Con motivo de la ola de detenciones y procesos
abiertos sorpresivamente en contra de comerciantes por la presunta comisión de
delitos de usura, especulación y remarcaje de precios, lo primero que debemos
analizar es la fecha o el momento en que se realizan esas inspecciones (a menos
de veinte días de la celebración de los comicios municipales), y con la
arbitrariedad con que se ejecutan estas acciones, las cuales evidencian la
inseguridad jurídica que se vive en el país, así como el irrespeto y
quebrantamiento de los derechos humanos y garantías de los ciudadanos. No solo
derechos económicos, libertad de mercado o libertad personal sino que atacan
también directamente los derechos políticos.
Analicemos el caso específicamente en Carabobo
concretamente en el municipio Valencia, aunque situaciones parecidas están
ocurriendo en todo el país.
Hemos visto como impunemente tanto desde el
Ejecutivo Nacional como desde el regional se somete al escarnio público al
candidato a la Alcaldía de Valencia; se le califica de ladrón, de especulador,
de corrupto, no solamente, sin tener pruebas sino que ellos, los jefes de los
Ejecutivos tanto nacional como regional deberían ser los primeros en garantizar
los derechos a todos los ciudadanos y de cumplir con la Constitución y demás
Leyes de la República. Efectivamente atacan al candidato alcalde Miguel
Cocchiola, por la presunta comisión del delito de usura, pero, en un estado de
derecho de justicia que propugna los valores superiores de su ordenamiento
jurídico, y de su actuación, según el artículo 2 del texto constitucional, la
vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la
responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos,
sería imposible desde el punto de vista jurídico que priven de
libertad al candidato Cocchiola, ya que se debe respetar el principio de presunción
de inocencia, pero además para nadie es un secreto que no se trata a de otra
cosa sino de una olla, de una patraña montada desde el Alto Poder para sacar
del juego político al virtual ganador de la alcaldía valenciana como así lo
reflejan todos los sondeos de opinión, incluyendo los contratados por el
Oficialismo.
Son muchísimas las razones; que impedirían
jurídicamente una eventual detención del diputado Cocchiola, la primera sería
que desde hace seis (06) años, cuando Cocchiola decidió incursionar en la
política cedió sus acciones en IMECA; segunda; es diputado y tiene
inmunidad parlamentaria, que si bien es cierto pudieran allanársela, utilizando
tal como lo han venido haciendo a la Fiscal General de la República y al
Tribunal Supremo de Justicia como los carniceros del régimen, no es menos
cierto, que para ese eventual allanamiento deben cumplirse unos procedimientos donde
se le garantice el debido proceso al diputado Cocchiola.
Podrán solicitar ante juicio de méritos que en todo
caso lo debe incoar la Fiscal General de la República ante el Tribunal Supremo
de Justicia, claro está si estuviéramos en democracia esa solicitud debería
efectuarse si encontraran elementos de
convicción de la comisión de un hecho punible, luego, en caso de prosperar la
solicitud fiscal la Asamblea Nacional, necesariamente tendría que aprobar el allanamiento.
Para los legos pudiéramos decir que la actuación del TSJ es una especie de
permiso jurídico que debe otorgar la máxima instancia judicial para que se le
investigue penalmente al diputado, y la aprobación de la Asamblea Nacional es
la autorización política de excluir a un miembro del Poder legislativo de la
prerrogativa de la inmunidad de la cual gozan constitucionalmente los
parlamentarios. Hay algo que debemos afirmar con precisión, en un gobierno democrático
donde se respeten las garantías, el hecho de que a un diputado le allanen la
inmunidad, de ninguna manera quiere, que es culpable, ni tampoco se debe
entender como una inhabilitación política, para seguir representando al pueblo
y/o presentarse como candidato.
Solo mediante una sentencia definitivamente firme que
declare a Miguel Cocchiola contra la cual no exista recurso alguno es que pudieran
excluirlo de la contienda electoral, el próximo 8-D, y que además lo declare
culpable y lo inhabilite políticamente, y en menos de tres semanas, eso sería jurídicamente
IMPOSIBLE porque ni existen elementos que puedan convencer a una persona
sensata de que Cocchiola ha cometido un hecho punible, ni tampoco existe el
tiempo necesario para que los tribunales operen conforme a Derecho. Insisto eso
es en democracia, pero como todos sabemos que estamos luchando contra unos
barbaros, que no respetan el estado de derecho, ni la vida de las personas,
mucho menos sus libertades, es una sentencia cantada que Cocchiola, aun siendo
inocente y sin habérsele seguido un debido proceso ya el régimen le tiene su
calabozo preparado. No hay que ser adivino para saber que eso ocurrirá.
Por ejemplo ayer acabaron la Ley habilitante de
manera ilegal e inconstitucional. Los regímenes dictatoriales como el que
padecemos en Venezuela tratan recubrir sus arbitrariedades utilizando las
instituciones.
Así, repito, hemos visto detenciones, sentencias,
absurdas interpretaciones de artículos constitucionales, allanamientos de
inmunidad parlamentaria, confiscaciones, y un sin número de desafueros apoyados
en un andamiaje “jurídico-institucional” artificiosamente construido por el
régimen para darle apariencias de “legalidad” a sus tropelías.
Pues bien esa ley que ayer la Asamblea Nacional le
otorga a Nicolás Maduro para supuestamente combatir la especulación y la
corrupción, ha sido el producto de una de las más groseras y arbitrarias
acciones de este régimen. En primer lugar, la AN jamás debe despojarse de una
de sus principales funciones como lo es controlar al gobierno y a la
administración pública (art 187.3 CRBV), pero como si eso fuera poco, recurrieron
a la malvada interpretación, haciendo ver que un diputado cuya inmunidad haya
sido allanada debe cesar en el ejercicio del cargo; eso es incorrecto, pues el
TSJ dio la autorización jurídica para la investigación de la diputada Aranguren
y la AN dio la autorización política, pero la diputada Aranguren sigue siendo
diputada pero sin la prerrogativa de la inmunidad de la cual gozan los
diputados esto es no ser sometidos a ningún juicio penal; que dicho sea de
paso, el ser sometido a un juicio no determina necesariamente la
responsabilidad o culpabilidad, por eso se llama juicio. Ella ha debido estar
presente tanto en la primera como en la segunda discusión de la habilitante,
pues sigue siendo representante del pueblo hasta que no cesen por sentencia definitiva
firme y se declare su culpabilidad e inhabilitación política por condena penal.
Hoy, luego de presenciar la
cadena nacional de maduro al momento de ponerle el ejecutese a ese adefesio jurídico,
que lo habilita a seguir persiguiendo a sus opositores que cada día se multiplican,
es imposible no pensar que no solamente impedirán el regreso del diputado Miguel
Cocchiola, sino que repito el calabozo ya lo tienen preparado.
Ahora bien, conversando anoche
con una colega abogada coincidimos en lo siguiente: Mientras en Venezuela no se
quiebre la falsa institucionalidad y mientras exista pinceladas de supuesta
democracia, iremos de mal en peor. Por ejemplo: Si Cocchiola no vuelve o no lo dejan
regresar, lo lógico sería que denuncie su situación, que salgan a la palestra
los “capos” de la política venezolana (que existen tanto en chavismo como en
oposición), y empezar a generar situación de descontento. Pero si se lanza otro
candidato sin ni siquiera denunciar esa situación y pretendemos hacer ver que
nada paso, no sólo Cocchiola queda como culpable sino que también perderemos la
alcaldía de Valencia "limpiamente" porque seguiremos jugando al juego del chavismo. Y por supuesto continuará
el psicoterror que al dictador de hoy le ha dado buenos resultados.
@pabloaure
@pabloaure
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