La provisionalidad ilegal y selectiva en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo: un instrumento de control en medio de la crisis institucional venezolana
La Universidad de Carabobo, con sus siete facultades, enfrenta desafíos profundos en su autonomía y calidad académica. Sin embargo, un fenómeno particularmente alarmante y exclusivo se observa en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas: según datos conservadores, al menos el 80% de los profesores son contratados o provisorios, sin estabilidad ni ingreso por concurso público de oposición. El último gran llamado masivo a concursos para profesores ordinarios ocurrió durante mi gestión como decano, hace más de 18 años. Esta situación no solo es irregular, sino ilegal, ya que contradice directamente lo establecido en el Estatuto del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Carabobo, que regula la provisionalidad como medida excepcional y temporal, no como norma perpetua.
En el resto de las facultades de la UC, esta provisionalidad masiva no se replica. Por el contrario, vemos el extremo opuesto en la Facultad de Educación, donde los concursos se han incrementado de manera desproporcional a la demanda estudiantil: menos estudiantes, pero más profesores ingresados por oposición. Mientras en Derecho hay una alta demanda de cupos y formación, pero escasos concursos, en Educación sobran plazas estables ante una matrícula menguante. Esta asimetría no es casual ni se explica por factores administrativos neutros; responde a una intención clara de mantener el control absoluto sobre la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas mediante la inestabilidad laboral docente, haciendo a los profesores vulnerables a presiones y discrecionalidades.
Esta irregularidad no se observa en el resto de las universidades públicas del país, donde la crisis general —con deserción de hasta el 45% de profesores por salarios precarios y falta de recursos— afecta de manera más uniforme, sin esta selectividad flagrante. En Venezuela, las instituciones autónomas como las universidades sufren asfixia presupuestaria y paralización de mecanismos de renovación, pero el caso de la FCJP-UC destaca por su carácter dirigido y violatorio de normativas internas.
Este patrón guarda un paralelismo inquietante con la crisis del sistema judicial venezolano, donde alrededor del 80-85% de los jueces son provisorios —un legado de la "emergencia judicial" de 1999-2000 que se volvió permanente, con destituciones masivas y ausencia de concursos—. En ambos ámbitos, la provisionalidad masiva erosiona la independencia: en los tribunales, somete a los jueces a influencias externas; en la universidad, debilita la formación de juristas críticos y autónomos.
Es imperativo demandar: concursos públicos inmediatos y transparentes en la FCJP-UC, respetando el Estatuto y restaurando la autonomía. Solo así evitaremos que esta inestabilidad selectiva perpetúe el control y el declive. La universidad no es un feudo; es un pilar de la democracia.
Pablo Aure
Secretario UC

