educativa
La situación que atraviesa la Universidad de Carabobo (UC) respecto al manejo de los datos de los inscritos en el curso introductorio de admisión refleja un preocupante oscurantismo que compromete los principios de transparencia, legalidad y equidad que deben regir a una institución pública de educación superior.
La Secretaría de la UC, como ente rector de los procesos de admisión, tiene la responsabilidad legal y estatutaria de resguardar y gestionar toda la información relacionada con los aspirantes en todas sus etapas, desde su pretensión a ingresar hasta su ingreso definitivo inclusive hasta después de la culminación de sus estudios (no en vano resguardamos los archivos de miles de bachilleres y profesionales ( es la que expide las certificaciones). Sin embargo, la decisión propuesta por el decano de Ciencias Jurídicas y Políticas y avalada por acuerdos informales en plataformas como WhatsApp, de reservarse los datos de los inscritos bajo el argumento de proteger la identidad de menores de edad, según la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA), es una excusa insostenible que no resiste el menor análisis. Esta práctica, respaldada por comunicados firmados por la rectora, no solo constituye una burla a la inteligencia de la comunidad universitaria y del público en general, sino que también vulnera el principio de transparencia que debe caracterizar los procesos de admisión en una universidad pública. La Secretaría, como garante de los archivos institucionales, está plenamente autorizada para manejar esta información. Negar el acceso a los datos de los inscritos no solo contraviene los procedimientos establecidos, sino que también levanta sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de este secretismo. ¿Qué se busca ocultar? La respuesta parece clara: no se trata de proteger nombres, sino de encubrir el número exacto de aspirantes y, por ende, las cuantiosas sumas de dinero recaudadas, en muchos casos en divisas y en efectivo, por el cobro de inscripciones que oscilan entre 80 y 100 dólares por aspirante. Estas cifras, multiplicadas por miles de inscritos, generan ingresos significativos que, lejos de destinarse a mejoras sustanciales en la infraestructura o condiciones laborales, son justificadas con argumentos tan débiles como la reparación de grifos, pintura de alguna pared o la limpieza de baños. Con el ingreso de apenas tres aspirantes, los montos recaudados serían suficientes para cubrir tales gastos, lo que pone en evidencia la falta de claridad en el uso de estos recursos. Esta opacidad no solo es éticamente cuestionable, sino que también contraviene el mandato constitucional de gratuidad de la educación pública, consagrado en el Artículo 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en múltiples sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y resoluciones del Consejo Nacional de Universidades (CNU). El cobro de aranceles por cursos introductorios, que en algunos casos alcanzan los 100 dólares, representa una barrera económica que excluye a numerosos bachilleres de escasos recursos, quienes ven frustrado su derecho a acceder a la educación superior. Es imperativo cuestionar la legitimidad de esta modalidad de ingreso, que privilegia el poder adquisitivo sobre el mérito académico. Los cursos introductorios, lejos de ser una vía equitativa, se han convertido en un mecanismo excluyente que contradice el espíritu de una universidad pública. La admisión debería basarse en los méritos acumulados durante el bachillerato, reflejando el esfuerzo sostenido de los estudiantes a lo largo de cinco años, y no en la capacidad de costear un curso de algunas semanas (y muchas veces por internet) con precios exorbitantes. Esta práctica no solo es inconstitucional, sino que perpetúa la desigualdad y desvirtúa el propósito de la UC como institución sin fines de lucro y al servicio de la sociedad. A esta grave situación se suma el olvido deliberado hacia los trabajadores de la universidad, quienes enfrentan condiciones de precariedad extrema. Mientras algunas autoridades recaudan sumas considerables por actividades propias de la institución, los empleados, tanto obreros como administrativos y docentes, carecen de remuneraciones dignas, en un contexto donde los salarios no superan los 10 dólares mensuales. Esta indolencia es inaceptable y refleja una gestión que prioriza intereses particulares sobre el bienestar de la comunidad universitaria. Ningún comunicado oficial ni maniobras en el Consejo Universitario podrán ocultar esta realidad. La lucha por una Universidad de Carabobo transparente, inclusiva y comprometida con la excelencia académica y el bienestar de sus trabajadores debe ser inquebrantable. Es hora de abolir prácticas que violan el derecho a la educación gratuita, de garantizar la transparencia en la gestión de los recursos y de colocar a los trabajadores y la calidad académica como verdaderos pilares de la institución. La comunidad universitaria y la sociedad en general merecen una UC que honre su legado y su compromiso con la formación de las futuras generaciones.
Con compromiso universitario._
Prof. Pablo Aure
Secretario UC
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