Es un acto inconstitucional que
se pretenda despojar a los valencianos de su teatro municipal, de la plaza de
toros y del parque recreacional sur. Evidentemente es atentatorio contra la
voluntad del pueblo, que se expresó el 8 de diciembre eligiendo a Miguel
Cocchiola como alcalde para que Valencia cambiara.
Detrás de toda esta maniobra está
un gobernador que no pudo convertir a su pupilo en alcalde, y que en un
arrebato de desespero intenta promover una autoridad única para que se ocupe de
las funciones propias de un alcalde, como si tales competencias no fueran
reserva legal, tal como lo establece la constitución y las leyes. Tal acción no puede ser catalogada de una manera distinta a la
de un atentado a la constitución auspiciado desde el alto gobierno. Los
valencianos debemos y tenemos que reaccionar. Ya basta de atropellos y
quedarnos tranquilos como si nada hubiese pasado. Se burlan del soberano, y
ante esa burla la reacción enérgica mediante la protesta civilizada no debe
hacerse esperar.
Pero hay algo más grave aún, pues
el decreto presidencial n° 665 publicado en la Gaceta Oficial 40.313, mediante el cual el Teatro Municipal
de Valencia será custodiado, protegido y administrado por el Ministerio de la
Cultura, es manifiestamente contrario a derecho. El Teatro Municipal es
propiedad de la ciudad de Valencia desde
el año 1894, cuando el general Joaquín Crespo lo dona a la municipalidad de
Valencia. Desde entonces es llamado Teatro Municipal de Valencia.
El gobernador de Carabobo, que
hace alarde de ser un hombre con raíces valencianas avala estos desafueros y se
convierte en un traidor a Valencia, pues permitiría que el patrimonio
valenciano sea dirigido y decidido desde el alto gobierno.
@pabloaure
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