martes, 11 de noviembre de 2025

Voto Salvado/ Pablo Aure

Les invito a leer mi voto salvado ante el nombramiento de un inusual comisión para evaluar la gestión de las direcciones de la Secretaria UC. En el CU el debate brilla por su ausencia: solo se aprueba lo que la rectora ordena, valiéndose de una mayoría circunstancial, guiada por caprichos, odios y rencores. Ejemplo: destituyó a la Dra. Rosaura Ochoa (Musu) sin argumentos, diciendo "vea las redes" (las mías). Disculpen los envíos constantes; es el único modo de llegar a la comunidad UCISTA, ya que las RRSS oficiales solo publican lo que ella ordena. Ayúdenme a difundir👇

Ciudadana

Presidente y demás miembros del

Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo

Su Despacho

Con el respeto que merece este alto cuerpo colegiado y en ejercicio del derecho a expresar mi posición particular, salvo mi voto respecto a la propuesta aprobada sobre la creación de la Comisión Técnica ad hoc formulada por la Rectora, Dra. Jessy Divo, para evaluar la gestión administrativa (Dirección del CU y de DICAE) de la Universidad de Carabobo durante los últimos 16 años —período que, casualmente, coincide con la permanencia en nuestros cargos de la propia rectora y de los dos Vicerrectores—

                         I

Consideraciones de forma y de fondo

1.- Inusualidad histórica: En casi 70 años de vida institucional de nuestra casa de estudios, jamás un Rector había propuesto la creación de una comisión ad hoc para evaluar la gestión administrativa de sus propios 16 años al frente de la institución. Esta iniciativa, aunque no prohibida, rompe con la tradición de rendición de cuentas ordinaria y transparente que siempre ha caracterizado a la Universidad de Carabobo.  

2.- Competencia del Consejo Universitario: No está claro hasta qué punto el CU está facultado para nombrar comisiones ad hoc con funciones de fiscalización interna sobre directivos de primer nivel (Secretario, Directores de Secretaría, Asuntos Estudiantiles, etc.), cuya designación y remoción corresponde, por norma, al rector a propuesta del secretario —facultad que, en los últimos tiempos, la rectora ha asumido de manera unilateral, incluso en casos de diferencias personales y no institucionales.  

3.- Principio de transparencia: Todo gerente público tiene el deber inexcusable de rendir cuentas claras y abogar por una transferencia ordenada. La evaluación administrativa no debe ser un acto de revanchismo, sino un ejercicio de higiene institucional.


                         II

Riesgos de sesgo y propósito real

Aunque la rectora presenta la comisión como un instrumento de “evaluación objetiva”, los hechos recientes sugieren otro objetivo:  

·    Remoción arbitraria de la Dra. Rosaura Ochoa como Coordinadora de Control Académico.

·  Exigencia de renuncia al Prof. Grover Moro como Director de DICAE

·   Renuncia (exigida) de la Dra. Gladys Jiménez como Directora del CU

·    Separación del cargo a la Licenciada Elizabeth González   

Acciones todas ellas sin sustento institucional y ejecutado pasando por encima de las competencias legalmente atribuidas al secretario.

En este contexto, la comisión propuesta no parece destinada a fiscalizar, sino a justificar actuaciones indebidas ya consumadas.

                              III

Propuesta constructiva para garantizar

pluralidad y credibilidad

Para que la comisión sea legítima, ecuánime y útil, hago mía la propuesta con las siguientes condiciones:  

·  Composición plural y con trayectoria intachable:  

Dos exrectores: Prof. Gustavo Hidalgo y Prof. María Luisa Aguilar de Maldonado.  

Dos exsecretarios: Doctores Prof. Rolando Smith y Pedro Villarroel

Siete ex decanos de las distintas facultades.

Estos once (11) profesionales gozarían de reconocimiento unánime en la comunidad ucista y no respondería a directrices de ningún bando político. Su participación garantizaría una evaluación sin sesgos ni revanchismos.

Ampliación del mandato: La comisión deberá

· Evaluar a plenitud el desenvolvimiento de todas las fundaciones que operan bajo el auspicio o franquicia de la UC, solicitando: Informe financiero detallado (ingresos, egresos y destino de los fondos de los últimos 4 periodos fiscales)

· Análisis de la factibilidad real de otorgar un bono complementario a cada trabajador para aliviar la crisis económica.

·  Emitir un informe amplio, público y motivado sobre el estado administrativo de la Universidad, incluyendo:  

Nombramientos irregulares que vulneraron competencias.  

Transferencia ordenada de funciones.  

Recomendaciones para fortalecer la autonomía y la transparencia.

Evaluar el desempeño de las 7 facultades

Punto previo a la posición final

Tomando en cuenta la solicitud de la señora rectora del nombramiento de una comisión para evaluar la gestión administrativa (Dirección del CU y de DICAE) de la Universidad de Carabobo, la cual no ha sido argumentada, ni mucho menos fundamentada, aunque si se aprecia una invasión de competencias; no sería descabellado que la señora rectora también se le ocurra solicitar ante el Consejo Nacional de Universidades, e inclusive, pudiera darle luces para que el mismo CNU, motus propio, acuerde nombrar una comisión para evaluar la gestión de la Universidad de Carabobo. Eso sería perfectamente posible bajo la absurda propuesta que hoy presenta la señora rectora.


                           IV

Posición final

De cumplirse íntegramente estas condiciones, hubiese apoyado la creación de la comisión. Pero como no aprobaron mi propuesta, SALVO MI VOTO, pues resultaría evidente que el propósito no es mejorar el funcionamiento de nuestra alma máter, sino convalidar actuaciones viciadas desde su origen y perpetuar un modelo de gestión opaco y personalista.


Esta es una magnífica oportunidad para aclarar cuentas, restaurar la confianza y enviar un mensaje contundente a la comunidad universitaria: la Universidad de Carabobo no tolera el abuso de poder ni la opacidad.  

Valencia, 10 de noviembre de 2025  

Dr. Pablo Aure

Secretario de la Universidad de Carabobo

lunes, 27 de octubre de 2025

Golpe de estado institucional en la Universidad de Carabobo

 


Valencia 27 octubre 2025

Manifiesto en Defensa de la Universidad de Carabobo: ¡Un rechazo a la arbitrariedad y la Ilegalidad!
Como secretario de la Universidad de Carabobo y, por ende, secretario del Consejo Universitario, recurro a este medio para dejar constancia de la grave irregularidad cometida en un Consejo Universitario extraordinario convocado de manera intempestiva y antijurídica para el día martes 21 de octubre.
Hoy, lunes 27 de octubre de 2025 fui informado por la directora del Consejo Universitario, que en esa sesión no solo se llevó a cabo un consejo extraordinario, sino que, de forma inmediata y sin sustento reglamentario, con la asistencia de un secretario accidental, se convocó un segundo consejo ese mismo día para discutir y aprobar en tercera discusión el Estatuto del Estudiante Universitario. La forma en que se realizó la primera convocatoria, a través de una plataforma como WhatsApp, y más aún, la segunda convocatoria para abrir otra sesión extraordinaria del Consejo Universitario de manera inmediata, me impidió estar presente y ejercer mis funciones como corresponde y desde luego salvar el voto ante semejante desaguisado juridico. Está conducta alejada de las normas que deben regir en un recinto universitario evidencia un claro intento de excluir mi participación en un debate de tal trascendencia.
Esta maniobra evidentemente no persigue el fortalecimiento académico ni institucional de nuestra universidad, sino que responde a una revancha personalista contra la Secretaría, despojándola de competencias históricas que ha ejercido con responsabilidad desde la reapertura de la Universidad de Carabobo en 1958.
La reforma de marras y aprobada de manera extraordinaria, elimina el rol de control y fiscalización de la Secretaría en los procesos de admisión y graduación, trasladando estas funciones a las facultades sin mecanismos de supervisión, lo que abre la puerta a la opacidad y la arbitrariedad. 
Esta acción no solo socava la autoridad de la Secretaría, sino que compromete la integridad y transparencia de los procesos académicos de nuestra alma máter desde la admisión de los bachilleres hasta las graduaciones de profesionales y postgraduandos.
El proceder del Consejo Universitario es una afrenta al principio de legalidad que rige a la administración pública, según el cual solo puede hacerse lo que la norma expresamente establece. La primera convocatoria de manera inusual ya era ilógica, pero la segunda inmediatamente al terminar esa sesión irrita para definir aspectos académicos es aún más alarmante, pues en pocos minutos de manera arbitraria se despacharon casi 70 años de historia y lo más grave que debe llamar la atención de la comunidad es que, esa tercera discusión del Estatuto del Estudiante de la UC fue exprés y se realizó maliciosamente sin la presencia del secretario titular.
La actuación antes narrada no solo es un atropello a la inteligencia universitaria, sino una clara demostración de abuso de poder y una violación de los valores de transparencia, equidad y excelencia que deben regir nuestra institución.
El Consejo Universitario, que debería ser garante de la legalidad y el progreso de la UC, se ha convertido en cómplice de esta maniobra antiacadémica. Los consejeros que avalaron estas decisiones, traicionan el legado de nuestra Universidad de Carabobo y escriben una página oscura en su historia, marcada por la sumisión a intereses mezquinos.
A la comunidad universitaria —estudiantes, profesores, trabajadores y egresados— hago un llamado urgente: no permitamos que la Universidad de Carabobo sea rehén de la arbitrariedad y el abuso de poder.
Mi compromiso es firme: no me callaré ante esta injusticia. Mi voz seguirá resonando en defensa de una UC fiel a su legado de justicia y excelencia. Les invito a unirse a esta lucha, a alzar sus voces y a defender nuestra institución.
¡No dejemos que la UC sea despojada de su esencia! #SalvemosLaUC

Prof Pablo Aure
Secretario UC

sábado, 4 de octubre de 2025

Respuesta del secretario de la Universidad de Carabobo, profesor Pablo Aure a la rectora profesora Jessy Divo

 Declaración Pública del Secretario de la Universidad de Carabobo, Dr. Pablo Aure

 


Valencia, 4 de octubre de 2025.

Estimada comunidad universitaria, trabajadores, estudiantes, profesores y pueblo venezolano:

En un momento crítico para nuestra Universidad de Carabobo (UC), institución centenaria que ha sido baluarte de autonomía, pluralidad y compromiso social, me dirijo a ustedes para responder a las acusaciones falaces y las decisiones arbitrarias promovidas por la rectora Jessy Divo de Romero y un Consejo Universitario (CU) dominado por una mayoría circunstancial de decanos no electos. Las declaraciones publicadas el pasado viernes (3/10/2025) en las cuentas oficiales de la UC, que solo reflejan la línea rectoral, no solo tergiversan la verdad, sino que buscan silenciar mi voz como autoridad electa en el mismo proceso democrático que la rectora, con el mismo mandato y legitimidad. Publicaré esta respuesta en mis redes sociales, ya que las plataformas institucionales de la UC han sido secuestradas para servir a una sola visión, negando la pluralidad que nos define. Invito a todos los que lean estas líneas a compartirlas en sus redes sociales, para que la verdad y nuestra lucha por el rescate de la academia lleguen a cada rincón de Venezuela. 

Con argumentos jurídicos y políticos sólidos, desmonto las imputaciones en mi contra y la reciente reforma al Estatuto del Estudiante Universitario aprobada en primera discusión el 3 de octubre de 2025. Esta no es una disputa personal, sino una defensa del espíritu universitario: crítico, plural y al servicio del pueblo.

 1.     Ataques personales para silenciar la disidencia: Una falacia ad hominem

Se me acusa de "vilipendiar" a la rectora y los decanos, "subvertir el orden" en redes sociales y exponerlos a agresiones. Estas afirmaciones no solo carecen de evidencia, sino que constituyen un ataque ad hominem para deslegitimar mi crítica legítima.

Jurídicamente: El artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) protege la libertad de expresión, salvo incitación explícita a la violencia, algo ausente en mis publicaciones, que se limitan a cuestionar políticas institucionales. Denunciar irregularidades, como hice con el Reglamento de Ingresos Propios, es un derecho de fiscalización ciudadana y universitaria (artículo 141 CRBV). La Sala Político-Administrativa del TSJ, en sentencia N° 0347 del 28 de julio de 2022, admitió mi demanda y suspendió dicho Reglamento por violar la gratuidad educativa (artículo 103 CRBV), confirmando la validez de mi acción. Llamarme "destemplado" o insinuar conductas fascistas no refuta mis argumentos; los evade.

Políticamente: En el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, la rectora se presentó como portavoz de "los universitarios", ignorando la pluralidad de la UC. Mi respuesta pública —que no hablaba en mi nombre ni en el de miles— fue un ejercicio de autonomía universitaria (artículo 109 CRBV), que consagra la diversidad ideológica. Tildar mi disidencia como "no propia de un universitario" contradice la historia de la UC, forjada en el pensamiento crítico. El desprecio que la rectora enfrenta no lo he generado yo; lo ha cultivado su subordinación a agendas ajenas al sentir universitario, evidenciada en su alineación con posturas que el pueblo venezolano, hastiado de oportunismos, rechaza con indignación.

 2.     Cursos introductorios y gratuidad: Un principio constitucional no negociable.

Se me reprocha haber "tergiversado" los cursos introductorios y cuestionado el Reglamento de Ingresos Propios. Lejos de tergiversar, mi acción defendió un derecho fundamental.

Jurídicamente: El artículo 103 CRBV garantiza la educación gratuita hasta el pregrado en instituciones públicas. Cobrar por cursos introductorios, como preveía el Reglamento suspendido por el TSJ, convierte el acceso a la UC en un privilegio económico, violando la igualdad de oportunidades. Mi demanda no fue contra los cursos como modalidad de ingreso, sino contra su cobro, un principio que el TSJ respaldó al suspender la "Tabla Única de Bienes y Servicios". La rectora alega transparencia en los ingresos, pero la opacidad de las Fundaciones adscritas a la UC, que acumulan recursos sin redistribuirlos equitativamente, contradice el artículo 141 CRBV.

Políticamente: En un país donde el 80% de los jóvenes enfrentan barreras económicas para estudiar (UNESCO, 2023), cualquier cobro es un retroceso. He exigido mejoras socioeconómicas para nuestros trabajadores, como bonos complementarios aprobados en asamblea el 8 de julio de 2025. La rectora lo califica de "populista". ¿Es populista exigir salarios dignos y un Seguro HCM? No: es justicia social, un deber ético de la UC frente a la precariedad que sufren nuestros compañeros.

3.     Reforma al Estatuto: Un golpe a la institucionalidad y la pluralidad.

El CU, con una mayoría ilegítima de decanos designados, aprobó en primera discusión una reforma al Estatuto del Estudiante Universitario que mutila las competencias de la Secretaría en inscripciones y actos de grado, y cuestionando mi rol en graduaciones por Secretaría, que siempre he garantizado la eficiencia.

Jurídicamente: Esta reforma irrespeta la autonomía de órganos electos. El Estatuto (Gaceta Oficial N° 632, 2005) asigna a la Secretaría la fiscalización de admisiones y actos de grado como garante de equidad. Suprimir estas funciones, motivada por "diferencias políticas", ignora mi mandato otorgado por el claustro universitario y el artículo 109 CRBV. 

Políticamente: La rectora, que en el CU afirmó "el poder es para ejercerlo", usa una mayoría circunstancial para centralizar el control y silenciar la disidencia. Esto no fortalece la UC; la debilita, alejándola de su misión de liderazgo ético en un país que clama por una academia soberana. La UC no es un coto de poder; es un faro de transformación.

Conclusión: Una UC libre, plural y al servicio de Venezuela

Señora rectora, miembros del CU: el desprecio que enfrentan no nace de mis críticas, sino de su insistencia en priorizar el control sobre el diálogo, la opacidad sobre la transparencia y la sumisión ideológica sobre la autonomía. En un momento en que Venezuela rechaza el acomodo y exige una academia valiente, les exhorto a retractarse de estas acusaciones y dejar sin efecto la reforma al Estatuto del Estudiante de la Universidad de Carabobo. 

Propongo un diálogo público en el Consejo Universitario, con veeduría de la comunidad, para abordar la gratuidad, los ingresos propios y las mejoras laborales.

A la comunidad ucista y al pueblo venezolano: los convoco a defender nuestra universidad. Compartan esta declaración en sus redes sociales para que la verdad prevalezca y juntos rescatemos la Universidad de Carabobo como bastión de libertad y justicia. "La educación es el principio del fin de todos los males". Que nuestra Universidad de Carabobo sea ese principio.

Por una universidad autónoma, democrática, plural, gratuita y siempre libre.

  

Dr. Pablo Aure

Secretario de la Universidad de Carabobo

Abogado, Magíster en Ciencias Penales, Doctor en Educación

Electo por el Claustro Universitario

viernes, 3 de octubre de 2025

Voto salvado Prof. Pablo Aure contra la opacidad en el manejo de recursos UC

Voto Salvado sobre la aprobación de la reforma estatutaria de la Fundación Teatro Dr. Alfredo Celis Pérez


Señora presidente y demás miembros del Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo._

En atención al punto planteado como “Proyecto de reforma de la directiva de la Fundación Teatro Dr. Alfredo Celis Pérez de la Universidad de Carabobo” (sic), que fue aprobado en la sesión del Consejo Universitario celebrada hoy 3 de octubre, dejo constancia de mi disconformidad con la decisión mayoritaria de este cuerpo colegiado, por lo cual salvo el voto, y lo fundamento en las siguientes razones:

En los últimos años, se ha evidenciado en la Universidad de Carabobo que ha proliferado la creación de Fundaciones destinadas a la gestión de ingresos, las cuales operan bajo un esquema que reduce significativamente los controles sobre el uso de los recursos; otorgándosele a sus directivos una discrecionalidad absoluta que genera serias dudas sobre la transparencia y equidad en la administración de dichos fondos.

Hemos constatado que este modelo, lejos de contribuir a la solución de los problemas colectivos de la comunidad universitaria, parece beneficiar principalmente a una élite administrativa, desatendiendo las necesidades prioritarias de los trabajadores. Es menester resaltar que la Fundación Teatro Dr. Alfredo Celis Pérez recibe significativos recursos económicos por el alquiler de sus espacios, lo cual se evidenció con suficiente claridad recientemente durante los meses de julio y agosto, épocas de graduaciones de diversas unidades educativas de Carabobo, así como de las propias ceremonias de graduación de nuestra alma mater. Resulta paradójico y, en cierto modo, un contrasentido, que los futuros egresados de la propia Universidad de Carabobo que los ha formado deban pagar a la Fundación para utilizar el auditorio el día de su graduación, sin que se observe una redistribución clara y transparente de estos ingresos en beneficio de la comunidad universitaria.

Uno de los problemas más críticos que enfrentan los trabajadores de la Universidad de Carabobo es el insuficiente nivel salarial, agravado por la ausencia de un seguro de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM). En este sentido, se ha planteado en reiteradas ocasiones la asignación de un bono complementario, con los recursos provenientes de los ingresos propios que generan las Fundaciones, así como también otras dependencias con Unidades Generadoras de Ingreso (UGI). Esta propuesta fue respaldada por la asamblea de trabajadores celebrada el 8 de julio de 2025 en el patio del rectorado. Por mandato de la referida asamblea, dicha propuesta fue elevada al Consejo Universitario pero lamentablemente fue desatendida e incluso retirada de la agenda por instrucciones de quien preside este cuerpo, lo que refleja una preocupante falta de prioridad hacia las necesidades de los trabajadores.

Por otra parte, considero inaceptable que los administradores de estas Fundaciones, quienes probablemente perciban dietas o primas, gocen de beneficios que contrastan abismalmente con los precarios salarios de los empleados, obreros y docentes, evidenciando una clara falta de equidad.

La administración pública debe regirse por los principios de transparencia, rendición de cuentas y justicia en la distribución de recursos (Art 141 CRBV). Sin embargo, en el caso de muchas de las Fundaciones adscritas a la Universidad de Carabobo, se percibe un preocupante oscurantismo en el manejo de los fondos, los cuales, no obstante estar sujetos a un control de los entes competentes, en la práctica esos controles suelen activarse luego de una denuncia formal.

Por lo anterior, abogo por una revisión exhaustiva del modelo de creación y funcionamiento de las Fundaciones vinculadas a la Universidad de Carabobo. Más aún, mientras sigan operando, propongo se publique periódicamente el estado financiero y evaluar la disolución de aquellas cuya existencia carece de justificación clara, ya que los recursos que administran deben ser gestionados directamente por la Universidad. Esto garantizaría un control más riguroso y una distribución equitativa de los fondos, priorizando el bienestar de la comunidad universitaria, especialmente de sus trabajadores, cuyos ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Lejos de cumplir con su propósito esencial de generar beneficios para la Universidad de Carabobo, muchas de estas fundaciones, incluida la Fundación Teatro Doctor Alfredo Celis Pérez, parecen diseñadas para favorecer a quienes las administran, invirtiendo así su función original. Los recursos que le ingresan como los provenientes del alquiler de espacios, que son cuantiosos, no se destinan a atender las necesidades urgentes para mejorar las condiciones laborales y beneficios socioeconómicos del personal universitario, sino que escapan a los controles adecuados, contraviniendo los principios de una gestión pública responsable.

Por las razones expuestas, salvo mi voto en contra de la aprobación del punto de la agenda relacionado con la Fundación Teatro Doctor Alfredo Celis Pérez, hasta que se revisen a fondo las políticas de creación, funcionamiento y fiscalización de las Fundaciones, y se garantice que los recursos gestionados, incluidos los generados por el alquiler de los espacios del teatro y otras actividades que generen ingresos, se destinen efectivamente al bienestar colectivo de la comunidad universitaria, con especial énfasis en las necesidades de los trabajadores.

En Valencia 3 de octubre de 2025.

sábado, 20 de septiembre de 2025

Tragedia Salarial: un grito por la dignidad de la Universidad de Carabobo

La Tragedia Salarial de Profesores, Empleados y Obreros: Un Grito por la Dignidad de la UC

Como secretario de la Universidad de Carabobo, me veo obligado a expresar con profunda indignación la alarmante realidad salarial que enfrentan nuestros profesores, empleados y obreros a pocos días de reincorporarnos tras el receso vacacional. La precariedad económica en la que subsisten quienes sostienen la educación pública superior es un drama que no puede ni debe ser silenciado.

El contraste es abismal y doloroso. Mientras en la Universidad Central de Venezuela (UCV) un profesor titular apenas percibe entre 25 y 30 dólares mensuales, en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), una institución privada, los sueldos oscilan entre 400 y 2.000 dólares. Esta diferencia no solo refleja una crisis económica, sino una tragedia institucional; la depreciación del talento académico público es una afrenta a la dignidad profesional y a la misión misma de la universidad.

El sueldo promedio de los profesores en la Universidad de Carabobo es aún más dramático: apenas 3.70 dólares más bonos, una cifra que raya en lo insultante y que hace imposible cubrir necesidades básicas como alimentación, medicinas o educación para sus familias. Este hecho se agrava cuando la propia administración universitaria, en lugar de buscar soluciones y diálogo genuino, desestima propuestas justas y necesarias para aliviar esta situación. La negativa a aprobar un bono complementario financiado con recursos propios de la universidad, producto del trabajo colectivo y legítimo de los trabajadores, muestra un uso autoritario de las instancias de decisión y una desconexión absoluta con la realidad vivida por el personal académico y administrativo.

¿Cómo se puede hablar de paz, soberanía y pluralidad, cuando en el seno de nuestra universidad reina la opacidad, la intolerancia y la represión? La disidencia es silenciada, los trabajadores destituidos por cuestionar la gestión, y la autonomía institucional vulnerada. La retórica oficial se desvanece frente a la evidencia de un sistema que oprime a sus propios miembros y que ignora el clamor por justicia y condiciones dignas.

Recordemos que la universidad pública fue, en tiempos no tan lejanos, un bastión de prestigio y calidad, con profesores que recibían salarios superiores incluso a los de las empresas petroleras. Esto fue posible gracias a gobiernos comprometidos, rectores valientes y gremios fuertes. Hoy, esa historia parece un espejismo. La desidia, la falta de voluntad política y el abandono institucional han condenado a nuestros educadores a la miseria.

Este no es solo un asunto económico, es una tragedia moral y social. La Universidad de Carabobo, con su legado centenario, merece una gestión que honre su historia y dignifique a sus trabajadores. No podemos permitir que los futuros profesionales se formen en la precariedad y el silencio. La defensa de la educación pública, la autonomía universitaria y el respeto al talento académico deben ser nuestra bandera.

Profundicemos en el compromiso con la transparencia, el diálogo y la justicia social. Exigimos un cambio urgente, no solo en los salarios sino en la cultura institucional que hoy margina y humilla a quienes construyen el conocimiento y forman ciudadanos críticos.

¡Basta de indiferencia! Es hora de reconocer que sin profesores dignamente remunerados no hay universidad ni futuro para Venezuela.

Prof. Pablo Aure

Secretario Universidad de Carabobo

Sábado, 20 de septiembre de 2025

IG @pabloaure

Tik tok @pabloauresanchez

El contraste entre el discurso de paz y la realidad de la Universidad de Carabobo/Pablo Aure

La participación de la rectora de la Universidad

de Carabobo en el Consejo Nacional sobre la Paz y la Soberanía ha desatado una avalancha de críticas en las redes sociales, reflejando el profundo desencanto de la comunidad universitaria y de un país que no se siente representado por sus palabras. Hablar de pluralidad y reencuentro en un foro nacional, mientras la gestión rectoral y la realidad nacional contradicen esos ideales, es un ejercicio de incoherencia que no puede ignorarse. La rectora presentó un discurso que no solo está desconectado del sentir de la Universidad de Carabobo, sino que tampoco responde a las demandas de una nación que clama por verdad, justicia y respeto a la autonomía de los poderes. Una de las grandes causas de la falta de paz en Venezuela no son los barcos en las costas ni las acusaciones externas, como las de Estados Unidos, sino la opacidad que persiste hasta hoy, 20 de septiembre de 2025, sobre la verdad de lo ocurrido en las mesas electorales del 28 de julio del año pasado. La ausencia de un pronunciamiento oficial y transparente con el aporte de los verdaderos resultados electorales por parte de los entes responsables ha profundizado la intranquilidad y la desconfianza en el país. Hablar de soberanía mientras se evade esta verdad esencial es un contrasentido que deslegitima cualquier discurso de paz. Una universidad como la UC, con su legado centenario, debería ser una voz firme exigiendo claridad y justicia, no un eco de narrativas que eluden las demandas populares. En la Universidad de Carabobo, la gestión de la rectora refleja una intolerancia hacia la disidencia que contradice cualquier retórica de pluralidad. Un ejemplo evidente es la asamblea de trabajadores del 8 de julio en el patio del rectorado, donde se acordó solicitar al Consejo Universitario un bono complementario financiado con los ingresos propios de la institución, provenientes de los innumerables cursos (que se realizan y se cobran con el aval de la UC) , matrículas de pre y postgrados, alquileres de inmuebles como el teatro Dr Alfredo Celis Pérez, Cine Patio Trigal, concesiones de espacios a academias deportivas y otras actividades. Esta propuesta fue desestimada con argumentos arbitrarios y excluida de la agenda del Consejo, presidido precisamente por la rectora. Este acto no solo evidencia una falta de diálogo, sino un uso autoritario del Consejo Universitario, que opera de manera similar a la Asamblea Nacional: sin debates genuinos, imponiendo decisiones a través de mayorías circunstanciales, incluyendo el voto de cuatro decanos designados y no electos, lo que compromete la legitimidad y la representatividad de las decisiones. ¿Cómo se puede hablar de paz cuando los trabajadores universitarios sobreviven con sueldos insuficientes para alimentación, medicinas o necesidades médicas básicas? La rectora conoce esta crisis, pero su gestión no ha priorizado soluciones que dignifiquen a quienes sostienen la institución. ¿Cómo abogar por la soberanía nacional cuando no se respeta la autonomía institucional, un pilar esencial de una universidad libre? Más aún, ¿cómo representar a una institución como la UC en un foro sobre paz, mientras en el país cientos de ciudadanos permanecen en las mazmorras de un sistema que utiliza la persecución para silenciar a la disidencia? Esta realidad se replica en la universidad, donde empleados han sido destituidos por no alinearse con la gestión rectoral, mientras se premia a quienes, a pesar de cuestionables manejos de recursos, apoyan la línea oficial. Esta práctica, que recuerda al “derecho penal del enemigo”, reprime a los opositores y favorece a los afines, sin importar su conducta. El país reclama libertad para los presos políticos, respeto a la autonomía de los poderes y un diálogo basado en la verdad, demandas discutidas en innumerables espacios. Una universidad con la fuerza histórica de la UC debería pronunciarse por la libertad y la pluralidad, no avalar discursos que ignoran la persecución y la opacidad. La rectora debe alinear sus acciones con sus palabras, promoviendo un Consejo Universitario democrático y una gestión que escuche a su comunidad. Solo con coherencia y compromiso real se podrá honrar el legado de la Universidad de Carabobo y responder al clamor de un país que exige justicia, transparencia y libertad.

Prof. Pablo Aure

Secretario UC

IG @pabloaure

X  @pabloaure

Tik tok @pabloauresanchez

jueves, 4 de septiembre de 2025

Análisis jurídico ataque con misil a peñero @pabloaure

Este análisis lo hice para mis alumnos de Teoría de la Moral, que imparto en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo. Lo hice como docente y no como militante de alguna organización política (que no lo soy) es decir, lo hice sin tomar partido en ideología alguna, 
ni preferencias gubernamentales. Quise hablar de este tema con mis alumnos de Derecho de la