También a Salvatore Lucchese
Aure: TSJ solicita investigar a Scarano para intentar aumentar su condena
- Profesor Pablo Aure. (notitarde / Luis Ceballos Bisamon)
- Valencia, abril 10 (Silmari Rivas Rubin).- A juicio del profesor Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo, la investigación solicitada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de Vicencio Scarano y Salvatore Lucchese es para intentar acciones a futuro que aumenten sus condenas.
El también ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UC, advirtió sobre el principio de que nadie puede ser juzgado más de una vez por los mismos hechos.
En ese sentido, Aure se refirió a la orden del máximo tribunal de solicitar una investigación al Ministerio Público, Procuraduría y Contraloría General de la República en contra de Scarano y Lucchese.
“Se está aplicando lo que también se conoce en doctrina como el derecho penal del enemigo. El adversario en democracia es el enemigo en dictadura. Si estuviéramos en democracia, Enzo sería adversario, pero para este régimen es enemigo y por lo tanto usa los órganos de administración de justicia no solo para silenciarlo, sino también para inhabilitarlo”, señaló Aure.
Con respecto a la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ en contra del ex alcalde de San Diego, Vicencio Scarano; y el ex sub director de la Policía Municipal de esa jurisdicción, Salvatore Lucchese, publicada el pasado miércoles, el profesor sostuvo que como fue producida por la máxima instancia se podría solicitar un recurso de revisión ante la misma Sala Constitucional, pero con otros magistrados.
También –dijo- se puede recurrir a una demanda de nulidad ante la Sala Político-Administrativo del mismo TSJ. “Sería algo inédito, atacar un acto administrativo de la Sala Constitucional ante el mismo TSJ, pero ante la Sala Político-Administrativo. Eso es lo que se nos pudiera ocurrir desde el punto de vista jurídico”, comentó.
Para el Profesor, son inéditas en la jurisprudencia venezolana la decisión y argumentación de la Sala Constitucional para condenar por desacato e inhabilitar a Scarano y Lucchese.
Aure no duda de que esto sea un grave precedente, además teme que “penalistas del horror” tengan sus manos metidas en este caso: “Intentaron con un interés supremo y con mucha acuciosidad”.
El Profesor resaltó igualmente que los siete magistrados de la Sala Constitucional echaron mano y descontextualizaron conceptos de reconocidos autores del derecho penal comparado, como Roxin Claus.
Indicó que la Sala Constitucional no pudo explicar la exención de la pena: “Los magistrados olvidaron, podríamos decirlo entre comillas, que la pena puede ser flexible, su regulación. En ninguna de las 40 páginas de la sentencia pudieron justificar la privación arbitraria de libertad por ilícitos de bagatela”. La doctrina contempla –explicó- que los ilícitos de bagatela no ameritan reclusión en establecimiento carcelario.
Insistió en que a Scarano y Lucchese se les violó el debido proceso: “No se les dio derecho a la defensa y negó la doble instancia”. Además -agregó- los magistrados, sin ninguna argumentación, decidieron una medida reclusoria para ellos, en lugar de tomar en cuenta el artículo 272 de la Constitución Nacional, según el cual se preferirán las penas no privativas de libertad ante las reclusorias.
Pero, de acuerdo con lo declarado por Aure, hay algo peor todavía: “La Sala argumentó la pena según el artículo 31 de la Ley de Amparo, pero resulta que ésta se sancionó mucho antes de la Constitución vigente y de la reforma al Código Penal, que en su artículo 483 tipifica expresamente como una falta la desobediencia a una orden o mandato judicial y establece como sanción una multa en unidades tributarias y arresto de cinco días a un mes”.
“A los magistrados igualmente se les olvidó esa norma porque la intención era castigar a Enzo, encerrarlo e inhabilitarlo”. Tampoco –continuó- tomaron en cuenta los postulados del Código Orgánico Procesal Penal, que garantizan la libertad de los procesados. Siendo esto así, hay una gran arbitrariedad injustificable desde el punto de vista jurídico.
En ese sentido, Aure se refirió a la orden del máximo tribunal de solicitar una investigación al Ministerio Público, Procuraduría y Contraloría General de la República en contra de Scarano y Lucchese.
“Se está aplicando lo que también se conoce en doctrina como el derecho penal del enemigo. El adversario en democracia es el enemigo en dictadura. Si estuviéramos en democracia, Enzo sería adversario, pero para este régimen es enemigo y por lo tanto usa los órganos de administración de justicia no solo para silenciarlo, sino también para inhabilitarlo”, señaló Aure.
Con respecto a la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ en contra del ex alcalde de San Diego, Vicencio Scarano; y el ex sub director de la Policía Municipal de esa jurisdicción, Salvatore Lucchese, publicada el pasado miércoles, el profesor sostuvo que como fue producida por la máxima instancia se podría solicitar un recurso de revisión ante la misma Sala Constitucional, pero con otros magistrados.
También –dijo- se puede recurrir a una demanda de nulidad ante la Sala Político-Administrativo del mismo TSJ. “Sería algo inédito, atacar un acto administrativo de la Sala Constitucional ante el mismo TSJ, pero ante la Sala Político-Administrativo. Eso es lo que se nos pudiera ocurrir desde el punto de vista jurídico”, comentó.
Para el Profesor, son inéditas en la jurisprudencia venezolana la decisión y argumentación de la Sala Constitucional para condenar por desacato e inhabilitar a Scarano y Lucchese.
Aure no duda de que esto sea un grave precedente, además teme que “penalistas del horror” tengan sus manos metidas en este caso: “Intentaron con un interés supremo y con mucha acuciosidad”.
El Profesor resaltó igualmente que los siete magistrados de la Sala Constitucional echaron mano y descontextualizaron conceptos de reconocidos autores del derecho penal comparado, como Roxin Claus.
Indicó que la Sala Constitucional no pudo explicar la exención de la pena: “Los magistrados olvidaron, podríamos decirlo entre comillas, que la pena puede ser flexible, su regulación. En ninguna de las 40 páginas de la sentencia pudieron justificar la privación arbitraria de libertad por ilícitos de bagatela”. La doctrina contempla –explicó- que los ilícitos de bagatela no ameritan reclusión en establecimiento carcelario.
Insistió en que a Scarano y Lucchese se les violó el debido proceso: “No se les dio derecho a la defensa y negó la doble instancia”. Además -agregó- los magistrados, sin ninguna argumentación, decidieron una medida reclusoria para ellos, en lugar de tomar en cuenta el artículo 272 de la Constitución Nacional, según el cual se preferirán las penas no privativas de libertad ante las reclusorias.
Pero, de acuerdo con lo declarado por Aure, hay algo peor todavía: “La Sala argumentó la pena según el artículo 31 de la Ley de Amparo, pero resulta que ésta se sancionó mucho antes de la Constitución vigente y de la reforma al Código Penal, que en su artículo 483 tipifica expresamente como una falta la desobediencia a una orden o mandato judicial y establece como sanción una multa en unidades tributarias y arresto de cinco días a un mes”.
“A los magistrados igualmente se les olvidó esa norma porque la intención era castigar a Enzo, encerrarlo e inhabilitarlo”. Tampoco –continuó- tomaron en cuenta los postulados del Código Orgánico Procesal Penal, que garantizan la libertad de los procesados. Siendo esto así, hay una gran arbitrariedad injustificable desde el punto de vista jurídico.
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