"Discurso de toma de posesión presidencial ante el Congreso Nacional" Rómulo Betancourt (1959)

[13 de Febrero de 1959]

En respetuoso acatamiento de lo dispuesto por el soberano Congreso, que fijó la fecha de hoy para la iniciación del régimen constitucional, acabo de jurar que cumpliré y haré cumplir fielmente la Constitución y las leyes, en ejercicio de la Presidencia de la República. Al comparecer ante el Poder Legislativo, auténtica expresión del pueblo porque el pueblo lo eligió -por el sistema democrático del sufragio directo, universal y secreto- en los inobjetables comicios del pasado 7 de diciembre, no he cumplido sólo con una fórmula de ritual. Sobrecogido el ánimo por la magnitud y responsabilidad de la tarea por venir, planteada a los venezolanos de hoy en términos de reto, he sentido muy dentro de mí mismo la trascendencia de este acto, un eslabón más de singular proyección dentro del proceso revalorativo de la nacionalidad, iniciado en Venezuela el primero de enero de 1958.

En esta fecha memorable estalló, frente al régimen dictatorial instaurado el 24 de noviembre de 1948, la sorda pero sostenida oposición a la arbitrariedad erigida en fórmula de gobierno, que siempre estuvo presente en vastos sectores de las Fuerzas Armadas. Precedieron a ese estallido insurgente de grupos militares, transitoriamente debelado, las heroicas refriegas callejeras, en Caracas y en otras ciudades, de estudiantes, pueblo y mujeres inermes contra el despotismo superarmado, respuesta de la nación al escarnio plebiscitario. Y culminó la primera fase de esa marcha resuelta de Venezuela hacia la reconquista de sus libertades y hacia la recuperación de su dignidad colectiva, con los históricos sucesos del 23 de enero, cuando las Fuerzas Armadas y un vastísimo frente civil, confluyendo en la empresa libertadora, le dieron el empellón final al podrido armatoste del despotismo. La aurora de la libertad alumbró de nuevo en esta tierra, en esta tierra donde nunca se extinguió el ansia de vida libre y digna. Los diez años de oprobio dejaron, en aleccionador contraste con sus muchos balances negativos, uno enaltecedor: el de que durante esa década las cárceles de Venezuela y los países hospitalarios con el exilado político, estuvieron poblados por millares de venezolanos leales a lo que es entrañable e irrenunciable para la nación: la pasión de libertad. En 1952, esa pasión inextinguible se expresó en la derrota aplastante que sufrió la dictadura al llamar a consulta comicial, cuyos resultados fueron irrespetados y burlados; y por ella, por la pasión de libertad, docenas de venezolanos ilustres murieron en las cárceles, en el destierro o asesinados en las calles. Algunas de sus madres y de sus viudas, algunos de sus huérfanos, están aquí presentes, en el palco de honor del Palacio Legislativo. Nombrarlos a ellos, mis amigos entrañables, me estrujará el corazón, pero lo hago porque siento que así se acrecerán mis modestas capacidades para cumplir hasta el fin, sin desfallecimientos ni claudicaciones, el terrible deber y el honroso cometido que me confirió el pueblo al elegirme su Presidente.

Que sobre nosotros gravite, en esta hora impar, como inexorable mandato de no cejar en el empeño de hacer de Venezuela una patria ya para siempre inserta dentro de un estilo de vida democrática, inmunizada contra la recurrencia dictatorial, la imperecedera presencia inmaterial de Leonardo Ruiz Pineda, de Alberto Carnevali, de Antonio Pinto Salinas, de Andrés Eloy Blanco, de Valmore Rodríguez, de Luis Hurtado Higuera, de Luis Troconis Guerrero, de Cástor Nieves Ríos, de Víctor Alvarado, de tantos otros más; de las víctimas anónimas de Turén, Tunapuy y Tunapuicito; de los que murieron en las cárceles, en el campo de concen¬tración de Guasina y en las jornadas callejeras de enero del 58; de los que sin ser militantes políticos los hizo sus víctimas la vesanía criminal del régimen, como el industrial Mario Pérez Pisanti; y de los militares que fallecieron en el exilio o fueron también victimados, como el teniente coronel Mario Ricardo Vargas; los capitanes Juan Bautista Rojas, Wilfrido Omaña y el teniente León Droz Blanco. Homenaje a su memoria esclarecida, a ellos que ya están en el panteón de la inmortalidad, rindo en esta hora de júbilo republicano para la patria.

Derrocado el despotismo, Venezuela demostró, en forma que desmantela definitivamente la tesis acerca de la vocación anarcoide de su pueblo, elaborada por sociólogos improvisados al servicio de las dictaduras, su capacidad para el disfrute y ejercicio de las formas democráticas de gobierno y de vida. Demostró ser "vieja en los usos de la sociedad civil”, como la decía el Libertador Bolívar en su Carta de Jamaica, al desarrollar una concepción optimista relacionada con la actitud de las entonces colonias americanas para desenvolverse, una vez conquistada su soberanía, dentro de los sistemas políticos de derecho.

Sin asomo alguno de jactancia nacionalista, de mal gusto, con la objetividad de quien constata una realidad de positivos relieves en el acontecer de esta tan incomprendida y, a veces, calumniada América Latina, señaló el hecho de que no su cedió al despotismo unipersonal la enconada disputa de grupos por el poder, y de que eliminado el orden mecánico impuesto a la sociedad por el terror, no advino una situación caótica. Hubo, es cierto, brotes aislados de inadaptabilidad al orden de cosas democráticas, promovidas por grupos sin mayor arraigo colectivo, como fueron los del 23 de julio y el 7 de septiembre, pero ambos fracasaron ante la actitud institucionalista de las Fuerzas Armadas y ante la irrenunciable decisión de los venezolanos de todos los estratos sociales y de todas las condiciones económicas, de cerrarles el paso a los empresarios del retroceso. Se han apreciado síntomas de desajuste en las relaciones entre gobierno y población, con manifestaciones de autoridad, reguladoras de la vida de relación en las modernas sociedades civilizadas. Pero esas manifestaciones de irrespeto a los poderes constituidos, han sido consecuencia de problemas sociales irresueltos acumulados a lo largo de la década dictatorial, y en algunos casos las han promovido directamente agentes de los prófugos que aún operan dentro del país, pero ninguna de ellas ha significado riesgos de que la sociedad venezolana se sienta amenazada en sus bases estructurales.

Por lo contrario, lo que Venezuela ha vivido y el mundo democrático ha admirado, es una etapa posterior a la dictadura regida por gobiernos respetuosos de la libertad y de la dignidad ciudadanas, y una nación de conciencia cívica adulta, capacitada plenamente para transitar por los caminos pacíficos de la ley democrática hacia el logro de su estabilidad institucional.

Honrar honra, dijo José Martí. Y me honro dejando testimoniada de la gratitud nacional para los hombres que encarnaron y respetaron, desde el gobierno de la República, la voluntad democrática de Venezuela en el breve lapso de doce meses y días de provisionalidad, que van del 23 de enero de 1958 a esta fecha de hoy, en la cual se inicia el quinquenio de gobierno constitucional. Cito los nombres del contralmirante Wolfgang Larrazábal, primer Presidente de la Junta de Gobierno, militar civilista que dio el ejemplo de abandonar el poder para competir como simple ciudadano, en limpia lid electoral, con un ilustre venezolano, el doctor Rafael Caldera, y conmigo mismo, y de ser de los primeros en acatar y en pedir a sus numerosos partidarios que acataran el veredicto de la mayoría popular; y el doctor Edgar Sanabria, jurista y profesor de eminentes cualidades, quien también en calidad de Presidente de la Junta impartió lección a América de estricta imparcialidad en la difícil hora de arbitrar el proceso de comicios, y quien desciende hoy de su alta investidura con la satisfacción de haber dejado de su paso por el poder indeleble huella de su paso por el poder. Y junto con Larrazábal y Sanabria compartieron, en distintas etapas, la responsabilidad de cogobernar a la República, tres civiles de conocida vocación de servicio público y de respeto a la dignidad del hombre y a las libertades del ciudadano: Don Eugenio Mendoza y los doctores Blas Lamberti y Arturo Sosa. Justicia al mérito se rinde cuando a estos hombres se agregan los de tres militares que también, in¬tegrados a la Junta de Gobierno, fueron fieles a la actitud institucionalista que Venezuela siempre esperó de sus Fuerzas Armadas y al propósito que en éstas se aprecia de contribuir a la estabilidad del régimen democrático, respaldándola con las armas que les entregó la República. Me refiero a los coroneles Pedro José Quevedo y Carlos Luis Araque y al capitán de navío Miguel Rodríguez Olivares.

Esa exitosa manera de conducir al país en el tránsito de despotismo a constitucionalidad, ejercida por la Junta de Gobierno, hubiera sido esfuerzo fallido sin el concurso de la nación. Esta lo aportó, de manera espléndida. Así como en los días de la gran revolución francesa la gente deponía sus discordias ante las contraofensivas monárquicas de los coaligados de Coblenza al grito de "Unión sagrada: la Patria en peligro", así los venezolanos sellamos un pacto de unidad nacional, escrito en la conciencia de todos, para preservar la libertad recién recobrada. Patronos y obreros llegaron a fórmulas de avenimiento, y ni una sola huelga de envergadura ha entorpecido en los últimos tiempos el normal proceso de la producción, y la Federación de Cámaras y el Comité Sindical Unificado sincronizaron su paso al frente solidario cuantas veces estuvo amenazado el orden de cosas nuevas. Los gremios de profesionales suscribieron un pacto solemne comprometiéndose ante el país y ante la historia a no prestar jamás sus servicios de técnicos a un régimen de usurpación. El estudiantado de las universidades de la República ocupó siempre los lugares de mayor riesgo, con alardosa y hermosa decisión juvenil, cuando se vislumbraron, o se concretaron, peligros de retroceso en la evolución del país hacia la constitucionalidad. Y, los factores últimos, últimos en esta exposición, aun cuando en la escala jerárquizadora de importancia les corresponden rangos más preeminentes que hicieron posible el éxito hasta ahora logrado en la experiencia democrática venezolana, fueron la posición asumida por las Fuerzas Armadas y por los partidos organizados, las primeras marginándose al debate político y a la controversia ideológica, y aportándole respaldo consecuente al régimen provisional; los partidos dando una revelación impresionante de clara conciencia de sus responsabilidades con el destino de Venezuela. En forma sumaria y esquemática, siquiera, debe recordarse y precisarse los contornos de esa actitud de las diversas corrientes ideológicas organizadas en partidos, y más cuando, ciudadanos congresantes, ha tenido ella otra expresión positiva muy reciente en la forma como ha sido integrado el primer Gabinete Ejecutivo del gobierno constitucional, al cual tomaré el juramento de ley en el Palacio de Miraflores, dentro de pocos momentos.

Los partidos políticos venezolanos, obligados por el despotismo a laborar en la clandestinidad, convinieron en una acción concertada y unida para abrirle a Venezuela caminos hacia el orden democrático. La Junta Patriótica, de tan relevante actuación en las postrimerías del régimen de los diez años, fue una de las expresiones visibles de ese acuerdo. Su vigencia hizo posible que no se presentaran fisuras, sino compactación en las filas populares, en los inolvidables días de las jornadas multitudinarias de diciembre de 1957 y enero de 1958. Y al recuperar la nación su fisonomía democrática, el pacto para erradicar al despotismo se transformó en otro, de tregua en la pugna interpartidaria y de esfuerzo coordinado para ofrecer a la nación soluciones a sus problemas básicos, políticos, económicos y sociales. Dentro y fuera de Venezuela -debemos reconocerlo y admitirlo- se apretó con no disimulado escepticismo, ese compromiso acordado entre colectividades partidistas con programas propios y diferenciados, con estilo y filosofía políticos autónomas, que en el trienio 1945/1948 habían consentido ásperamente en el parlamento, en la prensa y en la calle; y animados cada uno de ellos por el impulso que se conceptúa generalmente como la única fuente energética de los partidos democráticos: la conquista del poder por la vía del sufragio, para ejercerlo en ejecución de una plataforma privativa y con sus propios equipos humanos.

Los augurios pesimistas fallaron. La discordia interpartidista fue reducida al mínimum y así revelaron sus conductores que habían aprendido la dura lección que a todos los venezolanos nos dio el despotismo. En la clandestinidad, en la cárcel, en el destierro o sobrellevando en la calle una libertad siempre en precario, comprendimos que por la brecha abierta en el frente de la cultura y de la civilidad, se abrió paso la conjura del 24 de noviembre de 1948, de inconfundible signo regresivo y que algunos apoyaron por desprevenida buena fe, conjura que derrotó al gobierno legítimo del Maestro de Venezuela, de Rómulo Gallegos.

Mucho más profundo que la regularización de la controversia pública y el respeto a las reglas del juego democrático, fue el sentido que se dio a la tregua interpartidista. Llegó a tan positivos extremos como el de la suscripción, el 31 de octubre de 1958, de un pacto público, en el cual los partidos Acción Democrática, el Social Cristiano COPEI y Unión Republicana Democrática adquirieron compromisos concretos con la nación, en vísperas de iniciarse la campaña electoral de esas tres colectividades, cada una de ellas con su propio candidato a la Presidencia y con listas propias de aspirantes a cargos electivos en organismos deliberantes. Se comprometieron a darle al debate electoral un sostenido y elevado tono principista, erradicándose el desfogue verbal y la acrimonia personalista; a respetar y a hacer respetar el resultado de los comicios; a popularizas un programa común de gobierno y a que se gobernase luego dentro de un régimen de coalición. El 6 de diciembre de 1958, un día antes de efectuarse las elecciones, como recuerdan emocionados todos los venezolanos, concurrimos Larrazábal, Caldera y yo al local donde sesionaba el Consejo Supremo Electoral, grupo de eminentes ciudadanos que bajo la presidencia idónea del doctor Fidel Rotondaro dirigió y supervisó el proceso de comicios, y allí mismo ratificamos con nuestras firmas, ya en directa posición de contendores por la Presidencia de la República, el anterior pacto del 31 de octubre.

El país sabe cómo se cumplieron, con mutua lealtad, esos compromisos. Pero faltaba la prueba de fuego y de ella ha salido indemne la buena fe de los partidos y seguramente acrecida la confianza de la nación en los hombres públicos que conducen las tres más poderosas corrientes nacionales de opinión organizada. Esa prueba era la de la estructuración del nuevo gobierno. Los suspicaces pensaban que, en ejercicio sin trabas de la facultad constitucional que me asiste de escoger libremente al Gabinete Ejecutivo, integraría éste con olvido de los compromisos contraídos con URD y con COPEI. Otros pensaban que a mi reiterada afirmación de que presidiría un gobierno de coalición y no unipartidista, o de sólo miembros de Acción Democrática y de individualidades políticamente independientes, le esperaba un obstáculo insuperable. Aludo al de una presunta intransigencia de urredistas y de copeyanos, deseosos de eludir las corresponsabilidades del poder y de irse en zafarrancho de combate hacia las aspilleras de la oposición. Se agregaba, para darle cierto toque de dramatismo al sombrío cuadro, que esos partidos amigos pensaban utilizar el expediente -para torpedear el ensayo de gobierno de coalición- de hacerme exigencias inaceptables, por cuanto comportarían abdicación de facultades que son privativas del Presidente de la República, según textos constitucionales democráticos y tradiciones muy arraigadas en nuestras costumbres políticas.

Fracasaron los cálculos alarmistas de los descreídos, algunos formulados con la mejor buena intención. He podido llegar a un acuerdo de fondo con los partidos políticos, a través de sus jefes doctores Jóvito Villalba y Rafael Caldera, para la integración de un gobierno de ancha base nacional, donde tienen los partidos adecuada representación, así como también los sectores de la producción sin ubicación partidista y los grupos técnicos. Acción Democrática, con gesto que me ha conmovido y obligado aún más con esa colectividad política que contribuí a crear, me relevó de responsabilidades disciplinarias para la escogencia del equipo ministerial, dejándome libertad cabal para integrar el gobierno en la forma que conceptuara más apropiada a la buena fe, empeñado con sinceridad en acertar, deseoso de procurar lo mejor para Venezuela, aun a riesgo de aparecer como inconsecuente con personas de mi mejor amistad y con capacidad de servicio público, quienes en esta oportunidad no ocuparán cargos en el Gabinete, porque en ellos estarán otros venezolanos conceptuados también por mí como expresión tangible de la idea de un gobierno con ancha base venezolana, prometido a la nación cuando la recorrí de un extremo a otro de su amplia geografía, exponiendo en las tribunas públicas los que serían lineamientos de mi conducta como gobernante si resultaba electo Presidente de la República.

El gobierno de coalición que hoy será anunciado al país, en decreto ejecutivo que se publicará en la Gaceta Oficial de esta misma fecha, no ha respondido a las reglas de la aritmética electoral. Acción Democrática tendrá sólo dos carteras servidas por dirigentes suyos y tres cada uno de los partidos aliados. Pero ni estos partidos me pidieron esa proporcionalidad, ni lo hecho en esta ocasión consagra una fórmula inmodificable. Prevalece en el Gabinete una mayoría de técnicos, políticamente independientes, unos reafirmados en sus cargos, garantizándose así la continuidad administrativa y la continuidad del servicio a la República de eminentes ciudadanos; otros incorporados ahora al quehacer gubernamental con capacidad indiscutible. Es por causa de los necesarios cambios en el tren ejecutivo de un gobierno que inicia su gestión y bajo el compromiso de poner en marcha a un régimen de coalición, por lo que el Gabinete ha sido ratificado sólo parcialmente. Espero y confío en que los valiosos ciudadanos que no continuarán en sus actuales cargos ministeriales podrán seguir prestando en lo futuro servicios a la República y cooperación al Gobierno constitucional.

Ha prevalecido también un criterio de amplitud en la escogencia de los gobernadores del Distrito Federal, de los veinte Estados y de los dos territorios.

Las conversaciones celebradas por mí para la integración del gobierno se han circunscrito a los partidos políticos Copei y Unión Republicana Democrática. Fueron esas dos colectividades y Acción Democrática, la que me postuló a la Presidencia, las suscriptoras del pacto tripartito del 31 de octubre de 1958. De ese pacto fue excluido el Partido Comunista, por decisión razonada de las organizaciones que lo firmaron. En el transcurso de mi campaña electoral fui explícito en el sentido de que no consultaría al Partido Comunista para la integración del gobierno y en el de que, respetando el derecho de ese partido a actuar como colectividad organizada en el país, miembros suyos no serían llamados por mí para desempeñar cargos administrativos en los cuales se influyera sobre los rumbos de la política nacional e internacional de Venezuela. Esta posición es bien conocida de los venezolanos; y la fundamentaron los tres grandes partidos nacionales en el hecho de que la filosofía política comunista no se compagina con la estructura democrática del Estado venezolano, ni el enjuiciamiento por ese partido de la política internacional que deba seguir Venezuela con los mejores intereses del país.

La forma como ha sido integrado el gobierno no responde a un ánimo excluyente y su gestión estará signada por una actitud continuada, firme, de convivencia democrática. Porque la unidad nacional que ayer contribuyó a erradicar a la dictadura y a garantizar el tránsito hacia la constitucionalidad, se requiere ahora, con similar urgencia, para organizar el país sobre bases estables y justicieras.

Y es que la coyuntura actual venezolana, sin que alcance a darle asideros a la desesperanza derrotista y negativa, presenta facetas que no deben ocultarse al país. El pueblo venezolano ha preferido siempre conocer no la mentira piadosa, ni la media verdad elusiva, sino la verdad cabal y escueta, directamente dicha, porque del conocimiento de ella extrae reservas de energías para afrontar, tramontar y vencer las dificultades.

El país fue dejado por la dictadura al borde de la bancarrota. Las deudas impagadas suman cantidades cuya magnitud aún no ha sido precisada cabalmente, y ello indujo al gobierno saliente a contraer un crédito con bancos del exterior, que excede de los seiscientos millones de bolívares, y que sería utilizado por el Gobierno constitucional si así lo creyere conveniente. El nuevo gobierno habrá de continuar analizando seriamente el origen de esas deudas, pero ya parece evidente que los compromisos vencibles para el ejercicio fiscal 1959¬1%0 excederán de los quinientos millones de bolívares. La reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta realizada por el gobierno provisional, que el nuestro no se propone modificar en la actual coyuntura económica con el aumento de cargas impositivas, impedirá que el desbalance de la Tesorería Nacional llegue a un límite suscitador de alarmas. Es un hecho indiscutible el que no encontraremos, por la política hacendaria de despilfarrar lo que no desfalcaron, practicada por los hombres de la dictadura, un erario público en condiciones de abundancia, sino de estrechez.

Ello reclamará del Gobierno constitucional, para equilibrar las finanzas del Estado y para señalarle una tónica nueva al país, una política de austeridad. El nuevo rriquismo derrochador desaparecerá de las costumbres oficiales. Lo ornamental y suntuario en las obras públicas será radicalmente eliminado. Y junto con todo ello, con mano firme, sin temblor en el pulso ni vacilación en la empresa moralizadora, se castigará sin contemplaciones los delitos del peculado, del tráfico de influencias, del porcentaje corruptor, del favoritismo rentable para quienes lo practican en las colocaciones de comprar por los organismos oficiales o en el otorgamiento de contratos a empresas particulares. De inmediato se pondrá en plena vigencia la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios Públicos. Será integrado el tribunal especial en ella previsto, con representación del Congreso Nacional, de la Corte Federal y de Casación, de la Presidencia de la República y de los partidos políticos con representación parlamentaria. Ante ese tribunal podrá cualquier ciudadano denunciar a quien esté manejando dolosamente los dineros públicos. Y los funcionarios podrán, a su vez, denunciar a los particulares que les propongan negociaciones lesionadoras de los intereses del Fisco, porque tan digno de sanción es el cohechado como quien pretenda cohecharlo. Todos los funcionarios públicos que manejen intereses del Fisco serán instruidos para que hagan declaración jurada de sus bienes propios ante un juez, y esa declaración tendrá carácter de documento público, accesible al conocimiento de cualquier ciudadano que desee informarse de su contenido: "Hay que poner de moda la honradez", pedía Martí, y el Libertador, dirigiéndose al Congreso del Perú, le sugería que dictara "penas terribles contra los agentes del Tesoro que contribuyan a defraudar las rentas públicas". Fieles a esa tradición trunca de exigente moralidad administrativa iniciada por los próceres de la Independencia, seremos los hombres que gobernaremos la República en el próximo quinquenio.

Moralizada la administración pública, y continuándose y reafirmándose así lo hecho a partir del 23 de enero; eliminándose todo gasto público superfluo o suntuario, estará en capacidad el Gobierno de afrontar los problemas del desarrollo económico nacional y del mejoramiento de las condiciones de vida del venezolano, que resultan tareas inaplazables.

En lo que al primer punto se refiere, sanó la hora, sanó hace mucho tiempo, de que el país encare la necesidad de diversificar y de venezolanizar su producción. Estamos pendiendo prácticamente, como nación y como estado, de un solo hilo: el petróleo. La mayor parte del producto en dólares de lo que corresponde a Venezuela en la riqueza del subsuelo petrolífero, se transforma en mercancías importadas del exterior, y aun en bienes de consumo fácilmente producibles en el país. No pueden caber dudas de que las inversiones reproductivas que se hagan a través de la Corporación Venezolana de Fomento, del Banco Industrial y del Banco Agrícola y Pecuario, se encuentran entre aquellas reclamadoras de inmediata atención por parte del Estado. El desarrollo armónico de la producción agrícola, ganadera e industrial permitirá al país diversificar su actual fisonomía típicamente monoproductora y afrontar sin zozobras la hora, que inevitablemente llegará, en que se agoten los reservorios del aceite mineral. Dentro de esa política de desarrollo económico parece lo más indicado, y así lo hará de inmediato el gobierno que presidiré, la iniciación de conversaciones de cancillería con el gobierno amigo de Estados Unidos de América, para revisar, por mutuo acuerdo, el Tratado Comercial vigente entre ambos países. De igual modo se procurará arbitrar las fórmulas que hagan coincidir las medidas de proteccionismo arancelario a la industria nacional y el compromiso que no eludirá el gobierno de preferir en sus compras lo nacional a lo importado, con la defensa de los intereses del consumidor, el cual pide calidades aceptables a los productos criollos y que los precios de éstos no sean lesionadores de su débil y quebrantada capacidad de compra.

El desarrollo económico nacional reclama la realización de bien estructurados programas, algunos bajo control estatal, como los de la petroquímica y la siderúrgica; o mixtos, como el de la gran cuenca guayanesa, que por la confluencia de la energía eléctrica del Caroní, de las reservas ferrosas prácticamente inagotables, de amplias extensiones territoriales colonizables, de la siderúrgica nacional en marcha, del Orinoco como vía fluvial fácil para el tráfico transoceá¬nico, hacen de ese proyecto uno de los más tentadores para quienes ambicionamos contribuir a la creación de una Venezuela grande, próspera y feliz. Pero es que también faltan carreteras de penetración, complemento de las troncales ya hechas; y electrificación, más acelerada; y una red de puertos y aeropuertos; y obras de riego; y un sistema moderno de telecomunicaciones. Pienso, y así habré de proponerlo al Consejo de Ministros, que debemos proceder a contratar el estudio o realización de esas obras, de acuerdo con indicaciones técnicamente elaboradas, para que se realicen en plazo lo más rápido posible y puedan ser pagadas a las empresas europeas o norteamericanas que las construyan en razonables lapsos de diez a quince años. De igual modo, debe pensarse en utilizar el apreciable grado de capacitación de algunas empresas constructoras nacionales para contratar con ellas la ejecución de obras pagaderas en varias anualidades, mediante el sistema de partidas que se escalonen en sucesivos presupuestos. Pertenece al repertorio que los conceptos más obsoletos, realmente periclitados, la creencia de que un país, al utilizar su crédito público en el mercado nacional o internacional, está enajenando parte de su soberanía. Lo que se requiere es amplia discusión pública de cualquier negociación que vaya a realizarse del tipo de las señaladas, con adecuado conocimiento del soberano Congreso e información cabal al país de lo que se proyecte.

Esta utilización racional del crédito público permitirá aplicar aportes fiscales cuantiosos y continuados a la atención de problemas de primera magnitud. Hay en el país un desempleo generalizado y el número de personas sin trabajo, aun cuando no esté tabulado, alcanza a una impresionante cifra. El promedio de salario-día de una vasta porción del pueblo venezolano es tan bajo que el índice de ingreso de la familia campesina, generalmente muy numerosa, es de apenas ochocientos bolívares anuales, unos sesenta y tres bolívares mensuales. Cada año aumenta en cien mil nuevos venezolanos el número de los que se incorporan al mercado de trabajo, porque en el país existe un evidente predominio de gente joven y cerca del 50% de la población se encuentra en un límite de edad menor de los veinte años. La población campesina carece, en su determinante mayoría, de créditos, de tierras, y su vivienda habitual es el primitivo rancho de paredes de bahareque, techo de paja, piso de tierra, sin servicios sanitarios de ninguna especie. Setecientos mil ranchos constituyen el acervo de vivienda en el que habitan, en condiciones infrahumanas, varios millones de venezolanos.

Más de dos millones de adultos analfabetos; cerca de medio millón de niños en edad escolar sin planteles donde concurrir; apenas seis mil estudiantes en escuelas técnicas y artesanales; un déficit acusado de maestros y de profesores; pésimas construcciones escolares. La mortalidad infantil en el grupo de uno a cuatro años de edad es diez veces mayor en Venezuela que la registrada en los países desarrollados. Faltan en casi todas las poblaciones buenos servicios de acueductos y de cloacas y si se continuara su construcción al ritmo actual y no se acelera ese ritmo, se necesitaría el transcurrir de cien años antes de podérsele prestar esos servicios a toda la población. Los servicios asistenciales son insuficientes y faltan hospitales, por lo cual es urgente ejecutar nuevas construcciones, bien distribuidas geográficamente, con el fin de cubrir el déficit existente y las necesidades de una población creciente que reclama tres mil nuevas camas por año.

El Seguro Social Obligatorio apenas cubre los riesgos de enfermedad y accidente de trabajo yes imprescindible establecer los de invalidez, ancianidad, muerte y subsidio familiar por el número de hijos.

El Estado venezolano le aporta un menor porcentaje a ese Instituto de Seguros Sociales del que al suyo le aporta Chile, nación de reconocidas dificultades financieras.

Una política concertada de creación de fuentes permanentes de trabajo, de reforma agraria, de educación, de vivienda, de salud pública, la está exigiendo Venezuela en imperiosa forma, y desatender esas necesidades significaría no sólo criminal renuncia por la sociedad y por el Estado a sus deberes hacia la parte menos favorecida en la distribución de la renta nacional, sino un seguro riesgo de que el país se vea sacudido dentro del plazo más o menos largo por un desbordamiento de masas de pueblos desesperados, similar al turbión de la Guerra Federal.

Sería actitud poco responsable de mi parte exponer ahora los lineamientos concretos de un programa de acción administrativa. Habrá de ser discutido por el Gabinete Ejecutivo, después de un plazo prudencial de iniciación de tareas del nuevo gobierno. En su oportunidad será informado el país de los proyectos concretos en los cuales cristalicen estas ideas de carácter general, que por otra parte se ajustan al programa común de acción administrativa que suscribimos los candidatos a la Presidencia de la República el 6 de diciembre.

No se dispone de datos serios y confiables como para poder anunciar desde ahora un programa articulado de acción administrativa para los próximos cinco años.

El Departamento de Planeamiento Económico que habrá de organizarse con el concurso de calificados técnicos nacionales y extranjeros, permitirá que para el año 60-61 sí pueda presentarse al país un plan a cumplir en los últimos cuatro años del próximo quinquenio de gobierno y aun proyectado más allá de ese lapso, porque no es tiempo que se pierde al insistir, con obstinada reiteración, en que no llegaremos a solucionar armónicamente nuestros complejos y difíciles problemas, si se continúa con el sistema de los planes parciales, desarticulados e inconexos. Una coordinada y vasta acción de conjunto de gobierno y nación, planeada con detenimiento y ejecutada con acometividad agresiva, está pidiendo a gritos Venezuela para echar a andar con pasos seguros hacia un orden social nuevo.

Si se está en condiciones de asegurar desde ya que todos los planes administrativos del gobierno se ejecutarán recabando el concurso de la iniciativa privada para su mejor éxito, son tan vastos y difíciles los problemas del país, que para solucionarlos se requiere la cooperación de todos los venezolanos con sensibilidad social.

En lo que a política nacional se refiere ninguna duda puede caber de que el gobierno será respetuoso de las libertades públicas y garantizará su ejercicio; nadie será coartado para la exteriorización de sus ideas por todos los medios de expresión hablada o escrita, con la sola restricción de las que establecen las leyes de la República para quienes irrespeten a las instituciones que el pueblo libremente se dio o que pretendan, al amparo de las libertades, promover subversiones o motines. El orden y la democracia son perfectamente conciliables; el irrespeto y la agresión contra las autoridades legítimas no pueden ser tolerados y no serán tolerados.

En política internacional la línea de conducta del gobierno será consecuente con los módulos democráticos de su política interna.

Apoyaremos a las Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos y respetaremos y cumpliremos los pactos internacionales suscritos por las naciones que las integran. Solicitaremos cooperación de otros gobiernos democráticos de América para pedir, unidos, que la Organización de Estados Americanos excluya de su seno a los gobiernos dictatoriales porque no sólo afrentan la dignidad de América sino también porque el artículo 10 de la Carta de Bogotá, acta de constitución de la OEA, establece que sólo pueden formar parte de ese organismo los gobiernos de origen respetable, nacidos de la expresión de la voluntad popular, a través de la única fuente legítima de poder, que son las elecciones libremente realizadas.

Regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de sus ciudadanos y los tiranicen con respaldo de policías políticas totalitaristas, deben ser sometidos a riguroso cordón sanitario y erradicados mediante acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica interamericana. Tesis coincidentes con éstas aquí esbozadas son sostenidas hoy por partidos y personalidades muy influyentes, tanto de la América Latina como de Estados Unidos. Y quiero aquí rendir un homenaje de gratitud venezolana y de admi¬ración americana a quien, por sostener estas ideas con motivo de la inasistencia de Costa Rica a la X Conferencia Interamericana de Caracas, con el argumento inobjetable de estar gobernado el país-sede por un régimen despótico, afrontó una invasión a su país de tropas reclutadas, entrenadas y armadas por la Internacional de las Dictaduras. Me he referido a quien es hoy, en este recinto, ilustre huésped de Venezuela, el ex Presidente José Figueres.

Con los Estados Unidos, país con el cual nos unen, como con el resto de la América Latina, nexos geopolíticos y de vinculación económica, mantendremos cordiales relaciones, y que por ser con el país más poderoso del continente deberán situarse en un plano diferente de la sumisión colonialista y del desplante provocador. Tengo motivos para creer, y así se lo digo responsablemente al país, que serán normales, sin fricciones y mutuamente provechosas, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela.

Se procurará estrechas los nexos con los países de nuestra misma raza, religión, lengua e intereses económicos comunes, ubicados en el ámbito geográfico de América, porque además de los vínculos de tradición e historia nos une a ellos la circunstancia de ser todos países subdesarrollados o insuficientemente desarrollados. Tendremos presente en nuestra política de acercamiento con el resto de Latinoamérica, el apotegma previsivo del Libertador, formulado hace más de un siglo y que conserva plena vigencia: "Sólo la unión de los pueblos latinos de América los hard grandes y respetables ante las demás naciones".

Se enfocarán las posibilidades de concertar con otros países latinoamericanos acuerdos subregionales en materia económica y cultural, y se reafirmarán las gestiones iniciadas por el gobierno provisional para que la sede del proyectado Banco Interamericano de Fomento se radique en Caracas, a fin de que se amplíe la hasta ahora tímida política orientada a procurar que los organismos fundamentales del sistema interamericano no funcionen sólo en Washington o en Nueva York. Prestaremos nuestra colaboración a los trabajos exploratorios que se adelantan para la realización, a largo plazo, de la idea del mercado común latinoamericano, movimiento que no debe apreciarse con miope aislacionismo aldeano, ahora que los pueblos asiáticos, africanos y árabes nos están enseñando cómo a través de la concertación de acuerdos multinacionales los pequeños países pueden hacer oír cabalmente su voz en estos tiempos de división del mundo en bloques de grandes potencias.

Toda la política nacional e internacional del Gobierno se realizará a la luz del día, en diálogo constante del Gobierno con el pueblo, sin ocultarle nada a la nación, porque en definitiva los gobernantes no son sino mandatarios de ella, y porque es esa vigilancia permanente de la opinión pública lo que le impide al gobernante desviarse hacia el ensimismamiento ególatra, hacia la vacua presunción de infalibilidad. Consultaremos así, sin arrogancia, con humilde ánimo de escuchar y de atender lo razonable, a todos los sectores de la colectividad con respecto a los rumbos políticos y administrativos por imprimirle a la nación.

Se continuará el tradicional sistema, en materia religiosa, de libertad de cultos, afincado en sólidas tradiciones. El respeto a todas las creencias de carácter confesional no excluye el reconocimiento de que la mayoría del pueblo venezolano profesa y practica la religión católica. Cordiales serán las relaciones con la Iglesia, cuyo máximo prelado, monseñor Rafael Arias Blanco, ha contribuido en mucho a las buenas relaciones hoy existentes entre la jerarquía eclesiás¬ticas y las distintas colectividades políticas. Personalmente, creo que ha llegado la hora de que se inicien conversaciones con la Santa Sede para presentarle al Congreso de la República fórmulas que permitan, si éste lo considera conveniente, la sustitución de los inoperantes cartabones contenidos en la Ley del Patronato Eclesiástico, legislación perteneciente casi a la prehistoria de nuestro derecho público, por las normas más flexibles de un moderno modus vivendi, cuidadosamente discutido entre las partes contratantes.

La crudeza con que he expuesto algunas de las dificultades y problemas que confronta nuestro país coincide, aun cuando esto parezca paradójico, con la firme actitud de optimismo con que avizoro el porvenir de Venezuela, el inmediato y el mediato. Tenemos problemas, pero con posibilidades de afrontarlos para resolverlos. Nuestras riquezas mineras -petróleo, hierro- serán por varios años fuentes seguras de divisas; cantamos con una población laboriosa, trabajadora, esforzada, y la capitalización nacional ha permitido la formación de grupos de hombres de empresa con agresividad y empuje de capitanes de industria. Hay, además, un estado de ánimo colectivo en esta gran hora venezolana, propicio al entusiasmo, a la confianza en el porvenir, a la fe en el futuro. Conjugando recursos, voluntades y esfuerzos públicos y privados, podemos llevar adelante la empresa de estabilizar un régimen democrático en Venezuela, no sólo garantizador del ejercicio de las libertades ciudadanas sino también eficaz agente creador de riqueza, de cultura y de bienestar general. En esta empresa todos los venezolanos debemos empeñarnos, resueltamente, sin temor alguno por riesgos que amenacen la estabilidad del régimen que hoy se inicia. El Gobierno constitucional nace asistido de un sólido aval de opinión colectiva; y con el respaldo leal de las Fuerzas Armadas. He tenido ya amplio contacto, en mi condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que conlleva el cargo de Presidente de la República, con oficiales, suboficiales, clases y soldados del Ejército, la Aviación, la Marina y las Fuerzas Armadas de Cooperación. He podido apreciar que en los venezolanos dedicados al servicio de la patria en la institución castrense, prevalece un afán de superación, de estudio, de trabajo, dentro de un concepto de profesionalización y apoliticismo de la institución. He podido observar también cómo detrás de las fachadas de espectaculares edificaciones, no solicitadas ni deseadas por la institución castrense, se ocultan muchas dificultades y problemas para la mejor estructuración de nuestras Fuerzas Armadas. El Gobierno constitucional les prestará la debida atención, por considerar que son imprescindibles para la República y porque cumplen una silenciosa, abnegada y relevante labor, al garantizar el orden público y la seguridad de las fronteras nacionales.

Ciudadanos congresantes:

Con el país, a través de vosotros, contraigo el compromiso de venir a otra cita con el Poder Legislativo. Será el 9 de abril de 1964, cuando vaya a entregar a mi sucesor, electo como yo en comicios pacíficos y libres, esta banda tricolor que es símbolo del poder presidencial en Venezuela, y con la cual me cruzó el pecho el señor Presidente del Senado, mi fraternal amigo y compañero de treinta años, Raúl Leoni.

Estoy seguro de que cuando dentro de cinco años venga aquí a cumplir con el imperativo constitucional de transferirle la banda presidencial a quien habrá de sucederme en la jefatura del Estado, se podrá decir que he cometido muchos errores y desaciertos en mi gestión de Presidente de la República, por que la infalibilidad y la aptitud para acertar siempre, no son virtudes que se hayan dado nunca en ningún ser humano. Pero Venezuela reconocerá entonces -estoy seguro de ello, porque tengo dominio de mis convicciones- cómo durante los años en que cumplí el mandato de Presidente de la República, no actué nunca con intención distinta de la de procurar con lealtad, con empelo creador, con fe si se quiere fanatizada, la gloria de Venezuela y la felicidad de su pueblo.

Ciudadanos senadores;

Ciudadanos diputados.

ROMULO A. BETANCOURT