No puede admitirse que mediante un decreto el Ejecutivo “burle” un valor fundamental. (Foto El Carabobeño)Beatriz Oliva | boliva@el-carabobeno.com
Ciertamente
la Ley Orgánica de la Administración Pública de 2008 contempla en su artículo
73 la posibilidad de que el Presidente de la República pueda designar
autoridades únicas de área para el desarrollo del territorio o programas
regionales con las atribuciones que determinen las disposiciones legales sobre
la materia y los decretos que las crean. Pero esa norma debe interpretarse
conforme a un principio rector de nuestra Constitución como es el principio de
descentralización. Así que no puede admitirse que con ligereza y mediante un
simple decreto el Ejecutivo burle lo que es un valor fundamental y se permita
menoscabar las competencias constitucionales de las autoridades estadales o
municipales. Toda medida del poder nacional que tienda a centralizar
competencias públicas, debe reputarse incompatible con a la Constitución y por
ende desaplicarse. Los gobernadores y los alcaldes son expresión de la voluntad
soberana del pueblo y sus territorios son entidades autónomas. El artículo 160
de la Constitución dice que el gobierno y la administración de cada estado corresponden
al gobernador. Por otra parte postula
igualmente la Carta Magna que la profundización de la democracia como política
nacional se lleva a cabo mediante los mecanismos de la descentralización,
acercando el poder a la población. Por lo tanto, la referida norma que crea la
figura de las autoridades únicas, a mi juicio, debe interpretarse muy
restrictivamente, como por ejemplo, en caso de territorios que por libre determinación de sus habitantes
se incorporen a la República (como señala el artículo 14). Pero es incompatible
con la Constitución cuando se persiguen fines que perfectamente caben dentro de
las competencias de los estados o municipios. Todo amén de que la gente sabe
que las autoridades únicas designadas por el gobierno nacional en lugares donde
ha perdido las elecciones locales es con la aviesa intención política de
generar paralelismos en el ejercicio del poder a quienes resultaron electos
popularmente, lo cual, de paso, les ha
servido muy poco. Por ejemplo, en Caracas nombraron a Jaquelín Farías para
contrarrestar a Ledezma y ya acabamos de ver el resultado.
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