Existe una enorme crisis en el sistema judicial penal
venezolano, lejos de implementarse o diseñarse una política criminal para
prevenir el delito, pareciera que el alto gobierno hace todo lo contrario, es
decir, facilita a los ciudadanos que desvíen sus conductas y cometan delitos.
No hay prevención, pero tampoco existe empeño en bajar la impunidad que es otro
de los males que nos afectan. En efecto, más del 90% de los crímenes que se
cometen en el país no son castigados. Sin duda, la delincuencia se ha venido
incrementando en los últimos años, tanto por la ausencia de políticas
preventivas -que hasta ahora no las ha diseñado el gobierno nacional- como por la impunidad reinante.
Me atrevo a decir que quizá muchos de los que hoy son delincuentes han caído en
ese mundo porque antes de iniciarse en el mundo delictivo sospecharon que nada les ocurriría.
Pero es que no solamente allí, o sea, con la falta de prevención
y la alta impunidad termina la crisis en el sistema penal, sino que también la
vemos en el sistema penitenciario. No podemos dudar en afirmar que nuestras
cárceles no están en condiciones para cumplir con los postulados
constitucionales que garantizan la rehabilitación de los privados de libertad.
No solamente porque no tengan los espacios para el trabajo, el estudio, el
deporte y la recreación como lo ordena el artículo 272 de la Constitución sino
que tampoco están atendidas por profesionales en el área penitenciaria.
Escenas horrendas son el pan nuestro de cada día. Muertes y
lesionados por armas blancas y de fuego ya pasan desapercibidas, simple y llanamente porque ocurren
a diario. Esa muertes dentro de los penales llaman la atención cuando son múltiples pero cuando es uno o
dos los reos las victimas dentro de ellas ni las comentan. Cuando observamos
ese panorama y lastimosamente hasta nos acostumbramos a ese tipo de acontecimientos, es motivo
suficiente para encender las alarmas como sociedad. Reconozcamos que como
ciudadanos algo nos está fallando: ¡la solidaridad!
Esta semana hemos leído que 35 o más presos de la cárcel de
Uribana perdieron la vida presuntamente por intoxicación. Nos preguntamos
¿dónde estaban los agentes de custodia Que de acuerdo a la ley de régimen
penitenciario deben velar por la seguridad interna? En realidad esa pregunta es
para la academia porque en la práctica es conocido que el control de los
internados judiciales está en manos de los mismos presos: de los “pranes”. A ellos nadie los controla, ni la Guardia
Nacional ni tampoco los funcionarios del ministerio de prisiones.
El ministerio de prisiones, debe desaparecer por 2 razones por lo menos: la
primera es inconstitucional. Señala la Constitución en su artículo 272 que las cárceles de manera imperativa tiene que estar
descentralizadas y la segunda razón es porque ese ministerio ha demostrado su ineficiencia
desde el mismo momento en que se creó. De hecho han sido más de 1200 presos que han asesinado
durante la gestión de Iris Varela como ministra.
Ante este oscuro panorama carcelario, y estando al tanto que no se ha cumplido con lo que ordena la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela, formalmente le propongo al ciudadano gobernador de Carabobo que convierta
a nuestro estado en pionero y dé el ejemplo a los demás gobernadores, esto es que asuma la competencia en el control del Centro Penitenciario
Nacional de Valencia o cárcel de Tocuyito y de todas sus instalaciones. No es
una propuesta caprichosa o irresponsable, la hago apegado al texto
constitucional. Eso es una obligación constitucional “la descentralización”, no
es optativo descentralizar o no las cárceles: ¡es obligatorio! En el país
tenemos una mora de 15 años y no hemos saldado esa deuda con el sistema
penitenciario. Lo establece el artículo 272
del texto constitucional. Es más, pudiera privatizarla a través de la
modalidad de concesiones. Habría mayor control de los privados de libertad, su
estancia en las cárceles sería más productiva para ellos, para sus familiares y para el país, pero
sobre todas las cosas se humanizaría.
Prof. Pablo Aure
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