Pablo Aure ratificó que destitución de Scarano es inconstitucional
Muy grave aceptar pasivamente nuevas elecciones en San Diego
- Aure consideró arbitraria e inconstitucional decisión sobre Scarano. (Notitarde / Raul Galindo Galindo / Notitarde)
- Valencia, abril 19 (Marlene Piña Acosta).- Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo, considera que es muy grave el precedente de aceptar pasivamente nuevas elecciones en la alcaldía del municipio San Diego.
Esta consideración fue presentada por el profesor universitario, quien hizo una serie de planteamientos ante el proceso comicial previsto en este municipio para el próximo 25 de mayo.
“El régimen pareciera volver a colocarnos en la disyuntiva de escoger entre dos males y entre ellos seleccionar al menos dañino. Bajo esa concepción simplista de ver las cosas, nos han venido encallejonando elecciones tras elecciones”, aseveró en sus declaraciones.
Además planteó que “no solo los habitantes de San Diego deben reaccionar ante ese llamado inconstitucional, sino que también debe hacerlo todo el pueblo de Venezuela”.
“Nadie puede dudar que la decisión que destituyó e inhabilitó a ‘Enzo’ Scarano para continuar en el ejercicio de su cargo es supremamente arbitraria e inconstitucional. Entiendo el talante democrático, de respeto a las leyes y al acatamiento a las decisiones del alcalde Scarano y de su partido ‘Cuentas Claras’, pero aquí no se trata de una decisión judicial, ni mucho menos del acatamiento a las leyes, lo que estamos presenciando es una monumental afrenta a la voluntad soberana, a la Constitución y a la justicia”.
A su juicio, convalidar sumisamente la celebración de ese evento electoral, acordado para el 25 de mayo, es permitir al Gobierno “seguir cometiendo tropelías y apartar del camino a aquellos líderes que les pueden resultar incómodos”.
“Es oportuno reflexionar sobre los postulados constitucionales que nos da la facultad para desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Me pregunto ¿qué nos hace falta para reaccionar enérgicamente?”, destacó.
El ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UC, cree que los magistrados del TSJ ante la acción de intentar despojar a Scarano de su cargo y a los sandieganos de su alcalde legítimamente electo, “han cometido por lo menos el delito de prevaricación”.
Recordó el caso de la jueza María Lourdes Afiuni y citó que la enjuiciaron y encarcelaron por actuar apegada a derecho. “Imagínense qué pudiera pasarle a los 7 magistrados de la Sala Constitucional que no solamente incurrieron en un error inexcusable de erigirse como jueces penales, sino que destituyeron, encarcelaron y soslayaron la voluntad popular de los habitantes de San Diego”.
“Enzo Scarano no está preso, él está secuestrado, tampoco lo han enjuiciado, lo que hicieron con él fue un ajusticiamiento, pudiéramos decir que lo lincharon políticamente durante algún tiempo. El TSJ no actuó como un juez sino como un verdugo”.
De igual modo planteó que es necesario hacer un llamado a todos los sectores de la sociedad civil y a la dirigencia de todos los partidos a exigir justicia. “Es menester apartar cualquier mezquindad política y no veamos a ‘Enzo’ como un adversario a combatir en el futuro, sino como un ciudadano a quien le están cercenando sus derechos. Ya basta de hacer cálculos particulares”.
También mencionó luchar por Leopoldo López, Daniel Ceballos, María Corina Machado, así como también exigir sin temor la libertad de Simonovis.
“Creo que deberíamos ir pensando en una mega marcha hacia Ramo Verde para recordar la Toma de la Bastilla, emblema de los aires libertarios y de confraternidad que inspiraron la Revolución Francesa”, propuso el profesor.
El Carabobeño“El régimen pareciera volver a colocarnos en la disyuntiva de escoger entre dos males y entre ellos seleccionar al menos dañino. Bajo esa concepción simplista de ver las cosas, nos han venido encallejonando elecciones tras elecciones”, aseveró en sus declaraciones.
Además planteó que “no solo los habitantes de San Diego deben reaccionar ante ese llamado inconstitucional, sino que también debe hacerlo todo el pueblo de Venezuela”.
“Nadie puede dudar que la decisión que destituyó e inhabilitó a ‘Enzo’ Scarano para continuar en el ejercicio de su cargo es supremamente arbitraria e inconstitucional. Entiendo el talante democrático, de respeto a las leyes y al acatamiento a las decisiones del alcalde Scarano y de su partido ‘Cuentas Claras’, pero aquí no se trata de una decisión judicial, ni mucho menos del acatamiento a las leyes, lo que estamos presenciando es una monumental afrenta a la voluntad soberana, a la Constitución y a la justicia”.
A su juicio, convalidar sumisamente la celebración de ese evento electoral, acordado para el 25 de mayo, es permitir al Gobierno “seguir cometiendo tropelías y apartar del camino a aquellos líderes que les pueden resultar incómodos”.
“Es oportuno reflexionar sobre los postulados constitucionales que nos da la facultad para desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Me pregunto ¿qué nos hace falta para reaccionar enérgicamente?”, destacó.
El ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UC, cree que los magistrados del TSJ ante la acción de intentar despojar a Scarano de su cargo y a los sandieganos de su alcalde legítimamente electo, “han cometido por lo menos el delito de prevaricación”.
Recordó el caso de la jueza María Lourdes Afiuni y citó que la enjuiciaron y encarcelaron por actuar apegada a derecho. “Imagínense qué pudiera pasarle a los 7 magistrados de la Sala Constitucional que no solamente incurrieron en un error inexcusable de erigirse como jueces penales, sino que destituyeron, encarcelaron y soslayaron la voluntad popular de los habitantes de San Diego”.
“Enzo Scarano no está preso, él está secuestrado, tampoco lo han enjuiciado, lo que hicieron con él fue un ajusticiamiento, pudiéramos decir que lo lincharon políticamente durante algún tiempo. El TSJ no actuó como un juez sino como un verdugo”.
De igual modo planteó que es necesario hacer un llamado a todos los sectores de la sociedad civil y a la dirigencia de todos los partidos a exigir justicia. “Es menester apartar cualquier mezquindad política y no veamos a ‘Enzo’ como un adversario a combatir en el futuro, sino como un ciudadano a quien le están cercenando sus derechos. Ya basta de hacer cálculos particulares”.
También mencionó luchar por Leopoldo López, Daniel Ceballos, María Corina Machado, así como también exigir sin temor la libertad de Simonovis.
“Creo que deberíamos ir pensando en una mega marcha hacia Ramo Verde para recordar la Toma de la Bastilla, emblema de los aires libertarios y de confraternidad que inspiraron la Revolución Francesa”, propuso el profesor.
Aure: Pueblo debe reaccionar ante la destitución arbitraria de Scarano
Pablo Aure, secretario de la UC.(Foto Archivo/El Carabobeño)
Alfredo Fermín
afermin@el-carabobeno.com
afermin@el-carabobeno.com
Pablo Aure calificó como un grave precedente la convocatoria a elecciones en San Diego, por lo cual considera que la población debe reaccionar, tomando en cuenta que la destitución e inhabilitación de Enzo Scarano como alcalde es arbitraria e inconstitucional.
Convalidar sumisamente -afirmó Aure- la celebración de ese evento electoral que de manera dictatorial fue acordado para el 25 de mayo, es permitirle a la dictadura que siga cometiendo tropelías. “Mientras no reaccionemos unidos de manera contundente, la tiranía seguirá despojando a diputados y alcaldes de su investidura, e irá eliminando selectivamente a los que considere enemigos”.
En declaraciones de prensa, el Secretario de la Universidad de Carabobo, dijo que así como Leopoldo López es un trofeo de guerra para Nicolás Maduro, o Daniel Ceballos para Vielma Mora, Enzo Scarano es un secuestrado de Francisco Ameliach.
Los tres dirigentes están recluidos en una cárcel militar, con visitas restringidas y sin poder comunicarse entre ellos. “No gozan de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales para los privados de libertad. Es necesario encarar el chantaje con que la tiranía nos ha venido encallejonando elecciones tras elecciones, y desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
Enzo Scarano - asegura Aure- no está preso, está secuestrado, tampoco lo han enjuiciado- “Lo que hicieron con él fue un ajusticiamiento, pudiéramos decir que lo lincharon políticamente durante algún tiempo. El Tribunal Supremo de Justicia no actuó como un juez sino como un verdugo”.
Para el profesor universitario, es necesario hacer un llamado a todos los sectores de la sociedad civil y a la dirigencia de los partidos políticos, para exigir justicia y apartar cualquier mezquindad política para ver a Enzo Scarano como un adversario a combatir en el futuro, sino como un ciudadano a quien le están cercenando sus derechos.
Ya basta de hacer cálculos particulares, sostuvo Aure. “Es la hora de Carabobo y de Venezuela. Luchar por Enzo Scarano, Leopoldo López, Daniel Ceballos, María Corina Machado así como también exigir sin temor y de manera corajuda la libertad de Iván Simonovis. Creo que deberíamos ir pensando en una mega marcha hacia Ramo Verde para recordar la toma de La Bastilla, emblema de los aires libertarios y de confraternidad que inspiraron la Revolución Francesa”.
El Carabobeño
Sala Constitucional debe revocar sentencias contra alcaldes
Lubin Aguirre.(Foto Archivo/El Carabobeño)
Las sentencias contra los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos deben ser revocadas por la propia Sala Constitucional, en aplicación de su propia y reiterada doctrina fundada en la interpretación del artículo 334 de la Carta Magna para asegurar la integridad de la misma, declaró el profesor Lubin Aguirre.
No se puede entender cómo la Sala Constitucional del TSJ aplicó la sanción de privación de libertad del artículo 31 de la Ley de Amparo de 1988, y no la sanción administrativa de multa prevista en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2010, que es posterior, expuso el abogado constitucionalista.
Según esa ley, las salas del Tribunal Supremo de Justicia sancionarán con multa equivalente hasta doscientas unidades tributarias (200 UT) a las personas, funcionarios o funcionarias que no acataran sus órdenes o decisiones. El sancionado podrá reclamar, por escrito, la decisión judicial.
El reclamo será decidido por la Sala respectiva dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para reclamar la decisión en la cual la Sala podrá ratificar, revocar o reformar la sanción, considerando que el artículo constitucional 272 obliga al Estado a que las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de libertad se apliquen con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria, detalló el abogado.
Lubin Aguirre aclaró que entre la sanción de prisión y la de multa para el desacato como infracción, debe aplicarse, preferentemente, la multa por disposición constitucional.
Desde este punto de vista -argumentó Aguirre- el juez se encuentra legitimado para revocar su propia sentencia al ser advertido de un error que conduzca a la lesión de un derecho constitucional que agreda a una de las partes o a un tercero, pues no tiene sentido que reconociendo su propio error, con el que ha causado un daño y, en consecuencia, haya transgredido normas constitucionales, provoque un perjuicio al justiciable, cuando en sus manos tiene la posibilidad en aplicación inmediata y directa de la Constitución de asegurar la integridad de dicho texto”. (AF)
No hay comentarios:
Publicar un comentario