Defensora del pueblo pone en evidencia su deslegitimación/ @DavidRutman

Bajo ningún respecto,   la Defensora del Pueblo debe hablar de diferencias en cuanto a la Tortura, la cínica diferenciación entre los mecanismos para obtener la confesión de supuestos sospechosos de delitos y los excesos por parte de los organismos de orden público civil o militar en la represión de manifestaciones públicas constituyen ambas una afrenta a  los derechos humanos que pone en evidencia la decadencia y deslegitimacion de los titulares de los poderes públicos, y la violación de la Carta Magna, de los tratados internaciones pactados en la materia y de una anticultura de muerte, fascismo y crueldad. La Constitución de la República ha concebido al Poder Ciudadano, del cual forma parte la Defensoria del Pueblo como el órgano del Consejo Moral Republicano que tiene a su cargo la promoción, la defensa, la vigilancia de los derechos y garantías  establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, como lo establece la Exposición de Motivos, texto que forma parte integrante de la Carta Magna de 1999 y que define los postulados dogmáticos del Estado de Derecho. La Defensoria del Pueblo debe velar por el efectivo respeto de los Derechos Humanos y con la declaración en donde expresa una "diferenciacion" entre tortura para obtener confesión y exceso lo que hace es justificar dos especies de delito. La declaración es contraria a lo que establece el artículo 46 de la CRBV que consagra la garantía a la integridad física, psíquica y moral siendo prohibida en Venezuela la tortura o trato cruel, inhumano y degradante practicado por agentes del Estado. La funcionaria no puede "diferenciar" porque no puede establecer categorías válidas porque ambas son delictuales. Lo que estamos viviendo es una tragicomedia en donde los titulares de los poderes públicos utilizan terminos crueles para minimizar la gravedad de los excesos: Tan grave es la tortura para obtener confesión bajo sufrimiento a un ser humano como lo es también inflingir palizas a quienes manifiesten. Con esa declaración se reconoce que en Venezuela se violan los derechos humanos bajo dos formas. Igualmente, se violan los artículos 2, 3, 19, 22, 23,25, 31, 44, 49, entre otros, es grave tal declaración que en otro país acarrearía la renuncia de la funcionaria o su destitucion por parte de la Asamblea Nacional. El debate en el país es urgente para no sólo tratar esta conducta sino para reflexionar que estamos frente a un Estado y sus Instituciones que deben revisarse, aggiornarse para alcanzar la concertacion que no se conseguirá en mesas de paz sino en la instrumentación de los mecanismos  como una Constituyente  y así establecer un nuevo marco de acción y relegitimar las autoridades.

Prof David Rutman

Decano Facultad de Ciencias Juridicas y Políticas UC