Del abandono del cargo al desconocimiento internacional

¡Hasta cuándo!                                       

Del abandono del cargo al desconocimiento

@pabloaure

Necesario es recordar que en menos de dos años se han producido decisiones tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial que aclararían cualquier duda sobre la inexistencia de presidente de la república constitucional en Venezuela.

En efecto, el 9 de enero de 2017, la Asamblea Nacional acordó que Nicolás Maduro abandonó el cargo y por lo tanto su falta absoluta tenía que ser suplida. Luego, el año pasado por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, el legítimo, o sea, el que está en el exilio, se dejó claro que existe un vacío de poder ya que Nicolás Maduro fue condenado por hechos de corrupción, lo cual acarrea su destitución.

Entonces la respuesta clara es que, mucho antes del 10 de Enero del 2019, la presidencia de Venezuela está vacante. Inexcusable es llenar ese vacío, para lo que sabemos, hace falta aparte de decisiones jurídicas y políticas acertadas, la fuerza necesaria que hagan cumplir las resoluciones que se tomen al respecto que, de acuerdo a lo dicho por el nuevo presidente de la AN, pasan por terminar con la usurpación, formar gobierno de transición y luego las anheladas elecciones libres.

Legitimidad del TSJ no está en entredicho.

El TSJ está en el exilio por una razón. Sus magistrados fueron perseguidos, amenazados y encarcelados por la tiranía, lo que hizo inevitable que salieran del país para proteger sus vidas y poder constituir, contra todo pronósticos y en medio de la civilidad de un verdadero sistema democrático, un despacho que les permitiera ejercer sus funciones, aunque fuese desde otro país. Por lo tanto, su legitimidad es incuestionable, pues ellos fueron nombrados de acuerdo con la Constitución por la actual AN, a raíz de la violación en el nombramiento de los “magistrados exprés” por la anterior Asamblea. Nombramientos que no solo fueron desconocidos por nulidad absoluta debido a la forma en que se realizaron, sino que, en muchos casos, esos magistrados ni siquiera cumplían requisitos fundamentales, como la formación profesional indispensable para ocupar dichos cargos.

Por eso es imperioso resaltar que la legitimidad del TSJ en el exilio deviene en principio porque ellos fueron nombrados y juramentados por la misma Asamblea Nacional que los venezolanos elegimos en diciembre del 2015 y que desde el 5 de enero de este año 2019 preside el joven diputado de Voluntad Popular, Juan Guaidó. Demás está decir que en reiteradas ocasiones las actuaciones de este TSJ en el exilio han sido reconocidas por la misma Asamblea Nacional, aunque sus sentencias no hayan sido cumplidas o ejecutadas.

Para nadie es un secreto que dentro de la misma oposición, existen factores cuyos intereses, que hoy no vamos a evaluar, pasan por la implosión y desaparición de este TSJ en el exilio, pues luego de su nombramiento, que no dudo haya sido para acallar las exigencias de un país que reclamaba el cumplimiento de su voluntad expresada el 16 de Julio de 2017, en un plebiscito sugerido y ejecutado por esta misma AN, nunca imaginaron que el compromiso de estos magistrados para con el país trascendería a los estadios que hoy conocemos.

De la casualidad a la sospecha.

Desde finales del 2018 y vista la preocupación que internacionalmente ha generado la situación venezolana, lo que derivó en el aumento de la presión de la comunidad internacional, entre ellas, el desconocimiento de Nicolás Maduro, comenzaron extraños movimientos emanados de factores identificados con la oposición, pero esta vez, dirigidos a cuestionar la legitimidad del TSJ precisamente a raíz de la sentencia condenatoria contra Maduro, en la que salió a relucir el nombre de Henrique Capriles, no como culpable de nada, ni tampoco como corrupto, sino, para que se investigara el señalamiento ya que, de acuerdo a declaraciones de testigos su nombre es mencionado en relación a los casos de sobornos de la empresa Odebrecht.

Pues bien, si queremos pecar de ingenuos, dejémoslo a la casualidad, pero insisto en remarcar dos hechos que fueron casi simultáneos, la publicación de la sentencia condenatoria a Maduro y el inicio de una campaña que cuestionaba al TSJ con argumentos absurdos como, por ejemplo, señalar la imposibilidad de ejercer el cargo de presidente del TSJ a Miguel Ángel Martin, porque según los cuestionadores, el magistrado tiene doble nacionalidad. Desde luego, de haber sido cierto, sería una causal que lo inhabilitaría, pero resulta que el doctor Martín no tiene dos nacionalidades y eso lo saben los diputados que examinaron sus credenciales y además lo entrevistaron antes de su nombramiento.

El asunto es que esa casualidad nos lleva al plano de la sospecha, a medida que se acerca el día del inicio del nuevo periodo presidencial constitucional, que será el 10 de enero. Son, por demás evidentes, los esfuerzos que desde un sector de la AN se materializan por obviar la existencia y legitimidad del TSJ.

No entendemos una razón distinta a la de suponer, y no sin argumentos que, en caso de que la Asamblea Nacional no llene el vacío de poder, está vez también anunciado por la Comunidad Internacional, le correspondería hacerlo al órgano judicial. En este supuesto, quedaría anulada cualquier pretensión partidista de “negociar” posiciones grupales que a la larga le darían oxígeno al régimen.

Siento que poco a poco se han venido desmontando esas pretensiones ya que, comenzando por el secretario de la OEA Luis Almagro, pasando por la invitación emanada de la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre pasado, últimamente en declaraciones del senador estadounidense Marco Rubio, en la invitación extendida por el hoy presidente de Brasil Jair Bolsonaro y recientemente con el pronunciamiento del Grupo de Lima se ha reconocido internacionalmente la legitimidad del TSJ presidido por el magistrado Miguel Ángel Martín.

Nos corresponde entonces a los ciudadanos reforzar ese reconocimiento y defender el potencial que juntos tienen la AN y el actual TSJ en exilio para llevar adelante una transición apegada a la Constitución y que guíe los pasos de aquellas voluntades que dentro y fuera del país, han ofrecido ayudarnos en este proceso.

Basta de trastadas políticas.

Esperemos que en el transcurrir de los días se consolide la imagen de estos dos poderes que, gracias a su legitimidad de origen y desempeño, coordinen esfuerzos en pro de una salida lo más pacífica posible, no nos adelantaremos a los acontecimientos, pero estaremos observando lo que ocurra en el seno de la Asamblea Nacional.

Sería un error constitucional, político y sobre todo estratégico de grandes dimensiones, que la AN insista en desconocer y atacar al actual TSJ en el exilio. Sería como borrar de un golpe todo lo adelantado con la Comunidad Internacional y que tanto esfuerzo nos ha costado.

Para concluir con este punto, y si por fin hacemos las cosas en función de los intereses del país y no de partidos o tendencias políticas, me atrevería a decir que la decisión en el orden internacional de apoyar a Venezuela, está tomada.

El Grupo de Lima sugiere que los cambios debemos generarlos desde dentro del país y estoy de acuerdo, pero será imposible si no comenzamos por alinearnos en criterio y objetivos, la oportunidad la tenemos y hago votos porque no la desperdiciemos como en otras ocasiones.

Por ello, hay que recordarle a quienes se imaginan que pueden seguir manipulando la confianza de la gente, que los venezolanos están cansados de jugarretas políticas a sus espaldas y esta vez velarán porque las cosas se hagan como se deben hacer.

Pablo Aure