docentes.
De igual manera indicó el Secretario Prof. Aure que la Comisión recibió a una representación de docentes contratados de la Facultad de Ciencias de la Educación (FACE), quienes consignaron diversas propuestas a ser analizadas por el equipo de trabajo, el Prof. Aure expuso todo lo que ha venido haciendo la comisión siendo este el cuarto encuentro formal que se lleva a cabo, dando conocer los avances alcanzados a la fecha, destacó que recientemente se propuso ante la máxima instancia la solicitud de llevar ante la OPSU la consideración de aumento salarial del 40% para este personal excluido. Seguidamente, el Prof. Carlos Cochiarella, el Prof. José Marcano, la Prof. Uzcátegui comentaban en el seno de la reunión que actualmente se están realizando concursos de oposición en las diversas Facultades ajustados a la legalidad, que las ideas apuntan hacia el diseño de un concurso especial ajustado a la norma constitucional, lo cual será analizado exhaustivamente para posteriormente presentar ante el Consejo Universitario las alternativas y en consecuencia, elevarlas al Ejecutivo Nacional.
Por otra parte, dijo el Prof. Aure, que la comisión está analizando pormenorizadamente el tiempo de antigüedad de los docentes en el marco de la justicia y la equidad, ya que existen cerca de 47 docentes que tienen más de 19 años prestando servicios de manera ininterrumpida para esta Casa de  Estudios, asimismo próximamente la Comisión elevará petición a las diversas Facultades a fin de que se instruyan a las dependencias que manejan planificación y presupuesto, a los fines de cuantificar y tener claro el impacto económico del pase de personal contratado a personal ordinario para posteriormente informar a la OPSU sobre las sumas estimadas para solucionar esta problemática laboral que aqueja a un gran número de profesores, mientras que también se promueven acciones y se harán los enlaces respectivos en procura de ser atendidos por la Prof. Tibisay Hung del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, en su carácter de directora adjunta de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) y exponer la grave situación laboral que acontece dado que el gran número de docentes piden justicia y buscan una solución digna para esta problemática.
Finalmente, indicó el Secretario Prof. Aure, que la comisión en pleno se reunirá nuevamente el martes 13 de noviembre a las 10:00 a, en la sede del Rectorado de la Universidad de Carabobo, específicamente en el Despacho del Secretario, bajo su coordinación, para constituir la mesa de trabajo y seguir analizando las propuestas, informes y alternativas que representen una vía idónea para formalizar el ingreso de los docentes contratados.

martes, 30 de octubre de 2012

Programa Sucre afecta a alumnos con altos promedios


UC solicita conocer criterios de selección
Plan Sucre pone en riesgo cupo de alumnos con altos promedios
Pablo Aure, secretario de la UC.(Foto Orlando Nader)
Leimar García Luzardo
lgarcia@el-carabobeno.com
Estudiantes con altos índices académicos podrían quedar fuera del sistema de educación universitaria, luego de la implementación del Programa Académico Sucre, 
establecido por el Ministerio de Educación Universitaria (MEU). 
Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo (UC), explicó que según un oficio emanado por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) el plan Sucre promueve la inclusión de bachilleres que por razones económicas o sociales reportan  mediano índice académico, pero poseen altos índices de madurez vocacional. 
En el caso de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UC, existen alumnos con 12, 13 y 15 puntos de promedio e índices académicos de 58 o 66 que fueron asignados para estudiar en las carreras de Medicina, Bioanálisis y Tecnología Cardiopulmonar, quedando por fuera estudiantes con 19,5 puntos de promedio y 98 de índice académico. En esta dependencia se admitieron 14 bachilleres por esta vía entre Bárbula y La Morita. 
El universitario solicitó a la OPSU que se expliquen cuáles son los criterios para elegir a los bachilleres asignados a través de este programa, pues en cuatro de las siete facultades, se presentan casos similares al de Ciencias de la Salud. “Nos preocupa porque hay bachilleres que tienen buenos promedios y alto rendimiento y quedan por fuera, siendo injusto para ellos”. 
El plan que se implementó este nuevo período académico representa menos del 10% de la cantidad de cupos que establece la Opsu, de un total de 30% que asigna a las universidades, pues el 70% de las modalidades de ingreso restantes en la UC se hace a través de las Pruebas de Admisión, méritos académicos, deportivos, culturales, científicos, personas con discapacidad y el programa Alejo Zuloaga que admite a alumnos en riesgo y situación de vulnerabilidad. 
Aure señaló que hay desconocimiento en todas las universidades de cómo funciona el plan, los criterios de selección y cómo se valora la vocación de los bachilleres, por lo que se solicitó una reunión con la directora de la Opsu, Tibisay Hung, para conocer los lineamientos.

lunes, 29 de octubre de 2012

La resolución 058 y el derecho a la educación

Observatorio Educativo de Venezuela

Monitoreando el cumplimiento del Derecho a la Educación en Venezuela

25OCT 2012

La resolución 058 y el derecho a la educación

El pasado 16 de octubre de 2012 se publicó en la Gaceta Oficial número 40.029, mediante decreto ministerial, la resolución 058. Esta crea y regula la organización de las comunidades educativas a través de la figura de los Consejos Educativos y, por tanto, deroga la resolución 751 vigente desde 1986.
Ausencia de un proceso de consulta público y formal
Antes de entrar a precisar algunos elementos de esta resolución y su relación con el derecho a la educación, es importante resaltar que, desde el inicio de este gobierno, se han adelantado varios esfuerzos de modificación de la resolución 751 desde la Dirección Nacional de Comunidades Educativas del MPP para la Educación. Estos esfuerzos fueron, en su mayoría, acompañados de procesos de discusión pública de la propuesta elaborada por el ministerio. En algunos casos la discusión fue producto del conocimiento, por los caminos verdes, de la propuesta que se elaboraba en el ministerio y en otros casos, de la disposición del propio ministerio a debatir en diversos escenarios, el contenido de la misma. Si bien, en uno de los momentos, la Coordinadora Nacional de Comunidades Educativas del MPP para la Educación, en aquel momento, la profesora Xiomara Lucena, recorrió el país participando en foros de discusión y reuniones de trabajo con diversos actores escolares, hasta el momento, no se ha convocado un proceso formal de consulta pública sobre el contenido de esta resolución.
De hecho, dado que se trata de una resolución que dice en su presentación que tiene como propósito la democratización de la gestión educativa, lo lógico es que su elaboración sea producto de un proceso realmente democrático y participativo. Pero más allá del propósito expresado en la presentación de dicha resolución, la naturaleza del cambio que se pretende dar en las escuelas, es de tal magnitud que amerita una consulta pública nacional. En este marco, se considera que un proceso formal de consulta pública, por la naturaleza de la norma que se discute, debe incluir:
1.                             La presentación pública y la difusión abierta y masiva del contenido de la propuesta. Esto implica hacer llegar, al menos, a las más de 26.000 escuelas del país, una copia del texto que se somete a consulta.
2.                             La creación de una comisión encargada de la consulta. Dada la complejidad del tema y la diversidad de actores participantes en la dinámica de las comunidades educativas, se espera que esta comisión esté conformada por personas de todos los sectores y que mantenga el principio de pluralismo político consagrado en la Constitución Nacional.
3.                             El establecimiento de un cronograma de consulta que indique el tiempo para conocer la propuesta; el tiempo para debatirla en el seno de las organizaciones vinculadas al sector educativo; el tiempo para recoger, sistematizar y presentar al país el resultado de la consulta; el tiempo para incorporar las modificaciones producto de la consulta realizada y el momento en el que se espera la promulgación de la resolución definitiva.
4.                             El establecimiento de un mecanismo para analizar los aportes y opiniones de los actores vinculados al sector que permita identificar puntos de acuerdo, y divergencia y que permita que las divergencias puedan ser llevadas al debate público para lograr el mayor consenso posible en la redacción final de la resolución.
5.                             Las organizaciones vinculadas al sector educativo son: las comunidades educativas de las escuelas, incluyendo sus organizaciones de padres y estudiantes y los consejos de docentes, más las asambleas generales de la comunidad educativa, en el caso que las escuelas lo consideren oportuno; las organizaciones gremiales, tanto las que agrupan a los padres, como las que agrupan a los docentes, trabajadores administrativos y obreros que hacen vida en las organizaciones educativas; las organizaciones gremiales que agrupan a los dueños de planteles educativos; las escuelas de educación de las diversas universidades del país; las organizaciones no gubernamentales, de los ámbitos nacional, regional y local, cuyo propósito central esté relacionado con la educación, las políticas educativas y el funcionamiento de las escuelas; la sub comisión de educación de la Asamblea Nacional; y las Secretarías y Direcciones de Educación de las Alcaldías y Municipios de todo el país.
El propósito: Democratizar la gestión escolar
Democratizar la gestión implica garantizar la participación de las personas que hacen vida en las comunidades educativas en la toma de decisiones que determina la gestión de la escuela. Sin embargo, esta participación puede establecerse mediante varios mecanismos, pero su diseño debe estar precedido por la definición del propósito y el alcance de dicha participación.
Participar para garantizar el derecho a la educación
Cuando se trata del derecho a la educación, es importante tener como premisa que, en términos de derechos humanos, hay tres tipos de titularidad: titularidad de derecho, titularidad de responsabilidades y titularidad de obligaciones.(*)
Titulares de derecho: En el derecho a la educación, las personas, niños, jóvenes y adultos, son, en general, titulares del derecho, esto implica que lo ejercen y demandan su garantía, protección y respeto. (*)
Titulares de responsabilidades: las personas -en tanto miembros de la sociedad- las familias y las organizaciones comunitarias y sociales, en general, son titulares de responsabilidades, lo que implica, en primera instancia, respetar los derechos de los otros ciudadanos y también, velar por la garantía del derecho, exigir su cumplimiento, exigir justicia en caso de violación o de incumplimiento y exigir rendición de cuentas y ajustes de las políticas y presupuestos destinados a la realización del derecho. En este marco, las comunidades y las organizaciones adquieren la responsabilidad de no permitir el trabajo infantil, de promover el empoderamiento de las personas, de asegurar que haya acceso al sistema para todos los niños y jóvenes en edad de cursar la educación obligatoria y de promover y motivar el ejercicio del derecho; y por su parte, las familias, especialmente los padres, tienen la libertad para escoger el tipo de educación para sus hijos, la responsabilidad de incorporar a los niños y jóvenes en la educación obligatoria, de no discriminar por ningún motivo a sus miembros en términos del ejercicio de este derecho, de permitir tiempo para el estudio, así como, de motivar y apoyar a los niños y jóvenes para que ejerzan su derecho. (*)
Titulares de obligaciones: las organizaciones del Estado, en todos sus ámbitos y niveles, son titulares de las obligaciones que permiten el ejercicio y la realización del derecho. Estas obligaciones incluyen la generación de condiciones materiales y legales, la protección y el respeto del derecho. En el cumplimiento de sus obligaciones, el Estado debe asumir como criterios la igualdad de todos los ciudadanos como titulares del derecho que implica la no discriminación de ningún tipo, pero a la vez, el desarrollo de tratos preferentes para los grupos vulnerables y para los que no pueden ejercer el derecho por sí mismos. En el caso de que no exista la realización plena de un derecho, el Estado está en la obligación de demostrar que está utilizando, para su garantía, todos los recursos disponibles y solicitando asistencia internacional, en caso de ser necesario. (*)
Partiendo de esta estructura de titularidad sobre el derecho a la educación, si se considera a la escuela como la unidad más desagregada del Estado, en términos de la estructura del sistema educativo, es a través de ésta que se concreta la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la educación.
Si las escuelas son de dependencia oficial, es decir, su administración depende una instancia gubernamental, sea esta nacional, estadal o municipal, los trabajadores de la escuela, directivos, docentes, administrativos y obreros, son el brazo ejecutor, los representantes del Estado a través de los que éste ejerce su deber de garantizar el derecho a la educación. Más allá de la escuela como instancia más desagregada del Estado y brazo ejecutor de la política educativa, el Estado tiene como deber garantizar las condiciones que permitan el funcionamiento óptimo de las escuelas bajo su dependencia y que garanticen la calidad de la educación en las escuelas que no lo están.
Por su parte, los padres y representantes actúan como corresponsables del proceso educativo, en primer lugar en el cumplimiento de los deberes establecidos en la Constitución que, de acuerdo a su artículo 76 (**) son responsables de formar y educar a niños y jóvenes, lo que comienza con la responsabilidad directa en la formación que se desarrolla en el seno de la familia, más allá de la escuela, y continúa con su corresponsabilidad en lo que sucede en el ámbito escolar lo que, como titulares de responsabilidades, se traduce en acompañar y promover la motivación para el aprovechamiento del proceso educativo que se desarrolla escuela, por parte de los niños y jóvenes, en la medida de las posibilidades de las familias derivadas de sus competencias y habilidades; y en la exigencia al Estado de las condiciones y calidad de la educación que es desarrollada en la escuela.
También hay otros actores de la vida nacional, con expresión nacional, regional y local que, por su rol de titulares de responsabilidad, tienen corresponsabilidad en la educación, tal como está establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación, aunque no necesariamente su acción se exprese dentro del ámbito escolar. Sin embargo, y en términos generales, los ciudadanos, tienen el deber de exigir el cumplimiento del derecho a la educación tal como está establecido en las convenciones internacionales suscritas por el país.
Y finalmente, las personas de todas las edades, como estudiantes, son titulares del derecho y por tanto, en la escuela tienen el deber de ejercerlo y la de demandar su garantía, protección y respeto.
Bajo esta estructura de titularidades, es que debe entenderse la participación en la gestión escolar de los diversos actores que hacen vida en las comunidades educativas.
Por otra parte, si se trata de escuelas de dependencia privada, la responsabilidad del Estado está en garantizar, a través de los mecanismos propios de la supervisión educativa, que los procesos educativos se desarrollen con la calidad y pertinencia que garanticen el debido ejercicio del derecho a la educación de los niños y jóvenes cuyas familias optan por esa opción educativa.
En este marco, es decir, en términos de la educación como derecho humano, democratizar la participación de los actores de las comunidades educativas en las escuelas, pasa por establecer espacios de comunicación y participación en la toma de decisiones que les competa, pero no, necesariamente de convertirlos en responsables y co-ejecutores de la gestión, porque, al convertirlos en responsables y co-ejecutores de la gestión en las escuelas, cambia la calidad de su titularidad con respecto al derecho a la educación y por tanto, deberían cambiar las condiciones de gestión para que pudieran, en efecto, cumplir con las responsabilidades que de ella se derivan. Pero también, y en consecuencia, debería cambiar la relación del Estado con la gestión de las escuelas.
De hecho, si lo que se entiende por democratizar la gestión es que las familias y los actores comunitarios formen parte de la gestión, la figura que se debe utilizar es la conversión de las escuelas oficiales en comunitarias, es decir, la transferencia de las escuelas a las comunidades. Pero esto implica no sólo dar espacio para que participen en algunas decisiones, sino transferir competencias, personal y recursos, para que las escuelas se auto administren. Esta es una figura muy diferente a la que se plantea en la resolución 058 y en su esencia implica la privatización de la gestión de las escuelas.
Si no se acompaña la asignación de responsabilidades con una transferencia de recursos y competencias para tomar decisiones, es imposible para las comunidades educativas, organizadas como Consejos Educativos, tal como lo establece la resolución 058, o no, cumplir con el desarrollo de una educación de calidad, tal como establece la Constitución y lo dictan los tratados internacionales sobre derechos humanos en los que se desarrolla el derecho a la educación.
La asignación de responsabilidades propias de la naturaleza del Estado como titular de las obligaciones que permiten el ejercicio y la realización del derecho a la educación, se aprecian a lo largo de todo el texto de la resolución 058 en las funciones que establece tanto al Consejo Educativo en general, como a los diversos comités que lo conforman.
Si dichos comités y el propio Consejo Educativo, estuviera conformados fundamentalmente por los empleados del Estado, es decir, directivos, docentes, trabajadores administrativos y obreros, esta resolución sólo tendría unos problemas de forma que hacen engorrosa su instrumentación y el ministerio tendría que revisar los tiempos de contratación y dedicación de dichos empleados, porque obviamente no serían suficientes para desarrollar todas las actividades allí contempladas y además, cumplir con las funciones que son propias de sus cargos.
Pero como dichos comités están constituidos por los empleados del Estado, más los otros actores que hacen vida en la escuela, incluyendo a las organizaciones de la comunidad que se relacionan con ella, el resultado de la aplicación de la resolución 058 será  la cesión por parte del Estado, de la responsabilidad que le corresponde como garante del derecho a la educación, pero, como se dijo anteriormente, sin la transferencia de competencias, personal y recursos necesaria para que cada escuela organice su gestión y pueda desarrollar una verdadera educación de calidad. Así, cualquier ciudadano, como titular de responsabilidades, puede exigir a la escuela que cumpla con una educación de calidad desarrollada con ciertas condiciones y características, sin que la escuela pueda dar cumplimiento a ello por no tener, por ejemplo, la personalidad jurídica para ejecutar presupuesto, o para contratar personal, o los recursos para comprar materiales de laboratorio o equipos de computación o pagar la luz, a las madres procesadoras, y un largo etcétera.
Más allá de la esencia, los detalles imposibilitan su instrumentación
Antes de señalar algunos ejemplos que nos permitan ilustrar los detalles que imposibilitan la instrumentación inmediata de esta resolución, es interesante resaltar que, hasta ahora, la misma ha sido presentada como un mecanismo para transformar la democracia representativa en las escuelas en democracia participativa y directa. Sin embargo, los comités está  conformados por personas electas con un período de ejercicio de un año y sujetas a remoción por referendo revocatorio. Esta fórmula, permita seleccionar a voceros o a “representantes”, es una fórmula de ejercicio de democracia representativa con un componente de democracia asamblearia, que se expresa en la forma en la que se pueden funcionar los comités y en la presencia de la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos como la instancia máxima de toma de decisiones para la gestión escolar.
Dicho esto, retomemos los problemas de instrumentación de la resolución 058. Como se dijo anteriormente, los problemas de esta resolución no se restringen a los cambios esenciales en términos de responsabilidades y obligaciones con respecto al derecho a la educación. Esta resolución tiene una redacción bastante confusa que no permite a las escuelas su aplicación directa e inmediata. De hecho, si como país creyéramos que el mejor modelo para administrar el sistema educativo y para garantizar el derecho a la educación, fuese la cesión de responsabilidades a las comunidades condicionada a la ausencia de competencias y discreción del gobierno en la dotación de recursos a las escuelas, – que es el modelo que se expresa en la resolución 058- su instrumentación requeriría una reformulación de su texto en muchos aspectos que resultan confusos, en otros en los que existen vacíos y en otros en los que se plantean contradicciones.
A modo de ilustración, entre los comités que conforman el Consejo Educativo, hay uno de Contraloría Social. Por la naturaleza de las funciones asociadas a la contraloría social, ésta se desarrolla desde fuera de las instancias y tiene como propósito el control de la gestión. Sin embargo, en la resolución 058 se plantea como parte de la gestión de la escuela, lo cual contradice su espíritu y la hace, en efecto inválida o inaplicable.
Otro ejemplo está en el comité de Infraestructura y Hábitat Escolar, al que se le asigna la responsabilidad de “impulsar y garantizar que las infraestructuras escolares existentes y las que sean construidas respondan a las normas de accesibilidad y a los criterios de calidad establecidos para la construcción de la planta física escolar”, organizar y desarrollar jornadas permanentes para el mantenimiento y preservación de la planta física, materiales equipos, etc y jornadas para la seguridad, protección y vigilancia de la infraestructura escolar. Estas que son funciones propias de las diversas instancias del Estado, como el propio ministerio, FEDE y las policías, pasan a ser responsabilidad de las escuelas sin que ello esté acompañado de transferencia de recursos para realizar las jornadas de mantenimiento, transferencia de capacidades técnicas para poder garantizar que las construcciones respondan a normas y criterios de calidad establecidos o de competencias y recursos, así como la creación de personalidad jurídica que actualmente las escuelas oficiales no tienen, que permita la contratación de vigilantes que garanticen la seguridad de los bienes e instalaciones de las escuelas las 24 horas los 7 días de la semana.
Finalmente, cabe citar una serie de problemas que se derivan del texto de la resolución y que dificultan su instrumentación y están asociados a la naturaleza de una escuela como organización educativa. Hay funciones técnicas en la escuela que requieren que las personas que las ejerzan tengan preparación específica para ello. La supervisión, como acompañamiento y control de la calidad del proceso de enseñanza, debe desarrollarse por profesionales formados y calificados para ello. Esta función en la escuela la realizan naturalmente los directivos, pero en la resolución 058 se extiende su realización a todos los actores de la comunidad educativa a través del Comité Académico. En este caso, hay una obvia confusión de roles, porque si bien cualquier miembro de la comunidad, que participa en el proceso de enseñanza puede tener alguna opinión que expresar sobre como se desarrolla, las opiniones tienen naturaleza diferente y deben ser consideradas de forma distinta. De hecho, un padre o un estudiante, puede expresar abiertamente que el método utilizado por un maestro no está dando resultados en el proceso de aprendizaje, o que se aleja del interés y la pertinencia de la formación que se persigue en la escuela. Estos son parámetros relacionados con la calidad de la educación que se desarrolla en la escuela. Pero sólo otro docente o un directivo en su función supervisora, puede hacerle observaciones técnicas al docente sobre el desarrollo de una estrategia con sus estudiantes. Son acciones de naturaleza diferente y complementaria. En este caso, democratizar la gestión no puede entenderse por promover que todos intervengan de igual manera, porque hay actividades que son propias a unos roles y no a otros, pero todas son necesarias en la escuela.
Del mismo modo, la organización de una escuela responde a unos criterios de funcionamiento que pueden ser compatibles con una gestión participativa y horizontal, en la que el liderazgo lo ejerce un colectivo con competencias para ello. Pero es muy diferente a plantear un esquema en el que se diluye la dirección de la escuela, su liderazgo y la coordinación de la gestión en el colectivo. Un tipo de estructura refiere a una gestión colegiada y la otra a una gestión asamblearia. Los niveles de participación, los mecanismos, los tiempos y la calificación requerida para la toma de decisiones en una organización que funcione con un régimen asambleario, como la planteada en la resolución 058, hacen inoperante la gestión y ponen en riesgo la gobernanza de la escuela.
Lo sano es postergar su aplicación y hacer una consulta pública nacional
Dado los problemas que existen en la resolución 058 que se derivan de la cesión por parte del Estado, de su responsabilidad de garantizar el derecho a la educación y de lo engorroso que resulta su instrumentación inmediata en las escuelas, por una parte, y por la otra que el texto actual es muy diferente al presentado por el ministerio en oportunidades anteriores y a pesar de que en su disposición transitoria segunda se establezca que la resolución está en proceso de revisión, evaluación y modificación en el período de un año, lo sano es postergar la aplicación y hacer un proceso de consulta pública formal con las características que se señalan al inicio de este texto.
Si estás de acuerdo con hacer esa solicitud formalmente al MPP para la Educación, firma esta solicitud en línea. También puedes hacer comentarios en la página de la solicitud, o hacernos llegar tus inquietudes sobre la resolución y tus propuestas al correo oevenezuela@gmail.com
(*) Ramos, O.; Más allá de la escuela… la sociedad educadora. Capítulo VIII. Educación y derechos humanos; en Ugalde, L., et al; Educación Para Transformar el País. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. 2012
(**) El artículo 76 de la Constitución establece que “el padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas”

A votar, a pesar de todo


¡Hasta cuándo!

(foto orlando nader / archivo)
 PABLO AURE
pabloaure@gmail.com
Si la política es cambiante, en Venezuela es mucho más. Hace dos semanas pensábamos que con la “derrota” del 7 de octubre nacía un líder para la oposición por cuya palabra los venezolanos oprimidos por este régimen nefasto podíamos expresarnos internamente y ante el mundo. Hoy la gente se ve sorprendida por la decisión de ese líder al preferir reconquistar su gobernación del estado Miranda antes que asumir a plenitud aquel papel. Es decir, Capriles renunció a ser vocero nacional de la oposición para, en una suerte de “agarrando aunque sea fallo”, procurarse una cuota de poder regional. No es fácil comprender cómo alguien que recorrió más de trescientos pueblos en la búsqueda de la Presidencia de la República y con el respaldo de todas las corrientes democráticas, se haya reducido a los limitados espacios de Miranda. Sinceramente creemos que es un garrafal error. 
Perdimos lo que se había invertido en consolidar un nuevo liderazgo nacional. Ahora, “como la miren, Catalina es tuerta”: si Capriles gana o pierde se pierde como líder nacional, pues tendrá que atender las necesidades propias del estado Miranda, y si pierde, ni se diga: tendrá que decir adiós a la política. 
Demasiado conformismo
Nos incomoda el conformismo y el visible interés que por el aseguramiento de parcelas propias de poder manifiestan muchos tratando de silenciar las necesarias críticas que han de proferirse a este sistema electoral. Hay líderes de la oposición que se eximen de hacer ruido con el tema del fraude por temor a no molestar al supremo comandante. No parece interesarle a esta clase política denunciar las trampas que la gente sospecha se perpetraron en el curso del proceso. Ni tampoco se les ve entusiasmo en denunciar que los venezolanos somos víctimas de violación de un derecho humano fundamental como es el de no contar con un sistema electoral confiable e imparcial. Todos en la oposición lo saben y lo sienten, pero extrañamente se hacen la vista gorda únicamente por miedo de ser afectados en sus cuotas de poder y prebendas con las que se mantienen operativos en la política, y relativamente cómodos. 
Dentro de siete domingos tendremos otro encuentro con las urnas electorales, esta vez “elegir” gobernadores y legisladores regionales. Confieso que votaré a pesar de que, como muchos, no me siento motivado. Lo hago porque no tengo otro medio de luchar que no sea con el voto y la opinión. Acudiré ese día a las mesas a sabiendas de que las triquiñuelas siguen montadas. Después del siete de octubre, lamentablemente me ha quedado el sinsabor de creer que detrás de todo proceso electoral en nuestro país, todavía se esconden componendas; y que algunos trafican con egoístas intereses bien alejados a la pulcritud y autenticidad que se aspiran presentes cuando la voluntad popular se expresa en la escogencia de sus gobernantes. Con estupor leímos las declaraciones del rector Vicente Díaz, en las que dice que las elecciones del 7-O fueron “pulcras, pero injustas y desiguales”. ¡Vaya pulcritud! refrendada por el rector que representa supuestamente los intereses democráticos dentro del CNE, quien se contradice a su vez. ¿Cómo es que puede ser una elección pulcra, si al mismo tiempo es injusta y desigual? Señor rector Díaz no justifique lo injustificable. Ese tipo de declaraciones son las que producen sospecha y enfado en la gente. 
Las migraciones
La verdad es que uno de los fraudes que más humilla a la gente, es el que esta semana vimos con las modificaciones ordenadas por el Consejo Nacional Electoral a los registros electorales que por Ley ya estaban cerrados, para permitir la inclusión de los candidatos chavistas (y sus familiares) en los cuadernos de votación en los estados donde el supremo dictador los impuso como candidatos. Quedamos anonadados cuando oímos las explicaciones dadas por la rectora Socorro Hernández. Dijo esta señora, sin ruborizarse, que se trataba de una simple excepción a la Ley, que no afectaba ni el cero coma cero cero por ciento de todo el registro electoral. ¿Es que acaso hay alguna violación de la ley que no sea una excepción? Lamentablemente hoy los ciudadanos no disponemos de mecanismos judiciales para atacar este tipo de arbitrariedades.
Pero si las declaraciones de la rectora al servicio del régimen fueron cínicas, las de Henrique Capriles fueron demasiado blandengues ya que no expresan el sentimiento popular. En efecto, el ex candidato presidencial y hoy candidato regional dijo: “las migraciones buscan desmotivar, que exista esa interpretación de que esto es desigual, que van a trampear”. O sea, debemos interpretar entonces que el CNE ni es desigual ni tampoco han trampeado. Lamento decir, que lo que desmotiva es precisamente ese conformismo y esa insólita pasividad para enfrentar las arbitrariedades del régimen. ¡Por Dios! ¿Hasta cuándo van a seguir con ese discursito bobalicón?  
La Unidad no peligra
Muchos han puesto a correr un mecanismo como de chantaje para hacer ver que si demostramos nuestra inconformidad con el sistema electoral y señalamos la existencia de fraude, estamos espantando a la gente y contribuyendo a que haya abstención. Nada más falso. Lo que sí hace daño es creer que nuestro pueblo es tonto. Preferible es que expresemos y denunciemos todo lo que a nuestro juicio pone en entredicho a las instituciones. Nuestra unidad está blindada, porque en común la mayoría de nosotros lo que perseguimos es la perfectibilidad del sistema y el florecimiento de la democracia. Pero mal podríamos hacerlo socarronamente tapando y aceptando tantas violaciones. Fraude continuado hubo y no nos vamos a quedar callados. Pero de la misma manera consideramos que rendirnos sería fatal. Hay que votar. Dijo una vez Felipe González que el cementerio de los políticos estaba lleno de impacientes. A Dios rogando y con el mazo dando. Votar y denunciar el abuso, es la idea.
@pabloaure

domingo, 28 de octubre de 2012

GNB es responsable de armas en cárceles del país


El Carabobeño
Pablo Aure dictó conferencia sobre el sistema penitenciario en la Filuc
31 cárceles albergan a más de 45 mil presos
Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo y conferencista en Filuc 2012.(Foto Marco A. Montilla)
 Mariangel Fajardo
mfajardo@el-carabobeno.com
Treinta y un cárceles en el país albergan a más de 45 mil presos, comentó el secretario de la Universidad de Carabobo, Pablo Aure, durante su ponencia en la Feria Internacional del Libro Universidad de Carabobo (FILUC). 
El ponente explicó en su coloquio el origen de las cárceles en el mundo y en el país, así como su historia, el desarrollo y las posibles soluciones en cuanto a esta materia. El sistema penitenciario, de acuerdo a la Constitución, debe ser descentralizado, cada región debe administrar sus penitenciarias.  
Al secretario de la UC le llama la atención que ante la situación de los procesados, las gobernaciones peleen por las carreteras, peajes, aeropuertos y puertos con el Gobierno central, pero con respecto a este tema de interés humano no se les ve luchar. 
Aure señaló que en un principio eran 34 cárceles, de las cuales se han eliminado tres, que albergan a más de 45.000 presos, cuando están diseñadas para alojar a 12.000. 
El artículo 43 de la constitución señala que el Estado garantizará la vida a los privados de libertad, pero esto no se cumple. A la fecha hay 5 mil muertos en los recintos carcelarios. Según el experto, la descentralización y privatización de las cárceles sería una solución. 
El conferencista sentenció que la ministra Iris Valera hizo recientemente unas declaraciones sobre los recortes en el presupuesto para el próximo año en cada uno de los establecimientos penitenciarios. Esto significará el aumento en el deterioro de los recintoso. “Van 13 planes de humanización, pero ninguno se ha concretado,  tampoco las promesas sobre la construcción de 25 penales, de los cuales solo hay dos. Cada día se pierde la institucionalidad del Estado, ya que quienes mandan en las cárceles son las organizaciones delictivas encabezadas por los pranes”. 
Aure reflexionó sobre lo que ocurre: cada organización debe cumplir con su trabajo, con sus deberes para tratar a los privados de libertad como seres humanos y que se ejecute el fin de la pena, que es la rehabilitación de los reos.  
Notitarde
Por acción o por omisión”

Pablo Aure: GNB es responsable de armas en cárceles del país

Roberto Giusti Vasconcelos
Valencia, octubre 27.- Para el secretario de la Universidad de Carabobo, Pablo Aure, antes de desarmar las cárceles del país se deben depurar los efectivos militares que las custodian, ya que serían éstos quienes “por acción o por omisión” permiten el ingreso de armamento a los centros penitenciarios venezolanos. Aure sostuvo que la Guardia Nacional Bolivariana es la encargada de vigilar lo que ingresa a las cárceles de Venezuela, por lo que responsabilizó a los efectivos militares de la tenencia de armamento de pranes y de cientos de reclusos en los 31 centros penitenciarios venezolanos.

Las declaraciones del especialista formaron parte de la conferencia “Realidad y soluciones penitenciarias”, llevada a cabo en la sala Enriqueta Arvelo de la Feria Internacional del Libro de la UC (Filuc), donde participaron también los profesores David Rutman, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UC; Eloy Rutman, ex decano de la referida dependencia; y Luisa Marcano de Araujo, directora del Instituto Penal y de Criminología de la facultad.

El secretario de la Universidad de Carabobo resaltó en su intervención la necesidad que el sistema penitenciario en el país sea descentralizado como una de las vías para solventar la crisis carcelaria.?

viernes, 26 de octubre de 2012

Elecciones en Venezuela no son autenticas

El Carabobeño

“Sistema electoral venezolano es controlado”
Salas demostró que el Gobierno aumentó sorpresivamente sus seguidores luego de las primeras elecciones. (FOTO CARLOS BLANCO)
Gabriela Espinoza F.
gespinoza@el-caracbobeno.com
Los procesos electorales del país están inmersos en diversas irregularidades que originan la desconfianza en los ciudadanos. Para el especialista Humberto Villalobos, este sistema venezolano es controlado.  
La implementación de un sistema manual tendría la ventaja de que no podría ser gobernado desde un lugar central. Esto implicaría que la oposición debería implementar una estructura que no posee. 
El cofundador de Esdata destacó que a diferencia de las organizaciones que aseveran que el proceso está blindado, la asociación a la que pertenece establece que las máquinas son totalmente vulnerables. Destacó que el único punto de encuentro que tienen ambas opiniones es la verificación ciudadana. 
En el foro “El sistema electoral venezolano”, organizado por la Universidad de Carabobo conjuntamente con El Carabobeño, Villalobos explicó que durante su coordinación para la defensa del voto por el Comando Venezuela para Miranda en el proceso de las presidenciales, solicitó que le entregarán dos mil constancias de verificaciones del sector pero en el sistema que se preparó para recibirlas sólo le concedieron 54. 
El ponente lamentó que a esto se le sumara que fueran “ilegibles”, pues ahora son preimpresas. De esto es responsable el miembro de mesa presidente, propuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE). “En el 90% de las máquinas no se contó la papeleta, lo que significa que el acto de votación no se concluyó”. 
Aunque Humberto Villalobos aclaró que este paso no cambiaría los resultados electorales, aseveró que está inscrito dentro de los procedimientos y es responsabilidad del órgano rector que se realizara. 
En esto también coincidió el miembro de Esdata, Guillermo Salas. Precisó que éste es uno de los pasos que demuestran que el proceso del pasado 7 de octubre careció de certificación, por lo que en los próximos días tienen previsto presentar una solicitud de invalidación del proceso. 
Los ponentes aseveraron que este acto de verificación debe realizarse en un sitio público para que la sociedad tenga certeza sobre el resultado. 
Guillermo Salas atestiguó que en las elecciones presidenciales el CNE se acercó más a una auditoria formal de toda la plataforma que en años anteriores. Durante las actividades programadas se realizó una serie de pruebas, en las que se le permitió a grupo auditor participar como observador. 
El experto piensa que la tinta indeleble que siempre analizan en la Universidad Central de Venezuela no es la misma que utilizan en los procesos electorales, pues ratificó que las que presentan en los centros de votación se desvanece con cloro. “Esto es muy grave porque sucede en cada elección”. 
Antes de que se implementara el Sistema de Autenticación Integrado (SAI) las encuestadoras revelaban que el 44% de los votantes manifestaban dudas acerca de si el voto era secreto, mientras que 36% aseveraba que el órgano rector conocería a quién se elegiría. Luego de su aplicación, 73% de los sufragantes manifestó que el voto no era secreto. Para Salas, estos resultados son inaceptables. 
Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo y organizador del foro, destacó que es necesario presentar un análisis del sistema electoral ante las diversas opiniones que se manejan en torno a los pasados comicios. Lamentó que al encuentro no se presentarán los candidatos del proceso del 16 de diciembre, para que conjuntamente a la sociedad civil analizaran los escenarios, para que así se establecieran conclusiones.

martes, 23 de octubre de 2012

UC exige al Gobierno el pago del 40% de aumento salarial


Notitarde
A docentes contratados de la Universidad de Carabobo

UC exige al Gobierno el pago del 40% de aumento salarial

  • Maciel Castillo Ruiz/Especial
Valencia, 22 octubre 2012.- Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo (UC), informó que este lunes se elevó ante el Consejo Universitario un documento donde exige al Ministerio de Educación Universitaria, a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu), se pague a los docentes contratados el 40% de aumento salarial que fue aprobado el 17 de mayo de 2011.

Como se recordará, este pago fue acordado mediante la Resolución número 1096, contentiva de las tablas de sueldos y salarios del Personal Docente y de Investigación, Administrativo y Obrero de las Universidades Nacionales autónomas y experimentales.

Aure destacó que de este aumento solo se ha beneficiado el personal fijo; toda vez que hasta la presente fecha, más de un año después, no se les ha reconocido el precitado aumento contentivo del cuarenta por ciento (40%), a los docentes contratados.

Más de mil 300 docentes se ven afectados por la situación

El Secretario de la UC detalló que el número de docentes contratados bajo la figura de prestación de servicios por honorarios profesionales (servicios docentes) y que se ven afectados por esta situación asciende a 1.388 docentes.

El Secretario aseguró que los derechos de los docentes contratados están siendo violentados al ser excluidos de la resolución de aumento del 40% por ciento, "dejando al margen que nuestra Carta Magna garantiza la progresividad, intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales".

Aure puntualizó que el Consejo Universitario, en sesión número 1.676, "aprobó que a través de nuestra Rectora Prof. Jessy Divo de Romero, se eleve la solicitud formal ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (Oficina de Planificación del Sector Universitario-Opsu), de considerar e incluir la plantilla de docentes contratados de la UC, y al efecto se le pague el aumento salarial del 40%".

Reiteró que este personal no recibe tal aumento; aun cuando presta sus servicios en igualdad de condiciones al personal ordinario de la máxima Casa de Estudios. Dijo además que la comisión que trabaja el asunto y de la cual es coordinador, seguirá trabajando teniendo especial interés en gestionar ante las instancias respectivas el que se provean los recursos económicos necesarios para regularizar esta situación en apego a los dispositivos constitucionales y legales que lo respaldan; y dar así un trato igualitario a los docentes contratados.
El Carabobeño
UC solicitará a la OPSU incremento salarial del 40% para docentes contratados
Este lunes el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo (CU-UC) aprobó elevar  ante la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) una solicitud para que los docentes contratados puedan disfrutar del 40% del aumento salarial. 
La petición fue hecha por la comisión encargada de analizar la situación jurídico-laboral de los docentes contratados por credenciales y servicios docentes, en vista de que a través de la Resolución No.- 1096 del 17 de  mayo de 2011, se establece un aumento del 40% en las tablas de sueldos y salarios, excluyendo a profesores contratados. 
El coordinador de la comisión y secretario de la casa de estudio, Pablo Aure, explicó que la petición se hace para combatir la discriminación que se ha tendido, pues este personal no gozó de este aumento, a diferencia del resto de los empleados, a pesar que prestan el mismo servicio. “Son mil 388 docentes en esta situación y las universidades deben contar con personal docente y de investigación idóneos, garantizarles el  derecho  a  la  participación, bienestar y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. 
La comisión que trabaja por los derechos del gremio está conformada por los decanos José Corado y José Gregorio Marcano, el profesor Carlos Cochiarella y representantes de la Consultoría Jurídica de esta casa de estudios. El próximo 30 de octubre se realizará una asamblea en la que los docentes en esta situación podrán exponer sus propuestas ante las diferentes problemáticas que padecen. (LGL)

lunes, 22 de octubre de 2012

Radicales y demócratas


¡Hasta cuándo!
Radicales y demócratas
"La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" Marco Tulio Cicerón
 Pablo Aure 
Para derrotar a los tramposos que nos gobiernan no solamente se hace necesario aglutinar el mayor número de voluntades posible, sino que también es menester convencerse de que hacemos frente a una monstruosa organización fraudulenta. 
El tiempo se nos va de elecciones en elecciones: primero las de diputados, después las presidenciales, en diciembre las regionales, y luego las municipales. Percibo una especie de complicidad silenciosa que consiste en tolerar que esto no es una democracia, pero, sin embargo, avalarlo calladamente viviendo la fiesta electoral en paz. 
Ahora, no conformes con ello, se nos pretende calificar de golpistas o radicales a quienes nos atrevemos pronunciar la palabra fraude. Piensan que cuando hablamos de fraude estamos espantando los electores y propiciando la abstención.  Falso de toda falsedad: la gente no se abstendrá porque se denuncien las fallas e iniquidades del sistema electoral. Lo harían si se convencen de que verdaderamente existen esas irregularidades y se les intenta ocultar con una actitud socarrona.  
Es absurdo ocultar lo que la gente siente o palpa. Ese discurso que intenta disfrazar el panorama nacional, es precisamente una de las cosas que criticamos del canal Venezolana de Televisión, que no muestra lo que verdaderamente ocurre en el país. Nunca me he identificado con los que apoyan la idea del pensamiento único. Por tal razón hoy vuelvo a encender las alarmas dentro de la corriente hacia la cual me inclino, es decir la opositora. No podemos empeñarnos en insistir tercamente en los mismos métodos con los cuales hemos fracasado inveteradamente. Albert Einstein decía: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. 
Admitir arbitrariedades e ilegalidades al régimen, es lo que ha provocado que llevemos 14 años soportando los estragos de un gobierno abiertamente autoritario. Luego del 10 de enero del 2013 supuestamente lo deberíamos soportar por seis años más. Un profesor jubilado amigo me dijo: “...recuerde que seis años no siempre son seis años”. 
Ni abstención ni golpes de estado
Que se entienda bien, la salida no implica dejar de votar, ni emprender intentonas golpistas. Nada de eso. Lo que quiero significar es que hemos sido exageradamente complacientes y  nos han impuesto todo lo que les ha venido en ganas. Hemos sido demasiado “comeflores” y a los ojos de no pocos, han jugado la pelota con nosotros.  
Si queremos salir de esta pesadilla debemos comenzar por hablar con sinceridad. No revisar el sistema electoral por temor a provocar una supuesta abstención es como dejar de ir al médico por temor a que se nos detecte alguna enfermedad. ¡Por Dios! 
Ser acusado de radical -que sí lo soy cuando se trata de defender mis ideas y, sobre todas las cosas, exigir respeto- no significa en lo absoluto que me apartarán del ala opositora. Seguiré en la misma lucha por la construcción de un sistema democrático justo y decente como se lo merece la patria de Bolívar. Que no se conquista haciéndole carantoñas al régimen, sino combatiéndolo de frente como se combaten las dictaduras. Es la triste realidad. 
Elecciones auténticas
¿Fueron auténticas las elecciones del 7 de octubre? Desde luego que no. Las elecciones son auténticas cuando los concursantes se confrontan en un plano de igualdad: cuando no existen ventajas para nadie y menos cuando estas ventajas provienen del empleo de los recursos públicos.   
Lo que vivimos el 7-O fue un ventajismo descomunal del gobierno que en tiempo real, y gracias a la implementación del prechequeo y las capta-huellas, sabía quiénes habían votado para mandar a buscar con militares y comisarios del PSUV, en vehículos del gobierno, a esos humildes ciudadanos que esperanzadamente estaban anotados en una lista de alguna misión aupadora de la miseria y la holgazanería. Todos los vehículos oficiales estaban en la “operación remolque” ¿Es esto ventajismo o no lo es? Díganme si esto no es también fraude. Sin contar la flagrante violación a la prohibición de transmitir cuñas el día de las elecciones. 
Pero además, debemos decir que un fraude electoral no significa que se produzca un escamoteo de votos (de lo cual hay muchos indicios),  basta con transgredir las condiciones mínimas de confiabilidad y equilibrio del sistema electoral para que las elecciones estén contaminadas. 
Hablando de elecciones auténticas, los invito este jueves 25 a las 10 am en el auditorio de El Carabobeño para escuchar a los técnicos en asuntos electorales y estadísticos: Guillermo Salas  y Humberto Villalobos, quienes traerán dos ponencias: “El fin de las elecciones autenticas en Venezuela” y “¿Qué sucedió el 7-O? Análisis de los resultados oficiales” El cupo es limitado por eso deben llegar temprano o buscar el pase el día miércoles en la tarde. 
Silenciar para no distraer 
Veremos cuál será nuestra postura ante el comportamiento dictatorial. Pelearemos contra la creación de los llamados Consejos Educativos, que supuestamente serán los que tomarán las decisiones en los planteles de educación, a través de una asamblea escolar integrada por padres, estudiantes, docentes, trabajadores y obreros, y personas de la comunidad. 
También veremos qué hacer frente a la multa ilegal que le impusieron a los trabajadores de PDVSA obligándolos a pagarle al Estado sumas millonarias, sin que se les haya seguido un debido procedimiento sancionador. ¿Qué diremos de la venta de las 4 toneladas de oro? Y será que ahora si haremos una especie de la “toma de la Bastilla” para exigir la libertad inmediata de todos los presos políticos. ¿Hasta cuándo Dios Mío tanta aceptación de que se burlen de nosotros? 
pabloaure@gmail.com
@pabloaure