Carta Rectoral
Valencia, 7 de Enero de 2011
Estimados miembros de la comunidad de la Universidad de Carabobo:
Después de casi un mes de incontables solicitudes, fuertes debates, inútiles tensiones, injustas amenazas, desde que los miembros de la Asamblea Nacional decidieron, inconsultamente, aprobar la Ley de Educación Universitaria, -con la cual se pretendía regir a las instituciones de Educación Superior de nuestro país-, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, decidió levantar la sanción a toda la ley por considerar que el texto adolecía de una serie de aspectos que, según su opinión, debían ser discutidos con
amplitud y detenimiento por todos los sectores del país.
Ante este hecho histórico, que ha significado por parte del Ejecutivo Nacional la admisión del
justo reclamo realizado por la comunidad universitaria, queremos expresar la satisfacción que
representa para la Universidad de Carabobo poner en evidencia uno de sus más preclaros
principios: nuestras armas para la lucha democrática no son, -como ha pretendido cierto
sector-, las de la conspiración y la conjura, las del chantaje y la manipulación, sino las del
debate de las ideas y las de la fuerza de la razón y el conocimiento.
Creemos, humildemente, que en la decisión presidencial de vetar la Ley de Educación
Universitaria hay implícito un reconocimiento a la interpelación jurídica que le hiciéramos los
universitarios al texto cuestionado, en razón de las múltiples violaciones de orden constitucional,
legal y reglamentario.
Nosotros le advertimos directamente al ciudadano presidente de la República, en una misiva
dirigida a su despacho, que el cuerpo normativo contenía “serias contradicciones con el texto
constitucional vigente, y además de ello, contradicciones en su articulado”. A titulo ilustrativo
enunciábamos las relativas a la violación a la propiedad, a la libertad de pensamiento y a la
autonomía universitaria, entre otras.
Le expresamos, en esa misma correspondencia, cómo fue desoída, de forma injustificable,
nuestra solicitud de un derecho de palabra en la Asamblea Nacional, para intervenir en una
discusión que nos concierne, directa y legítimamente, según lo establece el artículo 211 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; pedimento, por cierto, que no sólo no fue
atendido institucional ni debidamente, sino también obstaculizado, cuando se nos imposibilitó el
acceso a la sede del cuerpo legislativo a presentar las observaciones que por garantía
constitucional nos correspondía ejercer.
Por todas estas razones, pensamos, que el ciudadano Presidente de la República no tuvo otra
alternativa que ante las evidencias y argumentos sólidos, reconocer la fuerza de la razón
esgrimida por los universitarios.
Luego de estas jornadas, en las que actuamos conforme a nuestras convicciones y a nuestra visión de lo que debe ser la Universidad Autónoma, queremos exhortar, efusivamente, a todos y a todas quienes integramos la comunidad universitaria a no cejar en nuestro empeño; leyendo,
discutiendo, comentando y proponiendo las modificaciones que sean necesarias, -en los
foros universitarios, en los salones de clases, en los departamentos, en los consejos de facultad
ampliados, en los laboratorios, en las bibliotecas, en los gremios de profesores, estudiantes,
empleados y obreros, y en los consejos universitarios-, para alcanzar un texto legal que conduzca, realmente, a una universidad abierta al diálogo y respetuosa de las diferencias; que fomente escenarios de participación y modele procesos democráticos y transparentes con la debida rendición de cuentas.
Los universitarios no le tememos a los cambios, sobre todo si se originan en el ejercicio efectivo
de la democracia que es capaz de devolvernos la palabra como hija primera de la libertad.
Pero no nos engañemos. Esta reivindicación de nuestra dignidad institucional debe convertirse en una tarea, en un quehacer constante, en un compromiso y en una exigencia que impida que la
palabra de la ley sea falseada nuevamente. Pues cuando las palabras se cubren de mentira, se
traiciona quien la pronuncia y traiciona a quien la escucha. Quien quiera consagrarse a la política
debe comprometerse con la verdad, la honradez y la transparencia.
En este sentido, los universitarios mantendremos una lucha constante por la palabra como
derecho, pues hoy no podemos dar tregua en nuestra lucha en democracia por el derecho de la
palabra.
Dra. Jessy Divo de Romero
Rectora de la Universidad de Carabobo
Estimados miembros de la comunidad de la Universidad de Carabobo:
Después de casi un mes de incontables solicitudes, fuertes debates, inútiles tensiones, injustas amenazas, desde que los miembros de la Asamblea Nacional decidieron, inconsultamente, aprobar la Ley de Educación Universitaria, -con la cual se pretendía regir a las instituciones de Educación Superior de nuestro país-, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, decidió levantar la sanción a toda la ley por considerar que el texto adolecía de una serie de aspectos que, según su opinión, debían ser discutidos con
amplitud y detenimiento por todos los sectores del país.
Ante este hecho histórico, que ha significado por parte del Ejecutivo Nacional la admisión del
justo reclamo realizado por la comunidad universitaria, queremos expresar la satisfacción que
representa para la Universidad de Carabobo poner en evidencia uno de sus más preclaros
principios: nuestras armas para la lucha democrática no son, -como ha pretendido cierto
sector-, las de la conspiración y la conjura, las del chantaje y la manipulación, sino las del
debate de las ideas y las de la fuerza de la razón y el conocimiento.
Creemos, humildemente, que en la decisión presidencial de vetar la Ley de Educación
Universitaria hay implícito un reconocimiento a la interpelación jurídica que le hiciéramos los
universitarios al texto cuestionado, en razón de las múltiples violaciones de orden constitucional,
legal y reglamentario.
Nosotros le advertimos directamente al ciudadano presidente de la República, en una misiva
dirigida a su despacho, que el cuerpo normativo contenía “serias contradicciones con el texto
constitucional vigente, y además de ello, contradicciones en su articulado”. A titulo ilustrativo
enunciábamos las relativas a la violación a la propiedad, a la libertad de pensamiento y a la
autonomía universitaria, entre otras.
Le expresamos, en esa misma correspondencia, cómo fue desoída, de forma injustificable,
nuestra solicitud de un derecho de palabra en la Asamblea Nacional, para intervenir en una
discusión que nos concierne, directa y legítimamente, según lo establece el artículo 211 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; pedimento, por cierto, que no sólo no fue
atendido institucional ni debidamente, sino también obstaculizado, cuando se nos imposibilitó el
acceso a la sede del cuerpo legislativo a presentar las observaciones que por garantía
constitucional nos correspondía ejercer.
Por todas estas razones, pensamos, que el ciudadano Presidente de la República no tuvo otra
alternativa que ante las evidencias y argumentos sólidos, reconocer la fuerza de la razón
esgrimida por los universitarios.
Luego de estas jornadas, en las que actuamos conforme a nuestras convicciones y a nuestra visión de lo que debe ser la Universidad Autónoma, queremos exhortar, efusivamente, a todos y a todas quienes integramos la comunidad universitaria a no cejar en nuestro empeño; leyendo,
discutiendo, comentando y proponiendo las modificaciones que sean necesarias, -en los
foros universitarios, en los salones de clases, en los departamentos, en los consejos de facultad
ampliados, en los laboratorios, en las bibliotecas, en los gremios de profesores, estudiantes,
empleados y obreros, y en los consejos universitarios-, para alcanzar un texto legal que conduzca, realmente, a una universidad abierta al diálogo y respetuosa de las diferencias; que fomente escenarios de participación y modele procesos democráticos y transparentes con la debida rendición de cuentas.
Los universitarios no le tememos a los cambios, sobre todo si se originan en el ejercicio efectivo
de la democracia que es capaz de devolvernos la palabra como hija primera de la libertad.
Pero no nos engañemos. Esta reivindicación de nuestra dignidad institucional debe convertirse en una tarea, en un quehacer constante, en un compromiso y en una exigencia que impida que la
palabra de la ley sea falseada nuevamente. Pues cuando las palabras se cubren de mentira, se
traiciona quien la pronuncia y traiciona a quien la escucha. Quien quiera consagrarse a la política
debe comprometerse con la verdad, la honradez y la transparencia.
En este sentido, los universitarios mantendremos una lucha constante por la palabra como
derecho, pues hoy no podemos dar tregua en nuestra lucha en democracia por el derecho de la
palabra.
Dra. Jessy Divo de Romero
Rectora de la Universidad de Carabobo
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