jueves, 6 de enero de 2011

Ley de Educación Universitaria y Veto Presidencial




Ley de Educación


Universitaria y Veto


Presidencial


Profesora Elvia Jurado*


Tal vez lo ideal y responsable sería esperar conocer el contenido del acto motivado que justificó la devolución de la aprobada sin discusión Ley de Educación Universitaria. Así podríamos comparar las razones constitucionales y legales que esgrimimos quienes nos ocupamos de analizarla y las determinadas por el primer mandatario nacional. No obstante, convencida como estoy que este es un Gobierno al que tenemos la obligación de salirle al paso como ciudadanos venezolanos conscientes de los derechos y deberes que nos asisten y debemos observar; conforme en días pasados estimé prudente hacer unas primeras reflexiones sobre el texto legal tan controvertido y ahora vetado; hoy creo necesario adelantar unas consideraciones generales respecto al debate que presuntamente se avecina.
La alarma que tuvimos fue por demás justificada. La sociedad civil, los venezolanos, los estudiantes, profesores, empleados y obreros debemos saber ¿qué se vetó? y además manifestar de viva voz cuáles son nuestras aspiraciones para la academia universitaria venezolana.
El primer mensaje a la comunidad universitaria de la cual orgullosamente formo parte y a la sociedad civil es: Cuidado con ver el contenido de la Ley de Educación Universitaria (LEU) como un instrumento que les preocupa porque va a normar su estabilidad laboral, su régimen de ascenso o de jubilación, o porque violentaba la tantas veces invocada autonomía universitaria. No, esta es una posición elemental y acomodaticia. Para el debate que se avecina es imperativo que PIENSEN EN SU FUTURO COMO CIUDADANOS, EN SU PAIS, EN SU FAMILIA, POR DECIR LO MENOS. No podemos dar por cierto que el hecho de haber decidido el Presidente de la República vetar la ley por “algunas debilidades” en su contenido, implica que nos será presentado a consideración próximamente un proyecto sustancialmente diferente, o…si?

¿Qué establecía la Ley de Educación Universitaria que fue vetada?
· Es importantísimo destacar que con la aprobación del texto legal in commento la Asamblea Nacional incurrió, además de en una serie de inconstitucionalidades, pero destacamos: Lesionó el derecho al voto y la voluntad popular como derecho constitucional inalienable. Muchos de los postulados que pretendieron establecerse en la LEU, formaron parte del articulado de la reforma constitucional sometido a consideración del pueblo venezolano mediante referéndum. Es así, que habiendo sido negada la propuesta del Gobierno Nacional en dichos comicios, ahora en un ejercicio fraudulento de poder legislativo, se incluyó el contenido de dicha reforma, distribuido en los muchos textos legales que han sido aprobados “extraordinariamente” durante el mes de diciembre.
· La implantación del socialismo como pensamiento único, hegemónico, en lo filosófico- político y en la organización de la sociedad con claros fines de control absoluto fue desechada en el citado proceso de referéndum. Tal consagración es contradictoria con el propio texto legal cuando en su articulado expresa que la Universidad estará abierta a todas las corrientes del pensamiento. Venezuela se define en el texto constitucional como un estado democrático que tiene como valor superior el pluralismo político ¿Entonces? Aunado a lo expuesto y en razón del principio de progresividad de los derechos, el ciudadano nacido en un país democrático, plural, participativo, en el cual tiene libertad para desarrollar libremente su personalidad y su intelecto, su conciencia, la creación intelectual, sin otras limitaciones que las derivadas del texto constitucional, NO PUEDE ser reducido a desenvolverse en un estado socialista, con una educación socialista, y un modelo productivo socialista, centralista de gobierno y de las decisiones políticas por haber sido incluidas tales regulaciones en un texto legislativo inconsulto y derivado de intereses gubernamentales, que son absolutamente diferentes a lo que puede interpretarse como el interés del Estado. ¿O es comunismo? No pueden permitir confundirse entre los conceptos de Gobierno y Estado, el primero deviene de la corriente política que ejerce el poder, el segundo, implica la preservación de los valores fundamentales del país y de sus ciudadanos por encima del propio Gobierno.
· Importa destacar que en un país, por ende en una institución (universidad) abierta a todas las corrientes del pensamiento, los seguidores de un determinado proyecto político se adhieren a él en función de propias convicciones. De tal manera que en Venezuela tenemos así capitalistas, socialistas, social demócratas, comunistas e inclusive hemos tenido ¡golpistas!, Procurar acorralar a toda una sociedad en un modelo socialista como el definido mediante imposición legislativa, es una conducta deleznable, que debe ser analizada en su justa dimensión, pues el contenido de una Ley que pretendió determinar a Venezuela como una Patria Socialista está enviando un CLARO MENSAJE de cuál es la sociedad y proyecto de país en el que próximamente si nos descuidamos vamos a tener que desenvolvernos los ciudadanos venezolanos.
· La ley que fue objeto de veto consagraba entre muchas otras inconstitucionalidades e ilegalidades, que la invención, creación, descubrimientos científicos de nuestros estudiantes, profesores, investigadores, eran considerados BIENES PUBLICOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO SOBERANO DEL PAIS. Léase “expropiación del pensamiento y la creación intelectual”. La conocida LEU consagraba la “inserción productiva” de los profesionales financiados por el Estado al servicio del pueblo venezolano y de acuerdo con las “organizaciones del Poder Popular”, que dicho sea de paso no existe como Poder en el texto constitucional. Preguntémonos: ¿Tenía el Gobierno que pretender construir una sociedad socialista en la Universidad venezolana para insertar a los profesionales de éste país?; ¿Tenía que organizar una universidad adaptada a las premisas del socialismo centralizador del poder por parte del Ejecutivo Nacional para atacar el desempleo?; ¿Cuántos empleados profesionales o no, de nacionalidad extranjera ha “insertado productivamente? Si la llamada inserción productiva es para los profesionales financiados por el Estado, ¿es esto acaso el pago de la educación recibida? ¿Cómo queda la gratuidad de la enseñanza? ¿Establecería el Gobierno el salario y el lugar de trabajo?
· Como si lo expresado pudiera considerarse intrascendental, el texto legal vetado daba competencia al Ministro de Educación Universitaria para “prevenir la captación de profesionales universitarios mediante políticas de emigración selectiva aplicadas por algunos países, con el fin de salvaguardar el patrimonio intelectual, científico, cultural, artístico y profesional de la República.” Inteligente manera de ocultar la posibilidad de prohibir a nuestros hijos, estudiantes, profesores, y a cualquier venezolano egresado de la universidad venezolana la salida del país con miras a perfeccionar o enriquecer los conocimientos adquiridos. Si el articulado hubiese sido titulado como otros textos legislativos, el capítulo se habría llamado ¿fuga de cerebros? Se violenta el derecho de propiedad cuando establecía que el profesional universitario entiéndase CUALQUIER EGRESADO es patrimonio intelectual, científico …….de la República. Es válido preguntarle al legislador: ¿y la garantía de libre tránsito consagrada en el artículo 50 constitucional?
· Contemplaba una oferta engañosa de inclusión. Con la esperanza del colectivo no puede jugarse, menos aun con la que por la severa crisis de desempleo e inflación que vive Venezuela no cuenta con los recursos necesarios para costear una educación superior. La LEU fue promocionada en los sectores populares bajo la utopía del ingreso absoluto para todos los ciudadanos que egresen de la educación diversificada. La pregunta que sigue a continuación es elemental: ¿Cómo un gobierno que ha estrangulado presupuestariamente a las Universidades en los últimos seis años, que no ha incrementado el salario al personal en los últimos tres, que pese a saber que SI se rinden cuentas de la administración de los recursos, ha asignado la misma cantidad de dinero a cada Universidad desde el año 2007, puede garantizar el cupo a cientos de miles de personas que quieren ingresar a la educación superior? ¿En qué aulas van a albergase esos miles de estudiantes? ¿Cuántos profesores serán requeridos para satisfacer dicha promesa? Esto partiendo de la creencia que el Gobierno esté consciente y además de ello le “convenga” mantener una educación de calidad, pertinente y de alto nivel competitivo. Es necesario crear conciencia en los sectores de toda la sociedad civil que tal ofrecimiento es imposible de materializar al menos de manera inmediata, y que pese a todas las previsiones estratégicas que el Gobierno había plasmado en la ley vetada, verbigracia las regulaciones a las universidades privadas y la posibilidad de ocupar sus espacios o los de las universidades públicas sin precisar de qué manera, nunca será suficiente para la admisión del cien por ciento de los aspirantes.
· Es hoy una perogrullada referir que la LEU consagraba la extinción absoluta de la autonomía universitaria, que bien entendida está constituida por la libertad de pensamiento, de ideología, de expresión, por el debate permanente de las ideas, la planificación y puesta en funcionamiento de la estructura administrativa universitaria y la distribución de los recursos asignados de conformidad con las necesidades propias de cada universidad y de acuerdo con sus proyectos de crecimiento natural.
· ¡Qué decir del voto paritario! Pareció que no se habían leído ni una sola de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que ha determinado reiteradamente que la IGUALDAD CONSTITUCIONAL, NO ESTRIBA EN DAR A TODOS LOS MISMOS DERECHOS, SINO EN QUE LOS IGUALES TENGAN IDENTICOS DERECHOS; esto se traduce en que el tratamiento a todos los estudiantes sea igual, que el tratamiento para todos los obreros sea el mismo, que el tratamiento para todos los empleados sea el mismo, y vale idéntica consideración para los docentes. Lo anterior, en un lenguaje coloquial con la finalidad de transmitir sencilla y llanamente la idea sin tecnicismos jurídicos que dificulten su comprensión, dista mucho de determinar que estudiantes, profesores, egresados, obreros y empleados son iguales! Son iguales como ciudadanos venezolanos, pero en la estructura universitaria tienen roles y competencias diferentes, perfiles distintos, niveles de instrucción y de permanencia absolutamente disímiles. Las proporciones electorales evidentemente pueden ser revisadas, pero los porcentajes que se han mantenido en el tiempo procuraron dar participación CON EQUILIBRIO y no constituirse en una oferta populista que puede afectar seriamente el desenvolvimiento, desarrollo y existencia de cualquier institución. Debe cuidarse la universitaria que es la base cognoscitiva sobre la cual se soporta el eventual desarrollo de un país, y que puede ser responsable activamente de su subdesarrollo o involución. Vale preguntarse si el Gobierno cree como lo proclama en la igualdad y la representación de las minorías, ¿por qué recientemente el 05 de diciembre no se sometió a votación la elección del Presidente de la Asamblea Nacional o fue distribuida la conformación de la Junta Directiva con representación de todos los sectores políticos? Creo que es hora de enseñar con el ejemplo!

¿Qué queremos los universitarios venezolanos?
Aún a riesgo de parecer un atrevimiento expresarme en plural, es lógico pensar que los ciudadanos que formamos parte del país venezolano y de la institución universitaria, debemos tener las mismas aspiraciones como organización. Es por ello que para el debate que supuestamente debe abrirse en los próximos días con la finalidad de concertar ideas para la redimensión de las universidades venezolanas, tanto sociedad civil como comunidad universitaria tiene en conciencia y corazón absolutamente definidas las prioridades que deben ser objeto de la agenda de discusión de la Ley de Universidades y su eventual reforma.
La Universidad venezolana y el país esperan una reforma institucional y académica mediante el ejercicio democrático de la discusión plural y respetuosa, en cumplimiento del marco constitucional, con el debido reconocimiento a la opinión de los expertos en el área. No más descalificaciones ni mentiras. Se aspira un debate de altura, enriquecedor, cuyo producto sea el modelo de más alta calidad que pueda ofrecerse a la juventud de nuestro país. Ni Venezuela, ni los universitarios podemos aceptar que nuevamente la legislación universitaria sea la consecuencia de un concierto de voluntades nocturnas que en desconocimiento del Derecho pretendieron torcer los destinos del país convirtiendo a la Universidad en la cuna del pensamiento dizque socialista venezolano.
Es así que en un ejercicio de proyección institucional y como puntos a ser debatidos en la Comisión que según el dicho presidencial va a ser constituida para los fines antes indicados, solo a título ilustrativo deben considerarse los aspectos que seguidamente se refieren:
Ø El mantenimiento absoluto e inequívoco de la libertad de pensamiento, de conciencia y el pluralismo político;
Ø La observancia de la autonomía universitaria a tenor de lo dispuesto en el artículo 109 constitucional;
Ø El pronunciamiento oportuno de la autoridad competente ante la solicitud de apertura de nuevas carreras para ofertar a la población;
Ø La dotación de los laboratorios, bibliotecas, aulas de clase, y personal suficiente para en un proceso de apertura consensuado ofrecer formación a la alta demanda de jóvenes que reclama el ejercicio del derecho que le corresponde de educación superior gratuita y de calidad;
Ø La discusión plural, articulada, respetuosa de las transformaciones que se hace necesarias para la adaptación de las instituciones universitarias a los requerimientos del país;
Ø El respeto al ejercicio de competencias de las autoridades legítimamente electas;
Ø El reconocimiento del alto nivel de competencia de los integrantes de la comunidad universitaria; discriminados en comparación con otros sectores del Poder Público;
Ø La homologación de las becas estudiantiles entre la población de la universidad autónoma y las universidades bolivarianas
Ø La reposición de las unidades automotores en las que transitan a diario nuestros estudiantes;
Ø La asignación de las providencias necesarias para el crecimiento natural de su población estudiantil, así como de su personal académico, administrativo y obrero.
Ø Que el patrimonio venezolano, sobre todo el excedente entre el precio presupuestado para el barril de petróleo y el actual, sea invertido en la educación del país en todos sus niveles, que primero se atienda las necesidades de nuestra población y SOLO CUANDO ESTA CUBRA SUS NECESIDADES BASICAS, se pueda pensar en preguntarnos si queremos regalar nuestro patrimonio a otros países; así podremos seguir abriendo las puertas de las instituciones a la demanda de cupo;
Ø Que sean honrados de inmediato los compromisos que el Ejecutivo Nacional tiene con la comunidad universitaria desde hace más de diez años;
Ø Y………. ¿por qué no decirlo? Queremos que homologuen nuestro bono de fin de año con el de algunos miembros del Poder Judicial. Si formamos el futuro del país, por qué a ellos hasta diez meses y a nosotros tres?
A la sociedad civil, al país, a los universitarios, si bien es pertinente reconocer la acción presidencial de respetar el texto constitucional, fue solo eso, que no se confunda el Ejecutivo Nacional creyendo que fue un favor o una concesión especial la que se nos hizo. Obligatoria es la observancia de la Constitución. Estamos en pleno conocimiento de nuestros derechos y pensamos ejercerlos todos y cada uno de ellos para dar paso a las demandas académicas y educativas del pueblo venezolano.
El llamado es a mantenernos alertas, produciendo conocimiento, ideas, alternativas de transformación. Nuestro deber es que socialistas o capitalistas, oficialistas o no, debemos continuar cohesionados y firmes en nuestras convicciones democráticas, institucionales y académicas. Nuestra obligación es la de siempre: corregir los errores en los que se pudiera haber incurrido y defender las convicciones que han mantenido la Universidad venezolana en el sitial que hoy le es reconocido nacional e internacionalmente. Que la lamentable situación a la que nos vimos sometidos en los últimos días sirva de lazo que estreche los más altruistas intereses que deben privar en la concepción del modelo educativo de un país que clama a gritos su crecimiento, su desarrollo y la mejora sustancial, urgente, sin demora de la calidad de vida del venezolano, hoy sometido múltiples penurias que juegan en contra de la posibilidad de alcanzar y cubrir las más elementales necesidades de cualquier ser humano.


*Consultora Jurídica de la UC

1 comentario:

  1. Estimada profesora muy bueno su artículo sobre la vetada LEU. sólo una observación en su enfoque, el cual comparto en casi todos sus aspectos... pero el tema principal para los universitarios debe ser el de la autonomía comprendida correctamente según la vigente Ley de Universidades. Ya que la autonomía debe ser para los universitarios lo que la polis para los griegos, sin ese principio fundamental no podemos existir como universitarios, seríamos simples reproductores de una ideología que no compartimos por razones de filosóficas y de simple humanidad...

    Profesor Miguel Ángel Gómez Ortiz. FACIJUP. ULA.

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