Valencia, 30 de julio de 2015/Especial. Pablo Aure,
dirigente político independiente se refirió como una medida populista a
la Operación de Liberación al Pueblo (OLP) que en días recientes se ha
desarrollado en diferentes edificios de la Misión Vivienda con la
intención de desarticular a la delincuencia organizada que reside en
esos complejos habitacionales. “Una nueva muestra de populismo es la
OLP, con la que se trata de aparentar que el régimen lucha contra la
delincuencia, cuando todos sabemos que no es cierto, que por el
contrario, todo el tren ejecutivo presidido por Nicolás Maduro
representa una gran muestra del hamponato que azota las calles
venezolanas”, opinó.
Aure aseguró que al verse unos edificios de la Misión
Vivienda allanados y las cifras de unos detenidos dan dos mensajes claro
“…en primer lugar, ellos mismo reconocen que estas “soluciones
habitacionales" se han convertido centros de operaciones criminales, y
en segundo lugar, que como ellos fueron quienes adjudicaron esas
viviendas y se supone llevan un control de las personas que allí viven,
significa que están dispuestos a sacrificar a sus propios beneficiados
para lavarse un poco la investidura que tienen de apoyar a los
delincuentes”.
En este sentido, el dirigente afirmó que el gobierno tiene
16 años en mora con el sistema penitenciario, conforme lo establecido en
el artículo 272 de la Constitución al decir “el Estado garantizará un
sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o
interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los
establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo,
el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de
penitenciaristas profesionales con credenciales académicas
universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a
cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a
modalidades de privatización…”
“Fíjense lo grave del asunto, la Constitución ordena que
sean las gobernaciones o los municipios que en ejercicio de la
descentralización administren los centros de reclusión, reitero, es un
mandato constitucional, no una decisión opcional que tiene el Ejecutivo,
en cambio, tenemos un lamentable ministerios representado por Iris Valera que se ha ocupado de mantener un grosero
hacinamiento en las cárceles de todo el país, donde se violan los más
elementales derechos humanos, y donde ellos ni siquiera pueden
garantizar el control interno de los reclusos, sino que le han dado
absoluto poder de decisión a los pranes, algo insólito, vergonzoso pero
además sumamente delicado”, concluyó.
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