Felipe González Márquez
El Pais Edición America
El diálogo debe hacerse para pactar salidas a la crisis. El diálogo
debe hacerse para reconciliar a los venezolanos. El diálogo debe hacerse
desde el respeto a la Constitución, a los derechos y obligaciones
establecidos en ella. Eso no es objeto de canje y por eso no es
negociable.
La crisis es institucional, socioeconómica y de seguridad ciudadana. Y
lo primero que tienen que acordar las partes son los temas de la
agenda, así como la composición de la mediación. La crisis institucional
lo condiciona todo, impide las salidas democráticas y encrespa la
relación entre las fuerzas políticas, los actores sociales y económicos y
el conjunto de la ciudadanía. Esta crisis está motivada por la
anulación del papel constitucional de la nueva Asamblea Nacional con
mayoría abrumadora desde el 6 de diciembre del año pasado. Durante el
mes que transcurrió entre ese día y el 5 de enero de 2016, que toma
posesión, la Asamblea saliente cambió el Tribunal Supremo y la Corte
Constitucional para producir una composición obediente al poder
ejecutivo y anular así las decisiones de la nueva mayoría parlamentaria.
Al mismo tiempo la Presidencia de la República promulgó leyes con el
“poder habilitante” de la Asamblea saliente que han restado competencias
constitucionales a la nueva Asamblea. Cuando asumió la nueva mayoría
nacida de la voluntad soberana de los ciudadanos, no ha podido ejercer
sus facultades de control del poder ejecutivo, ni sus facultades
legislativas. La Corte Constitucional ha secado literalmente la
actuación de la Asamblea Nacional, declarando “inconstitucionales” más
del 90% de sus decisiones. Entre las muchas leyes anuladas está la Ley
de Amnistía, que habría resuelto el problema de los presos políticos, de
los exiliados y represaliados. La democracia no es compatible con
presos políticos y exiliados. Asimismo, la Presidencia de la República
ha declarado la emergencia económica —prorrogada después dos veces y
añadiéndole estado de excepción— saltándose las competencias de la
Asamblea Nacional, con la complicidad obsecuente de la Corte
Constitucional. O sea, vivimos la paradoja de que es la oposición la que
está pidiendo al Poder Ejecutivo que se respete y aplique la
Constitución vigente promulgada por el régimen actual. Por el contrario
el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo y otras instituciones del Estado
como el CNE, obedientes a los mandatos de aquél, violentan la
Constitución e impiden que funcione la división de poderes fundamental
para el equilibrio democrático y la solución de los desafíos que
enfrenta Venezuela.
Si se desea una Comisión de la Verdad sincera, lo lógico es que se constituya de forma paritaria
El primer elemento del diálogo es, por eso, el respeto a la
Constitución, a la división de poderes y el cumplimiento irrestricto de
las normas establecidas en ella. Si esto fuera así, estaría fuera de
cualquier controversia el derecho constitucional a promover el
“revocatorio” y las instituciones como el CNE tendrían que cumplir en
tiempo y forma todos los trámites legalmente previstos, salvo que
incurran en prevaricación en sus funciones. Este es un derecho de los
representados, no de los representantes, que son lo que pueden ser
sometidos a revocatorio.
Si se desea el esclarecimiento de hechos acaecidos y la
reconciliación de los venezolanos, la propuesta de una Comisión de la
Verdad puede ser útil. Pero lo lógico es que se constituya de forma
paritaria —igual número de miembros de Gobierno y oposición— con una
presidencia de consenso. El primer acto de su constitución sería la
puesta en libertad de presos y la vuelta de exiliados, incluso si fuera a
resultas de lo que concluya la Comisión. Esta salida corregiría la
arbitrariedad que ha supuesto la anulación de la Ley de Amnistía y
mejoraría el clima de reconciliación que se pretende. También se podría
acordar la composición de la Sala Constitucional, con un nuevo
equilibrio que le permita cumplir su función sin sometimiento al
Ejecutivo.
La crisis social y económica puede y debe ser abordada en otra mesa
paritaria —Gobierno y oposición— a la que se invite a participar a los
sectores productivos.
Con carácter inmediato se debería abordar la crisis humanitaria, que
se sigue agravando cada día, por la escasez de alimentos y, sobre todo,
de medicamentos. Se necesita ayuda de emergencia y canales de
distribución que escapen al bachaqueo y al clientelismo. Venezuela ha sido históricamente solidaria y ahora necesita solidaridad de la comunidad internacional.
La mesa debe poner en marcha el aparato productivo del país,
acordando de inmediato, con los actores empresariales, respuestas al
problema alimentario y de medicamentos. Como fondo, debe enfrentar la
profunda crisis económica, tanto en sus aspectos macroeconómicos como en
la recuperación del aparato productivo de Venezuela. El plan de ajuste
es necesario y cada día que pase se hará más difícil. Ya hemos vivido en
otros países la experiencia dramática de la hiperinflación, del inmenso
déficit acumulado, de la imposibilidad de pagar la deuda sin
reestructuración y ayuda.
El plan para reducir gastos y aumentar ingresos puede ser pactado
entre las partes, para generar confianza interna y externa. Además, hay
que preservar una línea de protección a los más débiles para que el
ajuste no termine de destruirlos. Venezuela tiene recursos humanos y
materiales para salir de este marasmo. Tiene capacidad industrial
instalada que hay que poner a producir, lo mismo que capacidad para
producir alimentos y medicamentos para toda su población con excedentes.
El problema es de gestión, o, si prefieren, del fracaso de una gestión
errónea durante muchos años, agravada por la caída de los precios del
petróleo (¡pero solo agravada por eso!).
La crisis de seguridad ciudadana, aunque sea responsabilidad del
Ejecutivo, puede ser planteada por este y la Asamblea para acordar una
ley que corte esta hemorragia que destruye a Venezuela. El plan de
seguridad llamado OLP es el número 17 o 18 de los que se han
implementado para corregir la creciente inseguridad que ha convertido a
Venezuela en un país con índices de violencia inaceptables. Pero más
allá de los fracasos evidentes de estos planes se pueden y se deben
corregir elementos fundamentales desde el punto de vista de la seguridad
ciudadana. El Gobierno puede proponer a la Asamblea una legislación que
prohíba el uso de armas de fuego a los particulares y hacer un plan de
recogida de las que hay dispersas por todas partes. La ley debe reservar
el uso de las armas de fuego, en exclusiva, a las fuerzas de seguridad
del Estado y, en su ámbito, a las Fuerzas Armadas. Los particulares,
solo excepcionalmente y con autorización y control, pueden disponer de
armas de fuego. Las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas lo
agradecerán, pero sobre todo los ciudadanos empezaran a creer que es
posible convivir en paz y en libertad.
Conclusión: no conozco sobre qué bases están trabajando los
mediadores internacionales para el diálogo aunque les deseo lo mejor,
pero sé que incluso esa mediación debe ser acordada entre la partes para
generar confianza.
Felipe González fue presidente del Gobierno español de 1982 a 1996.
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