lunes, 31 de agosto de 2015

Excepción de la excepción /@PabloAure

¡Hasta cuándo!
Excepción de la excepción/Pablo Aure
Una cosa vemos quienes padecemos esta tragedia y otra muy distinta quienes observan desde el exterior y les parece asombroso que Nicolás Maduro se haya atrevido a cerrar la frontera.
El decreto de estado de excepción no resiste ningún debate jurídico. Lo ocurrido en la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional la semana pasada desde el Táchira, fue todo un circo lleno de disparates y de lugares comunes Es injustificable desde todo punto de vista decretar un estado de excepción para combatir algo que es bastante común en países con fronteras tan extensas como la que tenemos con Colombia. Un gobierno decoroso lo combate equipando y adecentando los cuerpos de seguridad apostados en esas zonas fronterizas.
Contrabando: negocio de mafias.-
Para nadie es un secreto que las grandes mafias existen en las fronteras, porque las mismas tienen mecenas en la Fuerza Armada Nacional. Lo tenían antes de Chávez, y ahora también. Eso no es nada nuevo. Claro, el contrabando de antes a esta locura -dizque revolucionaria- fluía desde Colombia hacia Venezuela, porque el bolívar era verdaderamente fuerte y robusto. No solo desde Colombia se contrabandeaba sino de otros países. Historia de comerciantes que hicieron grandes fortunas con el contrabando, tenemos de sobras. Ahora emergieron contrabandistas en otros rubros y hacia diferentes destinos. Gasolina y gasoil, son productos que se llevan, porque hay otros que se dedican a traer otro tipo de mercancía, por ejemplo, comida podrida y cereales, con sobreprecio: negocio redondo y en dólares, ejecutados en una cómoda oficina de maletín.
Así que “vayan a lavarse el paltó” con ese cuentico bufo de que la intención es combatir el contrabando. Porque si en realidad quieren hacerlo, deberían comenzar cambiando el errático modelo económico, que ha destruido toda la nación; eso para no recomendar examinar las cuentas bancarias y el estilo de vida que mantienen algunos militares que en los últimos tiempos han estado en puestos fronterizos. Basta con ver a muchos capitanes y hasta sargentos que seguramente tienen -por decir lo menos- un vehículo que muy pocos venezolanos pudieran comprar con su trabajo lícito. Que conste, no estoy señalando carros chinos, cuyo monopolio, por cierto, también lo tienen ellos, aunque esos vehículos los dejan para “bachaquear” y venderlos a precios exorbitantes.
Al pobre le aplican más “excepción”.-
Acá, desde hace rato, lo que vivimos es un permanente estado de excepción no decretado formalmente. Ello si tomamos en cuenta que el estado de excepción conlleva a la restricción de las garantías constitucionales. No me digan que las fulanas OLP, que se despliegan por todo el país, no demuestran palmariamente que las garantías en verdad ya están restringidas: las fuerzas policiales penetran la morada de humildes personas, los detienen y arrestan sin orden judicial. Y de cada operativo, como si fuera eso natural, salen varios ajusticiados. Así que, en verdad, lo que necesitamos es que se decrete un estado de excepción de lo que estamos viviendo. Una excepción de la excepción, algo así.
@pabloaure

domingo, 30 de agosto de 2015

"Escapar del Régimen Venezolano-Cubano"/ @AJCoronelRoche

"Escapar del Régimen Venezolano-

Cubano"
                                                                                                   
                                                                                                                                           Por: Alexis Coronel Roche, Politólogo
En los últimos 2 años, se ha incrementado aún más el éxodo masivo de venezolanos que huyen de la delincuencia en Venezuela y de un régimen que protege a estos delincuentes y mucho más, quienes dirigen las políticas públicas en muchos cargos,  son delincuentes reinsertados en la vida cotidiana del venezolano.
Ya de por sí esta situación siembra pánico en la vida normal del ciudadano en Venezuela, saber que si por alguna u otra manera caes en manos de estos delincuentes y no cumples con lo que te piden o eres una persona que lo pones al descubierto, eres hombre o mujer muerto o en el mejor de los caso te desaparecen.
Aunado a esta situación que es real, que existe en Venezuela están las redes de malandrajes, secuestradores y ladrones  que amparados por funcionarios del régimen, porque funcionan como una especie de operadores alternos de quien se supone es el jefe dentro de las instituciones venezolanas. Además de esta situación que es la peor, está el salario mínimo de un trabajador en Venezuela que es de 56$ al mes, cuando en otros países el salario más bajo es de 350$ al mes, las grandes y medianas empresa quebradas porque no tienen materia prima a tiempo desde que Hugo Chávez se le ocurrió romper todos los convenios de libre comercio con Colombia y el control de cambio que ha perdurado por 11 años, esto ha generado desempleo y obliga al ciudadano que reside en este país a optar por otro medio de subsistentica como el ser taxista, buhonero o bachaquero, este último auspiciado por el régimen.
Todas esta afirmaciones que hago, han llevado al ciudadano que reside en Venezuela a buscar otros destinos en donde por lo menos su vida este garantizada. Los principales destinos Ecuador, Argentina y Colombia. Cuando el venezolano de a pie tomaba la decisión simplemente vendía sus peroles y con unos ahorros compraba su pasaje y fingía irse de vacaciones a otro país, cosa esta que le permitía irse con unos pocos dólares que le otorgaba el organismo de control cambiario a cada venezolano o extranjero residenciado en este lugar del caribe y jamás volvería. Desde el pasado año las cosas han empeorado porque ya no tenemos dólares, y muchos se preguntaran porque? Muy sencillo los dólares se los robaron la alta cúpula del régimen, un ejemplo de ello es lo que se supone tienen las hijas de difunto presidente, es una fortuna que ya entra en la revista Forbes quien coloca el ranking de los más ricos del mundo, pero ese es uno de los muchos motivos por los cuales a los venezolanos se nos hace más difícil salir de Venezuela, se centralizo en tres bancos del estado venezolano la solicitud de la divisa, bancos estos que colapsaron y no dan respuesta oportuna a los millones de venezolanos que deseamos salir del país, se le negaron la repatriación de capitales a líneas aéreas de otros países, con los cuales se habían contraído compromisos y por eso operaban y vendían pasaje a precios justos en moneda venezolana, he ahí la razón por la cual ahora hay menos vuelos de Venezuela hacia otros destinos, los aeropuertos desolados, bajó de un 100% de vuelos diario aun 5% muy al estilo Cubano, que solo Cubana de Aviación y uno que otro vuelo chárter de  Europa, pisa el suelo de la isla, en fin tendría que escribir un libro de todas las calamidades que vive el venezolano para huir del país.
Sí algo caracteriza al venezolano, es su afán por superar los obstáculo, muchos sin importarnos la travesía que cuesta entrar por la frontera a otro país, nos atrevimos y lo hacíamos por la frontera de Venezuela y Colombia, llegábamos a Cúcuta y de ahí al aeropuerto en donde siempre conseguíamos sin ninguna traba el boleto hacia el destino que íbamos, pues con el cierre de la frontera y el conflicto que solo tiene Venezuela con Colombia, esto se acabó, nos matan ese sueño.
¿Qué nos queda para escapar como si fuésemos delincuentes? … Preparar como en Cuba, balsas y huir hacia islas del caribe muy cercanas como Aruba o Curazao, es un riesgo grande hacerlo, porque la otra salida es irse en lancha como lo hacen perseguidos políticos, pero esas lancha ya están en uso exclusivo del contrabando que solo manejan los militares venezolanos destacados en esas zonas, es más fácil sumarse a luchar por salir de este régimen, del cual el 80% de los Venezolanos quiere salir o de lo contrario tomar el camino de los balseros Cubanos, un precio que ningún venezolano está dispuesto a pagar.

O luchamos o en pocos meses, ya consolidaremos a Venezuela como una colonia Cubana, ¿yo no quiero escapar de Venezuela y tú?   
@AJCoronelRoche 

viernes, 28 de agosto de 2015

Hace rato vivimos en estado de excepción



Privatizaciones y reestructuraciones en transiciones/ @SJGuevaraG1

Opinion

POLÍTICA Venezuela

EL NUEVO MODO

Economía XXIII
Santiago José Guevara García* / 28-08-2015
Santiago José Guevara García

Privatizaciones y reestructuraciones en transiciones. Rusia se cita en la bibliografía como el ejemplo a no seguir al privatizar. La vieja nomenklatura comunista se hizo de las empresas públicas a precio de gallina flaca y contaminó mortalmente los esfuerzos para una economía competitiva avanzada. 

Ese dato daña medularmente las posibilidades de progreso económico sustancial, tanto de cara al bienestar nacional como a la competitividad externa. Demuestra, dicho sea de paso, la importancia del componente privatización en los procesos transicionales.

Rusia es el típico caso de “capitalismo de amigotes”. Pues bien, Venezuela corre también el riesgo de serlo. Su cúpula actual, sin escrúpulos y ahíta de riqueza, tiene más gusto por los negocios que por la política y es previsible su captura de canales para estar presentes en la economía más allá del autoritarismo actual. 

Pero, puede prevenirse. Solemos citar el manejo económico anglosajón para situaciones como las que queremos advertir. Se cita, con base en el “argumento de la Economía Política”, la situación pública en la cual prevalecen procesos perversos como la imposición de los intereses especiales (grupos, mafias, etc.) por sobre los generales.

Venezuela debe anticiparse a esa eventualidad. Una privatización apresurada aumenta el riesgo. La solución ya la hemos mencionado: el montaje de un dispositivo legal previo que la evite. Dicho con firmeza: toda privatización en la Venezuela en transición debe ser precedida por el marco legal que la preserve.

Como planteado, se trata no solo de un problema político y ético –la supervivencia de factores de poder del actual régimen, plagado de corrupción- sino sobre todo, económico: las limitaciones y riesgos a esquemas de competencia apropiados.

La solución existe. La reforma política e institucional debe resolver asuntos como los derechos de propiedad –una de nuestras instituciones vertebrales- la garantía de la competencia, los desincentivos y regulación a monopolios, la relación entre mercados financieros y la economía real, la acción explícita del Estado para impedir las anomalías, etc. En general, leyes para la sanidad del aparato productivo.

Las reestructuraciones, por su lado, son convencionalmente vistas como una acción microeconómica, de Economía u Organización Industrial (en el mundo coexisten ambas denominaciones); pero, planteamos su visión y manejo de modo conjunto con la privatización y la liberalización, su inserción en el modelo productivo y el apoyo en la reforma política e institucional. 

Tanto la privatización como la reestructuración –que serán procesos coordinados- al igual que todos los procesos transicionales, como antes planteado, deben montarse sobre el detallado reconocimiento de las condiciones iniciales del sistema económico; en lo que a estos temas toca, asuntos como la mancha productiva, la organización industrial, la disponibilidad de fortalezas y debilidades para un proceso de naturaleza distinta al previo (desde derechos de propiedad hasta recursos financieros y logísticos), las relaciones con los mercados a servir en el nuevo esquema, etc.

Por otro lado, nuestro modelo productivo, de privilegio a las aglomeraciones competitivas y a cadenas y redes nos lleva a un primer nivel de análisis en el cual importa la visión de conjunto de empresas y no una visión caso a caso. Claro, que sin soslayar las particularidades de cada uno, con toda su especificidad. En tales sentidos, manejamos un conjunto de criterios para el caso venezolano. 

Primero, nuestra orientación para la reestructuración empresarial estará contenida en el modelo productivo inserto en el Proyecto Nacional. Ese Proyecto Nacional habrá sido el resultado de un buen consenso, optimizador de los resultados nacionales.

Segundo, la reforma política e institucional preservará el tejido empresarial de las anomalías y desviaciones posibles y pondrá especial énfasis en la salvaguarda de deseconomías. 

Tercero, con la claridad de la orientación a una economía de mercado libre y una regulación estatal profesional, se parte del concepto práctico de que la simple posesión de las empresas por privados no es garantía de la deseada economía competitiva. Es tema a desarrollar con detalle en oportunidad posterior.

Cuarto, en el modelo y en la perspectiva de largo plazo, diferentes modalidades legales y organizativas serán contempladas; desde diversas formas de asociaciones con el capital privado hasta las más avanzadas formas de promoción de la inversión privada. En sectores clave de la promoción estatal –infraestructuras, servicios, medios tecnológicos, etc.: puertos, por ejemplo- es perfectamente posible apoyarse en formas creativas de asociación entre Estado, gobiernos descentralizados y privados; sobre todo, socios externos.

Quinto, en términos de los procesos internos de las empresas, la literatura refiere como dimensiones fundamentales, las reestructuraciones legal, organizativa y financiera. Eso liga el proceso a otros, como la mencionada reforma institucional; la apropiada organización empresarial; toda la logística, incluida la financiera; etc.

Privatización y reestructuración son temas para nuevos desarrollos de detalle posteriores. Importan mucho el sentido estratégico del proceso; la importancia del rendimiento como criterio de éxito; el celo por la amplia trama empresarial, incluido el sector financiero; la visión de largo aliento del proceso; la apertura de criterio sobre las diversas formas de organización posibles, etc.

Venezuela irá a una reestructuración a fondo. La orientación deberá ser nítidamente a una economía competitiva exitosa. Los beneficios son múltiples. Los retos, también.

Santiago José Guevara García
(Valencia, Venezuela)
sjguevaragarcia@gmail.com /@SJGuevaraG1

miércoles, 26 de agosto de 2015

Dos ejemplos recientes que demuestran régimen dictatorial



https://soundcloud.com/pablo-aure/ejemplos-que-demuestran-r

Intolerancia/ por @DimitryBelov

Intolerancia/ Dimitry Belov
Mao Ze Dong en China y Tibet, Josef Stalin en la URSS, Adolf Hitler en Alemania, Hideki Tojo en Japón,, Pol Pot en Camboya, Kim Il Sung en Corea del Norte, Menghistu en Etiopia, Ismail Enver en Turquía, Yukubu Gowon en Biafra, Leonid Brezhnev en Afganistan, Jean Kabanda en Ruanda, Suharto en Papua, Saddam Hussein en Irak, Yahya Khan en Pakistan, Fumimaro Konoe en Japón, Savimbi en Angola,  Mullah Omar en Afganistan, Idi Amin en Uganda, Yahya Khan en Bangladesh, Benito Mussolini en Etiopia y Yugoslavia, Mobutu Sese Seko en Zaire, Charles Taylor en Liberia,  Foday Sankoh en Sierra Leona, Slobodan Milosevic en Yugoslavia, Michel Micombero en Burundi, Hassan Turabi en Sudan, Jean Bedel Bokassa en Africa central, Efrain Rios en Guatemala, Papa Doc Duvalier en Haiti, Hissene Habre en Chad, Chian Kai Shek en Taiwan, Vladimir Lenin en la URSS, Franco en España, Fidel Castro en Cuba, Hafez Al Assad en Siria, Khomeini en Iran, Robert Mugabe en Zimbawe, Rafael Videla en Argentina, Guy Mollet en Algeria, Paul Koroma en Sierra Leona, Osama Bin Laden a nivel global, Augusto Pinochet en Chile, Al Zarqawi en Irak, Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela.
Todos estos nombres forman la mayor parte de las caras conocidas de los crímenes de genocidio a nivel mundial. En vidas humanas hablamos de  137,392,500 corazones que se detuvieron, sueños de futuro interrumpidos, a causa de una política alimentada desde la base de la intolerancia.
Todos estos dictadores tienen varios aspectos macabros en común, entre los que resalta,  que esos crímenes han servido para mantener, rescatar o aumentar el poder político del genocida sobre un grupo poblacional.  
En Venezuela , la intolerancia no es un fenómeno de nueva data, pero las alarmas surgieron de nuevo con los discursos de odio en la pre campaña de Hugo Chávez, luego de su liberación de la prisión  y previo al inicio campaña electoral en 1998. Algunos otros personajes del chavismo han hecho lo propio en nombre de señalar enemigos ficticios para cohesionar a sus seguidores. Es difícil olvidar las afirmaciones de la difunta Lina Ron “Empresarios y escuálidos, ni debajo de las piedras se podrán esconder cuando llegue la hora del maldita sea“,  o incluso uno de los más recientes y nefastos, “UBCH a prepararse para el contra ataque fulminante, Diosdado dará la orden“ sentenció Francisco Ameliach un 17 de Febrero del 2014.
Es muy peligroso  lo permeado que está la no aceptación de la diferencia de ideas entre los sectores democráticos del país. Es preocupante como sectores de “este lado“ condenaron a Leopoldo López, María Corina Machado y a Antonio Ledezma por proponer el movimiento “la salida“, una propuesta de activación y asambleas ciudadanas con el objetivo de posicionar entre la sociedad las vías para promover un cambio de sistema por el camino constitucional más expedito que la carta magna permitiera. Así mismo, cuando el profesor Pablo Aure en Valencia, propuso un revocatorio al gobernador Francisco Ameliach, con el objetivo de frenar que se siguieran dando órdenes que atentaran contra la integridad de la ciudanía que protestaba, fueron primero las voces de “este lado“ las que surgieron en señalarlo de personalista, antes de respaldar una iniciativa para evitar más muertes en la entidad.
Ante el peligro de crisis humanitaria en el país, ya sea por el desajuste económico, la escasez de alimentos y medicinas, o el triste capítulo de desplazamiento forzado contra nuestros hermanos colombianos, es deber de todos los demócratas sentarse a coordinar vías de entendimiento para establecer caminos activos y no violentos hacia el cambio urgente que exige la colectividad. ¡Son vidas humanas las que están en juego de ser apagadas en masa! El país exige menos insultos y más acciones

 @dimitrybelov

lunes, 24 de agosto de 2015

Pablo Aure anuncia la creación de la Red de Observación Ciudadana

 
Valencia, 24 de agosto de 2015/Especial. Pablo Aure, dirigente político independiente  a la salida del Palacio de Justicia en su presentación número 30 anunció ante los medios de comunicación social la creación de la Red de Observación Ciudadana. "He querido aprovechar este escenario donde ya he venido 3O veces a presentarme, desde el 26 de junio de 2014, para hacer de conocimiento público la articulación de la Red de Observación Ciudadana, con el propósito de vigilar la gestión pública en Carabobo"
Al ser consultado sobre los objetivos específicos de la red, Aure precisó "en Venezuela los ciudadanos hemos pecado de apáticos ante la realidad que ahora nos abruma, de no haber sido así, la corrupción  no hubiese llegado a este punto de descontrol, por eso, esta red nace en primer lugar con la intención  de motivar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, tal como nos faculta el artículo  62 de la Constitución Nacional, pero también para supervisar los aspectos de la gestión pública que son más susceptibles de prestarse a actos de corrupción, y por supuesto, el proceso electoral de este próximo 6 de diciembre".
Sobre el evento electoral el dirigente político afirmó  que junto a su equipo de trabajo está haciendo las gestiones necesarias para que la Red de Observación Ciudadana sea acreditada por el CNE como observador de los comicios. "Las elecciones parlamentarias son un punto álgido en esta crisis política, social y económica, por eso, nos hemos propuesto desarrollar una labor de vigilancia durante la campaña y el proceso electoral, para verificar el comportamiento de todos los sectores que participarán, y eso quiero dejarlo claro, no seremos complacientes con ninguna de las tendencias políticas,  donde haya corrupción, pensamiento único, nepotismo, irresponsabilidad, mal uso de los bienes públicos, militarismos, culto a la personalidad, allí estaremos para dejarlo en evidencia, para exigir rescatar el sistema republicano y que el populismo deje de ser política de Estado".
Por último, Aure aseguró “públicamente he dicho que el CNE es tramposo y no podemos confiar en él, y es precisamente por eso que invito a todos a ejercer verdaderamente nuestra ciudadanía, ante la trampa, el descaro, el abuso de poder, tenemos que hacerle frente y dejarlos en evidencia, ante la ausencia de separación de poderes y la censura de los medios de comunicación, es nuestro deber combatir la corrupción y la dictadura”.

Verdades amargas

¡Hasta cuándo!
Verdades amargas
 Pablo Aure
@pabloaure
“Yo no quiero ver lo que he mirado a través del cristal de la experiencia...” 
A nadie le agrada escuchar la verdad sobre todo si es incómoda y pone en evidencia nuestra responsabilidad en la situación por la cual atravesamos. El comportamiento del venezolano suele ser incoherente, porque somos, por desgracia, demasiado “vivos”. Me refiero al común de las personas, pues tenemos que reconocer que hay verdaderos ciudadanos con un comportamiento ejemplar, aunque formen parte de una minoría en el país. 
Los venezolanos queremos ser “vivos” en todo. Procuramos conocer al portero del banco para “mojarle” la mano y conseguir un ticket para que nos atiendan primero que a los que tienen horas esperando; criticamos con razón a los “bachaqueros”, pero hacemos negocios con ellos. Esa “viveza” no es “revolucionaria”, porque antes de esta era roja también existía. Eso sí, hay que estar claros, ha sido con el chavismo que ha aflorado lo peor de nosotros. A leguas de distancia nos caracterizamos por ser ciudadanos mediocres. Nos ha faltado educación ciudadana. En Venezuela es común comer en la calle o en un carro y botar a las vías los envoltorios o las sobras de lo que ingieres. En los vecindarios es casi una constante observar colchones, calentadores, carapachos de cocinas o neveras abandonadas, para que alguien se las lleve; cuando es obvio que nadie se interesará por tales cachivaches. Entiéndase bien, el deterioro educativo y la protección del medio ambiente son tan despreciables que no solamente vemos estas prácticas en las barriadas populares sino también en urbanizaciones de clase media. Ya es frecuente toparnos con corotos abandonados en las aceras. En algunas partes, casi en actitud suicida (por ignorancia quizá) lo hacen botándolos a las orillas de ríos y quebradas, provocando las inundaciones y no pocas veces quedando damnificados en épocas de lluvia. 
Formación ciudadana
La falta de formación ciudadana es la que ha hecho posible que esta locura que se han empeñado en llamar revolución, haga metástasis en Venezuela. 
No hemos aprendido a cuidar ni siquiera nuestro medio ambiente y tampoco nos interesamos por vivir en un país más vivible, pero sin embargo pretendemos que unos improvisados nos acomoden la vida. 
Ha llegado la hora de pensar que además de desplazar a los ignaros de sus cargos, cada quien debe asumir un rol ciudadano. Cuando modifiquemos nuestro comportamiento, allí sí es verdad que el cambio será indetenible. 
Sin solidaridad el futuro es oscuro
Tenemos que admitirlo: no somos solidarios. Nos preocupamos por nosotros y por nuestro entorno pero no tenemos una visión colectiva de los problemas. Seguimos esperando al mesías que nos salvará. 
Probablemente el sentido de supervivencia ha convertido al ciudadano promedio en cómplice indirecto de lo que padecemos. 
Detengámonos a reflexionar para pensar en los presos y perseguidos políticos. Preguntémonos: ¿hemos sido lo suficientemente solidarios con ellos, de palabra y de acción? Respondamos con sinceridad. ¡Claro que no! Al principio una bulla quizá de vez en cuando, una que otra concentración o marcha. Les confieso que ver a Leopoldo López todavía tras las rejas es recordar aquel chiste (mal chiste) “síganme mis valientes”, y cuando volteó no hay nadie.

domingo, 23 de agosto de 2015

Pablo Aure: El derecho al sufragio no puede ser suspendido en los estados de excepción


Pablo Aure, dirigente político independiente se refirió al estado de excepción decretado por Nicolás Maduro en los municipios fronterizos con Colombia en el estado Táchira con la intención de atacar el contrabando y la inseguridad en la zona. “La supuesta solución afectará a las personas de bien, a pequeños y medianos comerciantes que lícitamente han venido trabajando en la frontera. Combatir este grave problema decretando un estado de excepción, no es el método correcto, de hecho, es un gran error porque no ataca en ningún sentido la casusa”, comentó.  

De esta forma Aure precisó “el contrabando de extracción es un asunto que hay que atender, pero como todos los problemas primero hay que detectar la causa que lo ocasiona, no la consecuencia. La causa es la distorsión de la economía en Venezuela, eso origina que sea más rentable venderlo en Colombia que aquí en el país donde la mayoría de los productos están regulados”.   

Con ánimos de despejar dudas sobre las hipótesis de una posible suspensión de las elecciones parlamentarias, enfatizó “debemos estar claros que un estado de excepción no puede usarse como excusa para suspender las elecciones, porque el artículo 7.13 de la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción expresamente lo prohíbe al señalar que aún durante los estados de excepción el derecho al sufragio no se suspenderá”.

Una de las preocupaciones que el dirigente político destaca sobre la medida, es que puede ser aprovechada para violar impunemente derechos humanos. “Para algunos, el estado de excepción en la frontera es un distractor y para otros es la luz verde para violar los derechos humanos, para mí, además de la posibilidad de violación de los DDHH, es una política errada e improvisada del régimen que pone de manifiesto su incapacidad”, agregó.  

viernes, 21 de agosto de 2015

La estabilización como tema transitológico/ @SJGuevaraG1

POLÍTICA Venezuela

EL NUEVO MODO

Economía XXII
Santiago José Guevara García* / 21-08-2015
Santiago José Guevara García

La estabilización como tema transitológico. Necesaria la precisión de la naturaleza transitológica de nuestra preocupación por las acciones de estabilización económica. Las transiciones son períodos especiales y especiales son sus manejos. Y recuérdese, son procesos largos, no un simple trámite de cambio formal de régimen.

La misma condición de proceso de cambio de régimen –de forma de organización y actuación del sistema económico- ya introduce un componente desestabilizador ineludible, a ser reconocido. El cambio implica alguna inestabilidad y debe ser controlada.

Por lo demás, la tarea debe cumplirse con base en las tan mencionadas condiciones iniciales de la transición –específicas a cada caso- que podrían exigir esfuerzos especiales a considerar. Eso obliga a su previa consideración, especificación y ponderación. En los casos de neocomunismo, las instituciones, por ejemplo, han sido profundamente adulteradas y desnacionalizadas.

De su parte, la intención de producir la más eficiente transición –la menor turbulencia posible- obliga a una esmerada preparación en los planos de las precondiciones y condiciones tantas veces referidas. Especial relevancia tienen los asuntos del Plan de Acción, para la credibilidad, y la ingeniería financiera, para la viabilidad y la asunción de los costos implicados por el proceso.

Finalmente, el propio modo del Plan a asumir –de shock o gradual- plantea sus exigencias específicas. Hemos declarado nuestra convicción en la conveniencia de un modo gradual; pero, también hemos dicho que precisamente un tema de la estabilización –el control de la inflación- admite alguna aceleración.

Compleja situación, interesante alquimia. A mayor amplitud de criterios, mejores ingredientes y mejor fórmula es de esperar mejores resultados. Se trata de armonizar el amplio conjunto de acciones para disponer de las precondiciones necesarias, garantizar las condiciones, realizar los movimientos iniciales y asegurar siempre la atención a la estabilidad del proceso.

Hay, entonces, una exigencia proyectada a más de un lapso: estabilidad en el largo plazo y recurso permanente a criterios de estabilización en la coyuntura. No es el modo político económico corriente, tal como se entienden las políticas de estabilización: solo como corto plazo. Es mucho más que eso.

Convencionalmente el tema se asocia al logro de condiciones de estabilidad frente a los procesos de liberalización o reestructuración y a los temas de la inflación, la producción y el empleo. En nuestro diseño y manejo, la acción involucra otros temas y recursos de política. A ello, en clave transitológica- dedicaremos el resto del artículo.

Si el arranque de la transición venezolana fuere ahorita, hay dos grandes campos de la política económica a intervenir: lo fiscal y lo cambiario. Todo, dentro de un plan integral. Para nosotros, a diferencia de otras opiniones, el problema central es el fiscal –gasto, financiamiento, transferencias y filtraciones- (Ver nuestro artículo “2014”, del 20 de diciembre de 2.013), al cual se asocian el cambiario y el monetario. 

Se trata, como dicho, de una tarea integral, que arranca con la reducción de la “grasa” del gasto público –sí, recorte del gasto público-, pero también un ingente esfuerzo de reasignación eficiente, erradicación de las malas prácticas y falencias respecto al menú de financiamiento, profesionalización e institucionalización en el uso de las divisas, uso de las transferencias en un esquema profesional de relación entre política económica y política social y una férrea base legal y dispositivos de control contra la costosa corrupción.

Con un muy corto desfase, deberá iniciarse la reforma gradual del sistema de control de cambios. Aseguradas las precondiciones, se deberá simplificar el sistema, para lo cual, también la previa profesionalización e independencia del Banco Central, con miras al manejo de las políticas monetaria y financiera apropiadas. Este tema incluye asuntos diversos de exigente acción profesional. Merece especial cuidado el manejo de la cuenta capital de la Balanza de Pagos. Para ello igual valen los criterios de la profesionalización y la gradualidad. 

Todo lo anterior se cumple en el contexto de un Plan Integral de Ajustes y Reformas, de proyección de muy largo plazo (sin descuido de la coyuntura y la emergencia) que ya hemos hecho público progresivamente desde hace más de un año y que ha sido actualizado recientemente (“¿Cuál Plan proponemos?”. Julio 2015).

Ese Plan incluye explícitamente el otro componente de la estabilización: el relativo a las variables PIB y empleo. También existe como módulo especial y se ha presentado entre pares (“¿Cuál Modelo Productivo para Venezuela?”). Las dificultades económicas mundiales, la “nueva normalidad” de América Latina y el Caribe, las carencias actuales de la reflexión económica y de las instituciones relativas en la región, la pérdida nacional de los motores de crecimiento y el “saber convencional” nacional obligan a una intervención explícita muy exigente con relación al componente.

Pero, plantea requerimientos de coordinación. Ésos sí caen dentro de las tareas ordinarias de las políticas de estabilización. Nuestros anclajes fuertes para el proceso de transición económica, ya mencionados, permiten su cabal manejo. 

Nótese que sin referencia al Plan Integral, sino solo a la tareas de estabilización propias de la transición hemos desanudado unas seis áreas de política económica. Eso es mucho más que lo que la frecuente discusión nacional aborda. No digamos lo que algunos taumaturgos de la banca de inversión cercana al régimen proponen. 

La difícil y ya dramática realidad venezolana actual no se supera con actos de magia. La emergencia económica y la potencial crisis humanitaria que se teme en círculos internacionales exigen acción muy profesional. No precisamente en términos de emergencia, sino de integralidad. Después no digan que no lo dijimos.

* Santiago José Guevara García
(Valencia, Venezuela)
sjguevaragarcia@gmail.com /@SJGuevaraG1

jueves, 20 de agosto de 2015

¿Existe la maldición de Simón Bolívar?

Larazon.es

¿Existe la maldición de Simón Bolívar?

Como si del misterio de Tutankamón se tratase, la exhumación del cadáver de la leyenda suramericana se llevó consigo casi tantos hombres como los que osaron «molestarle»

José María Zavala, historiador. 








¿Existe la maldición de Simón Bolívar?
Cuadro de Antonio Herrera Toro que recrea la muerte de Bolívar
No es un caso de historia-ficción, aunque pueda parecerlo a simple vista. La conocida ya como «maldición de Simón Bolívar» es casi un calco de la «maldición de Tutankamón», que ya desentrañamos en un anterior enigma. Sólo que, en lugar de faraónica, a la bolivariana.
Todo empezó la madrugada del viernes 16 de julio de 2010 en Caracas, con nocturnidad y alevosía. El presidente venezolano Hugo Chávez había dispuesto la exhumación de los restos mortales de Simón Bolívar, casi 200 años después de su fallecimiento, con un claro objetivo sobre el que ya pasamos de puntillas al tratar de la psicosis del veneno: acusar a la oligarquía colombiana y venezolana de la muerte del libertador de Venezuela, Panamá, Ecuador, Colombia y Bolivia. Según Chávez, su idolatrado Bolívar no falleció de tuberculosis en diciembre de 1830, de acuerdo con la versión oficial, sino envenenado con arsénico o anhídrido arsenioso, como quiera llamársele: un polvo cristalino de color blanco, con un sabor ligeramente ácido y poco soluble en agua, utilizado ya en la antigua Grecia por Hipócrates de Cos con fines medicinales.
- «Sacrílega profanación»

Chávez no había cesado de proclamar, con su énfasis habitual: «A Bolívar lo asesinaron, lo querían muerto... Yo no me convencí de que Bolívar murió de tuberculosis». Y sólo fue capaz de aportar este perentorio argumento: «Tres meses antes de morir, Bolívar recorrió no sé cuántos kilómetros hasta Bogotá». Una cohorte de cincuenta científicos se congregó en el Panteón de los Héroes venezolanos, donde permanecía sepultado Bolívar desde octubre de 1876. Durante 19 maratonianas horas de trabajo, a las órdenes del médico forense español José Antonio Lorente Acosta, director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada, procedieron a la exhumación de los restos, o a lo que algunos calificaron más bien de «sacrílega profanación» para distraer la atención sobre la grave crisis política y económica de Venezuela.
Sea como fuere, lo cierto es que la llamada «maldición de Simón Bolívar» pareció salir del interior de la tumba del libertador, como si fuera el mismísimo sarcófago de Tutankamón. Tan sólo un mes después de que exhumasen su esqueleto, la supuesta maldición se cobró ya la primera víctima: el diputado de la Asamblea Nacional Luis Tascón, carcomido por un cáncer de colon.
Días después falleció también el general retirado Alberto Müller Rojas, uno de los líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En septiembre del mismo año, perdió la vida en un accidente de circulación William Lara, ex gobernador del Estado de Guárico.
- ¿Muerte inducida?

Al año siguiente, prosiguieron las muertes inopinadas, empezando por la de Lina Ron, una de las principales activistas del chavismo. La infortunada murió a causa de una insuficiencia coronaria que le provocó un infarto al corazón. Era la cuarta víctima de la pretendida maldición.
La quinta fue Clodosbaldo Russian, presente también en el Panteón de los Héroes venezolanos. Russian expiró en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de La Habana tras dos meses de tratamiento por un infarto cerebral.
Para colmo de males, el principal impulsor de la exhumación de los restos de Bolívar, el propio Hugo Chávez, tampoco se libró de morir con 58 años, el 5 de marzo de 2013. Dos días después, en un comunicado de prensa oficial del jefe de la guardia presidencial, el general José Ornella, se afirmó que la muerte de Chávez fue consecuencia de un «infarto fulminante» tras una ardua batalla de casi dos años contra el cáncer.
¿Muerte inducida? El nuevo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó a la agencia Efe que el Gobierno tenía pruebas de que el cáncer detectado a Chávez en junio de 2011, un año después de la exhumación de los restos de Bolívar, no había sido natural, sino inoculado por los «enemigos históricos» de la víctima.
Por si fuera poco, el 17 de julio de 2015 el historiador Jorge Mier Hoffman, responsable de que el Estado venezolano iniciase la investigación sobre la muerte de Bolívar y defensor entusiasta de la tesis del envenenamiento, fue asesinado en Margarita, en el estado de Nueva Esparta. Unos atracadores le dispararon a las 15:30 horas cuando salía del centro comercial Costa Azul a bordo de su automóvil en compañía de su esposa y de su nieta. Trasladado con urgencia a la Clínica La Fe, falleció poco después a raíz de los impactos de bala. Hoffman era el creador de la primera imagen holográfica de Simón Bolívar, que tanto hizo llorar de emoción a Hugo Chávez. ¿Casualidad o causalidad? Eso ya corresponde juzgarlo al lector.

El Twitter de Hugo Chávez

El proceso de exhumación de los restos de Simón Bolívar se llevó a cabo en presencia del ministro de Interior y Justicia venezolano, Tarek El Aissami, y de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, presentes junto a los expertos en el Panteón de Héroes. Hugo Chávez se mostró eufórico a través de su cuenta de Twitter: «Hola mis amigos. Qué momentos tan impresionantes hemos vivido esta noche. Hemos visto los restos del Gran Bolívar. Tiene que ser Bolívar ese esqueleto glorioso, pues puede sentirse su llamarada». Cuando escribió eso, Chávez no podía sospechar ni tan siquiera que justo un año después iba a ser diagnosticado de cáncer, ni mucho menos que la exhumación de los restos mortales del libertador pudiese costarle la vida. Chávez no creía en las maldiciones sino en la maldad de sus enemigos políticos, alrededor de los cuales tejió siempre una teoría conspiratoria, como su sucesor, Maduro.

Ronald Gonzalez y Enzo Scarano le deben una explicación a Carabobo


Pablo Aure, dirigente político independiente se refirió a la grabación difundida en horas de la tarde del pasado martes 18 de agosto donde se escucha a Ronald González, presidente del Concejo Municipal de San Diego, hacer señalamientos sobre el ex alcalde Enzo Scarano.
“Lo primero que quiero dejar claro, es la ilegalidad de dicha grabación, ya resulta una práctica reiterada por parte del régimen difundir de la manera más patética conversaciones privadas, eso es absolutamente condenable, sin embargo, no podemos dejar pasar por alto que a quien se escucha en ese audio presuntamente es al Presidente del Concejo Municipal de San Diego, lo cual de por si es grave, porque allí se hacen señalamientos reprochables”, precisó Aure.
Al ser consultado sobre las implicaciones legales que pueden traer como consecuencia la difusión de dicha grabación, el dirigente enfatizó que, por tratarse de un material ilegalmente conseguido, no puede ser tomado como prueba en ningún proceso, pero vale la pena hacer unas reflexiones:
“No se puede señalar a Ronald González como delator, eso quizá solo ocurriría si él perteneciera a una banda delictiva, pero no es el caso, además, el Código Orgánico Procesal Penal, en el ordinal 2 del Art. 269 establece la obligatoriedad de la denuncia en los funcionarios públicos o funcionarias públicas, cuando en el desempeño de su empleo se impusieren de algún hecho punible de acción pública”, indicó.
En este sentido se refirió al contenido del ordinal 20 del Art. 95 de la Ley del Poder Público Municipal, donde se precisan como deber y atribución del Concejo Municipal, el de “ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública municipal, en los términos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en esta Ley”.
De acuerdo a estoAure exigió “Ronald Gonzalez y Enzo Scarano le deben una explicación a la opinión pública de Carabobo, no podemos caer en el juego de llamar cooperante a todo el mundo, ambos deben acudir a los órganos competentes para solicitar se esclarezca el contenido de la grabación, de la cual ya hemos visto que Primero Justicia fijó posición”.

Doscientos ochenta y siete nuevos asignados a la UC en segundo listado de la OPSU

La nueva lista agrava la situación de sobrepoblación estudiantil en carreras como Odontología y Bioanálisis donde los materiales y equipos de laboratorio son limitados

Valencia 19 de agosto de 2015 / Especial. La Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) dio a conocer en su página web: www.opsu.gob.ve un nuevo listado de asignados a las universidades venezolanas, a través del acta 501, de conformidad con lo acordado en sesión del CNU extraordinaria del 9 de junio del 2015. En la nueva asignación, se totalizan 1851 bachilleres con promedios iguales o superiores a los 18 puntos. 

En el caso de la Universidad de Carabobo, le fueron asignados 287 nuevos estudiantes divididos de la siguiente forma: Odontología 95; Bioanálisis 62; Derecho 27; Imagenología (Técnica) 12; Ingeniería Civil 12; Contaduría Pública 9;  Ingeniería Eléctrica 8; Ciencias Fiscales 8; Administración Comercial 7; Ingeniería Industrial 7; Ingeniería Química 6; Citotecnología (Técnica) 5; Ingeniería de Telecomunicaciones 5; Biología 4; Ingeniería Mecánica 4; Estudios Políticos 4; Computación 3; Tecnología Cardiopulmonar 2; Economía 2; Terapia Psicosocial 2;  Registros y Estadísticas de Salud (Técnica) 1;  Relaciones Industriales 1 e Histotecnología (Técnica) 1. 

Pablo Aure, Secretario de la UC dijo “debemos recordar que estos bachilleres se suman al primer listado de la OPSU publicado el 15 de mayo, donde ya se le habían asignado a estas carreras un exceso matricular de 49% y con esta segunda lista se incrementaría la sobrepoblación estudiantil. Hemos revisado los promedios de la nueva lista de asignados, y encontramos que todos los estudiantes tienen promedios iguales o superiores a los 18 puntos, lo que da a entender que la OPSU reconoció que en la primera lista, discriminaron a muchos bachilleres con excelentes promedios”. 

En este sentido, aseguró que “no es que se  niegue la oportunidad de estudiar a todos los jóvenes, sino que la universidad no tiene la capacidad física ni  humana para acogerlos a todos simultáneamente. Es importante resaltar que, en el caso de la Facultad de Ciencias de la Salud y Odontología, ya se  vienen presentando graves dificultades por faltas de espacio y materiales en los laboratorios”. 

“La universidad está trabajando con un presupuesto que ya es deficitario para la comunidad estudiantil actual, por eso, al recibir estas listas que sobrepasan nuestro plan matricular nos llenamos de gran incertidumbre, por ejemplo, cada día las aulas cuentan con menos asientos debido a que, al dañarse un pupitre no se dispone de los recursos necesarios para su reparación o reemplazo, lo cual merma la capacidad de absorción para albergar a los estudiantes, lo mismo sucede con las unidades de transporte y los equipos de laboratorios”, precisó.

lunes, 17 de agosto de 2015

COPEI NO ES PERFECTO PERO SI NECESARIO/ Jesús Gánem Martínez


El Papa Francisco ha dicho recientemente que no hay familia perfecta. Igual ocurre en COPEI que coexiste con luces y sombras, sin calzar el  prototipo de una familia partidista perfecta. Tiene la base del Humanismo Cristiano, pero resulta evidente que la ideología en política no siempre marca el ritmo de las cosas. Hay una tendencia a conceder primacía al valor pragmático de las recetas sobre cualquier otra donde todo se mide por la utilidad que produce. Sin duda el partido tiene sus principios y valores los cuales hay que acatar y aplicar; sin embargo, como explicar la incredulidad que hoy le salpica, avivada por los abusos de quienes tratan de pisotear los preceptos con pugnas fuera de lugar.
En COPEI la fuerza del ejemplo se ha venido desvaneciendo por la acción individualista de unos cuantos compañeros que laceran su imagen, transitando escenarios conflictivos. Parecieran ignorar el momento histórico que vivimos, donde nuestra  presencia es necesaria en los todos los espacios del país.
Sin la vanidad de creerme imprescindible, ofrezco estas modestas líneas a la dirigencia de COPEI, a su militancia, a los decepcionados y a todo aquel que haya soltado los amarres en el partido, como una herramienta dirigida a fortalecer el ánimo partidista y espíritu de lucha que siempre hemos exhibidos los copeyanos frente a la adversidad de ayer y particularmente la que hoy confrontamos.
Es inaplazable sacudirnos el desencanto producto de los insólitos incidentes que tienden a frustrar el proceso de reorientación adelantado por sus legítimas autoridades. A título enunciativo, sugiero convocar, cuanto antes, en todos los estados, a militantes y amigos independientes a una Amplia Asamblea Informativa, a fin de dar a conocer los detalles y  entretelones ocurridos y las acciones jurídicas y estatutarias que deben darse a fin de contener o disipar la descompuesta situación.
Hay que poner al corriente a la sociedad civil, con el análisis práctico del problema interno a través de una Campaña Mediática, en redes sociales y medios de comunicación, anunciando que los copeyanos no estamos penetrados por el fatalismo o rendición; por el contrario, ante el complot urdido por grupúsculos tutorados por el gobierno, demos cuenta que en COPEI se sobrepone la unidad, que no arrojamos la toalla,  esperanzados en el renacer de la justicia.
Digámosle al país que la política tiene sus infortunios, no es estática, se mueve y es cambiante y que la casual e incidental anomia que se ha dado en el partido -hay que decirlo a viva voz- será liquidada más temprano que tarde.
De allí que la ruta del COPEI legítimo se fundamenta en el enorme y superior recurso renovable que es la esperanza. No la perdamos. Nuestro accionar político en este duro y trágico momento, es para dar el mayor esfuerzo posible dirigido a fortalecer la impostergable tarea de ganar las parlamentarias.
Es el momento de patentizar que los copeyanos tampoco somos perfectos pero sí necesarios.
Valencia 15 de agosto de 2015                            Jesús Gánem Martínez

Amparo TSJ: prohíbe el ingreso de niños, niñas y adolescentes a las corridas de toros..

EN SALA CONSTITUCIONAL
Expediente n.° 15-0167

Magistrada Ponente: GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

Mediante escrito presentado en esta Sala Constitucional, el 18 de febrero de 2015, los ciudadanos DAVID PALIS FUENTES, JAVIER ANTONIO LÓPEZ CERRADA, LUCELIA CASTELLANOS, LAURIE ANNIE MENESES SIFONTES, ENEIDA FERNANDEZ y CARMEN CRISTINA ODREMAN MARTÍNEZ, venezolanos, mayor de edad, inscritos e inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 26.023, 84.543, 145.484, 181.135, 79.059 y 161.030, respectivamente, el primero en su condición de Director General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, tal como se evidencia de la Resolución N°DdP-2015-005, y el resto como defensores y defensoras adscritos y adscritas a la referida Dirección General, según consta en las Resoluciones nros. DdP-2015-020, DdP-2015-027, DdP-2015-026, DdP 2015-024 y DdP-2015-022, en su orden, publicadas en las Gacetas Oficiales N° 40.577, de fecha 9 de enero de 2015 y N° 40.582, de fecha 16 de enero de 2015, respectivamente, actuando en representación del ciudadano Tarek Willians Saab, en su carácter de DEFENSOR DEL PUEBLO de la República Bolivariana de Venezuela, según consta de la designación publicada en la Gaceta Oficial N° 40.567, de fecha 22 de diciembre de 2014, ocurrieron a esta Sala, a los fines de interponer “RECURSO DE NULIDAD POR RAZONES DE INCONSTITUCIONALIDAD CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR contra el artículo 2 de la Ordenanza Taurina de Mérida, publicada en Gaceta Oficial Municipal Extraordinaria Nro. 03, Año II, de fecha 22 de enero de 2015”, según alegan, “por constituir una amenaza al derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes del Municipio Libertador del estado [Bolivariano de] Mérida, consagrado en el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y atentar contra el principio del interés superior del niño, niña y adolescentes contenido en el articulo 78 eiusdem, el cual se ha vulnerado con las disposiciones contenidas en la ordenanza objeto de la acción que nos ocupa”.
El 18 de febrero de 2015, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover.
El 17 de marzo de 2015, se reasignó la ponencia del presente expediente a la Magistrada Dra. GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO, quien, con tal carácter, suscribe la presente decisión. 
         El 18 de marzo mediante diligencia presentada ante la Secretaría de la Sala, mediante la cual la abogada ENEIDA FERNÁNDES DA SILVA, adscrita a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, solicita pronunciamiento en cuanto a la admisión de la presente causa.

I
DE LA SOLICITUD DE NULIDAD

La disposición cuya constitucionalidad se cuestiona ante esta Sala, es la contenida en el artículo 2 de la “Ordenanza Taurina de Mérida”, cuyo tenor es el siguiente: 
Artículo 2.- A los fines de garantizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes; la interdependencia e indivisibilidad de los derechos así como el ejercicio progresivo, libre desarrollo de la personalidad; derechos a la integridad personal y la protección de un entorno sano de los niños, niñas y adolescentes, se garantizará el acceso de los niños y niñas de menos de doce (12) de edad a los espectáculos Feriales de Tauromaquia que se realicen en la Plaza de Toros “Román Eduardo Sandia”, en compañía y bajo la responsabilidad de sus padres o representantes legales, previa exhibición de la partida de nacimiento. Igualmente se garantizará el acceso de los adolescentes de doce (12) años a menos de catorce (14) años de edad a los espectáculos Feriales de Tauromaquia que se realicen en la Plaza de Toros “Román Eduardo Sandia”, en compañía y bajo la responsabilidad de sus padres o representantes legales, previa exhibición de la partida de nacimiento. Del mismo modo se garantizará el acceso de los adolescentes de catorce (14) años a menos de dieciocho (18) años de edad a los espectáculos Feriales de Tauromaquia que se realicen en la Plaza de Toros «Román Eduardo Sandia”, sin la compañía de sus padres o representantes legales”.
Al respecto, alega el solicitante de autos lo siguiente:
Que “el artículo transcrito, corresponde a la regulación del ingreso de las personas a los espectáculos taurinos, por lo cual se concedió a los niños, niñas y adolescentes la facultad para asistir a los espectáculos taurinos que se realicen en ese Municipio, dependiendo de la edad, en compañía y bajo la supervisión de sus padres o responsables, en virtud de que a consideración de los redactores de la norma constituye una forma de garantizar el desarrollo progresivo de sus derechos y su formación integral”.
Que “en la Exposición de motivos de la Ordenanza impugnada se sostiene que “se legisla de manera exhaustiva sobre los derechos de los aficionados tomando como base el derecho humano a la Cultura consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela extendido a los niños, niñas y adolescentes de acuerdo con la vigente Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (…)” razón por la cual, a su criterio existe afinidad y concordancia de los preceptos enunciados en dicha Ordenanza con la Carta Magna y la Ley Especial que rige la materia de niños, niñas y adolescentes; pudiéndose desprender de ello, que los legisladores locales pretenden aseverar que la normativa impugnada procura el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y constituye un instrumento que promueve valores culturales necesarios para la adecuada y óptima formación de éstos”.
Que “al asumirse como valores superiores del Estado la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia y la preeminencia de los derechos humanos, se asume como guía del actuar de éste la inclusión y protección de los grupos más vulnerables de la sociedad en el marco de los derechos humanos y del respeto a su dignidad, a objeto de equilibrar las condiciones y oportunidades para que todos los miembros de la sociedad puedan alcanzar el desarrollo pleno de su personalidad y disfrutar de una vida en paz y felicidad.”
Que “en consecuencia, esta nueva visión de Estado trajo consigo un nuevo enfoque de los derechos de los ciudadanos, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, incorporando de forma sistemática la doctrina de protección integral para éstos, para lo cual la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estableció en el artículo 78 que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos, y por ende el Estado, la sociedad, la familia deben tenerlos como personas plenas, debiendo respetarlos, no vulnerando sus derechos, sino por el contrario garantizando su desarrollo íntegro, es decir, físico, psíquico y moral”.
Que “en consonancia con lo anterior, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 8, protege el disfrute pleno de sus derechos y garantías. En consecuencia, el Estado, la sociedad y la familia deben brindar una protección integral, de allí que cualquier conducta contraria al interés superior del niño, niña y adolescente es vulnerar sus derechos humanos.”
Que “en este orden de ideas y como una expresión del interés superior del niño, niña y adolescentes, ellos tienen derecho a un proceso de formación que garantice su dignidad, su felicidad, de tal que asegure su estado físico, psíquico y moral, y los prepare para transitar a la adultez, bajo el marco de valores de la igualdad, libertad, amor, solidaridad, fraternidad y respeto por sí mismo y por el resto de miembros que conforman la sociedad.”
Que “la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece, en su artículo 83, la salud como un derecho social fundamental, asociado a la vida, al cual tienen derecho  todas las personas, constituyendo una obligación fundamental e indeclinable del Estado su protección a todas las personas, sin distinción alguna. Disposición que transcrita es del siguiente tenor:
“Artículo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República”.
Que “A tal efecto, es importante destacar que conforme a lo establecido en la Constitución de 1948 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, por lo cual el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.
Que la “Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en fecha 10 de diciembre de 1948, dispone en su artículo 25.1, lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.”
Que “asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en fecha 16 de diciembre de 1966, dispone en el numeral 1 de su artículo 12 lo que se expresa a continuación:
1. Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (...)”

Que “En tal sentido, los Estados Partes deben adoptar medidas para proteger y asegurar la plena efectividad de este derecho, haciendo énfasis en la atención médica física y el sano desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, a través de la creación de condiciones que aseguren el máximo aprovechamiento de sus capacidades, una equilibrado precepción de la realidad y un óptimo desarrollo de sus potencialidades”.
Que “la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948, también reconoce el derecho a la preservación de la
Salud y al bienestar, disponiendo en el artículo 11 que:

“Artículo 11.- Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”.

Que “Igualmente, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador), consagra el derecho a la salud en el artículo 10.1 al disponer lo se expone a continuación:

“Artículo 10.1.- Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”.

Que “uno de los instrumentos internacionales más importantes en el tema de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es la Convención sobre Derechos del Niño, la cual establece en su artículo 19 lo siguiente:
“Artículo 19.1.- Los Estados Partes adoptarán todas Las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.

Que “De toda la normativa antes referida no cabe la menor duda que para el Estado constituye un deber prioritario asegurar que los niños, niñas y adolescentes gocen plena y efectivamente del derecho a la salud, en todos los ámbitos, con todos los matices y de todas las formas posible, a fin de garantizar así, su desarrollo integral”.
Que “en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, podemos encontrar normas del calibre del artículo 32, el cual prevé:
“Artículo 32.- Derecho a la integridad personal. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la integridad personal. Este derecho comprende la integridad física, psíquica y moral (...)”

Que “como observamos, el Estado debe garantizarle a nuestra población infantil y joven, su derecho a la salud, asegurando su integridad física, psíquica y moral, todo ello con miras al buen desenvolvimiento de su personalidad, de tal forma que cualquier conducta que implique una amenaza o que lo afecte directa o indirectamente, es contrario a los postulados Constitucionales y a la norma especial.”
Que “en este escenario garantista y protector de los derechos de los niños, niñas y adolescentes el artículo 63 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece:

“Artículo 63. Derecho al descanso, recreación, esparcimiento, deporte y juego. Todos los niños, niñas y adolescente tienen derecho al descanso, recreación, esparcimiento, deporte y juego.
Parágrafo Primero: El ejercicio de los derechos consagrados en esta disposición debe estar dirigido a garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas, y adolescentes y a fortalecer los valores de solidaridad, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente. El Estado debe garantizar campañas permanentes dirigidas a disuadir la utilización de juguetes y de juegos bélicos o violentos”.

Que “de esta norma se desprende el derecho del niño, niña y adolescente al descanso, recreación, juego y deporte, a objeto de asegurar su desarrollo integral, orientadas dichas actividades a reforzar los valores de solidaridad, tolerancia y respeto al medio ambiente. Por consiguiente, se prohíben los juguetes y juegos bélicos o violentos, como parte de la obligación del Estado de promover la cultura de respeto de los derechos humanos, orientada al pleno desarrollo de la personalidad de los niños, niñas y adolescentes y el respeto a su dignidad fomentando valores como la paz, la tolerancia, el derecho a la igualdad, no discriminación, solidaridad y amistad.
Que “en ese marco se debe desenvolver el derecho a la recreación, execrando aquellas actividades que fomenten antivalores, como la violencia, y los cuales pueden deformar la percepción de la realidad del niño, niña y adolescente, afectando su desarrollo integral, psíquico y emocional y en definitiva su salud.”
Que “en este mismo orden de ideas el artículo 76 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece:

“Artículo 76. Acceso a espectáculos públicos, salas y lugares de exhibición. Todos los niños, niñas y adolescentes pueden tener acceso a los espectáculos públicos, salas y lugares que exhiban producciones clasificadas como adecuadas para su edad”.

Que “La clasificación de los espectáculos aptos para los niños, niñas y adolescentes, cobra mayor relevancia cuando se analiza bajo la premisa establecida en el artículo 68 eiusdem, sobre el derecho a recibir información acorde a su desarrollo, y la obligación de los padres, la sociedad y el Estado, de asegurar que la misma sea verás [sic], plural y adecuada a sus requerimientos evolutivos y cognitivos, en otras palabras, que la información recibida sea cónsona con su capacidades de entendimiento y de procesamiento, a fin de que se garantice el desarrollo pleno e integral de todas sus facultades y aptitudes”.
Que “cuando un niño o niña presencia un evento taurino, donde el centro del espectáculo gira en torno a la tortura de un animal indefenso o en aquellos casos donde el torero es embestido y corneado, se les expone a hechos violentos, con los cuales éste se identifica, o imita sin que dispongan de la posibilidad de separar su vida de lo visto, lo que seguramente les origina emociones encontradas de violencia, miedo, estrés, ansiedad, angustia, depresión, etc.”
Que “el presente recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad se intenta toda vez que con la publicación en Gaceta Oficial Municipal de la Ordenanza Taurina de Mérida se le permite el acceso a niños, niñas y adolescentes a espectáculos taurinos (corridas de toros) a celebrarse en el Municipio Libertador, ciudad de Mérida, estado Mérida en el contexto de cualquier festividad que tenga lugar en la jurisdicción del Municipio Libertador del estado Mérida.”
Que “al respecto, valga destacar que la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, en su artículo 66 define lo que debe entenderse como actos crueles, norma que a continuación se copia:
“Actos de crueldad
Artículo 66. Para efectos de la aplicación de sanciones, se entenderán por actos de crueldad, los siguientes:
1. Los que causen al animal dolores, sufrimientos o que afecten su salud.
2. Los que descuiden la morada y las condiciones de movilidad, higiene y albergue que atenten las condiciones del óptimo animal.
3. La muerte utilizando un medio que provoque agonía prolongada.
4. Cualquier mutilación orgánicamente grave que no se efectúe por   necesidad y bajo el control veterinario”.

Que “En atención a lo anterior, los actos de crueldad señalados por la referida ley tienen como elemento común el provocarle un dolor o sufrimiento al animal sin necesidad alguna”.
Que “Por tanto, el hecho de que los niños, niñas y adolescentes presencien las corridas de toros donde se maltrata y da muerte a un animal solo por diversión, incentiva en los infantes y en los adolescentes un cúmulo de valores negativos tales como la insensibilidad ante el dolor y sufrimiento de un animal, la intolerancia, el irrespeto, falta de solidaridad, el desamor a los seres vivos, desamor a la naturaleza, arraigo a la violencia como una forma de tratar a los que nos rodean y como mecanismo de “parecer” superior o aparentar superioridad, triunfo y dominio ante el resto del mundo. Igualmente, cuando en ocasiones el torero es agredido podría ser interpretado como: que el torero no fue lo suficientemente violento con el toro; lo que puede provocar que se abra un espiral de violencia que no tiene fin; pues de más está decir que violencia siempre genera más violencia.”
Que “por otro lado nuestro ordenamiento jurídico específicamente el artículo 31 de la Convención Sobre Derechos del Niño, establece que toda actividad recreativa debe ser adecuada a la edad del niño, niña y adolescente, por lo que las corridas de toros en virtud de la violencia y crueldad que se despliega en dicho espectáculos, deviene en no apto para ser contemplado por niños, niñas y adolescentes, pues no es apropiada para su edad.”
Que “exponer a los niños y niñas a espectáculos crueles fomenta traumas y secuelas psicológicas y emocionales, lo cual es totalmente contrario al mandato legal que encomienda garantizar el desarrollo integral de éstos”.
Que “esta situación se agrava al observar que el artículo 63 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, exige que toda actividad recreativa, de esparcimiento, etc., debe fortalecer los valores de solidaridad, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente, los cuales no están presenten en las corridas de toro, por el contrario se estimula anti-valores, como la crueldad, violencia, insensibilidad, etc., que el niño, niña y adolescente aprehende como normales, como premisas axiomáticas dignos a seguir, a tener como modelos básicos a imitar”.
Que “consideramos necesario que la norma que autoriza el ingreso de niños, niñas y adolescentes a las corridas de toros y cualquier otra actividad de tauromaquia contenida en la Ordenanza Taurina de Mérida debe ser declarada como inconstitucional, pues de lo contrario se estaría permitiendo que éstos contemplen la violencia y crueldad que se suscita en estos eventos atentando contra los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes contemplados específicamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por la República de Venezuela. Y así solicitamos sea declarado por esta Honorable Sala”.
Asimismo, solicitó la Defensoría del Pueblo que “se dicte amparo cautelar que tenga por objeto prohibir el ingreso de niños, niñas y adolescentes a los espectáculos taurinos, hasta tanto se decida la nulidad por razones de inconstitucionalidad del artículo 2 de la Ordenanza Taurina de Mérida publicada en Gaceta Oficial Municipal Extraordinaria Nro. 03, Año II, de fecha 22 de enero de 2015, en razón de salvaguardar su derecho a un desarrollo integral, sano, pleno y armonioso y por ende su derecho a la salud y a la preeminencia de su interés superior”.
Que “Es de significar, que las medidas cautelares constituyen un instrumento fundamental para garantizar el pleno respeto al Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia consagrado por nuestro Texto Fundamental, dado que el Estado en su rol activo de garante de los derechos humanos, encargado de equilibrar las desigualdades sociales para el libre, digno y efectivo desenvolvimiento de la persona y de sus derechos, está obligado a garantizar y proteger en forma oportuna y efectiva los derechos humanos reconocidos a los habitantes de la República y siendo que el derecho a la salud y el interés superior del niño están consagrados en los artículo 78 y 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales damos aquí por reproducidos, solicitamos su protección y amparo”.
Que “En ese sentido, solicitamos se suspenda la autorización que tienen los niños, niñas y adolescentes de ingresar a los espectáculos de tauromaquia que se realicen en el municipio libertador del estado Mérida”.
Que “En otro orden de ideas, valga recordar lo señalado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 1197 de fecha 26 de noviembre del año 2010:

“(...) Observa la Sala que respecto a la solicitud de medidas cautelares dentro de juicios de amparo constitucional, tal como lo estableció en su sentencia del 24 de marzo de 2000, caso: Corporación L’ Hotels, C.A., el peticionante no está obligado demostrar la presunción de buen derecho, bastando la ponderación por el juez del fallo impugnado; mientras que por otra parte, el periculum in mora, está consustanciado con la naturaleza de la petición de amparo, que en el fondo contiene la afirmación que una parte está lesionando a la otra, o que tiene el temor que lo haga y, que requiere que urgentemente se le restablezca o repare la situación.
De allí, que el juez del amparo, para decretar una medida preventiva, no necesita que el peticionante de la misma le pruebe los dos extremos señalados con antelación en este fallo, ni el temor fundado de que una de las partes pueda causar a la otra lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, ya que ese temor o el daño ya causado a la situación jurídica del accionante es la causa del amparo, por lo que el requisito concurrente que pide el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, para que procedan las medidas innominadas, tampoco es necesario que se justifique; quedando a criterio del juez del amparo, utilizando para ello las reglas de lógica y las máximas de experiencia, si la medida solicitada es o no procedente. (...)» (Negrillas de la Defensoría del Pueblo).

Que “Del mismo modo, valga indicar que conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, esta Institución Nacional de Derechos Humanos goza de las mismas prerrogativas procesales en el ejercicio de sus funciones que las previstas para la Procuraduría General de la República. En consecuencia, es suficiente que la Defensoría del Pueblo demuestre uno solo de los extremos legales exigidos, para que el Juez esté obligado a decretar la medida cautelar solicitada, todo conforme a lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Que “No obstante, en el presente caso se dan los dos elementos necesarios para el otorgamiento de la medida cautelar, como lo es el fumus bonis iuris (presunción de buen derecho) y el periculum in mora (peligro en la mora), tal como se evidencia a continuación:
Que “El primero de los elementos se verifica ante el hecho que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 78, reconoce como sujetos de derechos a los niños, niñas y adolescentes, consagrando con este carácter la doctrina de la protección integral. De igual forma, el artículo 83 constitucional establece el derecho a la salud (física y mental) como un derecho social y fundamental que detentan todas las personas”.
Que “Aunado a ello, existen disposiciones legales que amplían y profundizan los derechos derivados de las disposiciones constitucionales, tales como el artículo 32 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, prevé el derecho de la infancia y adolescencia a la integridad física, psíquica y moral. Asimismo el artículo 63 en su parágrafo primero y segundo establece el derecho al descanso, recreación, esparcimiento, deporte y juego de todos los niños, niñas y adolescentes; actividades y derechos éstos que deben garantizarle el desarrollo integral y fortalecer los valores de solidaridad, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente. Igualmente el artículo 76 de la misma ley establece que los niños, niñas y adolescentes podrán tener acceso a los espectáculos públicos que exhiban eventos clasificados para su edad”.
Que “Por último del artículo 10 de la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio se infiere en forma ineludible que está prohibido el acceso de los niños, niñas y adolescente a los espectáculos donde se sacrifiquen animales domésticos con dolor, como es el caso de las corridas de toros”.
Que “Todas estas normas en su conjunto constituyen la apariencia de buen derecho, suficiente para que se acuerde la medida solicitada”.
Que “Constituye una máxima de experiencia que los espectáculos taurinos más que constituir eventos recreativos, son en realidad espectáculos violentos, crueles que incitan a la práctica de la tortura, maltrato y muerte de un animal. Estos actos en nada contribuyen a crear, mantener y enaltecer los valores cívicos de la solidaridad, la empatía, la tolerancia, el amor, el cuidado al medio ambiente, en los niños, niñas y adolescentes”.
Que “De igual modo, constituye una máxima de experiencia, que presenciar eventos de naturaleza cruel y sanguinaria (donde el maltrato y muerte de un animal es provocada por el ser humano para recibir las ovaciones del público), son hechos que generan efectos perjudiciales en la formación de los niños, niñas y adolescentes”.
Que “En ese sentido esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1522, de fecha 20 de julio de 2007, señaló con ocasión a una medida cautelar solicitada en el juicio de intereses difusos en contra de los diarios “El Progreso” y “El Luchador” por las imágenes de contenido violento que publicaban lo siguiente:

“(…) se observa que la pretensión de la medida cautelar versa sobre la prohibición de publicación por parte de los Diarios “El Progreso” y “El Luchador” de imágenes de sucesos sangrientos que hayan ocurrido como consecuencia de algún hecho delictivo o no, por lo que se aprecia de un examen preliminar que confluyen en las actas judiciales, que del contenido de dichas fotografías existe un mensaje altamente influyente en el bienestar psicológico y emocional del lector, en virtud que las imágenes publicadas y denunciadas por la parte demandante, versan sobre el deceso de ciudadanos en accidentes de tránsito o por hechos violentos que muestran con una particular crudeza la realidad visual de las víctimas, lo cual, sólo tiene un efecto amarillista en materia periodística y de mercadeo y dejan en un segundo plano la nota informativa, la cual pudiera efectuarse adecuadamente sin que sea necesaria la publicación de las mencionadas foto grafías sin considerar a los familiares de las víctimas que aparecen reflejadas en dichas imágenes, en congruencia con la prestación que tienen todos los particulares de respetar la dignidad de las personas y la sociedad.
En consecuencia, se aprecia preliminarmente que la divulgación reiterada de imágenes de sucesos sangrientos que hayan ocurrido como consecuencia de algún hecho delictivo o no, producen un efecto degenerador y perturbador de los elementos psicológicos, éticos, morales y rectores de la sociedad por un medio comunicacional, lo cual sin duda alguna tiene una amplia difusión en nuestros tiempos, razón por la cual esta Sala, aprecia que aunado al hecho de que los mencionados mensajes visuales son publicados reiteradamente, tal como se desprende de las múltiples páginas de prensa de los mencionados periódicos que constan en el expediente judicial, debe acordarse la procedencia de la medida cautelar de prohibición de publicación(...)”.

Que “En este contexto de ideas, está claramente señalado, que la divulgación de imágenes con contenido violento, al ser interpretados por el lector de manera inadecuada, podrían altamente influenciar en el bienestar psicológico y emocional del mismo, más aún si los lectores son niños, niñas y adolescentes”.
Que “Partiendo de las líneas precedentes, cabe afirmar que si las imágenes violentas publicadas por prensa producen un efecto degenerador y perturbador de los elementos psicológicos, éticos, morales y rectores de la sociedad; estos efectos se ven maximizados cuando el infante o adolescente percibe (activando todos sus sentidos) la imagen directamente en el lugar de los hechos. Vale decir, cuando un niño, niña o adolescente presencia un espectáculo taurino observando, escuchando, sintiendo in situ los actos sangrientos, crueles y violentos encaminados a que muera el animal o la embestida o cornada recibida por un torero, en definitiva redunda en una carga negativa “altamente” influyente en el bienestar psicológico y emocional de quienes acuden y asisten a estos eventos”.
Que “Por todas las razones anteriormente expuestas es que el amparo cautelar que solicitamos tiene por objeto hacer cesar de forma inmediata y provisional la inminente amenaza de lesión constitucional y de derechos humanos que causa y pudiere ocasionar el ingreso libre de los niños, niñas y adolescentes a los espectáculos taurinos. Por lo cual respetuosamente solicitamos a esta Excelentísima Sala Constitucional se sirva, prohibir el ingreso de los niños, niñas y adolescentes a las llamadas corridas de toros que están programadas para los días 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de febrero del presente año en la Plaza de Toros “Monumental Ramón Eduardo Sandia” Municipio Libertador, ciudad de Mérida, estado Mérida, y cualquier otra que se presentaré dentro del referido Municipio, y así solicitamos se declare”.

II
DE LA COMPETENCIA

Siendo la oportunidad de pronunciarse respecto a la competencia para conocer del presente asunto, esta Sala pasa a hacerlo y, a tal efecto, observa:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 336.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en el artículo 25.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia,  le concierne a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y Leyes Estadales, de las Ordenanzas Municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución y que colidan con ella.
Ahora bien, en esta oportunidad se solicitó la nulidad por inconstitucionalidad contra la disposición contenida en el artículo 2 de la Ordenanza Taurina de Mérida.
En consecuencia, congruente con las disposiciones constitucionales y legales antes citadas, esta Sala Constitucional resulta competente para conocer y resolver la solicitud de nulidad por inconstitucionalidad, ejercida por la Defensoría del Pueblo contra el artículo 2 de la Ordenanza Taurina de Mérida. Así se decide. 

III
DE LA ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA DE NULIDAD

Establecida la competencia de la Sala para el conocimiento de la causa, le corresponde emitir el pronunciamiento respecto a la admisibilidad de la solicitud propuesta. 
Al respecto, una vez examinada la presente acción a la luz de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala observa que la misma no se encuentra incursa en ninguna de ellas, motivo por el cual se admite en cuanto ha lugar en derecho, la solicitud de nulidad por razones de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra la disposición contenida en el artículo 2 de la Ordenanza Taurina de Mérida, sin perjuicio de la potestad que asiste a esta Sala de examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en la ley y la jurisprudencia en cualquier estado y grado del proceso. Así se decide.
Como consecuencia de dicha admisión, se tramitará la presente solicitud de nulidad de conformidad con los artículos 135 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y, en consecuencia, esta Sala deberá ordenar la remisión del presente expediente al Juzgado de Sustanciación, conforme lo dispone el referido artículo.
En razón de lo antes expuesto, se ordena citar al Alcalde, al Presidente del Concejo Municipal y al Síndico Procurador del Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida.
Asimismo, se ordena notificar de la presente decisión mediante oficio a la Defensoría del Pueblo como parte demandante, así como también a la ciudadana Fiscal General de la República y a la Presidenta del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
A tales fines, remítase a todos los funcionarios señalados copia certificada de la presente solicitud de nulidad y del presente auto de admisión.
Por su parte, se ordena el emplazamiento de los interesados mediante cartel, el cual será retirado y publicado por la parte demandante, en un diario de circulación regional, para que los interesados concurran dentro del lapso de diez días de despacho siguientes a que conste en autos su publicación en la oportunidad de ley, conforme a lo previsto en el artículo 137 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Conforme a ese artículo, la parte demandante deberá consignar un (1) ejemplar del periódico donde fue publicado el cartel, dentro del lapso previsto por el referido artículo legal. El incumplimiento de ese deber se entenderá como desistimiento del recurso y se ordenará el archivo del expediente, salvo que existan razones de orden público que justifiquen la continuación de la causa.

IV
DE LA SOLICITUD CAUTELAR

Corresponde ahora pronunciarse sobre la solicitud cautelar requerida:
Al respecto, la Defensoría del Pueblo solicitó que “se dicte amparo cautelar que tenga por objeto prohibir el ingreso de niños, niñas y adolescentes a los espectáculos taurinos, hasta tanto se decida la nulidad por razones de inconstitucionalidad del artículo 2 de la Ordenanza Taurina de Mérida publicada en Gaceta Oficial Municipal Extraordinaria Nro. 03, Año II, de fecha 22 de enero de 2015, en razón de salvaguardar su derecho a un desarrollo integral, sano, pleno y armonioso y por ende su derecho a la salud y a la preeminencia de su interés superior”.
En tal sentido, requirieron a esta Sala que “se sirva, prohibir el ingreso de los niños, niñas y adolescentes a las llamadas corridas de toros que están programadas para los días 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de febrero del presente año en la Plaza de Toros “Monumental Ramón Eduardo Sandia” Municipio Libertador, ciudad de Mérida, estado [Bolivariano] Mérida, y cualquier otra que se presentaré dentro del referido Municipio”.
Como fundamento de ello señaló la obligación de “garantizar y proteger en forma oportuna y efectiva los derechos humanos reconocidos a los habitantes de la República y siendo que el derecho a la salud y el interés superior del niño están consagrados en los artículo 78 y 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
 Que “…existen disposiciones legales que amplían y profundizan los derechos derivados de las disposiciones constitucionales, tales como el artículo 32 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, prevé el derecho de la infancia y adolescencia a la integridad física, psíquica y moral. Asimismo el artículo 63 en su parágrafo primero y segundo establece el derecho al descanso, recreación, esparcimiento, deporte y juego de todos los niños, niñas y adolescentes; actividades y derechos éstos que deben garantizarle el desarrollo integral y fortalecer los valores de solidaridad, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente. Igualmente el artículo 76 de la misma ley establece que los niños, niñas y adolescentes podrán tener acceso a los espectáculos públicos que exhiban eventos clasificados para su edad”.
Que “… del artículo 10 de la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio se infiere en forma ineludible que está prohibido el acceso de los niños, niñas y adolescente a los espectáculos donde se sacrifiquen animales domésticos con dolor, como es el caso de las corridas de toros”.
 Que “constituye una máxima de experiencia, que presenciar eventos de naturaleza cruel y sanguinaria (donde el maltrato y muerte de un animal es provocada por el ser humano para recibir las ovaciones del público), son hechos que generan efectos perjudiciales en la formación de los niños, niñas y adolescentes”.
Finalmente, en su petitorio, la Defensoría del Pueblo requirió que “se declare procedente la solicitud de amparo cautelar o en su defecto esta Honorable Sala con fundamento en los amplios poderes otorgados por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dicte las medidas necesarias para resguardar los derechos humanos a un desarrollo sano e integral de los niños, niñas y adolescentes del Municipio Libertador del estado [Bolivariano] Mérida, como manifestación del derecho a la salud consagrado en el Texto Fundamental”.
Al respecto, el fundamento jurídico de la interposición conjunta de ambas acciones (solicitud de nulidad y amparo cautelar –o, en su defecto, cualquier otra forma de cautela-), se encuentra en el primer aparte del artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 3.- “También es procedente la acción de amparo, cuando la violación o amenaza de violación deriven de una norma que colida con la Constitución. En este caso, la providencia judicial que resuelva la acción interpuesta deberá apreciar la inaplicación de la norma impugnada y el Juez informará a la Corte Suprema de Justicia acerca de la respectiva decisión.
La acción de amparo también podrá ejercerse conjuntamente con la acción popular de inconstitucionalidad de las leyes y demás actos estatales normativos, en cuyo caso, la Corte Suprema de Justicia, si lo estima procedente para la protección constitucional, podrá suspender la aplicación de la norma respecto de la situación jurídica concreta cuya violación se alega, mientras dure el juicio de nulidad (Subrayado de este fallo).

En tal sentido, desde las primeras decisiones al respecto, en forma pacífica, tanto la otrora Corte Suprema de Justicia como este Tribunal Supremo de Justicia han interpretado que el amparo en cuestión se otorga respecto del acto de aplicación de la norma cuya nulidad se demanda y no respecto de ella en sí misma, por cuanto sus características de generalidad y abstracción le impedirán, por lo general, cualquier vulneración directa a la esfera jurídica de los justiciables (Vid., s. SPA-CSJ, caso: Colegio de Abogados del Distrito Federal de 12.08.92).
Asimismo, según jurisprudencia reiterada de esta Sala, el amparo contra norma procede contra el “acto de aplicación de la norma” y no contra ésta directamente. Ello porque, en principio, las normas no son capaces de incidir en la esfera jurídica de los sujetos de derecho por su carácter general y abstracto sino que requiere de un acto de aplicación que produzca el vínculo entre la norma, general y abstracta, como es, y la situación jurídica de algún sujeto –o sujetos- de derecho en particular, razón por la cual, en los casos de amparo contra actos normativos, la norma no es objeto del amparo, sino la causa o motivo por razón de la cual los actos, que la apliquen o ejecuten, resultan lesivos de derechos o garantías constitucionales, o bien si ésta es una norma autoaplicativa y, si fuera el caso, analizar si se desprende presunción grave de violación de derechos constitucionales.
En efecto, ese principio cuenta con la excepción de que la norma objeto de la pretensión de amparo –sea autónomo o cautelar- que se solicita con fundamento en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sea una norma autoaplicativa, caso en el cual el amparo tiene por finalidad la inaplicación la norma en cuestión al caso concreto.  
Las denominadas normas jurídicas autoaplicativas son aquellas cuya eficacia o efectos sobre la esfera jurídica de los particulares no está supeditada a la aplicación por acto posterior; por tanto, la sola iniciación de su vigencia puede suponer, respecto de un supuesto de hecho determinado, una violación o amenaza de violación a derechos constitucionales susceptible de ser objeto de amparo constitucional.
En tal sentido, esta Sala se ha pronunciado en anteriores oportunidades, sobre el alcance de esta modalidad de normas jurídicas. Así, en sentencia n.° 1505 de 5 de junio de 2003, señaló que por norma autoaplicativa se entiende “...aquella norma cuya sola promulgación implica una obligatoriedad efectiva y actual (rectius, también inminente) para las personas por ella prevista de manera concreta, por lo que no requiere de ejecución por acto posterior”.
En aplicación de las anteriores consideraciones al caso de autos, se observa que la norma contra la que se intentó el amparo cautelar es la prevista en el artículo 2 de la “Ordenanza Taurina de Mérida”, que, tal como se indicó ut supra, dispone lo siguiente:

Artículo 2.- A los fines de garantizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes; la interdependencia e indivisibilidad de los derechos así como el ejercicio progresivo, libre desarrollo de la personalidad; derechos a la integridad personal y la protección de un entorno sano de los niños, niñas y adolescentes, se garantizará el acceso de los niños y niñas de menos de doce (12) de edad a los espectáculos Feriales de Tauromaquia que se realicen en la Plaza de Toros “Román Eduardo Sandia”, en compañía y bajo la responsabilidad de sus padres o representantes legales, previa exhibición de la partida de nacimiento. Igualmente se garantizará el acceso de los adolescentes de doce (12) años a menos de catorce (14) años de edad a los espectáculos Feriales de Tauromaquia que se realicen en la Plaza de Toros “Román Eduardo Sandia”, en compañía y bajo la responsabilidad de sus padres o representantes legales, previa exhibición de la partida de nacimiento. Del mismo modo se garantizará el acceso de los adolescentes de catorce (14) años a menos de dieciocho (18) años de edad a los espectáculos Feriales de Tauromaquia que se realicen en la Plaza de Toros «Román Eduardo Sandia”, sin la compañía de sus padres o representantes legales”.

Como puede apreciarse, la disposición transcrita señala, los fines de garantizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes; la interdependencia e indivisibilidad de los derechos así como el ejercicio progresivolibre desarrollo de la personalidad; derechos a la integridad personal y la protección de un entorno sano de los niños, niñas y adolescentes:
1.- Que se garantizará el acceso de los niños y niñas de menos de doce (12) de edad a los espectáculos Feriales de Tauromaquia que se realicen en la Plaza de Toros “Román Eduardo Sandia”, en compañía y bajo la responsabilidad de sus padres o representantes legales, previa exhibición de la partida de nacimiento.
2.- Que se garantizará el acceso de los adolescentes de doce (12) años a menos de catorce (14) años de edad a los espectáculos Feriales de Tauromaquia que se realicen en la Plaza de Toros “Román Eduardo Sandia”, en compañía y bajo la responsabilidad de sus padres o representantes legales, previa exhibición de la partida de nacimiento.
3.- Que se garantizará el acceso de los adolescentes de catorce (14) años a menos de dieciocho (18) años de edad a los espectáculos Feriales de Tauromaquia que se realicen en la Plaza de Toros «Román Eduardo Sandia”, sin la compañía de sus padres o representantes legales.
En primer lugar, respecto del requerimiento referido a que esta Sala se sirva prohibir cautelarmente “el ingreso de los niños, niñas y adolescentes a las llamadas corridas de toros que están programadas para los días 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de febrero del presente año en la Plaza de Toros “Monumental Ramón Eduardo Sandia” Municipio Libertador, ciudad de Mérida, estado [Bolivariano]Mérida”, la Sala observa que a la presente fecha ya transcurrieron, irremediablemente, esos días, por lo que no carece de sentido evaluar la procedencia de la medida cautelar en lo que a ello respecta.
Ahora bien, la Defensoría del Pueblo también requirió que esta Sala acuerde cautelarmente, en amparo, tal prohibición del ingreso de niños y adolescentes, a cualquier otra de las llamadas corridas de toros que se presentaré dentro del referido Municipio.
Al respecto,  observa esta Sala que la disposición cuya nulidad pretende la Defensoría del Pueblo tiene carácter autoaplicativo, pues implica deberes directos e inmediatos para sus destinatarios y su eficacia no está supeditada a la aplicación por acto posterior, por tanto, su mera existencia en el mundo jurídico es pasible generar consecuencias lesivas, en el ámbito de derechos fundamentales, razón por la que tiene cabida, en lo que a ello respecto, el amparo cautelar solicitado.
Ello así, para la procedencia de la pretensión de amparo constitucional, el juez realizará un examen preliminar de presunción de adecuación del acto normativo a los preceptos constitucionales y ponderará la inaplicación de la norma al caso concreto, lo cual dependerá -como se expresó supra- de la presencia o inminencia de un acto de aplicación o ejecución de la norma y, si fuera el caso, decidirá lo conducente para el restablecimiento de la situación jurídica infringida.
En el mismo sentido, esta Sala en su decisión N° 287/2008, estableció lo siguiente:

Como es jurisprudencia reiterada de esta Sala, la suspensión de los efectos de las normas, así se plantee como protección cautelar por medio del amparo constitucional o por la vía del Código de Procedimiento Civil, constituye una respuesta excepcional del juez frente a violaciones al derecho que no encuentran otra forma idónea de ser atendidas.
La situación normal debe ser la opuesta, en virtud de su presunción de constitucionalidad y legalidad, y debido a su carácter erga omnes, las normas deben mantener su aplicabilidad hasta que el tribunal competente, luego de un serio y detenido análisis, determine su invalidez. Actuar de otra forma puede ocasionar más perjuicios que ventajas, con lo que la tutela provisional puede convertirse, lejos de su verdadera justificación, en un mecanismo para desatender disposiciones sobre las que aún resta hacer el pronunciamiento definitivo (…)”.

Ahora bien, concretamente en materia de solicitud de medida cautelar acumulada al recurso de nulidad por inconstitucionalidad (Cfr. fallo de esta Sala Nº 1.181/2001), esta Sala ha sido conteste en afirmar que la medida de inaplicación requerida supone una interrupción temporal de la eficacia del contenido normativo de la disposición impugnada y que, como tal, constituye una importante excepción legal al principio general, según el cual, con base en la presunta validez intrínseca a todo acto legal, éste tiene fuerza obligatoria y produce todos sus efectos desde el momento mismo de su publicación en la Gaceta Oficial, aplicándose únicamente como medida de protección cuando sea muy difícil reparar por sentencia definitiva los daños que resulten de la aplicación del contenido normativo del texto legal impugnado, por tanto, para que pueda ser acordada, tiene que existir una verdadera y real justificación, ya que su manejo desequilibrado causaría un quebrantamiento del principio de autoridad. 
En el caso concreto, entre otros argumentos, el solicitante justificó la solicitud de amparo cautelar en la necesidad de garantizar los derechos de la infancia y adolescencia a la integridad física, psíquica y moral y, en general el derecho fundamental a la salud, así como la protección de la disposición contenida en los artículos 78 y 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que estima que presenciar directamente los espectáculos taurinos pudiera influenciar en el bienestar psicológico y emocional de los niños, niñas y adolescentes que asistan a los mismos.
Al respecto, esta Sala considera ajustado a derecho, sin que ello implique adelantar opinión respecto de la resolución del mérito de la pretensión de nulidad, declarar procedente el amparo cautelar solicitado por la Defensoría del Pueblo y, en consecuencia, mientras dure este proceso, prohíbe el ingreso de niños, niñas y adolescentes a las corridas de toros, en la Plaza de Toros “Monumental Ramón Eduardo Sandia” Municipio Libertador de ciudad de Mérida, estado [Bolivariano] Mérida, y en cualquier otro lugar dentro del referido Municipio, al cual se circunscribe el presente proceso de nulidad, lo que no obsta el posible ejercicio de acciones similares respecto de los demás municipios de la República Bolivariana de Venezuela, relacionadas con el tema a decir en el presente caso.
Finalmente, se ordena la publicación de la presente decisión en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia, en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial del Estado Bolivariano Mérida, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente: “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que prohíbe, mientras dure este proceso, el ingreso de niños, niñas y adolescentes a las corridas de toros, en el Municipio Libertador de ciudad de Mérida, estado Mérida”.

V
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley declara:

1. COMPETENTE para conocer la solicitud de nulidad por inconstitucionalidad conjuntamente con amparo cautelar, interpuesta por la DEFENSORÍA DEL PUEBLO contra el artículo 2 de laOrdenanza Taurina de Mérida.
2. ADMITE la referida solicitud de nulidad interpuesta.
3. ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Sala, a los fines de continuar con la tramitación del recurso.
4. ORDENA citar al Presidente del Concejo Municipal, al Alcalde y al Síndico Procurador del Municipio Libertador del Estado Mérida. La referida citación deberá estar acompañada de copia certificada de la presente solicitud de nulidad y del presente auto de admisión.
5. ORDENA notificar de la presente decisión a la Defensoría del Pueblo, como parte demandante, así como también a la ciudadana Fiscal General de la República y a la Presidenta del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Las mencionadas notificaciones deberán estar acompañadas de copia certificada de la presente solicitud de nulidad y del presente auto de admisión.
6. ORDENA el emplazamiento de los interesados mediante cartel, el cual será retirado y publicado por la parte demandante, en un diario de circulación regional, para que los interesados concurran dentro del lapso de diez días de despacho siguientes a que conste en autos su publicación en la oportunidad de ley, conforme a lo previsto en el artículo 137 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
7. PROCEDENTE el amparo cautelar solicitado por la Defensoría del Pueblo y, en consecuencia, mientras dure este proceso, prohíbe el ingreso de niños, niñas y adolescentes a las corridas de toros, en la Plaza de Toros “Monumental Ramón Eduardo Sandia”, Municipio Libertador de ciudad de Mérida, Estado Bolivariano Mérida, así como en cualquier otro lugar dentro del referido Municipio, al cual se circunscribe el presente proceso de nulidad, lo que no obsta el posible ejercicio de acciones similares respecto de los demás municipios de la República Bolivariana de Venezuela, relacionadas con el tema a decir en el presente caso.
8. ORDENA la publicación de la presente decisión en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia, en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial del Estado Mérida, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente: “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que prohíbe, mientras dure este proceso, el ingreso de niños, niñas y adolescentes a las corridas de toros, en el Municipio Libertador de ciudad de Mérida, Estado Bolivariano Mérida”.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 17 días del mes de agosto de dos mil quince (2015). Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.     
La Presidenta,





GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
Ponente
El Vicepresidente,





ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

Los Magistrados,





FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
…/
…/




LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO






MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN





CARMEN ZULETA DE MERCHÁN





JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

El Secretario,








                     JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

GMGA.
Expediente n.° 15-0167.