La única referencia con relación a otros países que han planteado retirarse de la CIDH, la tenemos precisamente en el caso del gobierno arbitrario, dictatorial y violador de los DDHH de Alberto Fujimori, en Perú, quien de la misma manera pretendida evadir la justicia internacional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su origen en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, de Costa Rica 1969) en la cual los Estados signatarios se comprometieron a respetar los derechos y libertades de los ciudadanos sin discriminación alguna. En esa Convención se establecen una serie de derechos que los Estados deben respetar. Para garantizarlos entonces se crean dos órganos de protección, siendo uno de ellos la CIDH, cuya función principal es la de garantizar la observancia y la defensa de los derechos humanos.
No tengo dudas de que esa solicitud que Hugo Chávez le hace al Consejo de Estado de estudiar la posibilidad de que Venezuela se retire de la CIDH obedece a un desconocimiento craso de la materia.
El artículo 23 de la CRBV establece: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”. Por lo tanto, sería imposible apartarnos de la CIDH sin antes reformar la Constitución.
Por otra parte, nuestra Constitución en el artículo 19 consagra el principio de la progresividad en materia de DDHH lo cual significa que aquellas normas que reconozcan y garanticen tales derechos jamás podrán desmejorarse.
Chávez y sus adláteres funcionarios han declarado y desconocido inveteradamente decisiones y recomendaciones de la CIDH, desde luego olvidando que esa misma Comisión condenó los sucesos del 11 de abril de 2002 deplorando: “la destitución, por decreto del gobierno instaurado el 12 de abril de las más altas autoridades judiciales y de funcionarios independientes del Ejecutivo, así como el cese del mandato de los miembros del Poder Legislativo", y advirtió que "estos hechos podrían configurar los supuestos de interrupción del orden constitucional contemplados en la Carta Democrática".
Esperemos cuàl será la respuesta del Consejo de Estado. En todo caso no será vinculante para la decisión definitiva, pues el Consejo de Estado sólo es un órgano asesor.
Si finalmente la decisión del Estado venezolano es la de sustraerse de la de la aplicación de la Convención que crea la CIDH, será la antesala para quedar excluido de la OEA con todas sus implicaciones. Venezuela quedará junto a Cuba fuera del Sistema de Protección Interamericano.
Un gobierno que intente apartarse de los órganos de defensa internacional que tienen los ciudadanos para solicitar la protección de los DDHH, debe ser colocado en el banquillo de los acusados y considerado como antidemocrático.
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