Exigimos aplicación de la ley caso Majay

Pablo Aure exige celeridad en investigación sobre el C.C. Majay y denuncia opacidad en contrataciones del C.C. Siglo XXI y C.C. Escorpión

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VALENCIA. — El secretario de la Universidad de Carabobo (UC), Pablo Aure, informó sobre los recientes avances legales en el caso de la venta presuntamente irregular del Centro Comercial Majay, propiedad de esta casa de estudios a través de la Fundación UC, al tiempo que advirtió sobre nuevas acciones judiciales ante la negativa de la rectoría de rendir cuentas sobre otros inmuebles universitarios.

​Respecto al caso del C.C. Majay, Aure detalló que junto a su equipo jurista ha ratificado y ampliado —el pasado 17 de agosto— un conjunto de diligencias ante la Fiscalía 13.° de Carabobo con competencia contra la corrupción. Indicó que se prevé que dicho proceso de evacuación concluya en el transcurso del mes de septiembre.

​"Una vez culminadas las diligencias, no cabe la menor duda de que las investigaciones, en estricto derecho, derivarán en una imputación formal contra los responsables del daño al patrimonio público por la comisión de delitos con penas severas. Esperamos que el Ministerio Público actúe en consecuencia", aseveró el Secretario de la UC.

​Nuevas acciones por ocultamiento de información pública

​Aure adelantó que el equipo legal prepara una nueva denuncia formal debido a la contumaz negativa de la rectora, Jessy Divo de Romero, de permitir el acceso a documentación pública sobre negociaciones de la universidad con entes privados.

​Entre las irregularidades señaladas destacan:

• ​Centro Comercial Siglo XXI (La Viña): Ocultamiento del contrato de arrendamiento o concesión suscrito con la empresa Supermercado La Granja, local que ya se encuentra operando sin que el Consejo Universitario o la Secretaría hayan conocido los términos de dicho convenio.
• ​Centro Comercial Escorpión (Prebo): Falta de transparencia sobre la figura contractual (supuesto comodato), duración y beneficios para la institución respecto a un inmueble actualmente en remodelación.

​El Secretario subrayó que, en su condición de guardián del archivo documental de la Universidad de Carabobo, se le ha vulnerado sistemáticamente el derecho de acceso a la información institucional.

​"Ocultar la documentación no solo es sospechoso, sino lisa y llanamente contrario a las normas elementales de transparencia que deben regir la administración pública. La Rectora maneja la disposición de los bienes universitarios como si fueran de su propiedad privada", puntualizó Aure.