martes, 23 de junio de 2026

Emplazamiento legal ANTE-JUICIO a META

CARTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL PREJUDICIAL

(DEMAND LETTER)

A LA ATENCIÓN DE:

Meta Platforms, Inc.

Departamento Legal / Instagram Appeals

1601 Willow Road

Menlo Park, California 94025

Estados Unidos


DE:

Dr. Pablo Aure

Abogado

Docente Universitario

Secretario de la Universidad de Carabobo

Correo asociado: pabloaure@gmail.com

Cuenta afectada: @pabloaure


ASUNTO: EMPLAZAMIENTO FORMAL POR SUSPENSIÓN ARBITRARIA DE CUENTA PROFESIONAL, VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO DIGITAL, AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DAÑOS PATRIMONIALES.

De mi consideración:

Yo, PABLO AURE, ciudadano venezolano, titular de la cédula de identidad número 5208546, mayor de edad, abogado, docente universitario y Secretario de la Universidad de Carabobo, me dirijo formalmente a Meta Platforms, Inc., en mi condición de titular de la cuenta de Instagram @pabloaure, a los fines de formular el presente EMPLAZAMIENTO LEGAL PREJUDICIAL, mediante el cual EXIJO la revisión inmediata de la medida de suspensión aplicada sobre dicha cuenta y su restitución integral.


La medida adoptada por la plataforma constituye una restricción grave a un activo digital profesional, ejecutada sin que hasta la fecha exista comunicación clara, procedimiento transparente ni oportunidad real de ejercer defensa frente a los hechos que presuntamente la motivaron.


I. DE LOS HECHOS: SUSPENSIÓN IRREGULAR Y POSIBLE ABUSO DEL SISTEMA DE DENUNCIAS

La cuenta @pabloaure, con una comunidad superior a ciento veinte mil (120.000) seguidores, ha sido construida durante años como un espacio de comunicación pública, académica, jurídica e institucional.

Dicha cuenta representa un instrumento fundamental para mi ejercicio profesional como abogado y docente universitario, siendo utilizada para informar, orientar y mantener contacto permanente con ciudadanos, estudiantes y usuarios.

Hace aproximadamente cuarenta y ocho (48) horas, la cuenta fue suspendida de manera intempestiva mediante una decisión aparentemente automatizada, sin que se me haya informado:

* La publicación específica que supuestamente infringió las normas de la plataforma.

* La conducta concreta atribuida.

* La evidencia utilizada para justificar la suspensión.

* El procedimiento aplicado para determinar la sanción.

Existen elementos que permiten advertir que la suspensión pudo haber sido consecuencia de un esquema coordinado de denuncias masivas y abusivas (mass reporting), utilizado como mecanismo de presión para silenciar opiniones y contenidos de carácter público.

Un sistema diseñado para proteger la comunidad digital no puede convertirse en una herramienta de censura mediante el uso estratégico y fraudulento de reportes.

II. VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA Y AL DEBIDO PROCESO DIGITAL

Meta Platforms, Inc. ha ejecutado una medida restrictiva con consecuencias reales sobre mi actividad profesional, sin garantizar los estándares mínimos de transparencia y contradicción.

La suspensión absoluta de una cuenta profesional, sin informar previamente los motivos concretos, genera una situación de indefensión material, al impedir conocer, controvertir y corregir cualquier supuesto incumplimiento.

La aplicación automática de sanciones, sin una revisión humana efectiva, resulta particularmente grave cuando afecta cuentas utilizadas para el ejercicio profesional, académico e institucional.

III. VULNERACIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN

La cuenta afectada constituye un canal mediante el cual se han difundido opiniones, análisis jurídicos, información académica y comunicaciones de interés ciudadano.

La libertad de expresión y el intercambio de información constituyen pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática.

Las plataformas digitales tienen una responsabilidad especial cuando sus decisiones afectan la posibilidad de una persona de participar en el debate público.

Los mecanismos automatizados no pueden sustituir la obligación de realizar evaluaciones razonables, proporcionales y ajustadas a los hechos.

IV. DAÑOS PROFESIONALES Y PATRIMONIALES OCASIONADOS

La suspensión de @pabloaure no representa una simple limitación de una cuenta personal.

La medida afecta directamente:

* Mi actividad profesional como abogado.

* La comunicación con clientes y usuarios.

* Mi presencia pública como docente universitario.

* Mi capacidad de recibir consultas y solicitudes profesionales.

Cada día de suspensión genera una afectación económica y reputacional susceptible de valoración, incluyendo daño emergente, lucro cesante y afectación a la imagen profesional.

V. REQUERIMIENTO FORMAL

Por medio del presente emplazamiento, EXIJO a Meta Platforms, Inc. que dentro de un plazo máximo de setenta y dos (72) horas proceda a:

PRIMERO: Ejecutar una revisión humana inmediata y especializada del caso.

SEGUNDO: Informar formalmente cuáles fueron los motivos específicos de la suspensión, indicando publicaciones, fechas y normas supuestamente infringidas.

TERCERO: Investigar si la medida fue provocada por denuncias coordinadas, fraudulentas o abusivas.

CUARTO: Restituir inmediatamente la cuenta @pabloaure en caso de verificarse la inexistencia de infracciones reales.

QUINTO: Preservar todos los registros relacionados con la suspensión, incluyendo reportes recibidos, evaluaciones internas y decisiones automatizadas vinculadas al caso.

De persistir la negativa injustificada o la falta de respuesta efectiva, dejo expresa reserva de ejercer todas las acciones legales correspondientes en defensa de mis derechos, incluyendo reclamaciones por daños y perjuicios derivados de la afectación patrimonial y profesional ocasionada.

La presente comunicación constituye formal notificación de mi posición jurídica y requerimiento previo.

En Valencia, Venezuela, a los veintitrés (23) días del mes de junio de 2026.

Atentamente,

Dr. Pablo Aure

Abogado

Docente Universitario

Secretario de la Universidad de Carabobo

martes, 2 de junio de 2026

El patrimonio de la UC es sagrado

UN EXHORTO CIUDADANO AL FISCAL GENERAL


Como académico, ciudadano y defensor de la legalidad, comparto con la comunidad de Carabobo una profunda y justificada preocupación por el destino del patrimonio de nuestra Alma Máter. Cuando las instituciones internas fallan, la vía pública y la contraloría social se convierten en el último refugio de la justicia.

​Recurro a este espacio para dirigirme directamente al Fiscal General de la República. Lo hago porque en los canales regulares de la Universidad de Carabobo no hemos encontrado el árbitro imparcial que la ley exige. Hoy, lamentablemente, el Consejo Universitario ha declinado su rol de control para convertirse en un complaciente ejecutor de las decisiones de la rectoría y de sus afectos, otorgando al patrimonio público el trato de una propiedad privada.

​La gravedad de los hechos nos obliga a la firmeza. Hemos denunciado formalmente la venta irregular de un inmueble (un centro comercial, 28 locales El Majay) situado en la avenida Bolívar, la zona de mayor plusvalía comercial de Valencia. Mientras su valor real supera los tres millones de dólares, esta administración lo enajenó en la irrisoria suma de 300 mil dólares. Esta operación se ejecutó al margen de la Ley Orgánica de Bienes Públicos:

  • Sin oferta pública que garantizara la transparencia.
  • Sin peritos avaluadores que resguardaran el valor real del bien.
  • Sin la autorización de la Superintendencia correspondiente.
  • ​Con la agravante de haberse recibido pagos mediante instrumentos financieros cuya validez y claridad contable dejan serias dudas.

​Tras interponer la denuncia inicial en Valencia, acudimos a la Fiscalía General de la República para solicitar formalmente la designación de un Fiscal Nacional con Competencia Anti-Corrupción. El objetivo es claro: blindar este proceso, garantizar la objetividad y evitar que las presiones políticas enloden una investigación que la reserva moral de este estado exige ver culminada con transparencia.

​Esta preocupación no es solo mía; pertenece a cada profesor, estudiante, egresado y ciudadano que entiende que el desvalijamiento de la universidad es el desvalijamiento del futuro de nuestra región. No podemos ser espectadores indiferentes ante la opacidad.

​Hago un llamado a la sociedad civil carabobeña, a los gremios y a la comunidad universitaria a unirnos en esta exigencia legítima. Dejemos claro, con respeto pero con absoluta firmeza, que Carabobo espera del Ministerio Público una actuación oportuna y a la altura de la legalidad que nos merecemos. La impunidad no puede ser la norma.

lunes, 1 de junio de 2026

Frente anticorrupción, para recuperar bienes de la UC

¡FRENTE ANTICORRUPCIÓN SE FORTALECE!


El Dr. Omar Estacio se suma a la defensa del patrimonio de la Universidad de Carabobo

VALENCIA (01 de junio de 2026).— El blindaje jurídico en defensa de los bienes de la Universidad de Carabobo (UC) se robustece de manera decisiva. A partir de hoy, el reconocido jurista Dr. Omar Estacio se integra formalmente al equipo legal coordinado por la Dra. Blanca Rosa Mármol, con el objetivo de motorizar y hacer un seguimiento implacable a la denuncia por la venta irregular del Centro Comercial Majay, propiedad de la Fundación Universidad de Carabobo (FUNDAUC).

​Esta incorporación clave busca garantizar que la justicia actúe con celeridad frente a un caso que ha conmocionado a la región. El patrimonio despojado consta de 28 locales comerciales y oficinas, una operación ejecutada con flagrantes violaciones a la Ley Orgánica de Bienes Públicos, al prescindir de:

  • ​El nombramiento obligatorio de peritos avaluadores.
  • ​El debido proceso de oferta pública.
  • ​La autorización expresa de la Superintendencia de Bienes Públicos.

De Carabobo a la Fiscalía Nacional: Evitando el sesgo político

​El caso, que inicialmente estuvo en manos de la Fiscalía 13° de Carabobo, fue formalmente trasladado a Caracas. A solicitud de la Dra. Blanca Rosa Mármol y del Prof. Pablo Aure, abogado y Secretario de la Universidad de Carabobo, se requirió la radicación del expediente ante un Fiscal Nacional con Competencia Contra la Corrupción.

​Esta medida fue indispensable para blindar la investigación y evitar presiones institucionales a nivel regional, dada la pública cercanía política entre la Rectora de la UC (y presidenta de FUNDAUC) y el Gobernador del estado Carabobo.

Un daño patrimonial inaudito

La comunidad universitaria y la sociedad carabobeña exigen una investigación absolutamente imparcial. Resulta intolerable que un bien público con un valor real estimado en más de 3 millones de dólares haya sido enajenado por la rectoría en apenas 300 mil dólares.


Justicia y nulidad absoluta

​Esta venta es nula de toda nulidad. Los responsables de este irregular despojo patrimonial no solo deben rendir cuentas ante la academia, sino que deberán responder penal, civil y administrativamente por la grave lesión ocasionada al patrimonio de nuestra máxima casa de estudios.

​¡El patrimonio de la Universidad de Carabobo se respeta y se defiende!

domingo, 24 de mayo de 2026

Solidaridad con el Dr. Sosa Olavarría

 Valencia, 23 de mayo de 2026

Ciudadano

José Alfredo Sabatino Pizzolante 

Presidente de la Academia de la Historia del Estado Carabobo

Ciudad.-

​Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a los demás miembros de esa respetable corporación, en mi condición de Secretario de la Universidad de Carabobo, con ocasión de la comunicación N° R-00937-26 que le fuera remitida recientemente por el Despacho Rectoral de nuestra casa de estudios.

​El motivo de la presente es fijar una posición institucional y personal nítida frente a los señalamientos vertidos en dicha misiva institucional contra el Doctor Alberto Sosa Olavarría. Al respecto, considero un deber moral e institucional ineludible manifestar mi absoluta e indeclinable solidaridad con el Dr. Sosa Olavarría, a quien toda la comunidad ucista reconoce unánimemente como un docente a carta cabal y un universitario ejemplar. Su impecable trayectoria académica e intelectual en el ámbito de la medicina y las ciencias de la salud es un patrimonio indiscutible de nuestra universidad y del país.

​La impronta ciudadana del Dr. Alberto Sosa Olavarría se ha caracterizado históricamente por la defensa de posiciones firmes, un discurso transparente y una rectitud de principios indoblegable que jamás ha cedido ante presiones de poderes externos ni conveniencias coyunturales para asegurar prebendas o estabilidad personal. En un ecosistema universitario y académico fundado en la pluralidad, la libre expresión y el debate de las ideas, es perfectamente natural la existencia de disensos o enfoques contrapuestos sobre diversas realidades. Sin embargo, estas discrepancias de criterio, propias del ejercicio de la libertad de pensamiento, en ningún caso pueden dar pie para poner en duda virtudes que en él son fundamentales: su honorabilidad, probidad, seriedad y su profundo compromiso civilista.

​La Universidad de Carabobo, al igual que esa ilustre Academia de la Historia, se sustenta sobre los pilares del respeto a la dignidad humana y la defensa de la libertad de expresión de sus miembros. Utilizar las instancias o los canales oficiales de nuestra institución para dirimir posturas de carácter subjetivo o personales desnaturaliza la esencia del foro universitario. Por tales razones, hago llegar a este cuerpo académico mi testimonio de reconocimiento a la intachable conducta del Dr. Alberto Sosa Olavarría, con la certeza de que la defensa de nuestros académicos es la garantía de la preservación de los valores superiores de nuestra sociedad.

​Sin otro particular al cual hacer referencia, me suscribo de usted con la consideración y el respeto institucional debidos.

​Atentamente,

Dr. Pablo Aure 

Secretario de la Universidad de Carabobo


jueves, 30 de abril de 2026

LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO EXIGE UNA TRANSICIÓN/ Dr. Alberto Sosa Olavarría

La situación que paso a describir en la Universidad de Carabobo (UC) refleja una crisis institucional profunda que ha sido objeto de debate y denuncia pública durante los últimos años. Es comprensible la frustración ante un panorama donde la autonomía universitaria parece verse vulnerada no solo desde afuera, sino desde su propia gestión interna.

Aquí te presento un desglose de los puntos clave sobre esta problemática, analizados desde una perspectiva institucional y legal:

1. El Conflicto de la Permanencia (Más de 16 años)

El hecho de que las autoridades universitarias en Venezuela —incluyendo a la Rectora Jessy Divo de Romero— superen con creces el período para el cual fueron electas (4 años) se debe a un limbo jurídico.

Sentencia 0324 del TSJ: En 2019, el Tribunal Supremo de Justicia suspendió las elecciones universitarias hasta que se modifiquen los reglamentos de votación.

Consecuencia: Esto ha generado una "prórroga indefinida" forzosa. Si bien las autoridades argumentan que no pueden abandonar el cargo sin una sucesión legal, esto ha derivado en un desgaste democrático severo.

2. El Quiebre Institucional: Rectoría vs. Secretaría

La denuncia sobre el desconocimiento de las funciones del Secretario de la UC es uno de los síntomas más graves de la crisis.

En una universidad autónoma, el Secretario es el custodio de la fe pública y la memoria institucional.

Cuando la Rectoría asume funciones que por ley (Ley de Universidades) corresponden a la Secretaría, se rompe el sistema de pesos y contrapesos, lo que facilita la opacidad en la toma de decisiones.

3. Irregularidades Administrativas y Activos

Las acusaciones sobre la venta de activos y la retención de aportes son temas que entran en el ámbito de la responsabilidad administrativa y penal:

Caja de Ahorros: La retención de los aportes (que son descontados del salario del trabajador pero no transferidos a la caja) es una práctica que asfixia el patrimonio social de los profesores. Legalmente, esto podría considerarse una apropiación indebida de fondos.

Venta de Activos: Cualquier enajenación de bienes universitarios debe pasar por la aprobación del Consejo Universitario y, en muchos casos, cumplir con protocolos nacionales de bienes públicos. La falta de transparencia en estos procesos suele ser el punto de partida para auditorías externas. Por último está intentando imponer como directivo de IPAPEDI un acólito con el antecedente de gestión bastante oscura.

¿Qué vías existen ante este escenario?

Contraloría Interna y Social: Las denuncias ante el Consejo Universitario son el primer paso, aunque si este cuerpo está alineado con la gestión, el efecto es nulo.

Instancias Nacionales: El Consejo Nacional de Universidades (CNU) y la Contraloría General de la República tienen la potestad de investigar irregularidades financieras en instituciones que reciben presupuesto público.

Presión Gremial: Las asociaciones de profesores (APUC) y sindicatos suelen ser los únicos entes con capacidad de movilización para exigir la rendición de cuentas.

Nota: La crisis presupuestaria actual de las universidades venezolanas a veces se utiliza como "manto" para justificar decisiones administrativas irregulares, pero la precariedad no exime a ningún funcionario de la obligación de transparencia y respeto a la Ley de Universidades.

Consideramos que existe dentro de la comunidad universitaria actual la fuerza suficiente para exigir una auditoría externa independiente,  pues es evidente que la estructura institucional está demasiado comprometida.

Para dar cierre a este análisis y convertir la reflexión en una propuesta de acción institucional, es necesario formular un exhorto que apele a la reserva moral y académica de la Universidad de Carabobo. Este llamado busca romper el silencio y fomentar una discusión técnica, ética y fundamentada. Por la Restitución del Hilo Institucional

A las autoridades rectorales, decanales y miembros del Consejo Universitario:

Se les insta a recordar que el ejercicio del poder en la universidad no es un privilegio personal, sino un mandato temporal supeditado a la Ley de Universidades y al reglamento interno. La prolongación excepcional de los cargos, lejos de justificar la opacidad, exige una transparencia doblemente rigurosa. El desconocimiento de las facultades de la Secretaría y la gestión de activos sin el debido escrutinio público no solo debilitan la gestión actual, sino que comprometen el futuro de la autonomía para las generaciones venideras.

A los colegas profesores, investigadores y personal administrativo:

La universidad es, por definición, el espacio de la verdad y el debate. El silencio ante la retención de los aportes a las cajas de ahorro y la desarticulación de los órganos de control nos hace corresponsables del deterioro del alma mater. No se trata de una pugna política, sino de la defensa de la meritocracia, la ética pública y la integridad institucional.

Para que este exhorto sea productivo, se propone a los colegas y autoridades opinar y actuar sobre los siguientes ejes:

Restablecimiento de la Institucionalidad: ¿Cómo garantizar que la Secretaría recupere sus funciones de custodia de la fe pública y cese la centralización de decisiones en la Rectoría?

Auditoría de Activos y Fondos: Es imperativo exigir una rendición de cuentas detallada sobre la enajenación de bienes institucionales y el destino exacto de las retenciones salariales no entregadas a los entes de previsión social.

Defensa de la Autonomía frente a la Gestión Interna: Debatir si la "resistencia" ante factores externos justifica la vulneración de los procesos democráticos internos.

Propuesta de Contraloría Social: Evaluar la creación de un Consejo de Veeduría Académica, integrado por profesores de reconocida trayectoria, que vigile la legalidad de los actos administrativos mientras persista el limbo electoral.

"La universidad no puede ser una institución que solo imparte conocimientos; debe ser el modelo de la sociedad que aspiramos construir: transparente, plural y respetuosa de la norma".

Este llamado no es solo una crítica, sino un reconocimiento de que la Universidad de Carabobo posee el capital intelectual necesario para autorregularse y sanear sus procesos, siempre que sus integrantes decidan ejercer su derecho a la opinión y la exigencia de cuentas. Alberto Sosa Olavarría. Prof Titular Jubilado. Especialista en Medicina Materno fetal. Doctor en Ciencias Medicas. Doctor Honoris Causa UNIMESO. Chiapas. México.

viernes, 24 de abril de 2026

Voto salvado adscripción de la DICAE al despacho de la rectora

VOTO SALVADO QUE PRESENTA EL

SECRETARIO DE LA UC, PROF. PABLO AURE, ANTE EL CONSEJO UNIVERSITARIO EN RELACIÓN CON LA DECISIÓN DE ADSCRIBIR LA DIRECCIÓN CENTRAL DE ASUNTOS ESTUDIANTILES (DICAE) AL DESPACHO DE LA RECTORÍA

Ciudadana
Rectora y demás miembros del
Consejo Universitario.
Sede del CU._

​Quien suscribe, PABLO AURE, en mi carácter de Secretario de la Universidad de Carabobo, autoridad electa por la voluntad soberana de la comunidad universitaria, de conformidad con las atribuciones legales y reglamentarias que ostenta mi cargo, procedo a SALVAR MI VOTO frente a la decisión de este cuerpo colegiado de adscribir la Dirección Central de Asuntos Estudiantiles (DICAE) al Despacho de la Rectora, fundamentado en las siguientes consideraciones:

​PRIMERO: De la Involución Institucional y el Talante Autocrático
Esta decisión representa una grave involución democrática que vulnera la arquitectura institucional de nuestra Alma Mater. Al desmembrar la Secretaría de su brazo operativo fundamental, la Rectora evidencia un talante autocrático que desconoce la historia republicana de la universidad. Se emulan aquí conductas que han llevado al país a la destrucción: valiéndose de mayorías mecánicas para anular las competencias del funcionario que resulta incómodo por su ejercicio de control y disidencia.

​SEGUNDO: De la Inexistencia de Justificación en la Competencia

Resulta técnica y administrativamente aberrante que la Dirección Central de Asuntos Estudiantiles sea arrebatada a la Secretaría. No existe justificación en la competencia ni fundamento funcional para que la Rectoría asuma atribuciones que, desde la reapertura de la UC en 1958, han sido consustanciales al Despacho del Secretario. Esta acción pretende vaciar el cargo de contenido y convertir a la Secretaría en una "autoridad de fachada".


​TERCERO: De la Indefensión Jurídica y el Riesgo de la "Firma a Ciegas"

La adscripción de la DICAE al Rectorado me coloca en una situación de grave riesgo jurídico y responsabilidad objetiva. Al perder el control administrativo sobre el personal que procesa expedientes académicos, se me pretende reducir a un simple "firmador" de documentos elaborados bajo una línea de mando ajena. Es una violación a normas elementales que el funcionario que debe dar fe pública sea obligado a firmar a ciegas documentos producidos sin su control, supervisión ni fiscalización directa.


​CUARTO: Del Móvil de Venganza ante el Reclamo de Transparencia

​Es imperativo dejar sentado que el verdadero móvil de este atropello es la venganza política ante mi insistencia en controlar los ingresos de las facultades y aquellos que recibe la Rectora a través de fundaciones sin rendición de cuentas. Mi empeño por auditar estos recursos y mi exigencia de utilizarlos para otorgar bonos de subsistencia a los trabajadores —priorizando a quienes hoy no tienen ni para medicinas o alimentos— ha resultado intolerable para una gestión que jerarquiza los recursos con fines proselitistas.

​QUINTO: De la Gestión Proselitista y la Precarización Laboral

​Denuncio la política de contratación de personal con sueldos de miseria para luego incorporarlos al personal al staff ordinario, con el único fin de garantizar un caudal electoral, mientras se ignora la estabilidad y el clamor de los trabajadores con mayor antigüedad. Se prefiere el crecimiento clientelar de la plaza laboral sobre la dignidad del personal que ha dedicado su vida a la UC. Esta práctica, sumada a la entrega de la autonomía universitaria al poder ejecutivo regional, marca el fin de la academia libre para convertirla en un apéndice gubernamental.


​SEXTO: Reserva Legal y Responsabilidad del Consejo

​Este Consejo Universitario, al avalar esta medida, incurre en un abuso de derecho y desviación de poder. Salvo mi voto y dejo constancia de que esta decisión está viciada de nulidad absoluta. Hago reserva expresa de todas las acciones legales, civiles y penales correspondientes para restaurar el orden jurídico y proteger la integridad de la fe pública que la Universidad de Carabobo deposita en mi firma.

La historia y el tiempo serán los testigos implacables de quiénes defendimos la libertad académica y quiénes, por conveniencia o temor, entregaron nuestra Alma Mater a sus destructores.

En Valencia, sede del Consejo Universitario, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2026.


Prof. Pablo Aure
Secretario de la Universidad de Carabobo

miércoles, 11 de marzo de 2026

La Secretaria UC respalda la postulación de la Dra. Magaly Vasquez al cargo de Fiscal General de la Republica

 

                                                   Valencia 11 de marzo de 2026


                   COMUNICADO INSTITUCIONAL

LA SECRETARÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO

​Ante la reciente postulación de la Dra. Magaly Vásquez González al cargo de Fiscal General de la República, esta Secretaría, en representación de los valores académicos de nuestra región, manifiesta su más profundo beneplácito y respaldo.

​La Dra. Vásquez, quien actualmente se desempeña con distinción como Secretaria General de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), representa la excelencia del derecho venezolano. Su impecable hoja de vida incluye hitos que honran a la academia nacional:

  • Liderazgo Universitario: Su destacada gestión como Secretaria General de la UCAB y previa labor como Directora de Postgrado y Decana (E) de la Facultad de Derecho de dicha institución.
  • Individuo de Número: Es la primera mujer penalista en ingresar a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela (Sillón N° 33), un reconocimiento reservado para las mentes jurídicas más brillantes del país.
  • Legisladora y Jurista: Co-redactora del Código Orgánico Procesal Penal y de la Ley contra los Delitos Informáticos, demostrando un conocimiento profundo del sistema de justicia desde sus bases.

​Desde la Secretaria de la Universidad de Carabobo, consideramos que su perfil une la solidez académica con una probada integridad ética. Su llegada a la Fiscalía General de la República no solo daría prestancia e integridad a la institución, sino que sería un paso firme hacia la reinstitucionalización del sistema de justicia penal en Venezuela a través del mérito profesional.

​Como secretario de la Universidad de Carabobo celebro que una autoridad universitaria de su talla asuma este compromiso con la República.


Secretaría UC: La firmeza de los valores frente al desafío del tiempo."

Pablo Aure

Secretario UC