Ciudadana
Rectora y demás miembros
del Consejo Universitario de la UC
Quien suscribe, Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades y el Reglamento Interno, consigno formalmente mi VOTO SALVADO ante la pretensión de este cuerpo de dar por "recibido" o "en cuenta" el informe financiero de la fundación FUNDAIURIS, adscrita a la Facultad de Ciencias Jurídicas y politicas. (dado a conocer en la sesión de CU celebrada el 20/02/2026)
Fundamento mi posición en las siguientes consideraciones de orden jurídico, contable y ético:
I. LA FALACIA DEL "RECIBIDO": LA COMPLICIDAD POR OMISIÓN
El Consejo Universitario no es una oficina de correspondencia ni un receptor pasivo de documentos. Según la normativa vigente, este cuerpo tiene el deber irrenunciable de control y vigilancia sobre los entes descentralizados.
- Aceptar un informe que carece de soportes de ingresos y egresos no es un acto administrativo neutro; es una validación tácita de la irregularidad.
- Quien recibe "en cuenta" un documento financiero ciego, sin exigir los anexos que demuestren el destino de los fondos, se convierte en corresponsable solidario de cualquier malversación o desviación que allí se oculte.
II. EL OSCURANTISMO COMO POLÍTICA ADMINISTRATIVA
Es un hecho público y comunicacional que, como Secretario de la UC, solicité formalmente la data de los inscritos en los cursos introductorios, la cual fue negada bajo criterios pueriles avalados por este mismo Consejo. Hoy, esa negativa se traduce en un fraude a la transparencia:
- Inexistencia de Base de Cálculo: Sin la data de inscritos en pregrado y postgrado, el informe presentado es una ficción contable. No se puede auditar el ingreso si se oculta el universo de contribuyentes (estudiantes).
- Indeterminación de Aranceles: El informe omite el valor de los servicios estudiantiles y el costo real de los cursos de postgrado y programas que comercializa FUNDAIURIS.
- Ruptura de la Trazabilidad: Al no existir una relación entre el número de alumnos o, aspirantes a ingresar a la FCJYP y el monto reportado, el informe pierde su cualidad de documento financiero y pasa a ser un simple panfleto de autogestión sin control.
III. LA AFRENTA A LA ACADEMIA Y AL DERECHO
Resulta paradójico que estas prácticas de oscurantismo emanen de una Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Este Consejo, al "ponerse una venda en los ojos", permite que la mencionada facultad opere como un enclave fuera del alcance de la contraloría universitaria.
- Interrogante Fundamental: ¿Cómo puede un cuerpo colegiado de académicos validar un informe de gestión cuando se les oculta quiénes son los alumnos, cuántos aspiraron a ingresar pero no fueron admitidos, cuánto pagan y en qué se gasta su dinero? Hacerlo no es un error de procedimiento; es una lección de antijuridicidad que este CU le dicta a la comunidad universitaria.
IV. RESERVA LEGAL Y RESPONSABILIDAD PERSONAL
Salvo mi voto para dejar constancia histórica de que no convalido la opacidad. Este informe es una burla a la inteligencia de los consejeros y una bofetada a la ética administrativa.
Mi responsabilidad como Secretario de la UC me obliga a denunciar que este "despacho" de informes solo busca proteger intereses grupales en detrimento del patrimonio de nuestra Universidad. La autonomía universitaria es para rendir cuentas al país, no para el ocultamiento de fondos bajo el amparo de la burocracia rectoral.
POR TODO LO EXPUESTO:
Solicito que el presente texto sea insertado íntegramente en el acta de la presente sesión, reservándome el derecho de ejercer las acciones legales y administrativas ante los órganos de control externo, dada la manifiesta negligencia de este Consejo en el ejercicio de sus funciones supervisoras.
En Valencia, a los veinte días del mes de febrero de 2026.
Prof. Pablo Aure
Secretario UC
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