jueves, 30 de julio de 2015

La OLP es otra muestra de populismo

Valencia, 30 de julio de 2015/Especial. Pablo Aure, dirigente político independiente se refirió como una medida populista a la Operación de Liberación al Pueblo (OLP) que en días recientes se ha desarrollado en diferentes edificios de la Misión Vivienda con la intención de desarticular a la delincuencia organizada que reside en esos complejos habitacionales. “Una nueva muestra de populismo es la OLP, con la que se trata de aparentar que el régimen lucha contra la delincuencia, cuando todos sabemos que no es cierto, que por el contrario, todo el tren ejecutivo presidido por Nicolás Maduro representa una gran muestra del hamponato que azota las calles venezolanas”, opinó. 
Aure aseguró que al verse unos edificios de la Misión Vivienda allanados y las cifras de unos detenidos dan dos mensajes claro “…en primer lugar, ellos mismo reconocen que estas “soluciones habitacionales" se han convertido centros de operaciones criminales, y en segundo lugar, que como ellos fueron quienes adjudicaron esas viviendas y se supone llevan un control de las personas que allí viven, significa que están dispuestos a sacrificar a sus propios beneficiados para lavarse un poco la investidura que tienen de apoyar a los delincuentes”.
En este sentido, el dirigente afirmó que el gobierno tiene 16 años en mora con el sistema penitenciario, conforme lo establecido en el artículo 272  de la Constitución al decir “el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización…”
“Fíjense lo grave del asunto, la Constitución ordena que sean las gobernaciones o los municipios que en ejercicio de la descentralización administren los centros de reclusión, reitero, es un mandato constitucional, no una decisión opcional que tiene el Ejecutivo, en cambio, tenemos un lamentable ministerios representado por Iris Valera que se ha ocupado de mantener un grosero hacinamiento en las cárceles de todo el país, donde se violan los más elementales derechos humanos, y donde ellos ni siquiera pueden garantizar el control interno de los reclusos, sino que le han dado absoluto poder de decisión a los pranes, algo insólito, vergonzoso pero además sumamente delicado”, concluyó. 

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