El patrimonio de la UC es sagrado

UN EXHORTO CIUDADANO AL FISCAL GENERAL

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Como académico, ciudadano y defensor de la legalidad, comparto con la comunidad de Carabobo una profunda y justificada preocupación por el destino del patrimonio de nuestra Alma Máter. Cuando las instituciones internas fallan, la vía pública y la contraloría social se convierten en el último refugio de la justicia.

​Recurro a este espacio para dirigirme directamente al Fiscal General de la República. Lo hago porque en los canales regulares de la Universidad de Carabobo no hemos encontrado el árbitro imparcial que la ley exige. Hoy, lamentablemente, el Consejo Universitario ha declinado su rol de control para convertirse en un complaciente ejecutor de las decisiones de la rectoría y de sus afectos, otorgando al patrimonio público el trato de una propiedad privada.

​La gravedad de los hechos nos obliga a la firmeza. Hemos denunciado formalmente la venta irregular de un inmueble (un centro comercial, 28 locales El Majay) situado en la avenida Bolívar, la zona de mayor plusvalía comercial de Valencia. Mientras su valor real supera los tres millones de dólares, esta administración lo enajenó en la irrisoria suma de 300 mil dólares. Esta operación se ejecutó al margen de la Ley Orgánica de Bienes Públicos:

• ​Sin oferta pública que garantizara la transparencia.
• ​Sin peritos avaluadores que resguardaran el valor real del bien.
• ​Sin la autorización de la Superintendencia correspondiente.
• ​Con la agravante de haberse recibido pagos mediante instrumentos financieros cuya validez y claridad contable dejan serias dudas.

​Tras interponer la denuncia inicial en Valencia, acudimos a la Fiscalía General de la República para solicitar formalmente la designación de un Fiscal Nacional con Competencia Anti-Corrupción. El objetivo es claro: blindar este proceso, garantizar la objetividad y evitar que las presiones políticas enloden una investigación que la reserva moral de este estado exige ver culminada con transparencia.

​Esta preocupación no es solo mía; pertenece a cada profesor, estudiante, egresado y ciudadano que entiende que el desvalijamiento de la universidad es el desvalijamiento del futuro de nuestra región. No podemos ser espectadores indiferentes ante la opacidad.

​Hago un llamado a la sociedad civil carabobeña, a los gremios y a la comunidad universitaria a unirnos en esta exigencia legítima. Dejemos claro, con respeto pero con absoluta firmeza, que Carabobo espera del Ministerio Público una actuación oportuna y a la altura de la legalidad que nos merecemos. La impunidad no puede ser la norma.