Notitarde "Desayuno en la redacción"
El vicerrector administrativo de la UC, José Ángel Ferreira, y el presidente de la Apuc, Jesús Villarreal, consideran que el anuncio del Gobierno Nacional juega con las expectativas de los empleados del sector público
Es un "malabarismo electoral" pagar las prestaciones sociales con Petrorinocos
Francisco A. Briceño J
El anuncio realizado por el Gobierno Nacional con respecto a saldar la deuda por concepto de prestaciones sociales a los trabajadores de la administración pública, iniciando con el sector universitario, a través de bonos Petrorinoco, ha generado diferentes reacciones -positivas y negativas- entre los venezolanos.
Aun cuando versiones oficiales refieren que los petrorinocos están respaldados por un fondo de fideicomiso, que tiene actualmente mil 140 millones de bolívares y que es administrado por el Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera (Fanco), hay ciertas discrepancias en cuanto a este mecanismo de pago, que no termina de convencer al colectivo.
Son muchos los expertos en materia de pasivos laborales que aseguran que los bonos no están protegidos contra una posible devaluación o inflación, que es un engaño y una estafa a los trabajadores, entre otras afirmaciones, que han generado dudas y preocupación entre los más de un millón 400 mil empleados -activos y jubilados- que integran la administración pública nacional.
Y, precisamente, para despejar estas dudas fueron invitados al acostumbrado Desayuno en la Redacción de Notitarde, el vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo (UC), José Ángel Ferreira, y el presidente de la Asociación de Profesores de la máxima casa de estudios de la entidad (Apuc), Jesús Villarreal, quienes estuvieron acompañados por Laurentzi Odriozola Echegaray, director del diario; Margarita Jiménez Márquez, miembro de la junta directiva; Alecia Rodríguez Del Valle, editora diurna de ciudad; Francisco Briceño, periodista y quien presenta La Ventana; y Vanessa Carreño Rojas, quien suscribe este trabajo.
Para el vicerrector José Ángel Ferreira y el profesor Jesús Villarreal, el Gobierno Nacional está jugando con la expectativa de los empleados del sector público, porque se acerca un proceso electoral y desean garantizar la continuidad del Gobierno del presidente de la República, Hugo Chávez.
"Por eso aseguró que la deuda será cancelada antes de diciembre de 2013, pero ya son 14 años de promesas incumplidas y seguimos iguales con sueldos paupérrimos y con una deuda gigantesca", dijo enfáticamente el representante gremial, quien seguidamente manifestó que el anuncio tiene "tinte electoral".
Ambos coincidieron en que el mecanismo de pago con bonos Petrorinoco que está empleando el Ejecutivo y que consiste en la publicación semanal de un listado con un grupo de entre 250 y 350 personas es muy lento, por lo que será "a muy largo plazo" que se saldará la totalidad de la deuda.
Pero todo esto, al parecer, forma parte de una estrategia, pues realmente el dinero del fideicomiso creado a través del Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera (Fanco), que alcanza los mil 140 millones de bolívares, no cubrirá para pagar la deuda a todos los trabajadores del sector universitario que son 34 mil 873 jubilados, sin contar los más de 200 mil jubilados que pertenecen a otros ministerios y un millón 200 mil trabajadores que aún se encuentran ejerciendo funciones (activos) y a quienes también se les adeudan prestaciones sociales.
"Son 14 años de promesas incumplidas
y seguimos iguales, con sueldos
paupérrimos y con una
deuda gigantesca".
"El presidente Chávez señaló que va a salir primero del sector universitario, que éste va a ser el ministerio piloto y luego le tocará el turno a los demás ministerios del país, ésa es la expectativa electoral que están generando, que los trabajadores del sector salud y educación, piensen que después de los universitarios vendrán ellos", señaló Ferreira al tiempo que alertó que al no estar estos mecanismos bien definidos es "lo que hace pensar que podría venir la desesperanza".
A esta estimación se unió el profesor Jesús Villarreal, quien calificó los petrorinocos como un "tinglado financiero, una especie de malabarismo electoral". En su opinión, el Gobierno Nacional lo que busca es ganar los comicios presidenciales, "pero este bumerán se les va a devolver, porque son millones los empleados de la administración pública molestos con este engaño con tufillo electoral".
Los declarantes mencionaron que Chávez se dio cuenta que la estrategia "no está funcionando mucho y que realmente ese dinero no alcanza", por ello, el pasado martes dio órdenes de inyectarle más capital al fondo a través del excedente de la recaudación fiscal, así como el aumento del porcentaje de las regalías petroleras de 3,3% a 5% y llevar de 4% a 6% el interés de la responsabilidad social que pagan las empresas extranjeras que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco.
-La realidad es -aseveró el Presidente de la Asociación de Profesores- que el ejercicio del poder en este país lo ejerce una sola persona que, aparentemente, es el dueño de la chequera y eso lo comprobamos cuando en los actos de Gobierno es el Presidente quien señala y le da órdenes al grupo de ministros, sea el de Finanzas, de Energía y Petróleo, Educación Universitaria, o bien sea el Presidente del Banco de Venezuela.
Por otro lado, Ferreira apuntó que el Ejecutivo ha ido acomodando el mecanismo de cancelación a medida que va avanzando, pero aún no hay una posición coherente con respecto a este problema y esa falta de coherencia trae desasosiego y se puede traducir en anarquía", apuntó el Vicerrector Administrativo de la Universidad de Carabobo, quien insistió en que el dinero no es suficiente para cubrir la demanda social del Estado venezolano, que está por el orden de los 60 mil millones de bolívares.
Vale recordar que fue semanas atrás que la ministra de Educación Universitaria, profesora Yadira Córdova, anunció que se iniciaría el proceso de pago de la deuda con bonos de Petrorinoco al sector universitario, cuya población alcanza los 34 mil 873 jubilados, de los cuales han sido certificadas 27 mil 351 historias laborales. El monto a cancelar a éstos está por el orden de 12 mil 428 millones de bolívares.
Ya han sido publicados dos listados, el primero salió el lunes 27 de agosto con 315 personas y el segundo, el 3 de septiembre con 277, de los cuales 32 beneficiarios pertenecen a la Universidad de Carabobo.
Ferreira dijo estar preocupado porque de las 17 instituciones del país a las que se les cancelarán los pasivos laborales, hay varias que ni siquiera han salido, como es el caso de la Universidad Simón Bolívar y la Nacional Experimental Francisco de Miranda.
Petrorinoco: Bono o fideicomiso
Son diversos los señalamientos que se han realizado desde diversos sectores del país, en torno a la utilización de bonos Petrorinoco para cancelar la deuda por concepto de prestaciones sociales con los empleados públicos. En reiteradas ocasiones, expertos en materia de pasivos laborales han asegurado que este mecanismo es "un engaño, una burla y una estafa" a los trabajadores.
Ahora bien, el anuncio por parte del Gobierno Nacional sobre dicha modalidad de pago, pero sin precisar detalles, como la fecha de emisión y vencimiento de los bonos, encendió la mecha y puso en la palestra la discusión de este sistema. Fueron tantas las opiniones que, el domingo pasado, la ministra de Educación Universitaria, Yadira Córdova, a través de un medio de comunicación nacional aclaró que el sistema de pago "todavía" no es un bono, que "por ahora" es más un certificado de pago que un bono o título de valor.
El profesor José Ángel Ferreira explicó que los bonos son instrumentos financieros que, por lo general, son negociados en la bolsa de valores o en el mercado secundario; mientras que el fideicomiso son participaciones. "La administración es delegada a otra persona, para invertir o poner a producir el dinero, el cual será cancelado cuando la persona lo reclame", indicó.
En ese sentido, aclaró que si Petrorinoco realmente es un fideicomiso, no es posible que sea ofertado en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, "pero siguen hablando de que se van a ofertar, porque el presidente de la bolsa, Félix Franco, dijo el jueves pasado que la bolsa va a poner el 0.5% por el manejo de los bonos y si eso es así entonces sí son bonos", enfatizó la autoridad universitaria, al resaltar la inconsistencia de la información que se ofrece desde el alto Gobierno.
A su juicio, los bonos Petrorinoco podrían ser una buena alternativa, pero deben estar protegidos contra la inflación y una posible devaluación para que la persona no pierda ni un bolívar de su poder adquisitivo, "pero no se hizo así, con este mecanismo lo que se está haciendo es demagogia con el proceso electoral".
"La manera autocrática y militarista
en que el Ejecutivo Nacional ejerce
el poder, conllevan a una situación
de irritabilidad e ira contenida".
-Es obvio que va a haber una devaluación, pero el Gobierno lo niega, pero todos los organismos multilaterales hablan de una devaluación después de las elecciones, para fusionar el déficit fiscal venezolano por la fuerte presión que tiene el gasto público.
Por su parte, Jesús Villarreal, destacó que el gremio profesoral rechaza cualquier emisión de bono que no esté protegido contra esos dos grandes flagelos. Precisó que hay elementos que permiten salvaguardar esos papeles, como lo son los títulos de interés y capital cubierto. De lo contrario -apuntó- el trabajador perderá un gran porcentaje de su poder adquisitivo, pues aún vendiéndolo al 100% de su valor nominal, solo obtendrá el 70% del monto.
"Siempre hemos estado en contra de este tipo de mecanismos de pago, porque a la larga es un negocio para el sector bancario y financiero, aquí el único que pierde es el docente, empleado y obrero", sostuvo el dirigente del máximo órgano gremial de la entidad carabobeña.
Alertaron que si los bonos son entregados después de la devaluación se van a volver "sal y agua" y eso se convierte en una estafa, porque se produce una depreciación de la inversión de cada empleado.
Vale recordar que el Fanco, se alimenta del 3,3% de las regalías petroleras y del 4% de responsabilidad social, que otorgan las 17 empresas transnacionales que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Gobierno no sabe qué hacer con universidades del régimen nuevo
En otro orden, el Vicerrector Administrativo de la UC señaló que el gran reto a resolver por el Ejecutivo Nacional es qué va a hacer con las cuatro universidades transferidas al nuevo régimen en el año 2000, a saber: de Los Andes, Carabobo, Nacional Experimental del Táchira y el personal administrativo de la Nacional Experimental de Guayana.
Detalló que todo el personal que estaba activo hasta julio del año 2001 recibió un bono de transferencia de Bs. 3 mil 600 y, el Gobierno se comprometió a liquidar las prestaciones sociales del régimen anterior a esa fecha, pero como no había recursos para pagarles a las instituciones en ese momento, se acordó que pagaría la deuda los primeros cinco años a tasa pasiva y los años siguientes a tasa activa. "Ya tenemos 11 años con esta deuda", resaltó.
Citó el caso de un profesor activo que tenía un saldo de 30 mil bolívares para el momento del cambio al nuevo régimen; durante los primeros cinco años generó intereses a tasa pasiva por lo que la deuda se acumuló en 54 mil bolívares, pero en los seis años de tasa activa la cifra que se le adeuda alcanza los 178 mil bolívares. "Si el Estado le hubiese pagado sus 30 mil bolívares, la deuda no sería de esa naturaleza y mientras no le cancele sigue generando intereses", puntualizó.
Los invitados al Desayuno manifestaron estar alarmados porque el Gobierno Nacional aún no explica qué va a pasar con los empleados de las casas de estudios superiores transferidas al nuevo régimen.
-Todos estamos a la expectativa porque ese dinero hay que cancelarlo, señaló Ferreira, al tiempo que recordó que la directora adjunta de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu), Tibisay Hung, en visita efectuada la semana pasada a Valencia, se refirió -por primera vez- a ese tema, indicando que la prioridad es el personal jubilado y que posterior a las elecciones se realizaría una especie de censo para determinar cuánto personal activo hay en el sector público.
En cuanto a los jubilados, reveló que el caso es más complejo, puesto que un trabajador que se retiró en el año 2008 se le debe calcular no solo con el régimen viejo que ha seguido generando intereses a tasa activa hasta la fecha, sino también se le debe pagar la retroactividad de las prestaciones sociales establecida en la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y la Trabajadoras (Lottt), promulgada el 1° de mayo de 2012.
Aseveró que en estos momentos en el país se manejan tres regímenes, a saber: el viejo que contempla los jubilados en los años 1998, 1999 y 2000; el nuevo que es desde el 2001 en adelante; y las disposiciones establecidas en la nueva Lottt que habla de la retroactividad de las prestaciones sociales, "que aún no sabemos cómo va a tratar el Ejecutivo".
De igual forma, Ferreira y Villarreal denunciaron que el Gobierno Nacional lo que está haciendo es pagarle a una pequeña cantidad de personas jubiladas entre 1998 y 2000, cuyos cálculos "no están en discusión" puesto que, al parecer, coinciden mucho con los reflejados en el historial laboral de los trabajadores que realizaron las casas de estudios superiores del país.
"Pero no le están pagando a nadie que haya sido jubilado después del 2000", puntualizó Ferreira, quien explicó que allí podría desatarse "el despelote", por los tres regímenes que hay actualmente "y efectivamente allí veríamos si los cálculos realmente están bien".
-El mes que falta para las elecciones, ellos pueden durar trabajando con los jubilados hasta el año 2000, pero qué va a pasar después, podría haber una gran desesperanza, afirmó.
Para el Presidente de la Apuc, "la exagerada centralización que mantiene el Gobierno Nacional, la manera autocrática y militarista de ejercer el poder, están llevando a una situación de mucha irritabilidad, ira contenida y molestia", en todos los empleados de la administración pública.
-Los universitarios, independientemente del Gobierno de turno, siempre hemos mantenido una posición de vanguardia en defensa de los derechos de los trabajadores, profesores y estudiantes, de un presupuesto justo para las universidades y, ahora más, porque se trata de lo único que uno se lleva para la casa después de 30 años de aportar su fuerza física y su capacidad intelectual al servicio de algo tan noble como es la formación del recurso humano", manifestó al tiempo que resaltó que no permitirán que se les quite lo que por ley les corresponde.
En ese sentido, resaltó la necesidad de un diálogo "franco y sincero", por parte del Ejecutivo Nacional, a quien le reiteró que los universitarios siempre han rechazado la manipulación y las acciones con trasfondo político, que solo tienen como finalidad ganar voluntades y, es evidente, que lo que están haciendo es demagogia". Exigieron al Gobierno una respuesta perentoria al caso de las cuatro universidades transferidas al nuevo régimen.
14 años de promesas incumplidas
Desde hace 14 años, autoridades y gremios universitarios emprendieron una lucha para defender y exigir al Gobierno Nacional la cancelación de una deuda "sagrada", los intereses sobre prestaciones sociales que data del año 1998.
Movilizaciones, protestas y hasta paralización de actividades, forman parte de las estrategias empleadas por los docentes de las diferentes casas de estudios superiores del país para reclamar y defender lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reza: "El derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal".
Villarreal precisó que son más de 14 años que se les adeuda a los universitarios de intereses sobre prestaciones sociales "y, precisamente, son los mismos 14 años que lleva el presidente Hugo Chávez en el poder".
"El Gobierno Nacional debe resolver
qué va a hacer con las cuatro
universidades transferidas
al nuevo régimen".
A esto -señaló Ferreira- hay que agregarle que hay ministerios como el de la Salud y la Educación que ni siquiera cuentan con un fideicomiso, "y allí la deuda es muchísimo más grande que la de nosotros", resaltó.
Entre tanto, Villarreal aseveró que el discurso del Gobierno Nacional "se está cayendo, es vacío, no tiene asidero y por eso está actuando de manera improvisada".
Los invitados al Desayuno en la Redacción hicieron un llamado a los docentes, empleados y obreros, sin distingo ideológico, político o social, a estar organizados y unidos en este proceso. "Estamos invocando el espíritu de unidad universitaria para interconectarnos con sectores hermanos, bien sea del Ministerio de Salud y de Educación, de todos los que dependen de la administración pública nacional, para enfrentar juntos todo lo que venga".
Ventana
Francisco A. Briceño J
Hoy trabajamos más juntos que nunca
José Ángel Ferreira y Jesús Villarreal. Uno valenciano y el otro caraqueño, que aunque tienen 10 años de diferencia, cuentan con una larga trayectoria en la Universidad de Carabobo como autoridad universitaria y líder gremial, respectivamente, cargos enfrentados, pero que hoy, en medio de la situación que vive el sector, les ha llevado a trabajar más juntos que nunca.
Ferreira es vicerrector administrativo de la UC, hijo de una venezolana y un portugués. Tiene 24 años al servicio de la Universidad, donde ha presidido la FCU, la junta directiva de la Fundación Universidad de Carabobo y ha asumido la coordinación de postgrado de Ciencias Contables. Antes de su cargo actual, fue decano de Faces durante 9 años.
Sobre la relación de trabajo con Villarreal comenta que "ha sido de mucho respeto. Por mi cargo y en medio de la severa crisis económica, ellos vienen a mí en primera instancia. La situación nos llevó a trabajar más juntos que nunca".
Es por esta entrega y compromiso que en su apretada agenda, Ferreira intenta sacar tiempo para compartir con sus trillizos y aunque está de vacaciones y tiene reposo por una cirugía a la que se acaba de someter, sigue acudiendo a su despacho en el rectorado.
Entre tanto, Jesús Villarreal, quien es presidente de la Asociación de Profesores de la UC (Apuc) desde hace siete años, ha asumido este compromiso con la Universidad desde que era preparador, cuando apenas cursaba segundo año de Economía.
Por esta casa de estudios, y por su esposa Olga Hernández de Villarreal (recién electa vicepresidenta del Colegio Nacional de Contadores), es que se vino de La Pastora a Valencia, donde se casó y formó su familia y tienen tres hijos.
La lucha por los pasivos laborales la vive en carne propia. Confiesa que le pagaron las prestaciones sociales con nuevo régimen "y me quitaron 87 mil bolívares fuertes, fue un mal cálculo porque no me aplicaron retroactividad". Actualmente le adeudan los intereses.
"Después de toda una vida laboral, uno queda ya en la tercera edad donde se supone que nuestra capacidad intelectual y esfuerzo físico lo hemos puesto en manos de un patrono a través del servicio docente, y quedamos en situación de minusvalía", agrega.
Está convencido de que los cargos gremiales serán entregados a las nuevas generaciones para renovar el liderazgo. "Uno se va con el deber cumplido pero insatisfecho", advierte, tras sostener que hay muchas cosas pendientes, ya que "en este ejercicio de gobierno autocrático la academia es perseguida y sufre mucho".
Aun cuando versiones oficiales refieren que los petrorinocos están respaldados por un fondo de fideicomiso, que tiene actualmente mil 140 millones de bolívares y que es administrado por el Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera (Fanco), hay ciertas discrepancias en cuanto a este mecanismo de pago, que no termina de convencer al colectivo.
Son muchos los expertos en materia de pasivos laborales que aseguran que los bonos no están protegidos contra una posible devaluación o inflación, que es un engaño y una estafa a los trabajadores, entre otras afirmaciones, que han generado dudas y preocupación entre los más de un millón 400 mil empleados -activos y jubilados- que integran la administración pública nacional.
Y, precisamente, para despejar estas dudas fueron invitados al acostumbrado Desayuno en la Redacción de Notitarde, el vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo (UC), José Ángel Ferreira, y el presidente de la Asociación de Profesores de la máxima casa de estudios de la entidad (Apuc), Jesús Villarreal, quienes estuvieron acompañados por Laurentzi Odriozola Echegaray, director del diario; Margarita Jiménez Márquez, miembro de la junta directiva; Alecia Rodríguez Del Valle, editora diurna de ciudad; Francisco Briceño, periodista y quien presenta La Ventana; y Vanessa Carreño Rojas, quien suscribe este trabajo.
Para el vicerrector José Ángel Ferreira y el profesor Jesús Villarreal, el Gobierno Nacional está jugando con la expectativa de los empleados del sector público, porque se acerca un proceso electoral y desean garantizar la continuidad del Gobierno del presidente de la República, Hugo Chávez.
"Por eso aseguró que la deuda será cancelada antes de diciembre de 2013, pero ya son 14 años de promesas incumplidas y seguimos iguales con sueldos paupérrimos y con una deuda gigantesca", dijo enfáticamente el representante gremial, quien seguidamente manifestó que el anuncio tiene "tinte electoral".
Ambos coincidieron en que el mecanismo de pago con bonos Petrorinoco que está empleando el Ejecutivo y que consiste en la publicación semanal de un listado con un grupo de entre 250 y 350 personas es muy lento, por lo que será "a muy largo plazo" que se saldará la totalidad de la deuda.
Pero todo esto, al parecer, forma parte de una estrategia, pues realmente el dinero del fideicomiso creado a través del Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera (Fanco), que alcanza los mil 140 millones de bolívares, no cubrirá para pagar la deuda a todos los trabajadores del sector universitario que son 34 mil 873 jubilados, sin contar los más de 200 mil jubilados que pertenecen a otros ministerios y un millón 200 mil trabajadores que aún se encuentran ejerciendo funciones (activos) y a quienes también se les adeudan prestaciones sociales.
"Son 14 años de promesas incumplidas
y seguimos iguales, con sueldos
paupérrimos y con una
deuda gigantesca".
"El presidente Chávez señaló que va a salir primero del sector universitario, que éste va a ser el ministerio piloto y luego le tocará el turno a los demás ministerios del país, ésa es la expectativa electoral que están generando, que los trabajadores del sector salud y educación, piensen que después de los universitarios vendrán ellos", señaló Ferreira al tiempo que alertó que al no estar estos mecanismos bien definidos es "lo que hace pensar que podría venir la desesperanza".
A esta estimación se unió el profesor Jesús Villarreal, quien calificó los petrorinocos como un "tinglado financiero, una especie de malabarismo electoral". En su opinión, el Gobierno Nacional lo que busca es ganar los comicios presidenciales, "pero este bumerán se les va a devolver, porque son millones los empleados de la administración pública molestos con este engaño con tufillo electoral".
Los declarantes mencionaron que Chávez se dio cuenta que la estrategia "no está funcionando mucho y que realmente ese dinero no alcanza", por ello, el pasado martes dio órdenes de inyectarle más capital al fondo a través del excedente de la recaudación fiscal, así como el aumento del porcentaje de las regalías petroleras de 3,3% a 5% y llevar de 4% a 6% el interés de la responsabilidad social que pagan las empresas extranjeras que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco.
-La realidad es -aseveró el Presidente de la Asociación de Profesores- que el ejercicio del poder en este país lo ejerce una sola persona que, aparentemente, es el dueño de la chequera y eso lo comprobamos cuando en los actos de Gobierno es el Presidente quien señala y le da órdenes al grupo de ministros, sea el de Finanzas, de Energía y Petróleo, Educación Universitaria, o bien sea el Presidente del Banco de Venezuela.
Por otro lado, Ferreira apuntó que el Ejecutivo ha ido acomodando el mecanismo de cancelación a medida que va avanzando, pero aún no hay una posición coherente con respecto a este problema y esa falta de coherencia trae desasosiego y se puede traducir en anarquía", apuntó el Vicerrector Administrativo de la Universidad de Carabobo, quien insistió en que el dinero no es suficiente para cubrir la demanda social del Estado venezolano, que está por el orden de los 60 mil millones de bolívares.
Vale recordar que fue semanas atrás que la ministra de Educación Universitaria, profesora Yadira Córdova, anunció que se iniciaría el proceso de pago de la deuda con bonos de Petrorinoco al sector universitario, cuya población alcanza los 34 mil 873 jubilados, de los cuales han sido certificadas 27 mil 351 historias laborales. El monto a cancelar a éstos está por el orden de 12 mil 428 millones de bolívares.
Ya han sido publicados dos listados, el primero salió el lunes 27 de agosto con 315 personas y el segundo, el 3 de septiembre con 277, de los cuales 32 beneficiarios pertenecen a la Universidad de Carabobo.
Ferreira dijo estar preocupado porque de las 17 instituciones del país a las que se les cancelarán los pasivos laborales, hay varias que ni siquiera han salido, como es el caso de la Universidad Simón Bolívar y la Nacional Experimental Francisco de Miranda.
Petrorinoco: Bono o fideicomiso
Son diversos los señalamientos que se han realizado desde diversos sectores del país, en torno a la utilización de bonos Petrorinoco para cancelar la deuda por concepto de prestaciones sociales con los empleados públicos. En reiteradas ocasiones, expertos en materia de pasivos laborales han asegurado que este mecanismo es "un engaño, una burla y una estafa" a los trabajadores.
Ahora bien, el anuncio por parte del Gobierno Nacional sobre dicha modalidad de pago, pero sin precisar detalles, como la fecha de emisión y vencimiento de los bonos, encendió la mecha y puso en la palestra la discusión de este sistema. Fueron tantas las opiniones que, el domingo pasado, la ministra de Educación Universitaria, Yadira Córdova, a través de un medio de comunicación nacional aclaró que el sistema de pago "todavía" no es un bono, que "por ahora" es más un certificado de pago que un bono o título de valor.
El profesor José Ángel Ferreira explicó que los bonos son instrumentos financieros que, por lo general, son negociados en la bolsa de valores o en el mercado secundario; mientras que el fideicomiso son participaciones. "La administración es delegada a otra persona, para invertir o poner a producir el dinero, el cual será cancelado cuando la persona lo reclame", indicó.
En ese sentido, aclaró que si Petrorinoco realmente es un fideicomiso, no es posible que sea ofertado en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, "pero siguen hablando de que se van a ofertar, porque el presidente de la bolsa, Félix Franco, dijo el jueves pasado que la bolsa va a poner el 0.5% por el manejo de los bonos y si eso es así entonces sí son bonos", enfatizó la autoridad universitaria, al resaltar la inconsistencia de la información que se ofrece desde el alto Gobierno.
A su juicio, los bonos Petrorinoco podrían ser una buena alternativa, pero deben estar protegidos contra la inflación y una posible devaluación para que la persona no pierda ni un bolívar de su poder adquisitivo, "pero no se hizo así, con este mecanismo lo que se está haciendo es demagogia con el proceso electoral".
"La manera autocrática y militarista
en que el Ejecutivo Nacional ejerce
el poder, conllevan a una situación
de irritabilidad e ira contenida".
-Es obvio que va a haber una devaluación, pero el Gobierno lo niega, pero todos los organismos multilaterales hablan de una devaluación después de las elecciones, para fusionar el déficit fiscal venezolano por la fuerte presión que tiene el gasto público.
Por su parte, Jesús Villarreal, destacó que el gremio profesoral rechaza cualquier emisión de bono que no esté protegido contra esos dos grandes flagelos. Precisó que hay elementos que permiten salvaguardar esos papeles, como lo son los títulos de interés y capital cubierto. De lo contrario -apuntó- el trabajador perderá un gran porcentaje de su poder adquisitivo, pues aún vendiéndolo al 100% de su valor nominal, solo obtendrá el 70% del monto.
"Siempre hemos estado en contra de este tipo de mecanismos de pago, porque a la larga es un negocio para el sector bancario y financiero, aquí el único que pierde es el docente, empleado y obrero", sostuvo el dirigente del máximo órgano gremial de la entidad carabobeña.
Alertaron que si los bonos son entregados después de la devaluación se van a volver "sal y agua" y eso se convierte en una estafa, porque se produce una depreciación de la inversión de cada empleado.
Vale recordar que el Fanco, se alimenta del 3,3% de las regalías petroleras y del 4% de responsabilidad social, que otorgan las 17 empresas transnacionales que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Gobierno no sabe qué hacer con universidades del régimen nuevo
En otro orden, el Vicerrector Administrativo de la UC señaló que el gran reto a resolver por el Ejecutivo Nacional es qué va a hacer con las cuatro universidades transferidas al nuevo régimen en el año 2000, a saber: de Los Andes, Carabobo, Nacional Experimental del Táchira y el personal administrativo de la Nacional Experimental de Guayana.
Detalló que todo el personal que estaba activo hasta julio del año 2001 recibió un bono de transferencia de Bs. 3 mil 600 y, el Gobierno se comprometió a liquidar las prestaciones sociales del régimen anterior a esa fecha, pero como no había recursos para pagarles a las instituciones en ese momento, se acordó que pagaría la deuda los primeros cinco años a tasa pasiva y los años siguientes a tasa activa. "Ya tenemos 11 años con esta deuda", resaltó.
Citó el caso de un profesor activo que tenía un saldo de 30 mil bolívares para el momento del cambio al nuevo régimen; durante los primeros cinco años generó intereses a tasa pasiva por lo que la deuda se acumuló en 54 mil bolívares, pero en los seis años de tasa activa la cifra que se le adeuda alcanza los 178 mil bolívares. "Si el Estado le hubiese pagado sus 30 mil bolívares, la deuda no sería de esa naturaleza y mientras no le cancele sigue generando intereses", puntualizó.
Los invitados al Desayuno manifestaron estar alarmados porque el Gobierno Nacional aún no explica qué va a pasar con los empleados de las casas de estudios superiores transferidas al nuevo régimen.
-Todos estamos a la expectativa porque ese dinero hay que cancelarlo, señaló Ferreira, al tiempo que recordó que la directora adjunta de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu), Tibisay Hung, en visita efectuada la semana pasada a Valencia, se refirió -por primera vez- a ese tema, indicando que la prioridad es el personal jubilado y que posterior a las elecciones se realizaría una especie de censo para determinar cuánto personal activo hay en el sector público.
En cuanto a los jubilados, reveló que el caso es más complejo, puesto que un trabajador que se retiró en el año 2008 se le debe calcular no solo con el régimen viejo que ha seguido generando intereses a tasa activa hasta la fecha, sino también se le debe pagar la retroactividad de las prestaciones sociales establecida en la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y la Trabajadoras (Lottt), promulgada el 1° de mayo de 2012.
Aseveró que en estos momentos en el país se manejan tres regímenes, a saber: el viejo que contempla los jubilados en los años 1998, 1999 y 2000; el nuevo que es desde el 2001 en adelante; y las disposiciones establecidas en la nueva Lottt que habla de la retroactividad de las prestaciones sociales, "que aún no sabemos cómo va a tratar el Ejecutivo".
De igual forma, Ferreira y Villarreal denunciaron que el Gobierno Nacional lo que está haciendo es pagarle a una pequeña cantidad de personas jubiladas entre 1998 y 2000, cuyos cálculos "no están en discusión" puesto que, al parecer, coinciden mucho con los reflejados en el historial laboral de los trabajadores que realizaron las casas de estudios superiores del país.
"Pero no le están pagando a nadie que haya sido jubilado después del 2000", puntualizó Ferreira, quien explicó que allí podría desatarse "el despelote", por los tres regímenes que hay actualmente "y efectivamente allí veríamos si los cálculos realmente están bien".
-El mes que falta para las elecciones, ellos pueden durar trabajando con los jubilados hasta el año 2000, pero qué va a pasar después, podría haber una gran desesperanza, afirmó.
Para el Presidente de la Apuc, "la exagerada centralización que mantiene el Gobierno Nacional, la manera autocrática y militarista de ejercer el poder, están llevando a una situación de mucha irritabilidad, ira contenida y molestia", en todos los empleados de la administración pública.
-Los universitarios, independientemente del Gobierno de turno, siempre hemos mantenido una posición de vanguardia en defensa de los derechos de los trabajadores, profesores y estudiantes, de un presupuesto justo para las universidades y, ahora más, porque se trata de lo único que uno se lleva para la casa después de 30 años de aportar su fuerza física y su capacidad intelectual al servicio de algo tan noble como es la formación del recurso humano", manifestó al tiempo que resaltó que no permitirán que se les quite lo que por ley les corresponde.
En ese sentido, resaltó la necesidad de un diálogo "franco y sincero", por parte del Ejecutivo Nacional, a quien le reiteró que los universitarios siempre han rechazado la manipulación y las acciones con trasfondo político, que solo tienen como finalidad ganar voluntades y, es evidente, que lo que están haciendo es demagogia". Exigieron al Gobierno una respuesta perentoria al caso de las cuatro universidades transferidas al nuevo régimen.
14 años de promesas incumplidas
Desde hace 14 años, autoridades y gremios universitarios emprendieron una lucha para defender y exigir al Gobierno Nacional la cancelación de una deuda "sagrada", los intereses sobre prestaciones sociales que data del año 1998.
Movilizaciones, protestas y hasta paralización de actividades, forman parte de las estrategias empleadas por los docentes de las diferentes casas de estudios superiores del país para reclamar y defender lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reza: "El derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal".
Villarreal precisó que son más de 14 años que se les adeuda a los universitarios de intereses sobre prestaciones sociales "y, precisamente, son los mismos 14 años que lleva el presidente Hugo Chávez en el poder".
"El Gobierno Nacional debe resolver
qué va a hacer con las cuatro
universidades transferidas
al nuevo régimen".
A esto -señaló Ferreira- hay que agregarle que hay ministerios como el de la Salud y la Educación que ni siquiera cuentan con un fideicomiso, "y allí la deuda es muchísimo más grande que la de nosotros", resaltó.
Entre tanto, Villarreal aseveró que el discurso del Gobierno Nacional "se está cayendo, es vacío, no tiene asidero y por eso está actuando de manera improvisada".
Los invitados al Desayuno en la Redacción hicieron un llamado a los docentes, empleados y obreros, sin distingo ideológico, político o social, a estar organizados y unidos en este proceso. "Estamos invocando el espíritu de unidad universitaria para interconectarnos con sectores hermanos, bien sea del Ministerio de Salud y de Educación, de todos los que dependen de la administración pública nacional, para enfrentar juntos todo lo que venga".
Ventana
Francisco A. Briceño J
Hoy trabajamos más juntos que nunca
José Ángel Ferreira y Jesús Villarreal. Uno valenciano y el otro caraqueño, que aunque tienen 10 años de diferencia, cuentan con una larga trayectoria en la Universidad de Carabobo como autoridad universitaria y líder gremial, respectivamente, cargos enfrentados, pero que hoy, en medio de la situación que vive el sector, les ha llevado a trabajar más juntos que nunca.
Ferreira es vicerrector administrativo de la UC, hijo de una venezolana y un portugués. Tiene 24 años al servicio de la Universidad, donde ha presidido la FCU, la junta directiva de la Fundación Universidad de Carabobo y ha asumido la coordinación de postgrado de Ciencias Contables. Antes de su cargo actual, fue decano de Faces durante 9 años.
Sobre la relación de trabajo con Villarreal comenta que "ha sido de mucho respeto. Por mi cargo y en medio de la severa crisis económica, ellos vienen a mí en primera instancia. La situación nos llevó a trabajar más juntos que nunca".
Es por esta entrega y compromiso que en su apretada agenda, Ferreira intenta sacar tiempo para compartir con sus trillizos y aunque está de vacaciones y tiene reposo por una cirugía a la que se acaba de someter, sigue acudiendo a su despacho en el rectorado.
Entre tanto, Jesús Villarreal, quien es presidente de la Asociación de Profesores de la UC (Apuc) desde hace siete años, ha asumido este compromiso con la Universidad desde que era preparador, cuando apenas cursaba segundo año de Economía.
Por esta casa de estudios, y por su esposa Olga Hernández de Villarreal (recién electa vicepresidenta del Colegio Nacional de Contadores), es que se vino de La Pastora a Valencia, donde se casó y formó su familia y tienen tres hijos.
La lucha por los pasivos laborales la vive en carne propia. Confiesa que le pagaron las prestaciones sociales con nuevo régimen "y me quitaron 87 mil bolívares fuertes, fue un mal cálculo porque no me aplicaron retroactividad". Actualmente le adeudan los intereses.
"Después de toda una vida laboral, uno queda ya en la tercera edad donde se supone que nuestra capacidad intelectual y esfuerzo físico lo hemos puesto en manos de un patrono a través del servicio docente, y quedamos en situación de minusvalía", agrega.
Está convencido de que los cargos gremiales serán entregados a las nuevas generaciones para renovar el liderazgo. "Uno se va con el deber cumplido pero insatisfecho", advierte, tras sostener que hay muchas cosas pendientes, ya que "en este ejercicio de gobierno autocrático la academia es perseguida y sufre mucho".
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