(Foto Wilfredo Hernández)
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Julio Elías Mayaudón, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, propone que la Universidad de Carabobo tenga su propia policía con el asesoramiento de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y del Instituto de Investigaciones Penales y Criminológicas que tiene personal especializado.
En la UC se cometen delitos de todo tipo y a cada momento, porque allí lo que hay son vigilantes desarmados en bicicleta, que registran los carros y más nada. Esa es una pérdida de millones de bolívares. Lo que se necesita es una policía universitaria uniformada, que en nada perjudicará a la autonomía universitaria, sostuvo.
Mayaudón argumenta que la comunidad universitaria no debe esperar a que el Estado la auxilie, porque no irá. "Vamos a actuar por nuestra cuenta, científicamente, bien asesorados", expresa el criminólogo.
-¿Cuáles fueron las razones por las que hemos llegado a esta situación?
-Es una situación que fue evolucionando de mal a peor hasta que la criminalidad se desbordó. En todo el mundo se presenta de manera tolerable. Pero en Venezuela estamos ante un silencio general del Estado, para no dar la respuesta que debe ofrecer a la colectividad.
A la comunidad en general poco le importa que el infractor sea capturado, detenido, torturado o muerto. Lo que quiere es que el delito no se vuelva a cometer. Para ello, es necesario que el Estado programe y ofrezca servicios sociales de calidad que generan salud, educación y seguridad.
Los operativos policiales no pueden ser temporales tienen que ser permanentes. En estos días se dará mucha propaganda al plan para resguardar las instalaciones de la Universidad de Carabobo, después del crimen cometido contra la estudiante Elialberth Uzcátegui, quien estaba a punto de graduarse de médico.
Eso hay que hacerlo obligatoriamente porque el asesinato de la estudiante de Medicina no es el primero que ocurre. En la Universidad de Carabobo las aulas de clases son quemadas, los profesores y hasta las autoridades universitarias son secuestradas, asaltadas y vejadas.
¿Cómo se puede tolerar esto y proponer que se negocie con los encapuchados? La universidad no puede permitir que en sus espacios hayan laberintos donde venden de todo, incluyendo drogas. Es tanta la inseguridad que los profesores de posgrado, contratados en el exterior no están viniendo por la inseguridad existente en todo el país.
-¿Tiene una experiencia personal reciente?
-Hemos llegado a niveles delincuenciales inimaginables. Cuando se viaja de Valencia a Barinas se comprueba lo que es la matraca. En mi último viaje conté siete puestos policiales y de Inspectoría del Tránsito, en los que hay alrededor de 50 efectivos matraqueando.
En plena autopista ponen policías acostados y por allí están los agentes para pedir dinero. Mandan a parar el vehículo por cualquier cosa, por presunto exceso de velocidad, por no llevar la partida de nacimiento, el certificado de salud o el RIF. El conductor para que no lo detengan tiene que saber la señal de costumbre. Por lo menos hay que darles 200 bolívares para que lo dejen continuar.
Aquí mismo en Valencia, después de las 5 de la tarde, por las panaderías pasan las patrullas de policías pidiendo lo que se quieren llevar los agentes. Y los dueños, atemorizados, se los dan, para que no les manden a cerrar el negocio.
-¿Resolverá el problema delictivo el nuevo Ministerio para Asuntos Penitenciarios?
-Por primera vez llegó un criminólogo al Ministerio de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, egresado de la Universidad de Los Andes, y fracasó rotundamente porque actúa politizado y no se ocupó de lo que él sabe.
Es cierto que se dieron pasos para que se respetaran los Derechos Humanos, pero con un sistema controlador de las personas que cometan delitos, sin necesidad de encerrarlas en las cárceles. El Código Orgánico Procesal Penal ha tenido cinco contrarreformas y todas son para que se hagan más detenciones. Las cárceles se llenaron. Pero cada dos años inventan poner en libertad a cualquiera. Sobran 20 mil y los sacan sin ningún procedimiento científico.
A la nueva ministra (Iris Varela) vamos a darle el beneficio de la duda y del tiempo para que aprenda a decir las cosas. Quizá lo que quiso decir fue que muchos presos no deben estar en las cárceles. Pero tampoco pueden estar libres sin ningún control.
En vez de haber creado un ministerio pudieron haber creado un instituto, dependiente de un ministro que facilite la descentralización de las cárceles, que no tienen por qué ser privatizadas como están proponiendo. Cada gobernación o municipio podría tener bajo su responsabilidad los centros de detención de su jurisdicción.
Tuvimos el Instituto de Libertad Condicional que fue el sometimiento a juicio. Había como 500 delegados de pruebas, que merecían un monumento dentro de la justicia, que se encargaban de hacerle seguimiento a Ley de Sometimiento a Juicio, pero la derogaron. Y se continuó enviando a las cárceles a personas sin sentenciar. Allí no se regenera nadie, ni puede regenerarse. A las personas que cometen delitos no violentos hay que tenerlos bien controlados extramuros, aplicándoles la terapia del trabajo, para lo cual debe haber pleno empleo carcelario.
-¿Conviene que la Guardia Nacional continúe custodiando las cárceles?
-Las Naciones Unidas establecen, entre las reglas mínimas, la desmilitarización de los centros penitenciarios. A la Guardia Nacional no se le puede asignar funciones que no les son propias. Ese es un organismo creado para cuidar nuestras fronteras, nuestra flora, las costas, para funciones de policía administrativa, nunca como custodia de centros penitenciarios.
El arsenal que entra a los centros penitenciarios no ingresa en prendas íntimas. Eso está a cargo de los custodios externos y los internos. La situación sería diferente si ese personal lo formaran y entrenaran las universidades que tienen institutos de Ciencias Penales y Criminológicas y la Universidad Católica Andrés Bello.
La universidad puede, en convenio con el nuevo ministerio, continuar su labor científica. Hay que clasificar a las personas que ingresan a Tocuyito.
-¿Cómo enfrentar la inseguridad de estos tiempos?
-Creo que sí hay depuración policial o se ha hecho un esfuerzo. Pero mientras las policías de los municipios no se pongan de acuerdo con la policías del estado y con la Guardia Nacional para cumplir funciones de policía administrativa, esto no funcionará si cada quien hace aparte su patrullaje y su inteligencia.
Es necesario también que las universidades, las asociaciones de vecinos, los centros comerciales, los consejos comunales se organicen y orienten para que no se cometan delitos. Contratar a una agencia de vigilancia privada no da resultado, porque es como seguir jugando al ladrón y policía.
El Gobierno tiene que imponerle a las empresas de transporte colectivo paradas oficiales, donde estén efectivos con instrumentos para detectar a las personas que andan armadas y detenerlas si no cargan porte de armas. Esta es una guerra que vamos a perder si seguimos actuando como se está haciendo.
-¿Cuál es su opinión de lo que ahora conocemos como pranes?
-En las cárceles los violentos no pueden estar con los no violentos, con los jóvenes que han ingresado por delitos menores, porque así es cómo se forman los pranes. Por la falta de control interno del Estado, ellos mismos se organizan ilegalmente y comienzan el gran negocio.
Las cárceles las controlaban los reclusos en la noche, ahora es permanentemente. Al que ingresa, de inmediato le hacen su ficha para controlarlo. Por eso, no pueden seguir mandando jovencitos de 18 años porque tenían unos gramos de droga. No pueden seguir haciendo el mismo procedimiento mediante el cual, los policías siembran armas o drogas a las personas que quieren apresar, para llenar su récord de detenciones semanales. Pero tampoco los pueden dejar en simple libertad de presentación ante el tribunal. Hay que controlarlos.
Cada juez de Control en cada circunscripción judicial debe tener tiempo para, conjuntamente con el presidente del circuito judicial, organizar clubes deportivos, culturales y religiosos donde se inscriban jóvenes menores de 20 años, para evitar que no se sigan formando mafias dentro de las cárceles.
En los años 80, durante el gobierno de Luis Herrera Campins se registró lo mejor que hubo en el movimiento penitenciario de los últimos tiempos. Al Ministerio de Justicia fueron expertos que crearon los delegados de pruebas, impulsaron la Ley de Sometimiento a Juicio y los establecimientos extramuros. Aquí en Valencia los hubo en El Viñedo, en tres casas convertidas en centros donde dormían reclusos clasificados.
En esos centros hubo récords mundial en cuanto a reincidencia, en el sometimiento a juicio y en el seguimiento de las personas procesadas y no llevadas a centros penitenciarios. En cinco años mejoraron grandemente las cárceles.
El educador
Julio Elías Mayaudón es nativo de Achaguas, estado Apure, donde cada Miércoles Santo dirige la procesión del famoso Nazareno, que perteneció al General José Antonio Páez. Egresó en 1970 de la Universidad de Carabobo con el título de abogado, y se especializó en Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Roma que lo distinguió con la calificación de Summa Cum Laude. Fue director del Instituto de Investigaciones Penales y Criminológicas de la UC; director nacional de Prevención del Delito del Ministerio de Justicia y magistrado, de 2000 a 2004, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Continúa como profesor en posgrados y ejerce su profesión como penalista.
"Venezuela necesita profesionales para el cambio social. Todas las facultades requieren de la ética para que formen profesionales para el cambio y no para enriquecerse. Pongamos por ejemplo, Medicina y Derecho. No podemos seguir formando médicos para las clínicas sino para que sustituyan a los cubanos en los barrios, con vocación de servicio pero bien pagados y protegidos", considera.
En la Facultad de Derecho seguimos enseñando lo mismo que en la época colonial -agrega- cuando estudio Miguel José Sanz, un derecho penal que no toma en cuenta al hombre. Ahora es cuando se está comenzando a ver Criminología y Derecho Municipal. Los próximos abogados deben completar sus enseñanzas en los tribunales, en funciones judiciales para la prevención. El abogado no sólo debe saber hacer un documento, sino estar preparado para dirigir instituciones judiciales y policiales en una sociedad violenta como la nuestra.
"Cuando comenzó la cárcel de Tocuyito, la Universidad de Carabobo colaboró como centro de clasificación de reos y de promoción cultural. Lamentablemente, como director del instituto tuve que ordenar el desalojo de los universitarios porque el Ministerio de Justicia no les prestaba atención".
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