El espinoso camino de las negociaciones que empezaron en Cuba

Farc, a dar la cara a las víctimas

Por: Redacción Política/ El Espectador

En la actualidad, un proceso de paz va más allá del indulto contra entrega de armas. Requiere verdad, un mínimo de justicia y reparación. Sin esas condiciones, cualquier proceso es incierto. Ese es el dilema de los nacientes diálogos.

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Los principales cabecillas de las Farc tendrán que garantizar la verdad, reparación y un mínimo de justicia. / Archivo

Sin concesión en el terreno militar pero con la expectativa de que se pueda afianzar una ruta hacia la paz, esta semana se destaparon las primeras cartas del gobierno Santos y las Farc para volver a creer en una negociación política que le ponga fin a un conflicto armado con 50 años de historia. Sin embargo, de entrada quedó claro que si prospera la iniciativa será una carrera de obstáculos, y que tarde o temprano llegará el momento crucial en que se entre a determinar de qué manera la guerrilla va a saldar sus cuentas con la justicia.

Ese terminará siendo el nudo gordiano de este nuevo intento de paz. Sobre todo porque ya hay sectores de las Farc que no están dispuestos a pagar un día de cárcel. De hecho, ha trascendido que el jefe guerrillero Iván Márquez y su círculo más cercano son los más escépticos frente a la eventualidad de verse envueltos en procesos judiciales. No obstante, entre fuentes allegadas a la iniciativa del gobierno Santos también existe la convicción de que, en cualquier escenario, el Ejecutivo no puede negociar con las Farc el alcance de la justicia.

El Espectador consultó a un experto en temas de justicia transicional para evaluar el caso Farc y manifestó que, en el mundo actual, no es un capricho de los estados exigir un mínimo de justicia en los procesos de paz. Es un estándar internacional de derechos humanos, y por eso ineludiblemente será una exigencia. Ya no es concebible la paz bajo el superado modelo del indulto contra entrega de armas, sino que se deben cumplir las premisas de confesar la verdad, exigir reparación para las víctimas y garantizar un castigo judicial, por leve que sea.

En tal sentido, como lo precisó una fuente cercana a la iniciativa de paz, las Farc tendrán que darle la cara a sus víctimas como paso ineludible para el éxito del proceso. Y eso significa, en principio, la exaltación de la verdad. Ya en su momento se podrá establecer cuál es el escenario ideal, si las confesiones judiciales, como en la Ley de Justicia y Paz; una comisión de la verdad, como se debatió intensamente durante el trámite de la Ley de Víctimas, o cualquier método alternativo que garantice el esclarecimiento de los hechos perpetrados.

Si el propósito de las Farc es sumarse lo antes posible al debate político, como lo hicieron otras organizaciones armadas en el pasado, los instrumentos para hacerlo posible ya están a su disposición. En primer término, el Marco Legal para la Paz, recién aprobado en el Congreso. A partir de este techo jurídico tendría que aprobarse una ley estatutaria, no sólo para fijar el alcance del delito político sino especialmente para definir las condiciones judiciales mínimas frente al castigo que merecen los crímenes de guerra y los de lesa humanidad.

En este contexto debe entenderse que, de conformidad con los Convenios de Ginebra que definen las bases del derecho internacional humanitario, a los cuales está suscrito Colombia, pueden existir acuerdos especiales y operativos. Los primeros tienen como objetivo incrementar los umbrales de protección de las víctimas. Los segundos, resolver aspectos particulares como el reclutamiento de menores, el control de armas o la protección de la población civil. Por más que quieran, ni el Gobierno ni la guerrilla pueden hoy pasar por encima de estas disposiciones.

Por eso, el tema no es para nada fácil, pero tampoco imposible. El punto de equilibrio es la voluntad de paz. Hoy, el asunto está en el terreno de las exigencias. El Gobierno quiere ya el fin del conflicto, pero entiende que, aunque hoy tiene una ventaja militar, no es así de sencillo desmovilizar a una guerrilla con 50 años de historia. A su vez, las Farc pretenden que Simón Trinidad esté en la mesa de negociación, que haya cese al fuego bilateral o que puedan participar en política, pero tampoco es un asunto simple. Entre los dos pasa la justicia.

Cada punto tiene su precio. Sin embargo, en la actualidad hay un actor nuevo que cambia las tradicionales negociaciones entre el poder político y la insurgencia: los derechos de las víctimas. Los avances del derecho internacional de los derechos humanos son contundentes en esta materia. Ya no cabe la impunidad absoluta. Por eso, en cualquier negociación de paz, la solución ya no es expedir una ley de perdón y olvido. Hoy, la memoria es un insumo clave para que las sociedades en conflicto puedan superarlo, y las Farc no van ser la excepción.

Ese dilema lo están resolviendo internamente los guerrilleros. Y ya se sabe que no todos están de acuerdo con la negociación. El Espectador conoció que hay al menos cinco estructuras o frentes que no ven con buenos ojos lo que está pasando. Sobre todo aquellas fracciones de la guerrilla permeadas por el narcotráfico. No sólo por el dinero que dejarían de percibir, sino también por el fantasma de la extradición. Nadie en la guerrilla quiere repetir la experiencia de los jefes paramilitares que se entregaron y terminaron en cárceles de Estados Unidos.

De cualquier modo, además de los negociadores anunciados por el gobierno Santos y las Farc, hoy están sumándose los asesores necesarios para que la iniciativa de paz cobre forma. El exguerrillero Joaquín Villalobos y el excanciller israelí Sholomo Ban Ami, vinculado al Centro Internacional de Toledo para la Paz y promotor de la teoría de los objetivos de alto valor para establecer prioridades de seguridad e inteligencia para el Estado, además de otros cuantos personajes internacionales que tienen interés en que Colombia supere más de 50 años de violencia.

Pero más allá de estas expectativas, si se quiere avanzar hacia la paz, tarde o temprano surgirá, además del momento de la justicia, otro componente ineludible: las comisiones de verificación, en lo posible de carácter internacional. Sin ellas, todo puede volverse incierto. De concretarse un cese al fuego o de hostilidades, de lograrse un concentración de fuerzas o una desmovilización parcial o definitiva, aún habría muchos riesgos sin verificación. De manera que la transición hacia la paz es hoy apenas una ilusión. El camino por andar pinta azaroso.

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