jueves, 15 de octubre de 2026

¿Por qué la rectora oculta el contenido de los contratos que celebra la UC?/ Pablo Aure

 

​¿Qué ocultan con los bienes de la Universidad de Carabobo? Transparencia exigida a la luz pública


​Desde comienzos de este año, de manera insistente y en estricto cumplimiento de nuestros deberes, desde el despacho de la Secretaría de la Universidad de Carabobo hemos venido solicitando formalmente copia de los contratos relativos a los inmuebles y locales comerciales propiedad de nuestra Universidad. La comunidad universitaria tiene el derecho inalienable de saber cómo, a quién y bajo qué condiciones se están administrando los bienes que le pertenecen a todos los ucistas.

​Sin embargo, tras meses de insistencia, el día de hoy recibimos una insólita y desatinada respuesta por parte de la Consultoría Jurídica mediante el Oficio N° CJ-083-2026-Secretaria.

​En dicho documento, pretenden justificar un pretendido "manto de reserva" sobre las condiciones económicas y particulares del contrato de arrendamiento del local B-37 en el Centro Comercial La Viña Siglo XXI, pactado con la Sociedad Mercantil Granja Color C.A. (donde opera el automercado La Granja), intentando ampararse de manera antojadiza e improcedente en jurisprudencia de la Sala Constitucional. Pretenden con esto prohibir que la Secretaría —y la comunidad en general— conozca las cláusulas de las negociaciones de los activos universitarios.

​Ante este adefesio jurídico, debemos señalar categóricamente: no existe ley ni jurisprudencia alguna en nuestro ordenamiento jurídico que prohíba al Secretario ni a ningún miembro de la institución conocer las cláusulas por las cuales se da en alquiler un bien de la comunidad universitaria. Por el contrario, la Secretaría, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Universidades, es la custodia y guardiana legal del archivo universitario.

​Ante este hermetismo, nos preguntamos públicamente:

  • ​¿Cuál es el misterio que envuelve esa negociación con el automercado La Granja? ¿Acaso se vendió o se enajenó el patrimonio sin cumplir con las normas imperativas de la Ley Orgánica de Bienes Públicos?
  • ​¿Bajo qué condiciones se entregaron los locales de la UC en el Centro Comercial Escorpio? Hasta la fecha, a nuestro despacho tampoco se le ha informado en absoluto sobre los términos ni los supuestos beneficios que esos acuerdos reportan a la institución.

​La comunidad universitaria no puede ser tratada con opacidad. Está en todo su derecho de conocer los dividendos, cánones y beneficios reales que recibe la Universidad de Carabobo por tales acuerdos comerciales, y eso solo es posible mediante la lectura transparente y directa de las cláusulas contractuales.

​¡Los bienes de la Universidad de Carabobo son públicos y le pertenecen a la comunidad! ¡Exigimos transparencia total!

Aquí la comunicación enviada por la consultora jurídica de la UC 👇






miércoles, 14 de octubre de 2026

La dignidad no tiene precio/Pablo Aure

LA DIGNIDAD NO TIENE PRECIO: RESPUESTA A ELIS MERCADO


​Siento una honda tristeza al escribir estas líneas. Por el exrector Elis Mercado siempre guardé un profundo respeto, por lo que resulta profundamente lamentable constatar cómo hoy sus opiniones distan por completo de la realidad y caen en el terreno de una burda manipulación antiacadémica. Es doloroso ver a quien ejerció la máxima autoridad de nuestra Universidad de Carabobo recurrir a la descalificación adjetivada, al sofisma y al victimismo para intentar justificar lo injustificable. En su escrito, pretende articular una defensa apasionada que cae en la ausencia total de argumentos institucionales, siguiendo un libreto preconcebido para desviar la atención de los problemas de fondo.

​A cada una de sus afirmaciones vacías de sustento, la verdad contundente de la realidad universitaria le responde:

​1. Sobre el supuesto «desprestigio», la «misoginia» y el chantaje de género

​Afirmación de E. Mercado: «Una campaña de desprestigio... donde sospecho migajas de misoginia, dado el carácter violento e irrespetuoso con el que es atacada...»

​Respuesta:

Apelar a la «misoginia» para blindar la gestión pública o gerencial de una autoridad es una falacia y un chantaje conceptual insostenible. La fiscalización, el cuestionamiento a la transparencia y la exigencia de cuentas sobre los bienes institucionales no tienen género; son deberes ciudadanos y universitarios.

​Así como existen hombres bandidos y delincuentes, también existen mujeres que incurren en faltas o delitos en el ejercicio de la función pública, y señalarlo no convierte a nadie en misógino. Escudarse en el género para evadir la responsabilidad gerencial es degradar la lucha real de las mujeres por la igualdad y el respeto. A la gestión universitaria se le juzga por sus hechos, sus decisiones y sus resultados, no por el sexo de quien la encabeza.

​2. Sobre el caso del título, la supuesta egresada y la usurpación de funciones

​Afirmación de E. Mercado: «El desmentido fue contundente; sin embargo, quienes alborotaron los medios guardaron un vergonzoso silencio.»

​Respuesta:

El verdadero silencio vergonzoso es el que pretende ocultar las graves irregularidades administrativas y la violación de los procedimientos académicos. La realidad incontestable sobre la bachiller de marras es que jamás estuvo legalmente inscrita en la Universidad de Carabobo, puesto que su expediente jamás reposó en la Dirección Central de Asuntos Estudiantiles (DICE), dependencia adscrita a la Secretaría de la Universidad y única instancia con la potestad legal y reglamentaria para validar la condición de estudiante y cursante.

​La supuesta inscripción de dicha persona solo estuvo avalada de manera irresponsable por el Decano de la Facultad, en una flagrante usurpación de funciones que posteriormente la Rectora convalidó en confabulación con los decanos, despojando a la Secretaría de sus competencias legales. Pretender calificar de "desmentido contundente" un show mediático para tapar que se violó la legalidad interna y que se manejaron inscripciones al margen de la Dirección Central de Asuntos Estudiantiles es una falta de respeto a la memoria histórica y a la rigurosidad académica de nuestra alma máter. Defender la verdad frente a semejante atropello no es "alborotar medios", es velar por la validez real de los títulos de la Universidad de Carabobo.

​3. Sobre el «alquiler» de locales en el UAMI y las negociaciones oscuras

​Afirmación de E. Mercado: «...alquiler de locales en las instalaciones del UAMI, medida a la cual tuvieron que recurrir las autoridades con el fin de proteger la infraestructura... no salir irresponsablemente a censurar con la aviesa intención de manchar la reputación de quienes dirigen el UAMI...»

​Respuesta:

Mercado recurre a la manipulación cuando intenta escudarse tras el prestigio del personal médico para evadir la discusión sobre el manejo opaco e irregular de la infraestructura universitaria. El cuestionamiento ético e institucional nada tiene que ver con los profesionales de la medicina ni con el cuerpo docente de la salud, cuya trayectoria y servicio a la comunidad merecen nuestro más absoluto respeto y reconocimiento. De hecho, en lo personal y en lo afectivo, me unen vínculos familiares y de aprecio sincero con el doctor Alfredo Del Giaccio, cuya honorabilidad jamás ha estado en entredicho.

​Lo que verdaderamente se denuncia y condena son las negociaciones oscuras y unilaterales de las autoridades rectorales al margen de la norma. Ninguna crisis presupuestaria justifica la entrega o arrendamiento clandestino de los bienes de la Universidad de Carabobo sin la debida transparencia, licitación pública y aprobación formal de los órganos competentes. Pretender mezclar la labor abnegada de los médicos con las componendas administrativas de la gestión rectoral es una maniobra cobarde para desviar la atención del centro del problema: el patrimonio universitario no se negocia a espaldas de la comunidad.

​4. Sobre el concurso en FaCES y la ética docente

​Afirmación de E. Mercado: «El aspirante no aprobó el concurso, la integridad del jurado quedó demostrada y los mentirosos y calumniadores callaron.»

​Respuesta:

Reclamar concursos de oposición rigurosos, transparentes y libres de parcialidades políticas no es calumniar; es exigir que la cátedra universitaria siga siendo el templo del mérito y el saber. La universidad no necesita que exrectores actúen como avales morales de procedimientos que deben justificarse por sí solos mediante el estricto cumplimiento de los reglamentos. Si el concurso se realizó conforme a la norma, la validez reside en el expediente y la idoneidad institucional, no en la descalificación de los universitarios que vigilan la pulcritud de los procesos de ingreso al personal docente.

​5. Sobre el desmantelamiento institucional de la Secretaría de la UC

​El silencio de quien conoció el rigor de la Secretaría:

​Es aún más lamentable que alguien que no solo fue Rector, sino que también ocupó el sagrado cargo de Secretario de la Universidad de Carabobo, guarde un silencio cómplice y nada académico ante el desmantelamiento sistemático de la Secretaría durante mi gestión.

​Elis Mercado conoce perfectamente la trascendencia institucional y el peso histórico del Secretario en la custodia de la fe pública, los archivos y la legalidad académica de la universidad. Sin embargo, prefiere callar complacientemente mientras la Rectora, actuando en confabulación con los decanos, asumió y usurpó de facto las competencias exclusivas de la Secretaría. Esa arremetida no fue un ajuste administrativo, fue una vil represalia política por negarme a ser comparsa de sus desafueros y por mantener firme la dignidad de la institución frente a sus abusos de poder.

​6. Sobre la disparatada acusación de «no tocar al gobierno»

​Afirmación de E. Mercado: «Por cierto, los del carrusel no 'tocan' al gobierno. ¡Qué curioso!»

​Respuesta:

La coherencia no se negocia. Quienes hemos denunciado de manera frontal el desmantelamiento de la universidad venezolana por parte del régimen del centralismo, denunciamos con el mismo rigor las complicidades internas que entregan parcelas de la universidad a cambio de supervivencia o conveniencias gerenciales. Decir que no se toca al gobierno es una ironía trágica viniendo de sectores que han actuado en complaciente cohabitación con la política presupuestaria y administrativa que asfixió a las universidades autónomas.

​Reflexión Final: «En mi hambre mando yo»

​El escrito del exrector Mercado es el reflejo de un drama más profundo. Como nos recordaba el maestro José Luis Sampedro en su célebre anécdota, cuando en medio de unas elecciones pretendieron comprar con prebendas el voto de un hombre sumido en la miseria, este respondió con hidalguía: «En mi hambre mando yo».

​Tristemente, en la Universidad de Carabobo —como en tantas otras instituciones del país— hemos visto cómo para algunos la dignidad terminó siendo vencida por la necesidad o por la conveniencia del poder. Pero hay universitarios que nos negamos a someter la ética al chantaje de la crisis. Podrán existir privaciones presupuestarias, podrá haber precariedad, pero en nuestra dignidad, en nuestro compromiso con la verdad y en nuestra defensa intransigente de la autonomía universitaria... mandamos nosotros.

Pablo Aure

Secretario UC

14/10/2026

jueves, 10 de septiembre de 2026

La "tapa del frasco" en la UC

De la impunidad pública al despotismo universitario: La «tapa del frasco» en la UC

​El reciente video viral expone una realidad estructural: la cultura del alineamiento incondicional al poder a cambio de impunidad. La prepotencia de sentirse inviolable por contar con el respaldo de un alto funcionario no es un hecho aislado, sino un patrón que destruye la convivencia y el derecho.

​Esta misma dinámica ha permeado a la Universidad de Carabobo. La rectora y algunos decanos actúan bajo esa misma lógica de sentirse «la tapa del frasco», asumiéndose inmunes ante cualquier transgresión normativa por estar respaldados en una cadena de favores que llega hasta el poder regional. Con el aval del Vicerrector Administrativo, de los decanos y la complacencia de ciertos consejeros, la gestión rectoral ha instaurado una política despótica que pisotea la institucionalidad.

​El reflejo más claro de este abuso es la maniobra desde el Consejo Universitario para desmantelar y asfixiar las competencias de la Secretaría UC. Al constituirse la Secretaría en un bastión de apego a la norma y resistencia frente a la arbitrariedad, la respuesta ha sido el despojo institucional para complacer los apetitos de poder de la rectoría.

​La autonomía universitaria no es patente de corso para el personalismo. Recuperar la Universidad de Carabobo exige confrontar el servilismo y defender las competencias legítimas frente a quienes pretenden gobernarla al margen de la ley.


viernes, 4 de septiembre de 2026

Exigimos aplicación de la ley caso Majay

Pablo Aure exige celeridad en investigación sobre el C.C. Majay y denuncia opacidad en contrataciones del C.C. Siglo XXI y C.C. Escorpión

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VALENCIA. — El secretario de la Universidad de Carabobo (UC), Pablo Aure, informó sobre los recientes avances legales en el caso de la venta presuntamente irregular del Centro Comercial Majay, propiedad de esta casa de estudios a través de la Fundación UC, al tiempo que advirtió sobre nuevas acciones judiciales ante la negativa de la rectoría de rendir cuentas sobre otros inmuebles universitarios.

​Respecto al caso del C.C. Majay, Aure detalló que junto a su equipo jurista ha ratificado y ampliado —el pasado 17 de agosto— un conjunto de diligencias ante la Fiscalía 13.° de Carabobo con competencia contra la corrupción. Indicó que se prevé que dicho proceso de evacuación concluya en el transcurso del mes de septiembre.

​"Una vez culminadas las diligencias, no cabe la menor duda de que las investigaciones, en estricto derecho, derivarán en una imputación formal contra los responsables del daño al patrimonio público por la comisión de delitos con penas severas. Esperamos que el Ministerio Público actúe en consecuencia", aseveró el Secretario de la UC.


​Nuevas acciones por ocultamiento de información pública

​Aure adelantó que el equipo legal prepara una nueva denuncia formal debido a la contumaz negativa de la rectora, Jessy Divo de Romero, de permitir el acceso a documentación pública sobre negociaciones de la universidad con entes privados.

​Entre las irregularidades señaladas destacan:

  • ​Centro Comercial Siglo XXI (La Viña): Ocultamiento del contrato de arrendamiento o concesión suscrito con la empresa Supermercado La Granja, local que ya se encuentra operando sin que el Consejo Universitario o la Secretaría hayan conocido los términos de dicho convenio.
  • ​Centro Comercial Escorpión (Prebo): Falta de transparencia sobre la figura contractual (supuesto comodato), duración y beneficios para la institución respecto a un inmueble actualmente en remodelación.

​El Secretario subrayó que, en su condición de guardián del archivo documental de la Universidad de Carabobo, se le ha vulnerado sistemáticamente el derecho de acceso a la información institucional.

​"Ocultar la documentación no solo es sospechoso, sino lisa y llanamente contrario a las normas elementales de transparencia que deben regir la administración pública. La Rectora maneja la disposición de los bienes universitarios como si fueran de su propiedad privada", puntualizó Aure.

domingo, 23 de agosto de 2026

Censura digital en Carabobo

DECLARACIÓN Y ENTREVISTA EXCLUSIVA


«La censura digital en Carabobo es una estrategia coordinada de silenciamiento»: Pablo Aure denuncia la suspensión sistemática de cuentas de oposición en Instagram

​Valencia — En una entrevista reciente, el profesor y Secretario de la Universidad de Carabobo, el Dr. Pablo Aure, fijó una postura contundente frente a lo que define como un patrón flagrante de censura digital y persecución cibernética dirigido a voceros opositores y líderes de opinión en la entidad carabobeña.

​La denuncia surge tras la suspensión de su cuenta de Instagram (@pabloaure), una acción que, según señala, responde a un esquema de denuncias maliciosas y masivas ejecutado cada vez que se documentan irregularidades o fallas en la gestión pública.

​Entrevista a Pablo Aure

​— Profesor Aure, la suspensión de su cuenta en Instagram ha generado diversas reacciones. ¿Cómo define exactamente el procedimiento que están utilizando en su contra y en contra de otros dirigentes de la región?

​— No estamos ante fallas operativas ordinarias de la plataforma; estamos frente a un patrón de censura digital estructurada. Es una modalidad recurrente: utilizan reportes falsos y masivos por supuesta «suplantación de identidad» o presuntas infracciones de copyright. Es un ataque coordinado contra quienes visibilizamos la crisis de la región o denunciamos las irregularidades institucionales. Nos ha ocurrido a varios dirigentes en Carabobo, como a Luis Magallanes y a Carlos Lozano.

​— ¿Existe una correlación directa entre el contenido publicado y la activación de estos reportes masivos?

​— Absolutamente. Cada vez que hacemos una denuncia sobre la mala gestión de Rafael Lacava al frente de la Gobernación de Carabobo, o cuando señalamos las irregularidades dentro de la Universidad de Carabobo —donde lamentablemente ciertas autoridades actúan en perfecta consonancia con el gobierno regional—, se activa de inmediato una red de denuncias maliciosas. Buscan neutralizar la denuncia mediante el bloqueo arbitrario del canal de difusión.

​— ¿Cómo evalúa la respuesta de META ante este tipo de acciones?

​— Es deplorable que una corporación global como META carezca de filtros preventivos eficaces para detener la delincuencia cibernética. La plataforma suspende de inmediato la cuenta basándose en un volumen de denuncias automatizadas o coordinadas, y luego impone un proceso de apelación sumamente engorroso, lento y, en muchos casos, inoperante. Lo más grave es que, aun cuando la cuenta llega a restablecerse, estos grupos reactivan al instante los reportes falsos para forzar un nuevo bloqueo.

​— ¿Cuál es su llamado final ante esta situación?

​— El debate público, la libertad de expresión y la contraloría social no pueden quedar sometidos a la vulnerabilidad de un algoritmo manipulado por grupos de interés. Exigimos a META revisar los protocolos de protección para voceros cívicos y académicos, y le decimos a la comunidad carabobeña que la defensa de la verdad y de nuestras instituciones continuará por todos los medios a nuestro alcance, por encima de cualquier intento de silenciamiento digital.

sábado, 15 de agosto de 2026

CÓMPLICES DEL COLAPSO: LA CÚPULA QUE HUNDIÓ A LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO/ Pablo Aure

  • VACACIONES EN LA UC: IRSE EN LA MISERIA, VOLVER AL DESASTRE


Ayer la Universidad de Carabobo volvió a escenificar su habitual libreto: anuncios simbólicos de prosperidad y falsas promesas de recuperación que chocan de frente con la cruda realidad de los campus. Mientras la cúpula directiva se alista para disfrutar de unas vacaciones holgadas gracias a alforjas repletas de recursos, en la superficie maquillan un colapso que está a la vista de todos.

​Sobrevivir es cada día más difícil para los profesores, empleados y obreros. Esta precariedad golpea por igual a activos y jubilados, cuyo deterioro biológico se acelera trágicamente ante la indiferencia de la rectora y sus aliados. Entregados de cuerpo y alma al régimen para proteger sus privilegios, estas autoridades son coresponsables de la destrucción del país al avalar las políticas que sumergieron a Venezuela en la miseria.

​El problema central no es solo el desmantelamiento institucional, sino la complicidad de quienes dirigen la universidad. Quienes detentan el poder responden a una misma línea de conducta: perseguir a la disidencia, silenciar el reclamo legítimo y perpetuar la crisis. No podemos esperar un resultado distinto si seguimos aguardando pasivamente por un cambio. La verdadera lucha universitaria se frenó porque las autoridades aplican un terror institucional amparado por la impunidad que emana de Miraflores y del Capitolio de Carabobo.

​Triste pero cierto: esta universidad en ruinas no es la que nos merecemos. Y no solo por su infraestructura destruida, sino por nosotros mismos, al no haber sido capaces de enfrentar con coraje el despotismo que se alimenta impunemente desde el rectorado y los decanatos.

​Las fallas y violaciones sistemáticas se acumulan a diario en Bárbula y La Morita:

​Laboratorios desmantelados y ruina académica

La docencia y la investigación están paralizadas por la falta de reactivos e insumos. Aulas a oscuras, sin ventilación ni agua corriente, completan el cuadro. Es doloroso ver el caso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas: una carrera de Derecho reducida a dos días de clase a la semana. ¡Qué falta hace aquella facultad con profesores a la altura de las exigencias del país y no complacientes con la tiranía! No lo hacen gratis, sino por protección. Genera profunda vergüenza esta entrega al autoritarismo y a la injusticia en una facultad hoy tutelada por el régimen.

​Colapso del transporte universitario

Las tradicionales "iguanas" yacen convertidas en chatarra. Los autobuses rojos entregados en comodato por el régimen —muchos con el rostro oficialista arrancado por estudiantes valientes— permanecen varados por falta de gasoil y cobran un servicio que debería ser gratuito. Cuando no ruedan, la comunidad universitaria debe costear pasajes impagables o arriesgar su integridad física para llegar a campus desolados.

​Becas de hambre y chantaje

Los montos asignados a los estudiantes son una burla que no cubre ni un pasaje diario. La ayuda socioeconómica fue desvirtuada para convertirse en un mecanismo de control político y no en un incentivo contra la deserción.

​Abuso, salud privatizada y precarización laboral

Sueldos de miseria, tabuladores pulverizados y la eliminación del HCM sofocan al personal. El colmo de esta crisis es el cobro excesivo en UAMI, convertida prácticamente en una clínica privada bajo la gerencia del vicerrector administrativo. Todo esto acompañado de persecución abierta contra quien exija salarios dignos.

​Sometimiento del movimiento estudiantil y gremial

Uso de expedientes, amonestaciones arbitrarias y complicidad con grupos de choque para asfixiar la vida gremial y liquidar cualquier intento de protesta organizada.

​Opacidad financiera y mercantilización

Rendición de cuentas maquilladas, cobro informal de aranceles en divisas y comercialización privada de los espacios universitarios sin que un solo centavo se traduzca en beneficios para la comunidad.

Dr. Pablo Aure

Secretario UC

viernes, 31 de julio de 2026

Solicitud de remisión a Fiscalía y a la Contraloría informe de la Auditoría Interna (Caso FCJYP)

Valencia, 31 de julio de 2026​


Ciudadana

PROF. JESSY DIVO DE ROMERO

Rectora - Presidenta del Consejo Universitario

Y demás Miembros del Ilustre Consejo Universitario

Universidad de Carabobo.-

Su Despacho

​ASUNTO: Solicitud de Remisión Formal del Informe Definitivo N° AS-01-26 (DAIUC-DCP-078-2026) a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público por Presunta Comisión de Delitos contra el Patrimonio Público.

​Quien suscribe, DR. PABLO AURE SANCHEZ, titular de la cédula de identidad N° V-5.208.546, actuando en mi condición de Secretario de la Universidad de Carabobo y miembro integrante de este Ilustre Cuerpo, de conformidad con las atribuciones legales y reglamentarias que me confieren la Ley de Universidades y el Reglamento General de la Universidad de Carabobo, dirijo formalmente ante este Consejo Universitario la presente solicitud formal y de urgente pronunciamiento.

​En fecha reciente ha sido remitido a la Presidencia de este Cuerpo el Informe Definitivo N° AS-01-26 (Oficio N° DAIUC-DCP-078-2026, de fecha 20 de julio de 2026), emitido por la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad de Carabobo (DAIUC), correspondiente a la “Auditoría de Seguimiento de las Acciones Correctivas de la Auditoría sobre los Ingresos Recaudados y Egresos Ejecutados en el Período Académico de Prosecución de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP)”.

​I. CONSIDERACIONES DE HECHO Y EVALUACIÓN DEL INFORME FISCAL

​Del análisis exhaustivo de los resultados presentados por la Auditoría Interna en el referido Informe N° AS-01-26, se constata una situación de extrema gravedad institucional y jurídica:

  1. ​Incumplimiento sistemático del Plan de Acciones Correctivas: De un total de trece (13) recomendaciones y acciones correctivas derivadas de la auditoría original (Informe AF-02-24), el ente auditado (FCJP) NO EJECUTÓ diez (10) acciones (77%) y ejecutó solo de forma PARCIAL una (01) acción (8%), alcanzando apenas un 15% de cumplimiento efectivo.

  1. ​Faltante o diferencia de fondos públicos no justificados: En la recomendación N° 12 del informe, la DAIUC determina explícitamente que existe una diferencia de la cual la Facultad pretendió justificar pagos mediante FUNDAIURIS, persistiendo de manera incontrovertible un monto injustificado. La falta de soporte demostrativo sobre el destino de fondos públicos recaudados en el Período Académico de Prosecución configura un menoscabo patrimonial directo a la Universidad.

  1. ​Irregularidades en la contratación y gestión de personal: En la recomendación N° 4, la auditoría constató que los "manifiestos de voluntad" utilizados carecen de datos esenciales (fechas, lapsos, contraprestación, definición de labores, firma de la Unidad Contratante y sello de recepción), vulnerando los controles mínimos de la administración pública.

  1. ​Inobservancia recurrente de la legalidad y control previo: En las recomendaciones N° 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 13, se evidencia la total carencia de contratos, convenios debidamente refrendados, manuales de procedimiento y respaldos normativos, justificando de forma inapropiada la inejecución de acciones bajo el argumento de "no haber celebrado contratos".

​II. SUBSUNCIÓN Y ENCUADRE DE LOS HECHOS EN EL ORDENAMIENTO PENAL

​Los hechos documentados por la Dirección de Auditoría Interna no constituyen meras faltas administrativas de carácter formal. Por el contrario, la presencia de dineros públicos faltantes, la falta de comprobantes de egreso legítimos, la omisión intencional de controles y el manejo opaco de recursos provenientes del cobro a estudiantes regulares podrían configurar tipos penales consagrados en la Ley Contra la Corrupción y en el Código Penal Venezolano, entre los cuales destacan:

  • ​Peculado Doloso Propio e Impropio (Artículos 54 y 55 de la Ley Contra la Corrupción): Configurado al apropiarse, distraer o permitir que terceros se apropien de caudales o bienes públicos cuya administración, recaudación o custodia les haya sido confiada por razón de su cargo (evidenciado en el faltante no justificado de fondos y pagos irregulares a través de entes paralelos como FUNDAIURIS).

  • ​Malversación Genérica (Artículos 59 y ss. LCC): Por darle a los fondos públicos un destino diferente al previsto presupuestaria y legalmente, o manejar recursos universitarios al margen de la tesorería oficial.

  • ​Concusión o Exacción Ilegal (Artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción): Al exigir u obtener dineros o aportes a los estudiantes bajo esquemas no autorizados formalmente por los órganos de gobierno universitario.

  • ​Infracción de Normas de Control y Omisión de Medidas de Salvaguarda (Artículo 68 LCC): Por omitir deliberadamente la adopción de los mecanismos de control interno, reglamentos y comprobantes exigidos por la ley para la protección del patrimonio público.

  • ​Distracción de Fondos Públicos: Por la derivación o disposición injustificada de sumas pertenecientes a la recaudación oficial.

​III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA E INCOMPETENCIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO EN MATERIA PENAL

​Es un principio axiomático de nuestro ordenamiento jurídico que el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo es el máximo órgano de gobierno y administración académica y administrativa de la Institución (Art. 26 de la Ley de Universidades); NO OBSTANTE, ESTE CONSEJO CARECE DE JURISDICCIÓN, COMPETENCIA Y FACULTADES INQUISITIVAS O SUMARIALES EN MATERIA PENAL.

​El juzgamiento de conductas que encuadren en presuntos delitos contra el patrimonio público es competencia EXCLUSIVA E INDELEGABLE DEL MINISTERIO PÚBLICO (órgano rector de la acción penal pública, Art. 285 CRBV) y de los Tribunales Penales de la República, correspondiendo la determinación de la responsabilidad fiscal y administrativa a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (Art. 289 CRBV y Ley Orgánica de la CGR y SNAF).

​Asimismo, los miembros de este Consejo Universitario estamos sujetos a lo dispuesto en el Artículo 269 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el cual impone la OBLIGACIÓN LEGAL DE DENUNCIAR a todo funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible de acción pública. La omisión o retardo en colocar estas actuaciones en conocimiento de las autoridades penales y de control fiscal constituiría una severa infracción y podría acarrear responsabilidad personal, disciplinaria, civil y penal para los consejeros por omisión o encubrimiento.

​IV. PETITORIO FORMAL

​Por las razones de hecho y de derecho expuestas, en mi condición de Secretario de la Universidad de Carabobo y velador de la legalidad de las actuaciones de esta casa de estudios, SOLICITO FORMALMENTE AL CONSEJO UNIVERSITARIO:

  1. ​PRIMERO: Se apruebe de manera inmediata la REMISIÓN FÍSICA E ÍNTEGRA de la copia certificada del Informe Definitivo N° AS-01-26 de la Dirección de Auditoría Interna, junto con todos sus anexos y actas fiscales, a la FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA / MINISTERIO PÚBLICO (Fiscalía Superior del Estado Carabobo / Fiscalía con Competencia en Materia Contra la Corrupción), a los fines del inicio de la investigación penal correspondiente.

  1. ​SEGUNDO: Se ordene la REMISIÓN PARALELA E INMEDIATA del referido Informe Definitivo N° AS-01-26 a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a los fines del ejercicio de sus potestades de control externo y la apertura de los procedimientos de determinación de responsabilidades administrativas y civiles a que haya lugar.

  1. ​TERCERO: Se asiente en el Acta de la sesión de hoy del Consejo Universitario la presente solicitud formal y la votación expresa de cada uno de sus integrantes sobre esta materia, a los fines de salvaguardar la responsabilidad individual de los consejeros.

​Es justicia que espero en la ciudad de Valencia, a la fecha de su presentación.

​DR. PABLO AURE SANCHEZ

C.I. V-5.208.546

Secretario de la Universidad de Carabobo

Otrosi

Esta propuesta fue negada por el CU con el voto salvado del Dr. Ulises Rojas Vicerrector académico.

No estoy denunciando ningún hecho, ni tampoco señalando responsabilidad alguna sobre alguien en particular, eso le corresponderá a los órganos jurisdiccionales. Como funcionario cumplo con lo establecido en el COPP y habiéndo conocido el informe de la auditoría que ha encontrado algunos hechos irregulares sobre el manejo y destino de fondos economicos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

Veremos si hacemos llegar esta petición de manera directa, ya que el Consejo Universitario negó la remisión.